La OMC aterriza en Latinoamérica – Por Javier Calderón Castillo
La OMC aterriza en Latinoamérica
Por Javier Calderón Castillo
Del 10 al 14 de diciembre, se realizará la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde se espera la participación de los 164 países miembros[1], para continuar las intensas negociaciones en torno a las medidas neoliberales (arancelarias, patentes, agropecuarias, industriales y de servicios) promovidas desde los países centrales (PC) para ser incorporadas por los países periféricos (PP), mientras los “grandes”, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, reclaman para sus países mayor protección y desconocimiento de las reglas que ellos mismos proponen, pero que no están dispuestos a cumplir.
En el contexto político actual, resulta una conferencia riesgosa para Latinoamérica porque dos importantes países de la región, Brasil y Argentina, a partir del golpe de Temer y el triunfo de Macri, se han mostrado aliados de las posturas hegemónicas de la OMC, contrarias a las políticas orientadas a recuperar o preservar la soberanía sostenidas hasta el 2015. Esta postura se había materializado en reparos y vetos a las condiciones inequitativas y asimétricas sobre las leyes de propiedad intelectual (patentes, copyright), de eliminación de aranceles de los mercados no agrícolas (NAMA), y de salvaguardas agrícolas (de los países centrales). Vale destacar que más allá de una reversión de procesos en este sentido en América latina, todavía hay actores que generan contrapeso en la OMC, como los RICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), sumados a la resistencia de algunos países a las imposiciones comerciales.
La situación de la OMC no es homogénea, en los 22 años de funcionamiento se fueron creando bloques de países que comparten intereses políticos y económicos, como forma de sumar fuerzas en las negociaciones internas del organismo multilateral. Esto ha propiciado la conformación de bloques volátiles, no formalizados en la OMC, con intereses disímiles. Unos grupos son constituidos para imponer la globalización neoliberal y para consolidar las ventajas de los países desarrollados (G7, G20). En otros casos, se trata de bloques construidos a golpe de necesidad ante la inminencia de imposiciones (G90).
El bloque llamado “Quad” o cuadrilátero, está compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá (al que se suman Australia y Taiwan) con el objetivo principal de unificar y consolidar una línea opuesta a China y de marcar la agenda de medidas librecambistas en el organismo multilateral. Estos países están organizados para incidir en la OMC a favor de las empresas y en desmedro de los intereses nacionales de los otros 160 países miembros del organismo, se orientan por mantener sendas salvaguardas sobre sus productos agrícolas, industriales y de servicios, al tiempo que garantizan la inequitativa división internacional de la producción, impuesta desde el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT (por sus siglas en Inglés). De este orden desigual centrado en el rezago industrial-tecnológico de los países periféricos, se desprenden también la lógica de los tratados de libre comercio, que hoy toman más fuerza en Latinoamérica como parte de la ofensiva neoliberal.
Estados Unidos constituyó el G7 y luego el G7+Rusia a finales de los años 90, como mecanismo para el impulso de las medidas acordes a las necesidades de las corporaciones transnacionales. Ante estos sectores líderes en la OMC, se han organizado grupos, aunque de forma esporádica, que han sido útiles para enfrentar algunos de los proyectos del Quad y del G7, como la eliminación de subsidios agrícolas, la imposición de normas regresivas de propiedad intelectual, aranceles de productos no agrícolas y de servicios. Estos grupos (sin carácter vinculante) se conocen como el G33 y el G90, que se caracterizan por su heterogeneidad y escaso nivel de organización debido a las diferencias en cuanto a los intereses y objetivos de negociación.
El G20, el grupo más potente dentro de la OMC, es un intento por lograr acuerdos entre el Quad, el G7 y los demás países “grandes” del mundo, para conducir la economía global e imponer reglas a los demás países del planeta. La resistencia más clara a Estados Unidos es liderada (hasta el momento) por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en materia de propiedad intelectual y de industrialización, que se traduce en el aumento de producción de genéricos (medicinas, maquinaria, etc.) y protección de la actividad industrial en dichos países.
Por ello, el posicionamiento de Brasil (principalmente), el socio latinoamericano de los BRICS, así como el de México y Argentina pertenecientes al G20, resultan importantes a escala regional y global. Hasta la pasada conferencia en el 2015, realizada en Nairobi (Kenia), estos países se caracterizaron por posturas progresistas, que generaban presión en favor de la recuperación y consolidación de la soberanía y la capacidad industrial de las economías emergentes, ante las presiones de los Estados Unidos y la Unión Europea, en materias sensibles para la industria, las patentes y la firma de tratados de libre comercio. Es preciso recordar que en la reunión ministerial del 2013 en Bali-Indonesia, Bolivia, India, Venezuela y Cuba, lograron frustrar el avance del Acuerdo de Facilitación Comercial, hasta tanto no se lograra una solución permanente al tema de la seguridad alimentaria del planeta.
Sin embargo, el constante reacomodo de la política internacional, y en particular la ola conservadora en América Latina, dejan abierta la posibilidad para que los bloques de poder en la OMC sigan avanzando para consolidar la dinámica asimétrica centro-periferia, como lo viene advirtiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para quien la OMC le resulta incomoda por el funcionamiento del organismo de solución de diferencias, donde las naciones pueden demandar la violación de las reglas de comercio.
En todas las conferencias ministeriales se llegan a acuerdos de obligatorio cumplimiento para los 164 países. La agenda actual indica que los países del Quard y el G7 (con la ayuda de los países reorientados al neoliberalismo como Argentina) asistirán con la intención de avanzar en la negociación sobre el levantamiento de aranceles en productos no agrícolas e industriales que aún tienen salvaguardas, y en los intercambios de servicios en la reglamentación nacional de los servicios, el comercio electrónico y el acceso a los mercados, en rubros específicos como: ciberseguridad, turismo, transporte, finanzas y distribución.
Respecto a la primera esfera de negociación, los países centrales pretenden que se cambien las regulaciones nacionales de los servicios, promoviendo mayores estándares, que impidan la participación de empresas locales y abran paso a un mayor avance de las corporaciones de transnacionales en la prestación de esos servicios, un intento hasta ahora resistido por los países periféricos, aunque la intención de los países centrales de generar las medidas se mantiene abierta.
El comercio electrónico y el acceso a mercados, son dos complementos de negociación relacionados con el de las regulaciones nacionales. Los países centrales pretenden (des)regular las condiciones del mundo financiero y la ciberseguridad en términos y condiciones favorables a empresas transnacionales, limitando las salvaguardas en esas materias de países como China y ampliando el espectro de control de los negocios por parte de los grandes monopolios de las telecomunicaciones, las industrias militares y de ciberseguridad (vale recordar el objetivo de la reciente gira del primer ministro de Israel, Netanyahu).
La industria y el trabajo también están en discusión permanente en la OMC. Los países del G7 pretenden seguir avanzando sobre las regulaciones nacionales que consideran “obstáculos” para el libre comercio, un asunto que tiene como protagonistas a Bolivia y Venezuela por sus posturas soberanas al respecto. Pero también forman parte del “target” Brasil y Argentina (e incluso Uruguay), que durante más de una década impulsaron la reindustrialización y la producción de mercancías industriales para el consumo interno. En las negociaciones sobre los mercados no agrícolas, se contemplan la tala de bosques (muy apetecida por los canadienses), los mercados minero energéticos y del petróleo, rubros importantes para los países de la región y que pueden verse afectados de aprobarse medidas que obliguen a reducir aún más las medidas de protección y arancelarias.
Una situación conectada con los proyectos de ley de flexibilización laboral que avanzan en Brasil y Argentina, son parte de las condiciones internas impuestas apriori para encarar las negociaciones del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Estos dos países tratarán de llegar a la mesa con las regulaciones laborales que favorezcan a las empresas del viejo continente, y marcando la tendencia de destrucción del empleo y de las empresas nacionales, no sólo industriales, sino de servicios y de bienes sujetos a patentes según las posturas del Quard y el G7.
En la agenda de Trump, como se ha dicho, figura el objetivo de cambiar las normas de la OMC para dirimir los conflictos comerciales a través de regulaciones que garanticen mayores ventajas para las empresas norteamericanas y poniendo en aprietos a cualquier país que decida, por ejemplo, satisfacer las necesidades alimentarias, de medicamentos genéricos, o de protección jurídica ante “competencia desleal” o violaciones a las reglas comerciales por parte de los Estados Unidos. Un avance en este sentido, afectaría a Latinoamérica, considerando que el mayor número de denuncias de los últimos años realizadas en el mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC han sido contra Brasil, Argentina y México.
Después del fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Mar del Plata (2005), esta reunión significa una fuerte apuesta de la OMC, y de los sectores neoliberales de la región. Será la primera vez que se celebre esta reunión ministerial en Latinoamérica, nada menos que en la Argentina de Macri. Probablemente insufle energías a la Alianza del Pacifico, así como a los tratados de libre comercio que se vienen negociando en el marco del Mercosur. Una clara advertencia sobre la fuerza y proyección del giro conservador en la región, ante la cual deberán reforzar su postura los gobiernos y pueblos de la región que luchan por su soberanía.
