Santiago Maldonado: la fiscalía se suma al pedido de familiares y organismos de DDHH de recusar al juez
La fiscalía se sumó al recusamiento del juez Otranto por prejuzgamiento
El jueves se realizó la audiencia de recusación contra el juez Guido Otranto por prejuzgamiento, que en un inicio fue planteada por Sergio Maldonado, hermano mayor del joven desaparecido, y por organismos de defensa de los Derechos Humanos, como el CELS. En dicha audiencia, el fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, respaldó el pedido de la familia.
El fiscal de Cámara afirmó que el juez, en sus declaraciones periodísticas, adelantó opinión o prejuzgó, y por lo tanto “habría que apartarlo”. En la entrevista mencionada, el juez Otranto había descartado que el joven hubiera sido desaparecido por Gendarmería, y opinó que lo más probable era que se hubiese ahogado en el río Chubut.
Se trata del mismo pedido que Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, había realizado la semana pasada por el “nulo avance” registrado en la causa. Al término de la audiencia, Heredia dijo a la prensa que ampliaron la recusación al incluir “todas las arbitrariedades de las que fue objeto Sergio, la falta de información, el maltrato, el desprecio que dijo Sergio que le manifestaba juez hacia él.” Y finalizó diciendo: “Esperamos que de acá a 48 horas tengamos un nuevo juez en la causa.”
Recién el lunes, la Cámara se expediría sobre la recusación, informó el juez Leal. La Cámara puede rechazar o aceptar el pedido de apartamiento del juez Otranto y de aceptar el pedido de la querella y la fiscalía, la causa recaería en alguno de los juzgados de Rawson. Estos podrían ser el 1 del juez Hugo Sastre o el 2, del juez Gustavo Lleral.
Sergio Maldonado, por su parte, expresó respecto a la parcialidad del juez: “El juez Otranto nos decía una cosa a nosotros y otra a los medios, y fue terrible cuando habló de que la hipótesis más firme era que Santiago se ahogó” y desestimó la hipótesis de la desaparición forzada durante la represión de Gendarmería el pasado 1 de agosto.
Sergio se extendió sobre los efectos de las declaraciones en la familia: “Jamás lo había planteado y fue terrible escuchar del juez decir semejante cosa”. También expresó su confianza en lo que resolverá la Cámara e insistió en que “lo único que queremos es que Santiago aparezca, lo buscamos a él y esto no tiene ninguna interpretación política posible, salvo la política de derechos humanos que no es partidaria”.
Durante la audiencia, Sergio Maldonado detalló los pasos que dieron durante los días que siguieron a la desaparición de su hermano, en la primera semana de agosto último. “El lunes 7 me presenté ante el juez, antes había hecho lo propio ante la fiscalía, donde me hicieron un informe y el juez se dedicó a cuestionar todos los puntos del informe fiscal”, relató Sergio, tras lo cual apuntó: “En síntesis, no me dio ni cinco de bolilla, siempre me atendieron con una soberbia impresionante”.
La audiencia se inició con la exposición de la abogada Verónica Heredia ante la corte presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. “Nosotros simplemente estamos utilizando los mecanismos legales y cuestionando la falta de imparcialidad del juez, que descarta una y otra vez la única hipótesis seria que hay, que es la desaparición forzada de Santiago”, dijo a la prensa tras la audiencia.
La desestimación de esa hipótesis por parte de Otranto, añadió la abogada, se relaciona también con que “las fuerzas de seguridad están actuando con una violencia inusitada, razón por la cual hemos pedido una medida cautelar para la protección de testigos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.
La audiencia comenzó a las 11 y terminó cerca del mediodía en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá tratar también otro pedido de recusación a Otranto pedido por el CELS, organismo que es querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y parte en la causa originada en los pedidos de habeas corpus presentadas por el mismo caso.
Caso Maldonado: «Les dimos corchazos para que tengan», dijo un gendarme que participó del operativo
«Les dimos corchazos para que tengan.» Así hablaba un gendarme que participó del operativo de desalojo de la ruta 40, en Chubut, el 1° de agosto pasado, día de la desaparición de Santiago Maldonado.
El dato, según afirmó a LA NACION una fuente con acceso al expediente, surge del peritaje hecho sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo, que comenzó sobre la ruta 40 y terminó dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen.
Se trata de un audio enviado por uno de los gendarmes a un superior. «Algunos celulares tenían una aplicación para grabar conversaciones. Esto confirma que hubo contacto entre los manifestantes y los gendarmes, y que también hubo una agresión», agregó la fuente consultada.
En el mensaje no se infiere si cuando el gendarme dice «corchazos» se refiere a proyectiles de plomo o balas de goma. «Para nosotros no hay dudas de que cuando dice corchazos se refiere a proyectiles, pero aún no se puede establecer si hablaba de postas de goma o disparos de armas de fuego», sostuvo la fuente con acceso al expediente.
El gendarme que hizo referencia a los «corchazos» es uno de los uniformados que el día del operativo llegó hasta la vera del río Chubut, por donde los manifestantes huyeron. Se trataba de un grupo de ocho integrantes de la fuerza de seguridad. Su nombre no fue difundido por las fuentes consultadas.
El martes, el canal Todo Noticias (TN) reveló que un policía de Río Negro denunció que el 16 de agosto pasado, cuando participaba de un rastrillaje en busca de pistas sobre Maldonado, encontró «cartuchos de FAL y proyectiles nueve milímetros, que no fueron utilizados como prueba porque la fiscal a cargo dijo que no era lo que buscaban».
El expediente
Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila. El caso Maldonado, un tatuador de 28 años, tiene dos causas: una está caratulada como desaparición forzada y otra es el habeas corpus que se inició después de la denuncia de la desaparición.
El expediente caratulado como «desaparición forzada» está delegado en la fiscal Ávila, que tiene la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), conducida por Félix Crous.
La semana pasada, LA NACION había revelado otro dato surgido del peritaje. Un gendarme recibió un chat por whatsApp con el siguiente texto: «Tené cuidado, no comentes nada. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo». El sugestivo mensaje lo recibió en su teléfono celular uno de los gendarmes que participó del operativo y lo escribió un contacto agendado como «Amor». Como el contacto figura guardado como «Amor», se supone que fue escrito por la pareja del gendarme que recibió el mensaje.
El destinatario no sólo borró el mensaje, sino que también desinstaló la aplicación whatsApp de su móvil. Pero todo pudo ser recuperado por los peritos de la Policía Federal.
Cuando «Amor» nombra a Robledo era para hacer referencia al sargento Neri Robledo, que el lunes pasado, en el sumario interno que hizo la Gendarmería Nacional, reconoció que le dio un piedrazo a uno de los «encapuchados» que cruzaron el río Chubut el 1° de agosto pasado.
La «confesión» de Robledo en el sumario interno fue publicada por LA NACION el martes pasado. Sus dichos fueron entregados al juez federal de Esquel, Guido Otranto, por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En la declaración, Robledo contó que «uno de los individuos encapuchados le arrojó una piedra que impactó en su rodilla» y que «en defensa personal» tomó una roca «pequeña» y se la tiró a los manifestantes que estaban nadando para cruzar el río. El impacto fue en la «espalda», según detalló el gendarme.
El ministro Garavano rechazó las recusaciones
El Gobierno salió a respaldar al juez federal Guido Otranto y lo defendió ante la recusación de la familia de Santiago Maldonado y del CELS.“Hay que apoyar al juez en las investigaciones que está llevando adelante”, sostuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que los planteos de recusación entorpecen la causa. “Es una pena que un proceso judicial se manche de esta manera con recusaciones, planteos, cuestionamientos. Pareciera que en Argentina nunca podremos tener procesos judiciales sobre temas realmente importantes que transcurran normalmente, sin tantas interferencias”, afirmó el funcionario PRO.
Garavano también condenó la ocupación pacífica del tribunal y acusó a los mapuches de “avanzar sobre las instituciones”. “Es una muestra de desprecio por la República que todos debiéramos repudiar”, afirmó. Por su parte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo: “Desde el primer momento hemos brindado toda la colaboración posible de Estado a la Justicia para encontrar a Maldonado, a Santiago.” “Lamentablemente pasaron 50 días y, aparentemente, estamos lejos de saber realmente qué ocurrió”, aseguró el ministro.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, cargó nuevamente contra los testigos mapuches: “Tenemos que ser muy firmes, como dice el Presidente, en que no puede ser libre y gratuito mentirle al juez. No puede ser que se le mienta para distraer, para ensuciar y para manosear la causa”. “El Gobierno ha ido insistiendo desde el primer día con muchísima preocupación y ocupación en el tema de la desaparición de Santiago Maldonado. Nuestro deseo y nuestro afán es encontrarlo pronto, bien y saber la verdad. Siempre, desde el primer día, todos los que hemos hablado hemos dicho que todas las hipótesis estaban abiertas y teníamos que dejar a la Justicia trabajar en total independencia”. Avruj consideró que no hubo por parte del Gobierno un “cambio de posición sino una evolución a medida que van avanzando los días”.
Nuevo ataque a la comunidad mapuche: incendiaron casas tras la toma del juzgado de Esquel
Tras la ocupación pacífica del juzgado federal de Guido Otranto en reclamo de su renuncia tras el violento allanamiento que sufrieron el lunes, la comunidad mapuche de Vuelta al Río, cercana al Pu Lof de Cushamen donde fue desaparecido Santiago Maldonado, fueron víctimas de un nuevo ataque.
El miércoles por la noche, un grupo de personas armadas incendió al menos una de las casas de los miembros de la comunidad según alertó la dirigente mapuche Moira Millán y consideró que se trató de una represalia por la protesta pacífica que habían realizado esa misma mañana en el juzgado. Rogelio Fermín, miembro de la comunidad confirmó a radio Alas de El Bolsón que la casa de Marcelo Calfupan fue incendiada, y mientras avanzaba en la caravana de apoyo a la comunidad expresaba que «la comunidad de Vuelta del Río jamás ha tenido lo que el Estado argentino llama justicia». Al mismo tiempo contaba sobre «la sensación de bronca e impotencia de no saber si voy a encontra mi casa en pie». Mientras tanto, contra la evidencia, la policía de Chubut afirmó que se acercó a la comunidad pero que no encontró indicios del incendio. «Cuando no hay voluntad de encontrar nada, no se encuentra. Pero la realidad de la comunidad es esta. Por suerte, estamos recibiendo mucha solidaridad».
«En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo», dice Millán al inicio del audio difundido el miércoles.
La dirigente agregó que «están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales», y agregó: «ellos están llevando adelante estos crímenes».
En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron «a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río».
Los integrantes de la comunidad Vuelta del Río denunciaron «malos tratos» sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen. ”Los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos», señalaron.
