Ecuador: Recambios en la «Revolución ciudadana» y continuidad conservadora – Por Stalin Herrera
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Stalin Gonzalo Herrera Revelo (Instituto de Estudios Ecuatorianos / Observatorio del Cambio Rural)
El Ecuador inició el año (2017) con un cambio de gobierno, el nuevo Presidente Lenín Moreno (Exvicepresidente de Rafael Correa en su primer mandato) apareció como figura de transición o recambio al interior del Movimiento Alianza PAÍS (Patria Altiva i Soberana) que gobernó desde el 2007 e instaló en el agro una política conservadora y en oposición a un modelo de agricultura familiar. El nuevo éxito de PAÍS, sin su líder máximo, puso en debate al “fin de ciclo” pues mostró que los gobiernos progresistas aún guardan un lugar en el marco de las opciones políticas –, sobre todo, en la ausencia de una opción política de izquierda–.
Aunque se podía prever un cambio en el estilo de gobierno y se esperaban fricciones al interior de PAÍS, la distancia que el nuevo Presidente ha tomado, respecto a su viejo amigo de fórmula, no está dentro de lo imaginable. El distanciamiento empezó con un cuestionamiento a la política económica y la falta de austeridad; el exceso de gasto devino a una franca denuncia sobre la crisis económica y la falta de recursos para el funcionamiento del Estado. El sobreendeudamiento hoy se calcula por encima del margen previsto en la Constitución (40% del PIB) y suman algo más de 45 mil millones de dólares (A. Acosta, 2017) [2] . A esto se suman las denuncias de corrupción por el excesivo gasto en la Refinería del Pacífico y se ciernen profundas dudas sobre las inversiones en torno a las megaobras ligadas al Cambio de la Matriz Energética y Productiva, así como las inversiones y negociados en carreteras. El caso Odebrecht terminó salpicando al vicepresidente que era la figura directamente responsable de las inversiones estratégicas. El efecto directo fue quitarle competencias a la Vicepresidencia por orden directa del Lenín Moreno. Mientras, Rafael Correa, desde Bélgica, defiende a capa y espada la honra del proceso y a su segundo Vicepresidente Jorge Glas.
Hoy, la distancia de Lenín respecto a Correa se ha convertido en un enfrentamiento abierto que, al interior del bloque de gobierno, se traduce en posiciones Morenistas y Correístas. El conflicto muestra la frágil y contradictoria alianza sobre la que se construyó PAÍS, solo posible gracias a la figura dominante del líder. Las acciones del nuevo bloque hacen de “House of Cards” una serie de estudio obligatorio: la disputa pierde los frágiles límites de la ética partidista y política que, discursivamente, el propio bloque de gobierno se impuso: revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, gobierno de “manos limpias y corazones ardientes”, el combate a la larga noche neoliberal, etc.
Según P. Ospina (2017)[3}, tras el conflicto, lo que hay es un cambio de intereses y de grupos económicos que administraban el Estado. Si el gobierno de Rafael Correa desplazó a las viejas oligarquías tradicionales y logrado una alianza con las clases medias y los sectores más modernos vinculados al sector de construcción, la banca y algunos circuitos de producción regional –los grandes ganadores del período–, Moreno se debate y trabaja en la recomposición de una alianza propia en la cual vuelven a aparecer viejas figuras políticas.
De momento, el nuevo gobierno se encuentra en el ejercicio de construir una alianza que le permita gobernar, pero su situación es compleja:
1) No ha logrado cambiar las fidelidades e intereses de PAÍS en la Asamblea Nacional Constitucional que defiende las líneas levantadas por Rafael Correa y los efectos visibles de la corrupción no son suficientes para cambiar sus posiciones o sacar del paso a Jorge Glas.
2) En la negociación con los grupos económicos se están cediendo espacios a los “avances” políticos y económicos (Ley de Medios, Sistema de Tributación, Ley de Plusvalía, control de medios, dinero electrónico, protección de la producción nacional) que ya entraban en vilo con la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa, el problema es que los grupos económicos lo quieren “todo”.
3) Abrió una línea de diálogo político y negociación con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que le permitan rearticular otras fuerzas (la Secretaria Nacional del Agua paso a la dirección de Humberto Cholango, uno de los dirigentes históricos de la CONAIE, a la misma CONAIE reconoció el comodato de su sede, se creó la Subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina bajo la dirección de un dirigente de la FENOCÍN, se resolvieron los conflictos con la Universidad Andina Simón Bolívar, retrocedió en los juicios a dirigentes políticos, permitió la continuidad de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, dio paso al reconocimiento de la Unión Nacional de Educadores, etc.
El “diálogo nacional” que el mandatario planteó en junio como una estrategia de marketing para diferenciarse de Rafael Correa, hoy sirve para legitimar y mantener el diálogo con todos los frentes políticos, discurso que las élites aprovechan para legitimar y exponer el contenido conservador neoliberal de sus demandas bajo las formas de la participación democrática –Concejo Consultivo de los Asuntos Tributarios– .[4]
“Nuevo” escenario para la movilización indígena campesina
De momento el nuevo gobierno está negociando con dios y con el diablo, pero ese escenario seguramente se decantará en el primer ajuste de gabinete cuando podremos ver hacia donde se termina de encaminar la política del nuevo gobierno. Sin embargo, el Gobierno tiene poco margen para las negociaciones, las deudas de campaña (se están pagando con los recursos estatales), la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa y la falta de recursos estatales marcan el ritmo de las negociaciones.
En ese escenario, el Gobierno muestra que, de momento, no controla al Estado. Los avances constitucionales han sido olvidados y la última consulta sobre paraísos fiscales casi ha desaparecido del discurso, mientras que promueven una nueva consulta popular como estrategia para remover las lealtades con R. Correa (Concejo de Participación Ciudadana, Concejo Nacional Electoral, Justicia, etc). Aun está pendiente saber: ¿quién ocupará la estructura estatal y cuáles son las nuevas lealtades? en esa ausencia, la propuesta tiene un “consenso” entre el gobierno, los medios de comunicación y varios grupos de poder, hay que desplazar al “Correísmo”.
Las elites, aunque habían sido marginadas en ciertos ámbitos de la política, hoy están mejor que nunca, sus representaciones políticas ya habían ganado espacio en las últimas elecciones y en las negociaciones van por todo, no les convence la posibilidad de un Estado con autonomía relativa para gestión de lo social y como árbitro de intereses. Demandan libre mercado, flexibilidad laboral, libre exportación, reducción/eliminación de impuestos, nuevos mercados y, para la AFC, un “banco para la exportación”. La posición de las elites es clara, quieren el Estado sin discutir: ¿quién pagará la crisis?.
Como ya dijimos, el nuevo gobierno necesita cambiar las fidelidades de la Asamblea respecto a las formas de votar y, con ello, lograr una alianza de gobierno. Pero hasta ahora ha tenido poco éxito, varios sectores han preferido cerrar filas con R. Correa –el mejor candidato para las elecciones del 2021– y no sabemos hacia dónde van las organizaciones sociales que se han sostenido en las filas de PAÍS. El problema es que, en la medida en que el conflicto se prolonga y crece, la idea de que “todo ha sido el resultado de una mafia de corruptos” [5] , el conflicto se traduce en la creciente incertidumbre en las pocas “bases” de PAÍS –un sector poco estudiado y fuertemente cuestionado por su condición clientelar. Hoy no sabemos cuál es su número y perspectiva pero flota en la deriva en un contexto en el que sus “idearios” se desmoronan–. Al mismo tiempo, hay organizaciones que han mantenido la fidelidad con el gobierno anterior, pero en la medida en que el gobierno abre el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales que estuvieron en la oposición, son una inteligencia política que, si bien han hecho un acto de fidelidad con Moreno, es desplazada sin que muestren acciones claras frente a la coyuntura.[6]
Sin duda, el momento de “diálogo”, luego de diez años con pocos logros y muchas batallas perdidas, abre un momento de respiro para las organizaciones que estuvieron en la oposición. Pero los movimientos acuden al diálogo sin agenda y estructuras políticas de consenso: la nueva Subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina y SENAGUA no fueron negociaciones orgánicas, sino “personales”. La CONAIE no intenta abrir el diálogo en unidad con otras organizaciones. Aquí valdría decir que el gobierno “hace más” por la CONAIE que lo que la CONAIE hace por sí misma. La agenda de negociaciones de la CONAIE es enorme y sus voces muestran que están centrados sobre sí mismos, los grandes relatos (Estado Plurinacional, educación intercultural bilingüe, derechos de la naturaleza) no tienen mucho eco en la sociedad y se prevé una negociación de mínimos.
En un contexto en el cual el gobierno trata a la CONAIE con el “guante blanco”: el reconocimiento de su sede fue una conquista de enorme valor simbólico, la contención de juicios a sus dirigentes quiebra con el miedo instalado durante la última década; SENAGUA tienen las competencias relacionadas con las inversiones en megaproyectos y administración de los sistemas de riego –una esfera central de las estructuras de organización campesina e indígena–; y el mismo Presidente con sus Ministros se han sentado a la mesa a revisar las demandas de la organización. Podríamos decir que el gobierno recrea condiciones que hicieron de la CONAIE la única organización con el acumulado político y moral para levantar una unidad organizativa, levantar el discurso e impulsar una agenda indígena-campesina, pero sus respuestas no logran aprovechar el momento. En tal escenario, a pesar de los discursos de unidad y los ejercicios electorales que juntaron a los indígenas-ecologistas-trabajadores, vivimos un momento de “vanguardias conservadoras”, no hay actores que desde la izquierda tengan la posibilidad política de ir más lejos de lo que el correísmo instaló en la sociedad.
Política agraria y conflicto
Paralelamente, el gobierno ha lanzado la “GRAN MINGA AGROPECUARIA” como propuesta y proyecto para saldar la deuda agraria que el gobierno de R. Corra creó. Pero, en la medida en que el diálogo sienta en la mesa del Presidente a todo dios y todo diablo, el “problema agrario”, es decir, la desigualdad estructural, los procesos de despojo y la permanente exclusión de indígenas campesinos, parece no tener representación política. Es decir, las organizaciones indígenas y campesinas, a pesar de su presión y diálogo con el gobierno, no parecen tener ningún peso en la política agraria.
Hoy, como ayer, la política agraria en el país va en contrasentido de cualquier modelo de Soberanía Alimentaria. Los “esfuerzos” del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no cambiaron la tendencia general que se instaló desde los años 80 con el Neoliberalismo. El nuevo gobierno, con la “Gran Minga Agropecuaria”, con el aplauso y participación de las organizaciones indígenas campesinas, repite el mismo proceso, fomenta el viejo modelo y cede a los intereses del agronegocios.
La Gran Minga Agropecuaria se compone de 9 acciones: 2.560 millones de dólares serán destinados a esta campaña: 1.360 millones del MAG, y 1.200 millones de créditos del BanEcuador –15 años de plazo con tasa preferenciales del 2% al 5% anual–; la entrega de 300 mil títulos de propiedad a los agricultores –no es nueva tierra sino de tierra que ya les pertenece; se plantea incrementar la productividad nacional en el 13%; se entregará un millón de kits tecnológicos subsidiados (semillas certificadas y agro-insumos); tecnificar 60.000 nuevas hectáreas con riego; crear 80 centros de información y extensión rural para acceder a los beneficios de la minga; 94 millones de dólares constituirán un fondo de cobertura de los seguros agrícola y ganadero –el primero planifica reactivar 766.000 hectáreas y para el segundo, 228.000 cabezas de ganado; se aumentará la pensión del Seguro Social Campesino de 63 dólares a 100 dólares; y se crearán más de 500 centros de acopio y comercialización.
La propuesta, sin duda, recoge “demandas” campesinas, pero están lejos de levantar una propuesta por la Soberanía Alimentaria:
1. No se debate cómo las inversiones del Estado terminan siendo una transferencia de recursos estatales para la subordinación campesina.
2. No está en debate la necesidad de hacer una reforma a los marcos normativos que aseguran la gran propiedad y, con esto, está claro de que no van a avanzar en desmontar la “Privatización de los recursos productivos o la contrarreforma agraria” y, así, abrir la posibilidad de una democratización de la sociedad y llevar la “reforma agraria” más allá de la tierra.
3. El modelo propuesto y el diálogo con los empresarios no discute el problema de la reprimarización de la agricultura y dependencia económica, sino que, la estrategia comercial es clara: el gobierno está dispuesto a firmar un TLC con USA y China, tal como Correa firmó con la UE.
Finalmente, la “Gran Miga Agropecuaria” no se plantea ninguna línea que evite la concentración de capital y precarización laboral presente en el modelo “más moderno” de la economía en el campo, la agroindustria.
La línea asumida por el Gobierno no dista de lo que la Revolución Ciudadana instaló en el campo: el gobierno recoge las “demandas campesinas” (crédito, asistencia técnica, insumos) y convierte la política pública en una herramienta que fomenta la agricultura para la agroindustria.
Finalmente, la coyuntura nos muestra que la “alianza” público-privada marca los límites de cualquier esfuerzo que permita la revalorización de las sociedades rurales y la posibilidad de construir una Soberanía Alimentaria. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo: a nombre de la deuda con los campesinos e indígenas, el Estado subvenciona el proceso a través del cual los pequeños agricultores se incorporan a las cadenas agroindustriales.
La situación actual exige de una sociedad activa y un pacto ético por el campo.
[1] Este es un análisis de coyuntura presentado en el marco de la 3ra Escuela Internacional de Posgrado y Campesina organizada por la Universidad de Costa Rica, La Red de Posgrado de CLACSO y el Grupo de Trabajo: Estudios Críticos al Desarrollo.
[2] Alberto Acosta, 2017, “La deuda eterna contra ataca”, en revista Linea de Fuego, https://goo.gl/jAoHBd
[3] Pablo Ospina, 31 de julio 2017, Dos meses de Moreno: la tormenta imperfecta, en Plan V, http://www.planv.com.ec/historias/politica/dos-meses-moreno-la-tormenta-imperfecta
[4] El Telégrafo, 6 de septiembre 2017, “Diálogo genera confianza en el sector empresarial”, en http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/dialogo-genera-confianza-en-el-sector-empresarial
[5] Fernando Vega, 7 de Agosto 2017, “Alianza País: evolución y ocaso de una secta mafiosa”, en Plan V, http://www.planv.com.ec/historias/politica/alianza-pais-evolucion-y-ocaso-una-secta-mafiosa
[6] Entre las organizaciones que han actuado en defensa del gobierno se pueden mencionar a la Central Única de Trabajadores, una fracción de la FENOCIN, la FEI y el PC, la Confeunassc, CNC, el frente social, el Pueblo Montubio, una fracción del Movimiento Indígena de Chimborazo, la FEINE, etc.’
