Argentina: a tres años de la muerte del fiscal Nisman, la familia busca que se lo considere delito de lesa humanidad
La invención ya no es sólo de un crimen
Al cumplirse tres años de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, un puñado de familiares y allegados lo recordaron ayer en el cementerio israelita de La Tablada. La novedad del día fue la propuesta de calificar la muerte ya no de homicidio, contrariando todas las pericias iniciales, sino también de delito de lesa humanidad, idea que convalidó en nombre del gobierno el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, ausente en el ceremonia, sugirió hablar de “un crimen de Estado”. “Se usaron los tres poderes par intentar simular un suicidio”, sugirió. “Me parece que es una mirada interesante y acertada que debe debatir la justicia”, acotó Avruj. Lejos de cualquier consideración jurídica, opinó que “por lo que representa el asesinato de una figura pública, es lógico, apropiado y necesario” el calificativo de lesa humanidad. “Como está considerado un delito de lesa humanidad el atentado a la AMIA, también se podría sostener que la muerte del fiscal lo es”, arriesgó por su parte el fiscal Ricardo Sáenz. “Bien podría asociarse esa consideración”, se sumó el titular de la AMIA, Agustín Zbar.
Nisman murió el 18 de enero de 2015 en su departamento de un disparo con el arma que le había pedido horas antes a su asistente Diego Lagomarsino. Si bien la investigación no aportó indicios de homicidio, esa fue la idea que instaló la oposición en base a la denuncia que había presentado contra la presidenta Cristina Kirchner y otros altos funcionarios por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. A partir del testimonio del espía Antonio Stiuso la causa pasó al fuero federal y gracias a una pericia de Gendarmería encargada por el gobierno, que contradijo todas las anteriores, el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini procesaron a Lagomarsino como partícipe necesario de un “plan homicida” y a cuatro custodios de Nisman como supuestos encubridores.
De la ceremonia de ayer, que incluyó minuto de silencio, plegaria y flores sobre la tumba, participaron su madre Sara Garfunkel, sus hijas Iara y Kala y su hermana Sandra. En representación del gobierno estuvo el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien celebró que “hoy todos hablan de magnicidio, descartando la hipótesis absurda del suicidio”. El rabino Marcelo Polakoff, que habló a pedido de la familia, consideró que “la justicia le va dando más razonabilidad al planteo de Nisman”, léase la acusación contra la ex presidenta y sus funcionarios. “Es exactamente ese el motivo por el que fue asesinado”, aseguró. Estuvieron también el ex fiscal Pablo Lanusse, el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, y Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA.
“Un crimen de Estado que encubre graves violaciones a los derechos humanos”, lo calificó Arroyo Salgado por radio Mitre. “Había un doble objetivo: silenciarlo, porque todos los que lo conocíamos sabíamos que el único modo de callarlo era matarlo, y condicionar la actuación de jueces, fiscales y de la sociedad, demostrando qué podría pasar a quienes se animaban a investigar al poder vigente”, propuso. Frente a la figura de homicidio simple calificado por el empleo de arma de fuego, la jueza propuso “repensar si no concurren algunos agravantes como el supuesto de comisión con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” o bien “concurso premeditado de dos o más personas ya que el propio juez está hablando de un plan criminal”. Si bien el Código Penal “no contempla como agravante de homicidio que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición”, se preguntó “si algún legislador está escuchando” y ante la duda propuso incorporar ese agravante “porque con el magnicidio de Nisman se cruzó una raya”.
Avruj dijo que durante la gestión anterior se intentó “descalificar, acusar, ensuciar, distraer y obstaculizar” la pesquisa. Consultado sobre la idea de “crimen de Estado” de Arroyo Salgado, opinó que era “una mirada interesante y acertada que debe debatir la justicia”. “Por lo que representa el asesinato de una figura pública, es lógico, apropiado y necesario”, agregó, antes de admitir la ausencia de pruebas sobre la participación estatal en el supuesto homicidio. “Si no estuvo involucrado el Estado, hubo mucha desidia para investigar prontamente de qué se trató, como pasó con la AMIA, donde hubo obstáculos y donde el Estado tenía que haber puesto todo en su momento y no lo hizo”, afirmó.
“No estoy en condiciones de afirmar de que hayan intervenido agentes del Estado, pero de que lo mataron para callarlo no tengo dudas”, dijo el fiscal Sáenz luego de sugerir la calificación de delito de lesa humanidad. “Que usted no tenga el autor no significa que no haya sido un homicidio y que Lagomarsino haya entregado el arma. Lo más importante es llegar a los autores intelectuales”, propuso, minimizando no sólo la falta de pruebas sino también la identificación de los supuestos asesinos. “Los autores materiales son meros instrumentos”, concluyó.
