ONU: procesados por caso Ayotzinapa fueron torturados para autoinculparse
Procesados por Ayotzinapa, torturados para autoinculparse: ONU-DH
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró contar con fuertes elementos de convicción para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturados (a fin de auto-inculparse y señalar a otros posibles responsables) y son víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del gobierno federal.
En estos actos de violencia e irregularidades habrían incurrido elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón; así como efectivos de la Policía Federal y de la Marina.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó una investigación en la que documentó las violaciones a las garantías de los procesados durante las investigaciones por el caso. El informe de ese trabajo, titulado Doble injusticia, se presenta en Ginebra, Suiza, por parte del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein; y en la Ciudad de México, por el representante en el país de esa Oficina, Jan Jarab.
El reporte detalla que, con base en análisis de los casos de 34 personas procesadas (33 hombres y una mujer), la ONU-DH “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos unamos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.
Se documentó que en estos 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que incluyó, entre otras, detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del ministerio público de la PGR, actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión.
Uno de estos casos, agrega la ONU-DH, es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR realizó en el Río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, al cual estuvo encabezada por Zerón.
En los 34 casos analizados, agrega la ONU-DH, las personas detenidas presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de tortura. Los hallazgos encontrados a partir del expediente (de investigación) corroboran las declaraciones de los 34 detenidos entrevistados por la Oficina”.
Los detenidos fueron transferidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR, y ahí siguieron los actos de tortura con el objetivo de obtener una declaración posterior ante el agente del ministerio público. “Algunas de las declaraciones auto-inculpatorias habrían sido utilizadas como base para los actos presentados contra las personas detenidas y para las acusaciones contra otras personas”.
La Oficina de la ONU subraya que los involucrados en estas violaciones a garantías son personal de la PGR, principalmente de la Seido y de la AIC, personal de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.
La ONU-DH “encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero”. Esta instancia internacional asienta que hasta el momento no ha recibido ninguna información sorbe alegaciones de tortura durante la posterior detención de las personas acusadas en prisiones federales.
En torno a las diligencias de a PGR en el Río San Juan, realizada en 28 de octubre de 2014, la ONU-DH halló un conjunto de irregularidades. Señala que “fue conducida en violación al debido proceso y garantías judiciales”. Es de recordar que esta diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hallan dado a conocer la llamada «verdad histórica», en la que se argumentó que los 43 normalistas habrían sido asesinados y calcinados en en basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a este río.
La Oficina en México de la ONU asegura tener fuertes elementos de convicción para considerar que Agustín García Reyes (uno de los 34 casos de detenidos documentados en este informe) habría sido detenido arbitrariamente y torturado antes de esta diligencia. También acreditó que fue llevado al Río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC de la PGR, Tomás Zerón, aunque este funcionario no tenía mandato legal para hacerlo.
“En este caso las implicaciones van más allá de los hallazgos de tortura, detención arbitraria y otras violaciones en contra del detenido en cuestión. La diligencia en el Río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015, en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, subraya el informe de esta instancia de la ONU.
La ONU-DH critica la ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas aquel día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río y la “falsa” declaración del entonces director de la AIC en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el Río San Juan.
En el informe se asienta que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esta etapa de la investigación por el caso Ayotzinapa no han sido atendidas de forma diligente por parte de la PGR.
Estos hallazgos, sostuvo, “muestran la necesidad de una acción renovada por parte de las autoridades, particularmente de las encargadas de la procuración de justicia, para evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento. En la medida en que los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también en derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Con base en lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado lanza una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.
En particular a la PGR la exhorta a realizar, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritas; incorporar la metodología de análisis de contexto en la investigación por atas violaciones para lograr la correcta identificación de patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; entre otras.
Al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, la ONU-DH lo exhorta a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad. “Este COnsejo debería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.
Al Legislativo se le insta a adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantices de manera efectiva la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República, que incluya órganos de control interno u procesos de rendición de cuentas. Entre otras dirigidas a otras instancias del Estado.
Si el gobierno tuviera vergüenza analizaría todas las líneas de investigación: padres de normalistas
A más de tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa las familias no tienen certeza sobre el paradero de sus hijos, aún hay dos sobrevivientes con secuelas físicas por las heridas, y una “verdad histórica sin sustento científico”. Pese a ello, el gobierno quiere dar carpetazo al caso, advierten padres de los jóvenes desaparecidos.
“Si el gobierno de verdad tuvieran un poquito de vergüenza, investigarían los nombres que les dieron los expertos internacionales: los tres policías federales, los nueve policías de Huitzuco, a exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, al exgobernador, Ángel Aguirre, al Ejército, pero no quieren tocar las otras líneas de investigación. Lo que están queriendo es el famoso carpetazo, pero no lo vamos a permitir”, asegura Mario González, padre del normalista César Manuel González.
El gobierno federal insiste en la teoría sobre la incineración de los cuerpos en el basurero de del municipio de Cocula, Guerrero. Por eso, dice Mario González, la PGR presenta a cada detenido “menor” como si fuera el autor intelectual, como es el caso de Erick Uriel “N”, aprehendido el lunes 12 de marzo, y evade la investigación sobre la participación de policías y la responsabilidad de políticos.
Por ello, durante la presentación del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, coordinado por Fundar, Centro de Análisis e información, los padres afirmaron que continuarán con las movilizaciones pese al dolor que significa no saber qué ha sido de sus hijos en los últimos 41 meses.
Durante el acto, Mario Patrón, director del centro de derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que al insistir en la “verdad histórica” –en la que supuestamente los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado– sólo es una estrategia del gobierno Federal por “administrar el caso” y un atentado contra las familias porque en realidad de trata de una “mentira histórica”.
El activista dijo que el informe presentado este miércoles 14 de marzo no fue aceptado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque “no está dispuesto a asumir los costos de esa mentira”, ni tampoco a poner en el centro a las víctimas, como lo recomendaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Atender dichas recomendaciones, dijo Mario Patrón, significaría “el compromiso de asumir que hay pactos de impunidad y silencio y redes ilícitas de poder que se tendrían que desentrañar y salir a la luz, por eso el gobierno no lo hace”.
Sin embargo, los padres siguen teniendo la misma petición al gobierno federal desde el 26 de septiembre de 2014, cuando sus hijos desaparecieron: “sólo les pedimos la verdad porque ya no tenemos vida. Nos vamos muriendo poco a poco”, dijo Hilda Hernández, madre de César Manuel González.
Aunque para Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar, “el Estado evidencia su falta de voluntad política para cumplir con las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa, así como las miles de víctimas de desaparición forzada de nuestro país”.
Los sobrevivientes
Aunque la desaparición de los 43 estudiantes ha sido el centro de atención del caso, hay más víctimas que aún padecen secuelas: los heridos y los jóvenes que también sufrieron el ataque del 26 y 27 de septiembre y pudieron salir con vida, quienes pese al estrés postraumático que presentaban ni siquiera se reconocían como víctimas, dijo Ximena Antillón, coordinadora del informe en el que participaron 11 especialistas más.
El ataque que los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron no tenía antecedentes y jamás imaginaron que serían objeto de agresiones de tal intensidad y extrema crueldad. Por eso es que los sobrevivientes experimentaron incredulidad, confusión, choque o pasmo, temor intenso, desesperanza e indefensión frente a las amenazas contra su vida, advierte el informe.
Además del ataque, también se observa una secuencia traumática por la exposición de la imagen de Julio César Mondragón, con signos de tortura y crueldad extrema, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; el manejo de las investigaciones por las autoridades, la estigmatización y la impunidad que persiste en el caso.
Después de las entrevistas con los jóvenes que permanecen en la normal o que incluso regresaron a sus casas, los especialistas confirmaron que sufrían “culpa del sobreviviente” e impotencia por no haber podido salvar a sus compañeros asesinados y desaparecidos.
Otra situación enfrentan los sobrevivientes que fueron heridos. Edgar Andrés Varga se había desplazado a Iguala para ayudar a sus compañeros que habían sufrido el primer ataque, la noche del 26 de septiembre, pero cuando llegó al cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte para tranquilizar a otros estudiantes, tomar fotos y preservar las evidencias, fue herido en la cara en un nuevo ataque que lo tomó por sorpresa.
Edgar se ha recuperado lentamente, pero no solamente se siente psicológicamente marcado por la experiencia, sino que la bala que impactó su rostro causó también secuelas físicas que le generan un conflicto frente a su nueva imagen. “La verdad yo nunca voy a estar conforme a como voy a quedar. Como dicen los médicos, ‘como te hizo dios nunca vas a quedar’”, dijo el joven a los especialistas.
Además, la atención que han recibido de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “ha sido excesivamente burocrática y lenta”, por lo cual su familia ha tenido que resolver los gastos relacionados con el traslado y acompañamiento a Edgar en la Ciudad de México, lo que les ha causado una carga económica mayor.
En tanto, Aldo Gutiérrez, se encuentra en estado vegetativo debido a la herida de bala que recibió en la cabeza. En el hospital requiere de atención en salud altamente especializada y cuidados permanentes por parte de la familia.
De ahí que la familia ha vivido una “sobrecarga de tareas”, porque tiene que viajar constantemente desde Ayutla a la Ciudad de México, donde se encuentra internado. Y aunque han solicitado su traslado a su casa, ninguna autoridad lo ha hecho.
El cuidado de Aldo ha sido la tarea más importante para la familia desde septiembre de 2014, lo que, según las especialistas, ha sido una forma de afronta esa situación traumática, dolorosa y desgastante. Sin embargo, esto no impide que a lo largo de estos dos años se manifiesten impactos psicosociales en la familia relacionados con el desgaste que implica la tensión entre el rol de cuidadores y seguir adelante con su propia vida.
Presentación del informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
