La estrategia de seguridad y el interés “nacional” de EEUU en América Latina – Por Silvina Romano y Anibal García

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

A mediados de diciembre de 2017, la administración Trump anunció una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Se trata de una serie de premisas y objetivos basados en la doctrina del realismo político (tal como se asume de modo explícito en el documento), orientados a “reestablecer la posición de ventaja de EE. UU. en el mundo”[1]. Sintetiza las metas a seguir para resguardar los “intereses estadounidenses” –que son los intereses de una minoría privilegiada e influyente en la toma de decisiones, pero que suelen ser presentados como “los intereses del pueblo americano”[2]-.

Vale señalar que una de las características del Gobierno de Trump en materia de política exterior, es la brecha entre un discurso incendiario, repleto de amenazas y comentarios vehementes, y una toma de decisión que en ocasiones tiende a minimizar tales posicionamientos –desde el supuesto escarmiento que iba a propiciar al Gobierno chino, hasta la amenaza de una salida inmediata del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la oposición aparentemente “total” al libre comercio-. De modo tal que la ESN debe ser leída también en el marco de esta distancia entre dichos y hechos que viene moldeando una política exterior más bien incierta y poco predecible.

En términos generales, los pilares de la ESN (proteger “la patria”, al pueblo y modo de vida de EE. UU.; promover la prosperidad; preservar la paz mediante la fortaleza; impulsar la influencia de EE. UU.) tienden a retomar las premisas de gobiernos anteriores (e incluso parte del credo liberal asociado a los valores americanos)[3], pero con un cambio de prioridades, otorgando un mayor protagonismo a los principios realistas del poder y la paz mediante la fortaleza, en lugar de privilegiar la influencia –a diferencia de las administraciones Obama y su diplomacia del soft-power–, que en la práctica derivaron en múltiples intervenciones y la implementación de salidas militares[4].

En el caso de América Latina, la ESN plantea algunos puntos de relevancia. El pilar referido a la protección de la patria, incluye la urgencia de reformas migratorias para “fortalecer el control de las fronteras y restablecer la soberanía”, a la vez que propone combatir en su lugar de origen “las organizaciones transnacionales delictivas que debilitan a los aliados y corrompen las instituciones democráticas”, para evitar que lleguen a las fronteras de EE. UU. Esto hace alusión a las migraciones y el narcotráfico, problemas que desde la perspectiva del Gobierno de Trump podrían resolverse, por ejemplo, con la ampliación del Muro en la frontera con México, pero que en los hechos excede completamente el “control” fronterizo: se trata de una dinámica asimétrica, de subordinación y criminalidad planteadas y sostenidas por las alianzas entre el Gobierno/sector privado de Estados Unidos y los Gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que opera desde hace décadas y en los últimos años bajo la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)[5].

En el marco del mismo pilar, pero en un plano “menos tangible” y a la vanguardia de “las nuevas amenazas”, la administración Trump contempla “redoblar los esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios generan nuevas vulnerabilidades”[6]. Debe señalarse que a lo largo de 2017, este ha sido un tema candente en la región, que ha puesto en evidencia la articulación entre el complejo militar industrial del Estado de Israel y el estadounidense, y el suculento negocio que presenta América Latina en este sentido, en particular en países como Argentina, Brasil, Colombia y México[7].

En cuanto a la prosperidad estadounidense (referida básicamente a lograr una economía nacional sólida), se asegura que “EE. UU. ya no tolerará los abusos comerciales crónicos y trabajará en pos de relaciones económicas libres, justas y recíprocas”. Esto puede ser leído superficialmente en clave de una postura “antiglobalización” o “anti-neoliberalismo”, pero las decisiones tomadas por la administración Trump durante el 2017 no coinciden con esta lectura, como bien ha sido advertido[8]. Lo que sucede es que EE. UU. sigue promoviendo el libre comercio y el neoliberalismo, cuando favorece a “sus intereses”, tal como lo muestran los Tratados de Libre Comercio (TLC), caracterizados por las asimetrías y cláusulas abusivas, solo que en la administración Trump, esta dinámica cobra mayor visibilidad al transformarse en componente esencial del “America First”.

Por otra parte, se anticipa que “utilizará su dominio en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan estando abiertos, y que los beneficios de la diversificación y el acceso a la energía fomenten la seguridad económica y nacional”. Contradiciendo la aparente postura anti-TLC, en el caso de los energéticos, el Gobierno de EE. UU. procurará la apertura del mercado. Vale apuntar aquí, que los recursos energéticos (junto con los materiales estratégicos) forman parte de la estrategia de seguridad nacional de EE. UU., especialmente desde la Guerra Fría, estructurando a su vez el desarrollo y alcance del complejo industrial militar para garantizar el acceso a dichos recursos.

Por otra parte, el protagonismo de los energéticos en la seguridad y la economía estadounidense es clara cuando se considera la presión para liberalizar el mercado de hidrocarburos en América Latina: desde la guerra permanente librada contra Venezuela[9], la presión para la reforma energética y el desmantelamiento de PEMEX en México[10], hasta el rol jugado por el sector público/privado de EE. UU. en el Lava Jato brasileño y la consiguiente desarticulación de las estatales brasileñas, incluida Petrobras[11]. En esa línea, la ESN insiste en que países como Cuba o Venezuela deberían implementar reformas económicas que garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la gobernabilidad”[12], es decir, propiciar la privatización y achicamiento del Estado en materia económico-social, premisa clave del neoliberalismo (del que supuestamente buscaría distanciarse la administración Trump).

En virtud de las inconsistencias que arroja la ESN, que presenta una continuidad con el estilo en la toma de decisión a lo largo de 2017, por un lado, se profundiza la incertidumbre respecto a escenarios posibles en la región. Lo que se visualiza con bastante claridad es la continuidad en el impulso de políticas económicas y de seguridad ancladas en una dinámica asimétrica y dependiente, que, como hasta ahora, serán mantenidas o reconfiguradas según los intereses de empresas multinacionales y del complejo industrial militar, que son los que en definitiva se arrogan el poder de definir los “intereses estadounidenses” y, por extensión, los de América Latina.