Venezuela: la Contraloría inicia auditoría a petrolera estatal y al Ministerio de Petróleo
La Contraloría General de la República inició este martes el operativo de fiscalización al Ministerio de Petróleo y Minería y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar fiscalmente su función de gobierno y lograr mayor transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del sector público, informó el contralor, Manuel Galindo Ballesteros.
En rueda de prensa transmitida por VTV, Galindo indicó que esta fiscalización da cumplimiento a la solicitud que hiciera el ministro de Petróleo y Minería, Manuel Quevedo, el pasado 11 de diciembre, de realizar una auditoría a todas las unidades de Pdvsa, para velar por la transparencia de los procesos de la estatal, y garantizar que en los casos donde existan desviaciones, actúe la Contraloría General de la República.
Refirió que en este régimen de auditorías se revisarán los contratos vigentes y por suscribirse -tanto nacionales como internacionales- de Pdvsa y sus filiales, a fin de evaluar que estos hayan cumplidos con los requisitos legales, financieros, presupuestarios y técnicos exigidos por las leyes de la República.
El contralor mencionó que en caso de observarse «la presunta inexistencia de algún requisito o afectación al patrimonio de Pdvsa, se tomarán las acciones legales civiles, administrativas o penales pertinentes, de acuerdo con el caso, respetando las garantías constitucionales y la garantía del derecho a la defensa, consagradas en la Constitución».
«La Contraloría General de la República realiza esta acción enfocada en la prevención y lucha anticorrupción que emprende el Estado, con miras de evitar la sanción, todo ello apegado a los principios de ética pública y la moral administrativa», resaltó Galindo.
Al finalizar la actuación fiscal, la Contraloría General emitirá un diagnóstico que indicará los resultados de la auditoría, recomendaciones y establecerá las acciones a que haya lugar.
Esta acción forma parte del plan de reestructuración ordenado por el Ejecutivo y la cruzada emprendida por el Ministerio Público que ha dejado un saldo de 67 gerentes detenidos,entre ellos 18 cargos de alto mando, por su participación en prácticas de sabotaje y corrupción.