El Manifiesto de Córdoba, cien años después – Por Juan Morales Ordóñez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Juan Morales Ordóñez (*)
El movimiento estudiantil universitario de Córdoba, Argentina, de inicios del siglo anterior, representa uno de los aportes fundamentales a la democratización de los procesos de educación superior en ese país y en toda la región de América Latina y el Caribe. Algunos consideran que esa acción colectiva se anticipó en cincuenta años al Mayo francés de 1968 que reivindicó principios similares a los planteados como objetivos a conseguir por los estudiantes argentinos, protagonistas de esa trascendental gesta.
En el próximo año, el 2018, se cumplirán cien años de ese acontecimiento histórico que aún inspira el quehacer académico superior de toda la región por la fuerza y pertinencia de sus principios, convertidos en exigencias objetivas a ser alcanzadas por las universidades latinoamericanas, como son la autonomía, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición para el ejercicio de la docencia, la gratuidad de la enseñanza, la libertad de cátedra y el compromiso social, entre otros.
Para celebrar el centenario de Córdoba, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Iesalc-Unesco, con el concurso de redes académicas activas en diversos ámbitos del quehacer universitario y de los Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, ha venido trabajando en la preparación y organización de la III Conferencia Regional de Educación Superior convocada para junio de 2018 en la ciudad de Córdoba, Argentina, magno evento que forma parte de los actos de conmemoración del Centenario del Manifiesto Liminar de la Universidad Nacional de Córdoba de 1918, cuyos principios permiten, en el caso del Ecuador y de toda la región, actualizar el debate sobre la realidad de los sistemas de educación superior, precisamente a la luz de esas históricas declaraciones.
La autonomía es un principio básico que sostiene que la universidad debe ser gobernada sin intervención del poder político, dictando sus propios estatutos y normativa legal y definiendo sus programas de estudio, líneas de investigación, formas de gestión y estrategias de vinculación con la colectividad, para lo cual el Estado debe garantizar su independencia financiera respetando los presupuestos aprobados. La autonomía es fundamental y la educación superior no debe estar al servicio de ninguna ideología o interés político. La extensión es el trabajo universitario desarrollado en relación íntima con la comunidad a la que se debe. En el Ecuador contemporáneo a la extensión se la denomina vinculación con la colectividad y es uno de los ámbitos del sistema de educación superior que es evaluado para certificar el nivel de calidad institucional, de carreras y de programas universitarios. Tanto la gestión universitaria como los procesos docentes y los de investigación académica y científica adquieren sentido solamente desde la demostración de su relación positiva con la comunidad. Por fin, en esta mención puntual de algunos de los principios de las Reformas de Córdoba, me refiero al concepto de educación considerada como bien público, derecho humano y social y de responsabilidad del Estado, que vislumbrado en esa gesta debe ser fortalecido permanentemente por políticas públicas que lo consideren como uno de sus referentes y objetivos primordiales.
(*) Titular de la Cátedra Unesco «Ética y sociedad en la educación superior». UTPL-Unesco
