La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales – Por Carlos Fazio
La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales
Por Carlos Fazio
Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.
Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.
Lázaro Cárdenas: un ejemplo
Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).
Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.
Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.
El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.
Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.
Enclaves productivos de exportación
Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.
Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.
En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.
Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.
Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.
El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).
Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.
En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.
*Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM. Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México y el semanario Brecha de Montevideo.
TLCAN, el punto de quiebre – Por Ana de Ita
Los resultados de la cuarta ronda de negociación aumentan la probabilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las píldoras venenosas enviadas a la negociación por el presidente Trump muestran que ese país exige más concesiones a sus llamados socios comerciales, México y Canadá.
Los funcionarios mexicanos antes paladines orgullosos del libre comercio, que por más de 20 años sostuvieron era la única alternativa para el desarrollo y modernización del país, empiezan a escurrirse de lado y como el canciller Luis Videgaray declaran que: «México es sólido y es más grande que el tratado y vamos a salir adelante».
Lo cierto es que los resultados de la negociación enmarcarán el difícil proceso electoral que se avecina, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por concluirla y sacarla de la mesa.
Varios analistas y calificadoras adelantan pronósticos de los efectos de la reversión del TLCAN y apuntan que México será la economía más golpeada. Anticipan la reducción de la inversión, la caída del PIB, la depreciación del peso frente al dólar, la reducción de las exportaciones y de las importaciones lo que redundará en una pérdida de cerca de 951 mil empleos según ImpactEcon. Para Krugman, premio Nobel de Economía, la cancelación del TLCAN provocará que la economía sufra tanto como sufrió cuando el tratado fue establecido.
El reacomodo de los capitales estadunidenses y sus prioridades marca un cambio. El gobierno mexicano sotiene que aún hay esperanzas pues todavía están sentados a la mesa. Lo cierto es que México no debería ceder y otorgar más concesiones a cambio de mantener el TLCAN, que como hemos apuntado únicamente ha significado beneficios para unos pocos sectores de exportación, la mayoría de ellos trasnacionales, enclavados en México para aprovechar la falta de condiciones laborales y ambientales, en tanto ha provocado la ruina de muchas pequeñas y medianas empresas nacionales, de los obreros, de los productores agrícolas de cultivos básicos pequeños y medianos, de las cadenas de producción endógenas. Reconstruir lo destruido y apostar por la producción y el mercado interno no será fácil después de 23 años de desmantelamiento pero siempre fue necesario y ahora es ineludible.
En el sector agrícola por ejemplo en caso de que el TLCAN se cancele, el presidente Trump buscará eliminar el déficit fiscal en aumento durante los dos últimos años que asciende a más de 5 mil millones de dólares en 2016. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos estarán gravadas con el arancel de la Nación Más Favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que asciende para cultivos agrícolas y forestería a 3.8 por ciento y en ganado y pesca a 0.6 por ciento. Los exportadores de jitomates, aguacates, pimientos, uvas, pepinos, melones, berries, cebollas y otras frutas o verduras, que aumentaron su valor de 4 mil 324 millones de dólares en 2005, a 10 mil 413 en 2015, serán gravados. Algunas empresas de productos de exportación, quizá no la mayoría pero sí las más fuertes, por ejemplo Driscoll son empresas estadunidenses relocalizadas en México para aprovechar los salarios miserables y las condiciones casi esclavas de los jornaleros agrícolas, además de aprovechar recursos como el agua, y la falta de regulaciones ambientales. Es posible que Estados Unidos proponga aranceles estacionales o cuotas de importación para proteger a los productores y empresas domésticas y presionar a las que se ubican en México.
En correspondencia el gobierno mexicano debería imponer los aranceles permitidos en la OMC para las importaciones estadunidenses, en promedio para agricultura y forestería de 11.6 por ciento y para ganado y pesca de 7 por ciento, sin importar que en su mayoría sean productos básicos. Por ejemplo los más de 10 millones de toneladas de maíz que se importan anualmente, según Kurczyn de Citibanamex podrían ser gravadas hasta con 37 por ciento de arancel. Gruma, la trasnacional mexicana mayor productora de harina de maíz, declaró que el abasto de maíz para tortillas –alrededor de 6 millones de toneladas– está garantizado con la producción nacional. Quienes podrían tener problemas son los ganaderos industriales productores de res, puerco y pollo, que acostumbran alimentar a sus animales con maíz, soya y derivados importados. Las necesidades reales de importación, pero no las importaciones especulativas, que se benefician del libre comercio y los subsidios en Estados Unidos, podrían abastecerse con producción de otros países pagando el costo de comercialización. Esto daría un nuevo impulso a la producción nacional que debería ser fomentada.
El peor escenario sería que Estados Unidos cancelara el TLCAN y México mantuviera unilateralmente la libre entrada de importaciones, como ya lo hizo con el maíz durante la administración del doctor Zedillo, bajo el argumento de que convenía más comprar la producción de maíz sin arancel y subsidiada, que proteger a casi 3 millones de productores mexicanos del productos básico para la alimentación. La eliminación del TLCAN es un punto de quiebre.
*Ana de Ita es Directora en Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
¿Cómo podría afectar la política de Trump a las economías de América Latina?
La evolución política en Estados Unidos pone en duda las políticas comerciales que podrían ser implementadas y la vulnerabilidad de América Latina frente al endurecimiento de las condiciones financieras.
Centroamérica y México son los más expuestos a las medidas proteccionistas de Estados Unidos
Costa Rica, El Salvador, Honduras y México son los países más vulnerables de la región a las eventuales medidas sobre las importaciones de Estados Unidos, debido a las fuertes relaciones comerciales con este país (sobre todo sobre productos manufacturados). Además de su sobreexposición a EEUU, el PIB de estos países depende más de las exportaciones que el resto de los países de la región.
Basándose en el supuesto de que la administración Trump se centre inicialmente, en países con los que EEUU tenga un importante déficit comercial, la posición de México es particularmente difícil. En 2016, el superávit comercial de México con EEUU solo fue superado por el de China, Japón y Alemania.
Dentro de la región, en 2016 solo otros dos de los países analizados en este estudio, Ecuador y Colombia, registraron superávit con EEUU, los cuales podrían, por lo tanto, ser un objetivo para la administración de EEUU. No obstante, este escenario es poco probable, dado su aporte irregular y más bien bajo al déficit comercial total del país.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en la mira
Las incertidumbres que rodean al tratado NAFTA también podrían retrasar las inversiones, y particularmente reducir la entrada de inversión extranjera directa. Otro tema que ha causado preocupación es la amenaza de Trump de gravar las remesas que los trabajadores mexicanos en EEUU envían a su país de origen. Hasta este momento estos recursos no se han visto afectados.
Según el Instituto Peterson de Economía Internacional [1], si se pusiera fin al tratado NAFTA, el peso probablemente se devaluaría en más de un 25%, por lo que, seguramente, los automóviles fabricados en México serían más competitivos en Estados Unidos, lo que aumentaría el déficit comercial (justo lo contrario de lo que la administración norteamericana está tratando de conseguir).
Repercusiones monetarias
Incluso si Trump es capaz de cumplir con las promesas realizadas durante su campaña, es poco probable que se traduzcan en aumentos en las tasas de interés en América Latina (con excepción de México). Durante 2016 la inflación aumentó de forma general en los países de la región. Estos aumentos se produjeron debido a unas condiciones meteorológicas difíciles, que presionaron los precios de los alimentos. Sin embargo, esta tendencia se ha disipado en 2017. Como respuesta, los Bancos Centrales de Colombia, Chile, Perú y, sobre todo Brasil, han flexibilizado sus tipos de interés de referencia.
Con el fin de evaluar los efectos potenciales de la política económica de Trump sobre la deuda denominada en moneda extranjera, es necesario tener en cuenta la evolución de los CDS [2] de las economías de América Latina y el comportamiento reciente de sus tipos de cambio.
Desde la perspectiva del tipo de cambio nominal, no existió ningún país de América Latina que registrara depreciaciones importantes en el momento en el que Trump ganó las elecciones presidenciales. Una vez más, el peso mexicano fue el que experimentó la mayor volatilidad. En 2016, la divisa se depreció en un 19% frente al dólar, pero a mediados de enero de este año se empezó a recuperar.
[1] PIIE: Trump’s NAFTA Approach Could Worsen US-Mexico Trade Deficit, Marzo 2017[2] CDS (Credit Default Swap) es un acuerdo de swap financiero por el que el vendedor del CDS compensará al comprador (generalmente el acreedor del préstamo de referencia) en el caso de un incumplimiento del préstamo (por el deudor) u otro evento de crédito.
