A once años de la constituyente boliviana – Por Mauro Benente
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Sucre, capital formal y sede del Poder Judicial de Bolivia, 6 de agosto de 2006.
“Se cuenta que los empleados a cargo de la seguridad del acto pidieron a un grupo de cholitas, campesinas de pollera, manta y sombrero, que se levantaran del suelo donde esperaban porque por allí pasarían los constituyentes. Ellas se levantaron pero no para retirarse, sino para participar del desfile: eran las mujeres constituyentes.”[1]
Una mujer nacida en Cochabamba pero criada en el Chapere, de ascendencia quechua, que cuando era adolescente dejó la escuela para ayudar a su padre en la chacra y para que sus hermanos varones sí pudieran asistir al colegio, decía aquel 6 de agosto “nosotras como mujeres, nuestros hermanos indígenas, nunca habíamos participado.” No estaba en la plaza participando de la celebración de la Asamblea Constituyente, sino que la integraba. Esa mujer era Silvia Lazarte Flores, la Presidenta de la Asamblea y continuaba su discurso de apertura con estas palabras “hoy más que nunca ahora, pensamos y lo estamos haciendo nuestra Asamblea Constituyente.”
No un susurro sino un grito bien nítido y potente que inundó y desbordó los discursos de la Asamblea Constituyente indicaba y reiteraba que quienes habían sido histórica y sistemáticamente excluidos, indígenas, campesinos y campesinas, obreros y obreras, ahora estaban decidiendo en común los arreglos institucionales de su vida en común. Aquél seis de agosto, el Vicepresidente Álvaro García Linera, no dudaba en afirmar que sus ojos estaban frente a una “revolución porque las mayorías marginadas: indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres y juventud que siempre fueron considerados ciudadanos de segunda y tercera categoría, hoy le reclaman a sus élites el derecho a ser ciudadanos, a compartir el poder y a compartir las riquezas.”
El Alto. 7 de febrero de 2009. En un acto con claros tintes festivos, el Presidente Evo Morales decía: “después de 500 años de rebelión, invasión y el saqueo permanente; después de 180 años de resistencia contra un Estado colonial, después de 20 años de lucha permanente contra un modelo neoliberal, hoy, 7 de febrero de 2009, es un acontecimiento histórico, un acontecimiento inédito, singular para Bolivia y para Latinoamérica, reunido acá para promulgar la nueva Constitución Política del Estado.”
En el discurso de promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo mencionaba la resistencia contra el Estado colonial, y la lucha contra el modelo neoliberal. Esta mención no es casual, puesto que la presencia en la Asamblea Constituyente de indígenas, campesinos y campesinas, trabajadoras y trabajadores no se explica por una cordial invitación de los sectores históricamente dominantes, sino por esa resistencia y esa lucha. Procesos de lucha y resistencia a las políticas neoliberales se desarrollaron en buena parte del cono sur, pero la particularidad del caso boliviano –sólo parcialmente compartida con el caso ecuatoriano y venezolano- fue que en esas batallas se levantó la bandera de la Asamblea Constituyente. Dentro de todas las estrategias para hacerle frente al neoliberalismo, el reclamo por una Asamblea Constituyente poco a poco se fue consolidando como una de las armas privilegiadas.
La guerra contra el neoliberalismo y la exigencia de la Asamblea Constituyente
En el caso boliviano la tragedia neoliberal está acompañado con un nombre propio que también es trágico: Víctor Paz Estenssoro. Trágico porque en 1942 había sido uno de los fundadores del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y durante la Revolución Nacional ocupó la Presidencia en tres períodos: entre 1952 y 1956, entre 1960 y el 6 de agosto de 1964, y desde esta última fecha hasta el 4 de noviembre de 1964, cuando fue derrocado por su Vicepresidente: René Barrientos. En el marco de un gran proceso inflacionario, en las elecciones anticipadas de 1985 Paz Estenssoro accedió a la Presidencia y rápidamente puso en práctica la Nueva Política Económica, que implicó una apertura al capital transnacional, la eliminación de subvenciones estatales, el despido de trabajadores en el sector minero, la privatización de empresas estatales, la reforma del sistema de pensiones, etc. El programa neoliberal fue mantenido en la Presidencia de Paz Zamora (1989-1993), y fue profundizado por Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) –quien había sido Ministro de Planeamiento de Paz Estenssoro-, el ex dictador Hugo Banzer y su continuador “Tuto” Quiroga (1997-2002), y nuevamente Sánchez de Lozada (2002-2003). Fue durante el gobierno de Banzer que se produjo la Guerra del agua, que todas las organizaciones sociales nominan como el inicio de la lucha frontal contra el neoliberalismo, y fue durante el segundo mandato de Sánchez de Lozada que se desató la Guerra del gas, y con ella se conformó la Agenda de octubre y se consolidó la exigencia de una Asamblea Constituyente.
La Guerra del agua. En un escenario de presiones del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por privatizar el sistema de agua potable, en septiembre de 1999 se firmaron una serie de contratos para privatizar SEMAPA –la empresa estatal de agua de Cochabamba-, y en noviembre se aprobó la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado, que legalizaba los negocios de Bechtel en Cochabamba y de Suez en La Paz, las dos multinacionales que se quedarían con la prestación del sistema. En oposición a la privatización, en el mes de octubre se conformó en Cochabamba la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que articuló diferentes organizaciones de la ciudad y del campo. Luego de distintas manifestaciones y acciones colectivas de distinta índole, en abril se desarrolló la “batalla final” contra la privatización, y frente a la multitudinaria pueblada el gobierno no tuvo más remedio que volver sobre sus pasos. Fue en el espacio común de las calles que se levantó la bandera de una “«Asamblea Constituyente para cambiar el país sin intermediación política para construir el país en el que queremos vivir».”[2] El reclamo por una Asamblea Constituyente en la arena de disputa contra el neoliberalismo se reiteró en la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, y adquirió todo su potencial en la Guerra del Gas.
La Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. Luego de 39 días de caminata, el 19 de junio de 2002 llegó a La Paz una enorme marcha protagonizada por pueblos indígenas de tierras bajas. Se trataba de la cuarta marcha de esta magnitud, inscrita en un proceso en el cual las políticas neoliberales habían terminado con las pocas industrias, los sindicatos se encontraban muy debilitados, y las acciones colectivas de resistencia eran protagonizadas por organizaciones sociales e indígenas. Los temas vinculados al territorio, recursos naturales, y autonomía política estuvieron presentes en las cuatro marchas, pero la novedad de la cuarta indica que la Asamblea Constituyente se ubicó en primer plano. Es así que en el comunicado de prensa del 18 de mayo, dado a conocer cinco días después del inicio de la marcha, se exigía la “convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores sociales del país sin la exclusiva mediación de los partidos políticos.”
La Guerra del gas. Hacia el mes de septiembre de 2003 tomó estado público que el Presidente Sánchez de Losada había desempolvado un proyecto del gobierno de Quiroga de exportar gas licuado a California a través de Chile –país que en la guerra de 1879 se había quedado con la salida al Pacífico de Bolivia-. Ésta y otras medidas del gobierno generaron un poderoso descontento, que se tradujo en manifestaciones y cortes de ruta, respondidas con represión y encarcelamiento de referentes de distintas organizaciones. El 8 de octubre en El Alto se inició un paro indefinido, en las calles se escuchaba “Gas, constituyente, renuncia”[3], y tanto la Coordinadora Nacional de la Defensa del Gas cuanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) publicaron documentos exigiendo la realización de una Asamblea Constituyente. Para hacer frente a las protestas, el 11 de octubre el gobierno sacó el ejército a las calles, y el ciclo terminó el 17 de octubre con la renuncia de Sánchez de Lozada y más de 250 heridos y 60 muertos. Fue en este escenario que tomó forma la Agenda de octubre que incluía la nacionalización de los hidrocarburos, un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por la represión y las muertes, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La Agenda de octubre fue retomada por el Pacto de Unidad que se conformó en septiembre de 2004,[4] y por la plataforma electoral del MAS para las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005 que con la candidatura de Evo Morales ganó con el 53,72% de los votos, el porcentaje más alto desde la restauración de la democracia en 1982.
La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
La Guerra del agua, la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, y la Guerra del gas nos sitúan en un plano sumamente interesante y novedoso: organizaciones sociales del campo y de la ciudad, y hasta organizaciones indígenas, toman al constitucionalismo por asalto. Aquello que históricamente había sido reservado a las reuniones en privado de élites político-económicas, o político-académicas, en esas luchas y resistencias flameaba en las banderas de las manifestaciones y reuniones públicas. Pero además, es importante subrayar que el gas, el agua, el territorio, y los recursos naturales en general, son asuntos comunes y las organizaciones populares no han dudado en plantear que debían resolverse en común, en una Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente que comenzó a funcionar el 6 de agosto de 2006 cumplió sólo de modo parcial la premisa de la discusión en común. Si bien indígenas, campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras participaron de la Asamblea, y entre los meses de marzo y abril de 2007 se desarrollaron foros y encuentros territoriales entre los y las asambleístas y las organizaciones, la ley de convocatoria exigió que la representación fuera a través de partidos políticos, obturando la posibilidad de las organizaciones de formar parte de la Asamblea. Sin dudas esta ley benefició al MAS, pero se explica por el acuerdo con la derecha que el partido de gobierno tuvo que articular en el Congreso Nacional para que la ley pudiera ser sancionada. Estas negociaciones y confrontaciones con la derecha fueron una constante del proceso constituyente, puesto que la denominada Agenda de enero, conformada por los Prefectos y Comités Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, asedió sistemáticamente la realización de una Asamblea que en vistas de avanzar en un proyecto comúninevitablemente debía cortar de raíz los privilegios de unos pocos.
La discusión en común tuvo sus restricciones, y la articulación de una vida en común estipulada en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada el 7 de febrero de 2009, también tuvo sus límites. Las dos propuestas de textos constitucionales desarrolladas por el Pacto de Unidadincluían formulaciones muy ambiciosas en términos de democracia política y también económica. Si uno tuviera que identificar dónde están las grandes novedades de la Nueva Constitución Política, por un lado habría que mencionar la matriz plurinacional, y por el otro la matriz económica. Un gran aporte del proceso boliviano a la historia del constitucionalismo ha sido la limitación y regulación del poder estatal, sino también de las grandes corporaciones, que en general operan como poderes salvajes, sin limitación ni regulación.
La Nueva Constitución, resultante de las fuerzas, luchas, y resistencias contra el neoliberalismo, estipula que la propiedad debe tener una función social y no debe ser contraria el interés colectivo (arts. 56, 393), prohíbe los monopolios y oligopolios en la producción y comercialización de bienes y servicios (art. 314) y en los medios de comunicación (art.117), y rechaza el latifundio (art.398b). La organización económica debe contribuir a la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza, fortalecer la soberanía económica del país, impidiendo que la acumulación privada haga peligrar esa soberanía (art. 312). En vistas de combatir la pobreza y la indigencia, la organización económica debe apuntar a una redistribución de la riqueza y del excedente (art. 313). Asimismo, el Estado debe promover las formas cooperativas sin fines de lucro (art. 310), priorizar la inversión boliviana frente a la extranjera, quedando esta última sometida a la jurisdicción, las leyes y autoridades bolivianas (art. 320). Además debe proteger a las organizaciones económicas campesinas, las asociaciones de pequeños productores urbanos, y por ello en las compras que realice el Estado estos sectores deben gozar de preferencias (art. 334). En lo relativo a los recursos naturales, el Estado asume el control de su explotación, industrialización, transporte y comercialización, y si se asocia con privados, éstos deben reinvertir sus utilidades (art. 351). La gestión y la administración de estos recursos debe garantizar el control y la participación social (art. 351), y la explotación estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada (art. 352). Además, sólo el Estado puede explotar y comercializar hidrocarburos (art. 359), y si empresas extranjeras participan en la cadena productiva se consideran inválidas las prórrogas de jurisdicción (art. 366) finalmente, y en términos mucho más tajantes, se prohíbe la apropiación privada de los recursos hídricos (art. 357).
Quizás la regulación de los recursos naturales pueda ser un laboratorio para analizar cuál ha sido el remedio de algunos procesos latinoamericanos para hacer frente a la avalancha neoliberal: tonificar las estructuras del Estado, descuidando las formas de organización económicas y políticas comunitarias, y corriendo el riesgo de crear una nueva casta de gestores estatales distintos y distantes de las mayorías populares.[5] No hay dudas de que el proyecto del Pacto de Unidad era notablemente más radical que el finalmente aprobado, y que avanzaba con mayor nitidez en formas democráticas y comunes de organización política y económica. Tal como decía anteriormente, muchas de estas limitaciones del proceso se explican por la negociación y los acuerdos del MAS con la derecha, que mientras la Nueva Constitución ya estaba aprobada y bloqueaba la sanción de la ley de referéndum, sancionaba Estatutos Autonómicos bajo una matriz neoliberal y colonial -como fue el caso de Santa Cruz-.
El proceso boliviano, así como otros procesos posneoliberales de la región, no es ni ha sido tan de izquierda como muchos y muchas hubiéramos deseado, y todavía seguimos anhelando. Si nos preguntamos por qué en el caso boliviano esto no fue así, la respuesta sencilla es culpar al MAS por posturas propias pero fundamentalmente por sus acuerdos con la derecha. Sin embargo, la pregunta difícil es y seguirá siendo: ¿qué hacer con la derecha?
(*) Director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la UNPAZ. Responsable del proyecto La Constitución Importa: Un asunto en común. https://laconstitucionimporta.unpaz.edu.ar/
Schavelzon, S. (2012). El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia : etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: CLACSO/Plural Editores/CEJIS/IWGIA, p. 1.
[2] Viaña, J. (2014) Configuración y horizontes del Estado plurinacional. La Paz: Fondo Editorial de la Vicepresidencia, p. 92.
[3] Gutiérrez Aguilar, R. (2008). Los ritmos del Pachakuti: movilización y levantamiento indígena-popular en Bolivia (2000-2005). Buenos Aires: Tinta Limón, p. 254.
[4] El Pacto de Unidad fue conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIOB-“BS”), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS), el Movimiento Sin Tierra (MST), la Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y el Movimiento Cultural Afrodescendiente.
[5] Machado, D., Zibechi, R. (2016). Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo. La Paz: CEDLA.
