Familiares exigen “una ruta clara” para implementar nueva ley sobre desaparición forzada
Promulga el Presidente la ley general de desaparición forzada
Durante muchos años, desde el Estado no se había querido reconocer, pero hay que decirlo: durante décadas, en el país decenas de miles de personas han desaparecido o no se han localizado, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto. Más de 10 años después de que ese fenómeno irrumpiera en forma masiva, el jefe del Ejecutivo federal promulgó Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Ante representantes de grupos civiles y colectivos que participaron en la elaboración de la ley, Peña Nieto admitió que en esta materia también tengo una enorme frustración. Patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas ante el dolor que representa no encontrar a un familiar, y previó que con el esfuerzo de sociedad e instituciones se aprobó un nuevo marco legal que marcará un antes y un después en las desapariciones forzadas, una de las experiencias más dolorosas para un ser humano.
Para entonces, representantes de las organizaciones –que transmitieron vía redes sociales el encuentro privado en Los Pinos– ya habían externado su censura a la inacción del Estado ante un dolor que cambió sus vidas, pues la promulgación de la ley es sólo el reconocimiento de la magnitud de la crisis humanitaria, consideró Grace Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.
Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, coloque las necesidades de víctimas en el centro, deje fuera formalismos que la harían inoperante e ineficaz, al tiempo que demandó mantener contacto con organizaciones internacionales y preservar la coordinación con la sociedad para que no se circunscriba sólo a la elaboración de la ley, sino también a su instrumentación.
Peña Nieto reconoció el papel de la sociedad en el impulso y elaboración de este marco legal. que es apenas un primer paso, al que deberá seguir su aplicación y la creación de instituciones eficaces para hacerle frente.
Hay una hoja de ruta, claridad en acciones en instituciones que tienen que trabajar no sólo por reconocer como un hecho lamentable sino en la obligación y responsabilidad de asumir tareas, emprender acciones que permitan realmente identificar y encontrar a las personas.
Antes de firmar la promulgación de la ley, Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de 60 días realicen las acciones para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda; construir la comisión nacional de búsqueda y el consejo nacional ciudadano; depurar y organizar el traslado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a la Secretaría de Gobernación; poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses; integrar el Sistema Único de Información para la Búsqueda, y conformar el registro de fosas comunes y clandestinas, entre otras acciones.
En nombre de los familiares de víctimas, Araceli Salcedo había recriminado: Ante la insensibilidad y falta de respuesta, las familias, poniendo en riesgo nuestras propias vidas, hemos asumido las tareas y obligaciones que correspondían al Estado.
Advirtió que los familiares se han integrado en colectivos, que se han convertido en una fuente de apoyo mutuo, una plataforma para impulsar la búsqueda e investigación, así como cambios estructurales para que estos hechos no se repitan. Nos organizamos para exigir justicia y convertirnos en sujetos activos legitimados no sólo por el dolor sino por el esfuerzo y la capacidad propositiva.
Con firmeza, deploraron los errores cometidos al enfrentar este fenómeno que abarca, oficialmente, a 33 mil personas desaparecidas, aunque muchas más no han sido denunciadas por temor, desde los tiempos de la “mal llamada guerra sucia. La impunidad de ayer explica la situación de hoy, la cual se ha agravado al combinarse con una corrupción generalizada, propicias para una ruptura casi irreversible de confianza entre la sociedad y sus instituciones”, agregó Salcedo.
Para entonces, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya había asumido que la representación de las víctimas eran familiares que no han tenido una noche de descanso y han vivido la angustia de no saber de ellos, pero que ahora confían en que a partir de la ley y creación de instituciones que permita dar una respuesta de estado a un problema de estado. Una ley elaborada con organizaciones civiles, como la Cruz Roja, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y el Congreso, cuyo propósito es permitir que nadie más tenga que pasar por esta desgracia.
Exigen una “ruta clara” para implementar la ley en materia de desaparición forzada
La promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país, reconoció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Sin embargo, demandó que la promulgación “tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”.
La organización señaló que el Estado debe renovar su compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos. Y con miras a una implementación adecuada y participativa de las familias, añadió, “estaremos esperando fecha para reunirnos con el Ejecutivo y con los funcionarios involucrados, incluyendo a las autoridades de las entidades federativas cuyo rol en este proceso es sustancial”.
En un comunicado precisó que este jueves la ley fue firmada por el presidente Enrique Peña Nieto en un acto conjunto con las familias que conforman el Movimiento.
La ley, subrayó, es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones y crímenes cometidos en el pasado.
“La impunidad del pasado nos persigue y rebasa tanto que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México” puntualizó.
Agregó: “Las familias sabemos que la Ley de Desaparición es solo el comienzo, y estaremos observando, proponiendo y trabajando colaborativamente en su implementación (…) y se garantice el acompañamiento y seguimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que se cumpla el objetivo que compartimos: la localización y presentación de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, reparación de los daños y no repetición”.
En su comunicado, las familias de desaparecidos plantearon que la ruta de trabajo para la pronta implementación de la ley incluya siete puntos, entre ellos la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Comisiones Locales, “asegurando procesos abiertos y participativos en la designación de titulares y la dotación de presupuesto necesarios para la búsqueda efectiva de personas”.
En el segundo punto destaca la constitución de los órganos de participación, y en tercer lugar la creación de las nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses. En este apartado, el Movimiento considera necesario que se lleve a cabo una reforma integral al artículo 102 constitucional, tal como lo ha propuesto el colectivo #FiscalíaqueSirva.
También la creación de plataformas tecnológicas y protocolos que ayuden en el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas, y que se garanticen los derechos de las víctimas y se haga una declaración especial de ausencia por desaparición.
En el sexto punto plantean que se reconozcan las competencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y se cumpla con los compromisos internacionales. Y, por último, que los Estados se comprometan a implementar la ley eficazmente con la participación de las familias y le brinden presupuesto para operar de manera eficaz.
Ley de Desapariciones Forzadas, logro para familias: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que ayer representó una jornada de buenas noticias para las garantías fundamentales en México y el contexto internacional por la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Al dar posesión como Cuarta Visitadora General de la CNDH a María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y luego de asistir a la promulgación de esta ley en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional destacó que este es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.
Resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de esta normativa, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no sólo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la ley.
Las prioridades en la instrumentación de la norma, dijo, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar; así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la repetición de estos hechos condenables.
González Pérez destacó la apertura que tuvo México en el pasado para ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, pero insistió que esta voluntad debe complementarse por la aceptación del gobierno de México de permitir que se den las comunicaciones individuales con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Un aspecto fundamental, señaló es la necesidad de que en un periodo de seis meses se lleven a cabo reuniones de evaluación del cumplimiento de la instrumentación y aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; pues el seguimiento puntual de la ejecución de la ley requiere de una verificación periódica.
