Guatemala: la Comisión Internacional de Juristas pide al Congreso retirar inmunidad a Jimmy Morales

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Contexto Nodal
El viernes 25 de agosto, la fiscal general Thelma Aldana e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidieron enjuiciar al presidente Jimmy Morales por presunta comisión de ilícitos electorales durante su campaña de 2015. Luego, el mandatario declaró “non grato” a Iván Velásquez y le ordenó salir del país, lo que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. La crisis política desató protestas contra Morales y la renuncia de dos ministras y varios funcionarios. La Corte Suprema dio luz verde al proceso judicial contra el presidente pero el Congreso, finalmente, rechazó quitarle la inmunidad al mandatario para que sea juzgado.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) solicitó al Congreso de la República retirar inmediatamente los obstáculos a la investigación y rendición de cuentas del presidente Jimmy Morales por su probable responsabilidad en el delito de financiamiento electoral ilícito.

El organismo exhortó también al mandatario a cesar los esfuerzos para impedir el funcionamiento efectivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El presidente y algunos miembros del Congreso están obstruyendo la justicia al abusar de su autoridad para evitar investigaciones por corrupción y bloquear la importante labor realizada por la Fiscal General, con la asistencia de la CICIG, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.

Zarifi aseguró que Guatemala, con la asistencia de la Comisión, ha sido testigo de importantes avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad en los últimos años, y el Congreso debería asegurarse que esa tendencia continúe.

El jueves 21 de septiembre el Congreso rechazó por segunda ocasión la solicitud de antejuicio promovida contra Morales, debido a que cuando era secretario general de FCN-Nación la agrupación no declaró al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre un financiamiento que recibió para campaña el cual sobrepasaba los 800 mil dólares.

Sin embargo, el voto de los diputados no alcanzó los 105 votos necesarios, dos terceras partes del Congreso, para alcanzar una decisión final, por lo que ésta puede ser reconsiderada.

Además de votar por no despojar de su inmunidad al mandatario, el Congreso aprobó el 13 de septiembre cambios al Código Penal, con los cuales eximía de responsabilidades a los secretarios de los partidos políticos por violaciones a la ley electoral y conmutaba sentencia de condenados por graves delitos como corrupción, trata de personas y abuso sexual.

Los diputados revocaron los cambios dos días después de manifestaciones a nivel nacional y una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC); Zafiri aseguró que la rápida acción de la corte evitó un golpe masivo en la lucha por la rendición de cuentas, pues si la ley hubiera entrado en vigor por una hora, habría proporcionado una base legal para que los políticos condenados por cargos de corrupción exigieran su liberación o conmutación.

La CIJ pidió al gobierno cumplir con sus obligaciones internacionales como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.

Cerigua


Asociaciones sociales rechazan propuesta de diálogo “La justicia se garantiza, no se dialoga”

Una integración de asociaciones sociales, autoridades indígenas, movimientos de resistencia comunitaria, estudiantes, y muchos otros sectores se unieron para manifestar su rechazo ante la propuesta de un diálogo con diversos sectores, ante la crisis política que ha movilizado a cientos de guatemaltecos a las plazas en pro de la lucha contra la corrupción en impunidad.

La Articulación por la vida, contra la impunidad y la corrupción reconoce el enorme esfuerzo humano de las miles de personas se han movilizado para evidenciar su descontento, hartazgo e indignación frente a la corrupción e impunidad.

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Señalan también que repudian «la complicidad que se ha fraguado entre el CACIF, el gobierno y los diputados con el afán de continuar con la cooptación y el desmantelamiento del Estado».

“Denunciamos que el llamado al diálogo por parte de las élites es reflejo de su desgaste y falta de legitimidad para sostener este sistema”, expresa y asegura que esto es un recurso más para “evadir la justicia, pretender mantenerse en el poder, seguir gozando de privilegio , continuar saqueando al Estado y generando empobrecimiento de la población”.

Según indican, la única salida válida y viable ante esta inestabilidad política es escuchar las voces y demandas de la ciudadanía.

“Exigimos la renuncia de los 107 diputados y del presidente, ya que es necesario que se sometan a la justicia. De no hacerlo, continuaremos las movilizaciones generalizadas en todos los territorios”, señala dicha articulación.

Finalmente, hacen un llamado a la población a que sigan expresando su indignación y rechazo a las maniobras de los “poderes mafiosos”.

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