Más ciudadanía para el desarrollo sostenible en América Latina
Más ciudadanía para el desarrollo sostenible en América Latina
Alicia Bárcena y Carlos de Miguel
En un contexto mundial de pérdida de dinamismo e inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, riesgo para la paz, la seguridad y una grave crisis ambiental, se hace evidente que el estilo dominante de desarrollo en América Latina y el Caribe es insostenible.
A la degradación del medio ambiente y los ecosistemas y la depredación de los recursos naturales, asociados a las dinámicas insostenibles de producción y consumo y la concentración urbana, se suman los retos globales como el cambio climático cuyos impactos afectan sobremanera a nuestra región.
La amplia gama de desafíos que enfrenta la región nos ha llevado en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) a subrayar la importancia de construir pactos para la igualdad y un futuro sostenible. Hemos señalado que estos pactos no serán posibles sin democracias más participativas y transparentes en las que los ciudadanos estén profundamente involucrados en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir.
La Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, es universal e indivisible y expresa el consenso internacional en torno a un nuevo estilo de desarrollo. La Agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene también por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad.
Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de cooperación que aglutinará a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias. Requerirá, por tanto, de acciones y coaliciones en el nivel nacional, regional y mundial.
En el ámbito nacional, los países deberán avanzar en el establecimiento de una arquitectura institucional que permita efectivamente implementar un enfoque integrado para el desarrollo de nuestras naciones. Los países de nuestra región han comenzado a dotarse de estas arquitecturas.
Ejemplos de ello son los recientemente creados Consejo nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Chile, la Comisión interinstitucional de alto nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible de Colombia, y el sistema de coordinación nacional establecido en el Brasil.
La arquitectura regional de seguimiento y examen de los avances de la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, en tanto, corresponde al recientemente creado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que funcionará bajo los auspicios de la CEPAL.
El Foro permitirá generar puentes entre lo global y lo regional, reforzar la coherencia y la coordinación en el nivel regional, promover la colaboración y brindar orientación en materia de políticas, fomentar la creación de capacidades nacionales, albergar exámenes nacionales voluntarios, identificar brechas, retos y metas compartidas en el nivel regional e impulsar el aprendizaje entre pares, entre otros.
Esta arquitectura regional de seguimiento y examen de los avances de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe se fortalece con el acuerdo regional para la cabal aplicación del Principio 10 que bajo el liderazgo de Chile y Costa Rica, negocian actualmente 21 países de nuestra región y se espera esté concluido a fines de este año.
Tanto la Agenda 2030 como el acuerdo regional sobre el Principio 10 han puesto énfasis en el círculo virtuoso entre derechos de acceso, protección ambiental y derechos humanos, enfatizando que la participación informada y la transparencia contribuyen a mejorar las políticas ambientales y por ende la protección ambiental, lo que a su vez permite el cumplimento con derechos sustantivos como el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud.
El acuerdo regional aspira a establecer obligaciones para que los Estados de América Latina y el Caribe mejoren sus leyes, políticas, instituciones y prácticas para garantizar que los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, sean respetados e implementados cabalmente.
El momento para profundizar la aplicación cabal del Principio 10 no podría ser más oportuno. Los derechos de acceso consagrados en este principio están en el corazón de la Agenda 2030 y permean y se manifiestan en todos los objetivos de desarrollo sostenible.
Los ODS vinculan expresamente el bienestar humano con la calidad ambiental y la paz.
Cinco objetivos abordan temas ambientales (objetivo 6 sobre gestión sostenible del agua; 12 sobre modalidades de consumo y producción sostenibles; 13 sobre cambio climático; 14 sobre océanos y mares; 15 sobre uso sostenible de los ecosistemas terrestres) y el bienestar con base en el medio ambiente está presente en las metas de todos los demás objetivos.
Adicionalmente, el objetivo 16 que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, demanda garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, instituciones eficaces, responsables y transparentes y la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. También pide garantizar el acceso público a la información y promover leyes y políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible.
De este modo, no es casual que así como el bienestar con base en el medio ambiente esté presente en todos los ODS, la igualdad de derechos y oportunidades, el acceso oportuno a la información, la promoción de la educación para el desarrollo sostenible, la participación plena y efectiva, el fortalecimiento de la participación de comunidades directamente afectadas, la planificación y gestión participativas son aspectos destacados en la nueva agenda a lo largo de sus 17 objetivos y 169 metas.
En este contexto, los estándares que se adopten en el acuerdo regional sobre el Principio 10 así como los mecanismos que se establezcan para asegurar su cumplimiento serán elementos centrales del esquema de rendición de cuentas de la Agenda 2030 y las instancias de fortalecimiento de capacidades y cooperación Sur-Sur apoyarán la participación de todos los actores de la sociedad en la implementación del plan de acción establecido.
El proceso, que cuenta con la CEPAL como secretaría técnica, es un ejemplo de cómo los países de nuestra región pueden, bajo un enfoque de concertación, autonomía, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades enfrentar desafíos globales y reforzar la gobernanza ambiental regional contribuyendo al progreso social y económico así como a la sostenibilidad ambiental.
Nuestra región está dando una lección al mundo, escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental.
Este artículo fue publicado originalmente en Notas de la CEPAL número 88, del mes de junio.
*Bárcenas es Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible del mismo organismo de la ONU para América latina y el Caribe
Ciudades e inclusión: participación ciudadana en políticas urbanas
En la región existe cada vez más participación en el proceso de toma de decisiones en materia urbana, siguiendo las recomendaciones de instancias internacionales tales como ONU-Hábitat. Es necesario seguir incentivando la participación ciudadana en estas materias.
Un aspecto importante de la agenda global es lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, tal como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº11. Para que una ciudad sea inclusiva, se requiere aumentar la participación ciudadana en la planificación y la gestión de las ciudades. ¿Cómo se lleva a cabo la participación en la toma de decisiones en materia urbana? ¿Cuáles son las prioridades de políticas públicas en este ámbito en Chile? Este análisis, en la siguiente nota.
La participación ciudadana en políticas urbanas
Según ONU-Hábitat, la participación en la planificación urbana es el proceso mediante el cual los actores interesados (stakeholders) se involucran de manera activa e influyen en la toma de decisiones al formular, desarrollar y ejecutar planes urbanos.
Incentivar la participación ciudadana en estas materias es una prioridad. La Nueva Agenda Urbana, resultado de la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III, busca promover la participación de toda la ciudadanía a través de diversas plataformas y mecanismos de consulta, enfatizando especialmente en grupos marginados de la toma de decisiones, tales como mujeres, jóvenes, niños, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad y personas mayores.
Asimismo, la Nueva Agenda Urbana propone fortalecer la gobernanza urbana multinivel, velando por incrementar la participación de los gobiernos subnacionales y locales en la toma de decisiones. En este sentido, es importante mencionar las actividades realizadas por la plataforma Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la que representa los intereses de gobiernos locales ante la comunidad internacional.
Existen muchas maneras a través de las que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones en materia urbana. Algunas de estas son:
- Mecanismos de Democracia Directa (MDD): son aquellos mediante los cuales la ciudadanía decide o emite su opinión a través de sufragio universal y secreto. Los instrumentos más utilizados en este ámbito son los plebiscitos y las consultas.
- Instancias deliberativas: se desarrollan bajo diversas denominaciones, tales como cabildos, diálogos ciudadanos, mesas de trabajo, entre otras. Difieren en su grado de formalidad y usualmente generan insumos para elaborar instrumentos de planificación urbana.
- Organismos ciudadanos que son parte de la institucionalidad de los gobiernos locales: en estos organismos formales y permanentes, sus integrantes desempeñan diferentes funciones colaborativas relacionadas con la gestión local, tales como pronunciarse sobre la Cuenta Pública de los alcaldes y sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales. Ejemplos son los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC) en Chile, los que incluso pueden convocar plebiscitos comunales.
- Instancias de co-creación, tales como los presupuestos participativos: lasinstancias de co-creación suponen la ejecución de tareas y proyectos “con los ciudadanos”. Un ejemplo de ellos son los presupuestos participativos, los que se utilizan, desde la perspectiva de los pobladores, para priorizar un porcentaje de la inversión local en espacios públicos, como ha sucedido en la ciudad de Medellín desde 2014. En Chile se han estado implementando desde el 2001, en algunos municipios.
- Uso de TICs: se han impulsado diversas aplicaciones y plataformas digitales tanto por iniciativas de gobierno local como por ONGs, para que la ciudadanía se informe, opine y colabore en el progreso de sus ciudades, lo que ha sucedido en países como Colombia y Brasil. En Chile, la Fundación Ciudadano Inteligente cuenta con la plataforma Barrios en Acción a través de la cual los ciudadanos pueden reportar problemas barriales, los que son posteriormente comunicados a la autoridad competente.
ONU-Hábitat ha definido instrumentos para apoyar el proceso de tomas de decisiones participativas en el plano urbano. Algunos son la identificación y análisis de actores que tengan intereses significativos y legítimos en asuntos urbanos específicos, realización de consultas y organización de grupos de trabajo. Además, define a los laboratorios de planificación urbana y diseño como una herramienta innovadora que permite introducir la participación, piloteando métodos y herramientas.
Uso de consultas y plebiscitos en materia urbana en América Latina
Sin perjuicio de las variaciones de los mecanismos de democracia directa (MDD) en los distintos países respecto a su denominación y alcance, en el contexto de la planificación y gestión urbana usualmente se han utilizado consultas y plebiscitos, en países tales como Colombia, México, Panamá, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y Chile. Estos instrumentos han sido generalmente activados para resolver asuntos relativos a tres temáticas:
- Creación o renovación de instrumentos locales de planificación urbana: se han impulsado MDD para que la ciudadanía manifieste su postura frente a instrumentos que guiarán el desarrollo de sus ciudades en materias como densidad poblacional, densidad en altura y locación de conjuntos habitacionales.
- Inversión en obras públicas: se han activado MDD para consultar a los pobladores sobre la realización de obras públicas como parques y ciclovías con presupuesto del gobierno local.
- Instalación de infraestructura para la industria minera y energética: se han implementado MDD en relación a proyectos controversiales por su potencial contaminante ambiental y/o consumo de recursos naturales en desmedro de las comunidades. En algunas ocasiones, las comunidades indígenas han solicitado la realización de consultas amparadas en el Convenio N° 169 de la OIT.
Chile y la participación en toma de decisiones de carácter urbano
En el Artículo 93 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades se establece que cada municipalidad debe establecer las modalidades de participación ciudadana, considerando las características de cada comuna (ubicación de los asentamientos, la configuración del territorio y de la estructura etárea de la población, entre otros). La ciudadanía puede participar a través de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC), en el plan comunal de desarrollo, en modificaciones al plan regulador, en la elaboración de presupuestos participativos, realización de consultas, audiencias, entre otros. Asimismo, toda la ciudadanía puede comunicar quejas y denuncias.
Según la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), en Chile el proceso de toma de decisiones en materia de desarrollo urbano es fragmentado, reactivo, centralizado y poco participativo. De hecho, uno de los propósitos declarados por la Política Nacional –y que debe ser implementado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU)- es fortalecer la participación ciudadana. En relación a políticas de institucionalidad y gobernanza urbana, esta Política propone un reordenamiento institucional para lograr un sistema integrado y descentralizado de toma de decisiones. Al respecto, propone que:
- Las decisiones se radiquen en el nivel local, sólo pasando a niveles superiores cuando la escala de la materia lo amerite, o cuando no sea posible asumirlas a nivel local
- La participación ciudadana sea institucionalizada, financiada, temprana, informada, técnica y responsable.
- Se refuercen las Juntas de Vecinos
- Se fomenten las instancias de planificación local
*Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Buenos Aires encabeza el listado de las ciudades «más inteligentes».
El listado es parte del ranking de ciudades «inteligentes» del reporte Estrategias Ciudades en Movimiento 2017, una plataforma de investigación lanzada conjuntamente por el Centro para la Globalización y la Estrategia y el Departamento de Estrategia del IESE Business School, analiza 180 ciudades en 80 países, con base en 79 indicadores que cubren 10 dimensiones de la vida urbana. Los datos se obtienen de organismos y dependencias como la Unesco, el Banco Mundial y Euromonitor.
La capital argentina se sitúa en el puesto 83 del listado global, pero en el primer sitio del regional, por delante de Santiago de Chile y la Ciudad de México.
Buenos Aires destaca, a nivel regional, en las dimensiones de gobernanza y proyección internacional, según el índice. También es la ciudad más visitada de América del Sur y la segunda con mayor cantidad de rascacielos de la región, de acuerdo con el texto.
El top 5 de ciudades latinoamericanas lo cierran Medellín, Colombia, y Montevideo, Uruguay. La mayoría de las ciudades latinoamericanas se sitúa en posiciones superiores al puesto 100, excepto las cinco principales.
