País de violadores – La República, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La execrable violación de una censista en el distrito de Villa El Salvador (Lima) durante la jornada del Censo Nacional de Población, el pasado domingo, ha indignado una vez más a los peruanos y ha disparado los datos sobre las agresiones sexuales y los reclamos al Estado.
Las primeras cifras mostradas son más que alarmantes; según el Ministerio de la Mujer, en lo que va del año más de 6 mil denuncias de violencia sexual han sido atendidas, de las cuales la mitad corresponde a violencia sexual. La mayor incidencia de casos se registra en Lima, Junín, Arequipa, La Libertad, Cusco y Huánuco.
El nivel al que ha llegado la violencia sexual es un problema de seguridad y de salud pública, por las secuelas que deja en las víctimas y la impunidad que alimenta el delito. El solo hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara en un informe el año 2013 que nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo en casos de violencia sexual, después de Etiopía y Bangladesh, es una medida de la gravedad del problema.
Por esa razón se explica, aunque debe ser rechazada resueltamente, la indignación misógina y machista surgida en las últimas horas frente al hashtag #PerúPaísDeVioladores, al punto que dos legisladoras fujimoristas pretenden sancionar a dos congresistas de oposición, Indira Huilca y Marisa Glave, precisamente por hacerse eco de esta denuncia. Una de las indignadas es la legisladora que debió renunciar a presidir la comisión de la Mujer luego de exponer su teoría de que son las mujeres las que provocan el feminicidio; y la dos pertenecen a la bancada que tiene como asesor a César Aliaga Castillo, detenido en abril acusado de embriagar a dos menores, una de 11 años, en su departamento, y como asesora a la ex ministra de la Mujer Luisa María Cuculiza que calificó la violación de la censista como “accidentes que pasan”.
La batalla contra la violencia sexual es parte de la dura lucha por los derechos de género y la superación del machismo predominante en las relaciones sociales desiguales y discriminadoras frente a la mujer. Desde ese punto de vista debe ser apreciada la reacción airada ante la idea de que nuestra sociedad es de violadores. Quienes se quejan de esta aseveración acusan generalización, pero gustosos se sienten parte del “todo” cuando se afirma que el Perú es un país minero, que Arequipa es la Ciudad Blanca o que nuestro país es de grandes chefs. En el caso de la violación sexual, quien no se sienta alcanzado por esta supuesta generalización, que en estricto no lo es, debería asumir con todas sus fuerzas la denuncia, por lo menos en nombre suyo, de sus hijas, hermanas y menores de edad de la familia.
Además de reclamar sanciones no debería concederse ni un milímetro más al machismo y la misoginia, y demandar consecuencia y coherencia a los partidos, poderes y líderes que hasta ahora la han pasado en su zona de confort, indignándose de vez en cuando, pero derogando normas con enfoque de género y apoyando movimientos que impiden el empoderamiento de las mujeres, como el grupo conservador Con mis hijos no te metas, que ahora calla cuando la violencia sexual se mete con sus hijas.
