El gobierno impulsa el beneficio de prisión domiciliaria a 96 genocidas condenados
Una lista que ilusiona a los represores
Casi un centenar de represores integran un listado de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria. El listado, en el que figuran genocidas como Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, fue elaborado por el Sistema Penitenciario Federal y enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, según confirmó a este diario su presidente, el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos. “No es tarea del sistema definir sobre los casos particulares” de los presos y presas, aclaró Hornos sobre el listado que le llegó a principios de año a ese ente en el que jueces, defensores, fiscales, miembros del Congreso de la Nación y organizaciones de la sociedad civil monitorean la situación de los presos y presas en cárceles federales. Organismos de derechos humanos advirtieron por ésta situación y remarcaron que “es mentira” que mandando a la casa a imputados y condenados por delitos de lesa humanidad se va a solucionar el hacinamiento de los penales. “No son ni el 1 por ciento de la población”, apuntó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. “El único lugar para un genocida es la cárcel”, insistieron desde Hijos.
Hornos confirmó a este diario que en calidad del presidente del Sistema de Coordinación recibió a fines de enero pasado un listado en el que el SPF enumeró a 1111 presos y presas en condiciones de recibir la libertad condicional o de cumplir condena en su domicilio. 96 de esos más de mil son imputados o condenados por delitos de lesa humanidad, como el Tigre Acosta, como Von Wernich; como “El Turco” Julián Simón, el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti.
El SPF envió el nuevo listado con el argumento de responder a un reclamo de la Corte Suprema que buscaba dar “una solución” a la sobrepoblación de la unidad penitenciaria 28, ubicada en Comodoro Py. “No nos corresponde hacer nada con eso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es tarea del Sistema decidir sobre los casos particulares”, indicó Hornos, quien apuntó que “tampoco” saben la razón por la cual el SPF remitió el listado que ya había enviado en dos oportunidades, por lo menos, durante 2017. Este diario intentó sin éxito comunicarse con esa institución que, según un comunicado que circuló ayer, aclaró que la lista enviada “solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que están en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso” a los beneficios.
En ese sentido, Iud calificó de “curioso” que sea el mismo Ejecutivo que impulsó leyes de mano dura el que se preocupa por solucionar el sobrepoblamiento carcelario. “Las cárceles no están saturadas por los casos de lesa humanidad. Por el contrario, hay una tendencia creciente a otorgarles domiciliarias. El grupo de los represores condenados e imputados no representan ni el 1 por ciento de la población carcelaria del SPF”, remarcó Iud para indicar que “es una falacia absoluta presentar que la prisión domiciliaria para los represores va a desagotar las cárceles”. Además, apuntó, “una buena cantidad (de los genocidas) están detenidos en la cárcel de Campo de Mayo en condiciones de claro privilegio”. En Marcos Paz y en Ezeiza, los presos por crímenes de lesa humanidad cuentan con un pabellón exclusivo. Por su parte, Giselle Tepper de Hijos remarcó que “no es posible” la justificación de “ningún beneficio” a genocidas que implique su salida de la cárcel. “El único lugar para un genocida es a cárcel”, insistió. “Nos preocupa el retroceso que implica el mensaje que se le está dando al Poder Judicial, el ‘consejo’ de que se mande a la casa a delincuentes que no son comunes, que se empiece a relativizar nuestro reclamo de cárcel común y efectiva –completó–. Un apropiador no deja de ser apropiador como Hidalgo Garzón no deja de ser un apropiador, un violador como el Tigre Acosta no dejar de ser un violador, no pueden volver a sus barrios”.
Meses antes de que culmine el año pasado, integrantes del organismo de control de unidades carcelarias mantuvieron una reunión de carácter “interministerial” en el Ministerio de Justicia en la que participó el SPF. “Nos preocupa la sobrepoblación de las cárceles, hay en la actualidad el doble de personas detenidas que hace 15 años”, apuntó el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria Nacional, Ariel Cejas Meliare. En ese encuentro, la Procuración pidió al PSF que enlistara a los detenidos y detenidas en condiciones de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional. Obtuvo la respuesta en diciembre, con un documento que circuló por medios de comunicación alternativos y que enumeraba a más de cien represores e imputados en condiciones de dejar los penales entre más de mil presos y presas comunes. En la lista figuraban el genocida de la bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia y apropiador Carlos Hidalgo Garzón, entre algunos otros que todavía no habían obtenido el beneficio de cumplir condena en sus casas. La Procuración Penitenciaria confirmó a este diario que realizó presentaciones judiciales para que esos beneficios se agilizaran en más de un centenar de casos. No hubo pedidos por genocidas o imputados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La Iglesia puso a disposición de la Justicia el libro de bautismos de la ESMA durante la dictadura
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció hoy que puso a disposición del juez federal Sergio Torres y del fiscal general Pablo Parenti el libro de bautismos de la ESMA durante la dictadura, que fue recientemente encontrado en el obispado castrense.
«Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983», señalaron los obispos a través de una nota que dirigieron a la Justicia.
En concreto, el libro tiene las constancias de 127 bautismos realizados entre los años 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro clandestino de detención de la última dictadura, donde funcionó una maternidad clandestina.
La información había sido solicitada por la Justicia, luego de que se conociera su existencia. Al respecto, la Comisión Ejecutiva del Episcopado, encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, señaló: «Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la Justicia en estos últimos años».
En el marco de la 179º reunión de la Comisión Permanente de la CEA, los obispos también destacaron que «estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos».
«Queremos reiterar nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro, encareciéndole en cada caso el respeto de la confidencialidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitucionales y de derecho canónico vigentes para esta materia», concluyeron.
