México: piden a Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada en sesiones maratónicas en el Congreso
OSC nacionales e internacionales exigen a Peña vetar Ley de Seguridad Interior
“Imposición”, “anticonstitucional” o “uno de los días más ominosos del Congreso de la Unión” fueron algunos de los calificativos y muestras de enojo expresados este viernes por organizaciones de la sociedad civil (OSC ) nacionales e internacionales en reacción a la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior.
Horas después de que la Cámara de Senadores aprobó el texto, el tema #LeydeSeguridadInterior se volvió uno de los más comentados en las redes sociales, donde circularon fichas con los nombres de los 71 senadores que votaron a favor de la ley -54 del PRI, 11 del PAN y seis del PVEM-, acompañados con mensajes de repudio.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la aprobación de la ley “abona a la restauración autoritaria que se cierne sobre México” y “eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a lo largo de la última década”.
El colectivo de organizaciones #Seguridadsinguerra, que se opone a la “militarización” de la seguridad pública, exigió a Enrique Peña Nieto ejercer su derecho de veto sobre la ley y devolver el texto ante las cámaras para una nueva discusión.
En un comunicado redactado con un tono amargo, el colectivo recordó a Peña Nieto el discurso que pronunció ante los senadores el viernes pasado, ante la presión nacional e internacional sobre la ley.
En esa ocasión, el presidente urgió los legisladores a “ampliar” los espacios de diálogo con la sociedad civil para “realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.
Los activistas deploraron que, pese al exhorto del mandatario, el Senado no abrió tal espacio de diálogo. Es más, cuando los opositores a la ley comparecieron en el recinto legislativo para exponer sus argumentos, los senadores del PRI, del PVEM y algunos del PAN salieron a comer.
El veto presidencial, sin embargo, resulta muy improbable. Peña Nieto apoya con firmeza la ley y lo reafirmó ayer, cuando tres dependencias de su gobierno -las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y la Procuraduría General de la República- dieron un último “espaldarazo” al texto que se discutía en el Senado.
Y no sólo eso: el gobierno acompañó su comunicado con una carta enviada a Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el pasado 5 de diciembre, en la que la administración descalificó las críticas que había emitido la máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos.
“Es motivo de gran sorpresa observar que Usted se pronuncie sobre el contenido de un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por ambas cámaras”, planteó el gobierno. Líneas más abajo añadió que “no es correcto afirmar que una ley de seguridad interior afectará negativamente los derechos humanos”.
“Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública”, planteó el gobierno de Peña Nieto a Zeid.
Pero luego se contradijo: “Cabe subrayar que la jurisprudencia internacional (…) no prohíbe a los Estados recurrir a las Fuerzas Armadas, mientras éstas se sujeten a los estándares de derechos humanos”.
#Seguridadsinguerra advirtió que la aprobación de la ley “no (lo) detendrá”, y aseveró que desde el colectivo “seguiremos luchando por un México en el que la seguridad no signifique estar en guerra”.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), abundó en el mismo sentido del colectivo #Seguridadsinguerra: Maureen Meyes, la directora de la organización para México pidió a Peña Nieto que rechazara la ley.
«Para la Oficina es lamentable que la #LeydeSeguridadInterior haya sido aprobada. Realmente sentimos que no es un paso positivo.» – Elizabeth Throssell, portavoz @UNHumanRights pic.twitter.com/p0s8Ro8GJ9
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) 15 de diciembre de 2017
«El Proyecto de #LeyDeSeguridadInterior es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta» – Expertos/as #ONU > https://t.co/BVb8yPF1v6 pic.twitter.com/HzfhqdOwWT
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) 14 de diciembre de 2017
Sin discusión, diputados avalan ley de seguridad; pasa al Ejecutivo
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social(PES) le dieron esta mañana al Revolucionario Institucional (PRI) los votos necesarios para aprobar, sin discusión y en menos de una hora, la ley de seguridad interior, que regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país, que fue enviada de inmediato al Presidente de la República, con objeto de que ésta entre en vigor cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Al igual que ayer, cuando se avaló la consulta popular para preguntar si es factible desaparecer las policías municipales, el coordinador del PES, Alejandro González Murillo, dio su voto en favor de esta ley, y del otro lado del salón los votos panistas fueron controlados por Eukid Castañón, cercano colaborador de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. Una vez que en el tablero electrónico de votación se lograron 262 votos por la ley, la mayoría priísta inició el grito que es habitual desde 1995 cuando la 56 Legislatura aprobó el aumento de 10 a 15% en la tasa del IVA: “¡México, México, México!”.
Ante la ausencia del PRD, los únicos 25 votos en contra de la minuta -que esta misma mañana envió el Senado- fueron de algunos diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano, bancadas que argumentaron en contra de militarizar al país, durante las posturas en lo general.
Desde la tribuna, la diputada Ernestina Godoy (Morena) preguntó: “¿Cuántos muertos más? Militarizar la seguridad pública y asumir esta tarea como guerra, no es solución a la crisis de nación. Así como Salinas, en el Congreso ni ven ni oyen. No, no, no y reiteradamente no es la respuesta del Congreso a todas las voces que pidieron suspender la aprobación de esta ley que sujeta a los poderes civiles, al poder las Fuerzas Armadas. Que otorga poder ilimitado al Presidente para llamar al Ejército y a la Marina y someter a las autoridades electas al mando militar”, expresó.
Del lado del PRI, la presidenta la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, sostuvo que la ley cumple todos los requisitos constitucionales. “De frente a la nación y de familia afirmo que esta ley no viola ningún derecho y no militariza al país, México la necesita. La necesita Tamaulipas y mi pueblo”, abundó.
En respuesta, Jorge Álvarez (MC) sostuvo que la defensa de la ley proviene “de quien fue secretaria de gobierno en Tamaulipas del narcotraficante Tomás Yarrington Rubalcava, al que cuando lo detuvieron en Italia tenia ocho policías federales como guardaespaldas. Esa es la esquizofrenia del PRI”.
Rodrigo Abdalá (Morena) consideró que la aprobación de esta ley será, además de un error histórico “del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI y sus aliados, una traición al pueblo de México. Está claro que no persiguen el bien de la sociedad y la seguridad. ¿Porqué a unos meses de la elección? Entraremos a un peligrosísimo escenario de violaciones a los derechos humanos, en total opacidad de las operaciones militares en seguridad y se cubrirá de impunidad todo acto de las fuerzas armadas.
“Adiós a los avances en materia de derechos humanos en la reforma constitucional de 2011.
Terminarán de un plumazo con el Sistema Penal Acusatorio, con la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros crueles humanos y degradantes. Lo de hoy es una traición a la ciudadanía”.
Lamenta ONU-DH la aprobación de la Ley de Seguridad Interior
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó de “lamentable” la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin tomar en cuenta las voces que exigían un diálogo nacional.
“Para la Oficina es lamentable que la #LeydeSeguridadInterior haya sido aprobada. Realmente sentimos que no es un paso positivo. Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, escribió Elizabeth Throssell, portavoz de la ONU-DH, en su cuenta de Twitter.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó de “lamentable” la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin tomar en cuenta las voces que exigían un diálogo nacional.
“Para la Oficina es lamentable que la #LeydeSeguridadInterior haya sido aprobada. Realmente sentimos que no es un paso positivo. Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, escribió Elizabeth Throssell, portavoz de la ONU-DH, en su cuenta de Twitter.
El pasado miércoles 13, a sólo dos días de que concluyera el periodo de sesiones en el Senado de la República, la ONU-DH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron a los legisladores que no aprobaran la norma porque, subrayaron, “no existen las condiciones propicias”.
En un comunicado conjunto, ambos organismos hicieron un “llamado urgente” al Estado mexicano para que atienda “constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de derechos humanos, y se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado”.
Destacaron que a pesar de que se han hecho públicos algunos cambios al proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 30 de noviembre, el proyecto “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.
Añadieron: “La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos”.
De igual manera, señalaron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad “que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”.
La ONU-DH y la CNDH demandaron a las Comisiones dictaminadoras del Senado dejar a un lado la votación del proyecto de ley y convocar a “un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México, bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
Sus voces no fueron escuchadas y esta madrugada, con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, que normará y regulará el uso de fuerzas federales en estados y municipios cuando éstos sean rebasados por la delincuencia organizada.
Luego de que el dictamen fue devuelto a San Lázaro con al menos una decena de modificaciones, los diputados lo avalaron en sólo hora y media –con 262 votos del PRI, Nueva Alianza, PVEM y algunos panistas– y lo enviaron al Ejecutivo para su publicación.
Ley de Seguridad Interior no está consumada: activistas
A unas horas de que el Congreso aprobara la Ley de Seguridad Interior, el colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que la entrada en vigor de esta ley todavía no está consumada debido a que el presidente Enrique Peña Nieto podría emplear su facultad de veto, “debido al rechazo unánime” que esta norma ha tenido, pero aseguraron que en caso que esto no ocurra, se podrán presentar diversos mecanismos para declarar inconstitucional esta ley.
En un comunicado, la organización que agrupa a organizaciones sociales, académicos y artistas, indicó que la queja de inconstitucional para detener la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Pública la podrían presentar los diputados de oposición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como los gobernadores y presidentes municipales quienes podrían interponer una controversia constitucional.
“La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda analizar esta norma. La responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país”, agregaron.
El colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que es fundamental que en el próximo proceso electoral las diversas plataformas contendientes se pronuncian explícitamente sobre sus posiciones frente a esta ley y sobre sus propuestas en materia de justicia y seguridad.
“En particular, para que el electorado ejerza con información su derecho a la participación, es indispensable que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos presidenciales, se pronuncien claramente sobre si en caso de acceder a la Presidencia de la República derogarían la Ley de Seguridad Interior”, comentaron.
Señalaron que los legisladores que aprobaron esta ley desoyeron las voces que advirtieron los argumentos que presentaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los relatores especiales de la ONU; rectores de las más reconocidas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW); especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; así como más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.
“Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias”, apuntaron.
Manifestaron que el diálogo al que instó el Presidente de la República, ante la CNDH y ante la sociedad no tuvo lugar, y afirmaron que las mesas que se desarrollaron en el Senado “fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley. Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas”.
Afirmaron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior abona a la restauración del autoritarismo en el país, por lo que, aseguraron, “es fundamental no claudicar en la defensa de nuestros derechos y demostrar, con propuestas sólidas como las que desde muchas instancias se han difundido, que una #seguridadsinguerra es posible”.
Documento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centroprodh
