Vías de acción y disputa en el sistema financiero Latinoamericano – Por Francisco Navarro

Especialmente importante para la región es comprender cómo los procesos de financiarización han determinado la transformación de los mercados de materias primas y los precios de exportación. Debe profundizarse en el estudio de los elementos relacionados con la financiarización como la lógica que guía los movimientos de grandes volúmenes de capital en operaciones a corto plazo, el poder de los grandes operadores financieros para influir en los precios, el papel de las expectativas y los mercados de derivados y futuros, la manipulación y aprovechamiento de una información asimétrica en mercados de altísima opacidad.

Por último, cabe recordar la necesidad de estudiar el papel del dinero y sus transformaciones, determinadas por la dinámica de acumulación, la competencia y la plusvalía. Un análisis olvidado por la teoría ortodoxa y que sobrepasa lo económico: requiere de un enfoque interdisciplinario que incluya la política, la sociología y la antropología.

Usualmente, la caracterización del sector bancario en la región comienza con la constatación de un bajo grado de bancarización en comparación con las economías desarrolladas. Esto viene determinado por un bajo desarrollo de los sistemas de financiamiento y cobertura de riesgos mediante derivados financieros, mayoritaria presencia de banca comercial que cubre sus colocaciones con depósitos y bonos estándares, bajo grado de eficiencia del sector en la canalización y generación de recursos, una enorme concentración territorial en las grandes urbanizaciones y en empresas grandes y ciudadanos que pueden ofrecer amplias garantías, especialmente en cuanto al préstamo a largo plazo.

El mercado bancario en la región hace que el crédito se concentre en los grupos más favorecidos de la sociedad, dejando fuera de las oportunidades financieras a grandes segmentos de la población y del territorio. Aunque debe tenerse en cuenta la fuerte heterogeneidad de la región en este sentido, Latinoamérica sufre en la actualidad un enorme problema de exclusión financiera de los segmentos más vulnerables que simultáneamente se encuentran con unos altos costes financieros (América Latina presenta los créditos más costosos del planeta, generando como consecuencia un elevado spread bancario) y una escasa cultura financiera, convirtiéndose en víctimas del expolio financiero. Esto tiene importantes consecuencias negativas sobre la desigualdad, la generación de demanda agregada y el bienestar.

Es por lo tanto necesario evidenciar los procesos económicos, judiciales e institucionales que llevan a esta realidad, para sustentar la implementación de políticas que ataquen a la raíz de los mismos. A modo de ejemplo, y como línea de investigación subyacente, es necesario el estudio de la dimensión financiera de la brecha de género, para evidenciar cómo el sistema financiero contribuye a esta desigualdad y proponer acciones que destruyan esta lógica construyendo procesos alternativos. Este ámbito propositivo coincide con la otra línea de investigación que estudia los elementos de disputa en el ámbito financiero y los procesos de construcción de soberanía que dirijan los recursos financieros hacia el desarrollo y el bienestar de las personas.

Otro punto esencial en este sentido es el de la situación de discriminación negativa en la que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en relación al acceso al crédito. Estas unidades de producción son las que más exigencias de garantías encuentran para recibir un crédito y las que pagan mayores intereses y comisiones cuando logran su obtención, aunque menos del 40 % tienen esa oportunidad real. Así, el mercado de crédito privado es altamente ineficiente, encarece o excluye muchos proyectos productivos social y económicamente viables, y los aboca a la autofinanciación o desaparición, perjudicando el empleo y el crecimiento económico. Pero además, esta discriminación negativa convive con una positiva para la gran empresa, potencializando dinámicas lógicas del libre mercado, es decir, la concentración del capital y generación creciente de la desigualdad.

En muchas ocasiones los análisis económicos dejan en un segundo plano el papel de la banca, sin embargo, es un actor clave y siempre uno de los grandes ganadores, como lo ha sido en América Latina en lo que llevamos de siglo. Es imprescindible hacer explícitos los resultados del sector en términos de beneficios, rentabilidad, morosidad, crecimiento, poder de mercado, presencia en otros sectores, y, sobretodo, en relación a su papel como actor clave en los procesos económicos, sociales y políticos.

Si por algo destaca la banca en la región es por los enormes índices de rentabilidad que presenta y el alto nivel de concentración que le otorga un poder de mercado cuasi monopolístico. Algo que desincentiva a expandirse a segmentos de la población y empresas que no responden a la alta exigencia de garantías que reclaman. De esta manera, la banca trabaja en un mercado muy selectivo, excluyendo a gran parte de la sociedad de las oportunidades financieras. En este punto es importante introducir el ámbito de la regulación del mercado bancario, con el objetivo de que la riqueza financiera se someta al bienestar general y de acuerdo a un sistema impositivo progresivo, que la banca suele eludir hábilmente. Son evidentes las dificultades históricas para la regulación del sector por varias causas que pueden resumirse en el enorme poder que ostentan y el rol de sector globalizado. Sin embargo, también es evidente que la agenda progresista no puede excluir este camino de su programa si quiere ser rigurosa. En consecuencia, es necesario desentrañar las posibilidades que existen en este campo para la región y analizar qué medidas pueden llevarse a cabo para redirigir los recursos financieros hacia los objetivos de desarrollo.

El debate sobre el rol del sector financiero en el desarrollo de la región debe centrar sus esfuerzos en el papel de los Bancos Centrales y la soberanía de los países en política monetaria. La herencia neoclásica de la teoría monetarista y del nuevo consenso macroeconómico ha hecho que –generalmente- prevalezca en Latinoamérica el enfoque de objetivo de inflación para la política monetaria, además de un alto grado de independencia del Banco Central en las acepciones que suelen considerarse: independencia del personal, financiera y administrativa, técnica, sobre la emisión monetaria y sobre los objetivos y prioridades.

El posicionamiento más ortodoxo defiende una independencia absoluta en todas las acepciones y un objetivo primordial de control de la inflación y del poder adquisitivo de la moneda, estando supeditados a éste el resto de objetivos de la política monetaria como son el desempleo y el crecimiento económico. Estas escuelas esconden su posicionamiento ideológico neoliberal bajo argumentos y cuestiones puramente técnicas, separando intencionadamente economía y política, de manera que serán las libres fuerzas del mercado, junto con una mínima intervención del sector público – siempre y cuando garantice instituciones como la propiedad privada y la estabilidad monetaria- las que potencialmente mejor podrán proporcionar crecimiento económico, pleno empleo y bienestar social.

Sin embargo, estos postulados carecen de justificación y rigurosidad teórica y empírica. Como demuestra el trabajo “Política monetaria y derechos humanos: un enfoque metodológico y su aplicación a Costa Rica, Guatemala y México”[2], en los países de la región donde ha predominado el enfoque del objetivo de inflación, aunque ha habido cierta estabilidad de precios, el crecimiento económico, la desigualdad y el respeto a los derechos humanos, han empeorado. Es necesario intensificar el debate en el campo teórico y empírico sobre el rol que deben jugar los bancos centrales en las economías, especialmente en cuanto a sus potencialidades y responsabilidad en los objetivos de desarrollo vinculados al trabajo, la seguridad alimentaria y la vivienda. Para esto será imprescindible analizar críticamente y proponer mecanismos de diseño, decisión, implementación y control público que democraticen estas instituciones con el objetivo de supeditar la política monetaria al desarrollo y bienestar de las poblaciones.

Algunos de estos elementos se manifiestan en el debate aun latente sobre la relación entre la emisión monetaria y la inflación. Es una discusión que continuamente debe rebatirse teórica y empíricamente, con el objetivo de huir de la reduccionista teoría monetarista que asocia la inflación a un asunto meramente monetario. El camino de la heterodoxia nos permite profundizar rigurosamente en las múltiples causas explicativas de la inflación que manifiestan la complejidad de los procesos económicos y nos ayudan a comprenderlos mejor para actuar políticamente de forma eficiente y honesta.

La histórica falta de ahorro nacional necesario para financiar la inversión en la región genera una dependencia de los mercados financieros internacionales y de la Inversión Extranjera. Este hecho debe contextualizarse en el marco de una economía global financiarizada que hace que la economía real, en prácticamente todo el mundo, dependa de las decisiones del sistema financiero que tiene los recursos requeridos. Este sistema financiero puede obtener más o menos recursos de las economías nacionales, siendo éste un elemento a estudiar (es decir, las potencialidades de la economía regional para obtener recursos) debe advertirse que la clave es el análisis sobre los procesos que hacen que esos recursos se destinen políticamente hacia el desarrollo de la región y a través de instituciones cuya lógica no se centre en la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible y la especulación. Por lo tanto, estos procesos deben disputar el enorme poder de la banca privada, una institución que no solo se aleja del poder democrático, sino que la democracia se somete a su poder, por lo que cualquier política progresista en este ámbito debe enfocarse también como un proceso de construcción de soberanía popular.

Esta lógica, intrínseca al sistema bancario capitalista, es la que ha predominado en la región. Vale la pena hacer un breve repaso sobre sus antecedentes político-históricos, para entender la situación actual de los mercados de crédito y no caer en el error de asumir que es resultado del “curso natural de las cosas”. La actual estructura de los sistemas financieros es resultado de las políticas de carácter neoliberal que penetraron en la región en los años noventa, haciendo retroceder la participación del sector público a favor del avance de la actividad privada. De hecho, en el mismo documento se evidencia cómo en aquellos países donde existe una mayor presencia de la banca pública, de un banco de desarrollo y una menor concentración bancaria y presencia de capital extranjero, el acceso al crédito para las MIPYMES es más favorable. Queda clara la imperante necesidad de la presencia del sector público para modificar la correlación de fuerzas del mercado financiero que desemboca en una situación ineficiente y éticamente indeseable.

En este punto, se hace necesario resaltar y defender empíricamente, y también en el plano teórico, el papel de la banca de desarrollo en la región, como institución que ha contribuido a atender aquellos segmentos del mercado y sectores insuficientemente financiados o directamente olvidados, especialmente aquellos que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por las Naciones Unidas y vinculados a la Agenda 2030. Sin embargo, los desafíos de desarrollo de la región hacen que la banca pública de desarrollo deba dar un paso adelante y pase de corregir las fallas del mercado y realizar acciones paliativas a liderar la transformación del sector financiero hacia el desarrollo, achicando espacio a la banca privada excluyente y especulativa y generadora de ineficiencias y desigualdades. Además, una banca pública de desarrollo fuerte puede convertirse en una herramienta clave en la instrumentación de una respuesta contra-cíclica a las crisis financieras.

Una medida importante de política económica que debe vincularse a la banca pública de desarrollo son los sistemas de garantías crediticias[3], que tienen el objetivo de facilitar y abaratar el acceso al crédito, especialmente a las MIPYMES, mediante avales o fianzas, complementados con servicios de asesoramiento y seguimiento financiero y burocrático. Aunque con formas y estructuras heterogéneas, los sistemas de garantías crediticias han experimentado, en este siglo, un importante crecimiento y desarrollo en la región, financiado casi por completo por fondos públicos y teniendo buenos resultados en cuanto a la mejora en el acceso y el abaratamiento del crédito. Es necesario seguir trabajando en las potencialidades de estas medidas en cada país, buscando vías de financiación e integrando las propuestas en el marco de los procesos y objetivos comentados arriba.

La condición global del ámbito financiero y las particularidades de la región, hacen que los procesos de construcción de soberanía requieran coordinar los progresos en cada país con un marco de coordinación regional. En este sentido, es evidente que una parte muy importante de los esfuerzos debe centrarse en el estudio de las potencialidades de los distintos procesos de coordinación financiera que ya caminan en la actualidad y de las posibilidades de diseñar nuevas vías de trabajo conjunto que sumen fuerzas frente a una arquitectura financiera regional e internacional desfavorable a los intereses de la soberanía regional. En consecuencia, algunas de las líneas de investigación subyacentes en este campo deben centrarse en estos procesos, entre los que estarían:

– Uno de los principales objetivos que deben afrontarse de forma coordinada es la desdolarización de las economías regionales y reducir así la dependencia de una moneda cuyos intereses no responden al poder democrático regional. Deben estudiarse las distintas vías para la desdolarización de las economías domésticas de forma eficiente, que permita recuperar la soberanía sobre la política monetaria. El diseño de medidas políticas como los incentivos de mantener activos en moneda nacional o la penalización de la tenencia de moneda extranjera deben coordinarse en el marco de un sistema de pagos y una moneda de reserva a nivel regional, como puede ser el SUCRE o los pesos andinos.

– En la misma línea, con el objetivo de dar apoyo a las balanzas de pagos nacionales en términos de divisas frente a déficits por cuenta corriente (así como ataques especulativos y reestructuración de deudas), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) representa una innovación regional para la coordinación financiera con un enorme potencial. Debe profundizarse en su diseño y capacidad para ampliarse al resto de la región y representar una alternativa a los organismos multilaterales y frente a la falta de coordinación global.

– El gran proyecto iniciado en 2007 para la arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, se define como “banca de desarrollo de un nuevo tipo que se propone financiar proyectos de los países de la región con un enfoque en el fortalecimiento de la soberanía en sus diferentes dimensiones: alimentaria, energética, de la salud, del conocimiento y de los recursos naturales; y desde el punto de vista monetario potenciar las monedas nacionales para contribuir a la creación de un sistema monetario regional.”[4] Una década después, el Banco debe seguir caminando y definiendo su papel en la región, profundizando y ampliando su presencia con el objetivo de aprovechar su enorme y beneficioso potencial. Simultáneamente, en este camino deberá ir resolviendo asuntos como su papel en el fortalecimiento de los sistemas de pagos regionales, la posibilidad de apoyar los déficits corrientes de los países, su rol en la disputa financiera internacional definiendo su papel con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) e instituciones que hacen frente al orden global establecido, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII). El análisis de estos mecanismos e instrumentos financieros que contribuyan a fortalecer las estrategias soberanas de los países es trascendental para el futuro de la región.

Por último, entre los distintos ámbitos de estudio de esta línea de investigación, no debe faltar una innovación financiera, las criptomonedas, que han llegado para quedarse y que aportan tantas potencialidades como incertidumbres y riesgos para los sistemas financieros de cada país y de la región en su conjunto. Deben estudiarse con detenimiento y rigurosidad las potencialidades de este instrumento, especialmente en cuanto a las posibilidades de superar barreras a la financiación externa de los países en desarrollo, a la eficacia de su utilización y al potencial como instrumento de pago multilateral, representando una oportunidad para establecer mecanismos de coordinación financiera regional.

En la economía actual el sector asegurador tiene un papel fundamental, cuya importancia ha ido creciendo en las últimas décadas a la par de la enorme expansión del sector financiero. Este crecimiento ha venido de la mano del capital privado y – de forma mayoritaria- estrechamente relacionado con el sector bancario y con productos como los seguros de salud, de vida o de pensiones, que entran directamente en conflicto con el desarrollo de políticas sociales y los sistemas públicos de seguridad social.

El sector bancario-financiero está presente prácticamente en todos los tipos de seguros existentes. De hecho, constantemente aprovecha las relaciones comerciales y crediticias con sus clientes para incorporar en la venta cruzada multitud de seguros de todo tipo. Algo que realiza aprovechando su posición de ventaja y poniendo de manifiesto, nuevamente, la lejanía de todo negocio bancario del ideal de mercado competitivo. Por lo tanto, el análisis del sector asegurador no puede desvincularse del estudio del sector bancario.

A pesar de la relevancia en la economía del sector en general y de los actores que dominan el negocio en particular, son pocos los estudios orientados al mercado de seguros latinoamericano. Esto contribuye a que exista un alto nivel de hermetismo sobre esta actividad. Sin embargo, distintos elementos que se presentan a continuación ameritan poner el foco en el sector.

El crecimiento experimentado en las últimas décadas por el mercado asegurador latinoamericano ha venido acompañado por la obtención de una elevada rentabilidad, alrededor del 20 %, y una alta y creciente concentración cuyos actores varían significativamente entre los distintos países. Así, tan solo cinco compañías se distribuyen el 30 % del mercado, cifra que se eleva a 53 % cuando se analiza exclusivamente el mercado de seguros de vida. En general, la cantidad de capital que exige este sector para hacer frente a las posibles indemnizaciones se convierte en una barrera de entrada que dificulta la competitividad y favorece el poder de mercado. Es necesario seguir de cerca la evolución de estos elementos que marcan la configuración de un sector en desarrollo.

A pesar del importante crecimiento del sector en las dos últimas décadas, con la excepción de Brasil, la tasa de participación en la mayoría de economías sigue siendo baja y presenta un alto grado de dispersión. Por lo tanto, es un mercado en una fase inicial de desarrollo y su potencial de crecimiento es enorme, como se manifiesta en el interés mostrado por la entrada de nuevos actores y aumento de la inversión de capital de los ya existentes, tanto regional como extranjero.