Uruguay: el Senado aprueba proyecto contra el tráfico y la explotación de personas
Este martes 14 de noviembre el Senado le dio media sanción al proyecto que busca prevenir y combatir la trata y explotación de personas. Según lo estudiado por la comisión especial en la que se trató el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Uruguay pasó a ser un país de origen y destino de trata, no sólo de tránsito.
Participaron en la comisión por la bancada del Frente Amplio, Constanza Moreira, Marcos Carámbula y Daisy Tourné. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y trabajado por la Mesa Interinstitucional sobre trata de personas, busca adecuar la normativa nacional a los convenios y protocolos internacionales ratificados por Uruguay, desde una perspectiva de derechos humanos, dándole mayores garantías a las víctimas.
El documento aprobado, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, consta de 5 capítulos además de la exposición de motivos. En el primero se especifica el objeto y los criterios de interpretación de la norma, así como la definición, el derecho de las víctimas y la necesidad de ajustarse a la normativa internacional vigente.
En el segundo capítulo se crea un Consejo Nacional de Prevención y Combate de la trata y la explotación de personas, en el que se integran a distintos organismos públicos y privados. De esta forma se refuerza la coordinación interinstitucional que se venía generando desde el 2006 en la Mesa Interinstitucional creada por decreto del PE.
El tercer capítulo crea un Sistema Nacional de Respuesta para situaciones de trata y explotación de personas, en el que se prevé la atención de víctimas, asesoramiento, patrocinio, registro, reparación, entre otras cuestiones que deben regularizarse según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas.
En el proyecto de ley también se articula un capítulo relativo a las respuestas específicas de la trata internacional, para la que también se establece un protocolo que se rige por los convenios internacionales. Allí se procura dar atención psico-social a las víctimas, así como asistirlas en sus trámites migratorios y regularización de su situación en el país actual, de origen o al que deseen ir.
El penúltimo capítulo se trata del acceso a la justicia en estos casos, con la creación de un Sistema Nacional de Denuncias en el que se centraliza la información. Asimismo, se establece como uno de los ejes la no revictimización.
El proyecto votado culmina con una enumeración de las normas penales que rigen sobre el asunto.
