Transgénicos, glifosato y cáncer
Transgénicos, glifosato y cáncer
Silvia Ribeiro
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el glifosato, el agrotóxico más difundido en el mundo, que se usa con 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es causa probable de cáncer. Comunidades y familias afectadas en Argentina, Paraguay y otros países venían denunciando esta relación desde hace años, por sufrirla directamente. Ahora Naciones Unidas la confirmó.
Es otro legado tóxico de Monsanto a la humanidad: la empresa desarrolló y patentó este herbicida de amplio espectro en 1974 y aunque su patente expiró en el 2000, sigue siendo un importante rubro de sus ventas y está asociado a la mayoría de sus transgénicos. Por ello, Monsanto presiona ahora para que la OMS cambie este parecer, alegando, como ha hecho por décadas, que el glifosato no causa cáncer.
Pero el grupo de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC por su sigla en inglés), que realizó la evaluación, se mantiene en sus conclusiones, explicando que sus documentos de base son muchos, sólidos y sobre todo independientes, a diferencia de los presentados por la empresa.
Un grupo de 17 expertos de 11 países trabajó en la evaluación del potencial carcinogénico de 5 plaguicidas organofosforados: tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y glifosato. El 20 de marzo publicaron los resultados en la revista científica The Lancet. Todos los plaguicidas evaluados mostraron relación con problemas graves a la salud, pero el caso del glifosato desató una alarma global porque es el agrotóxico con mayor volumen de producción y uso en el mundo, y porque instituciones de salud y empresas aseguran que es de baja peligrosidad.
En contraste, el grupo de expertos dictaminó que existen pruebas suficientes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin). Para esto último, se basaron en estudios de exposición a glifosato de agricultores en Estados Unidos, Canadá y Suecia. Si hicieran estos mismos estudios en el Cono Sur de América Latina, en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el área que la transnacional Syngenta llamó cínicamente la República Unida de la Soya, donde se planta el mayor volumen de soya transgénica resistente a glifosato del planeta, los resultados serían aún más graves, ya que la fumigación aérea y la falta de control está mucho más extendida.
El grupo de OMS encontró además suficientes evidencias de daños al ADN y daños cromosómicos en células humanas in vitro, o sea, en pruebas de laboratorio. Son síntomas relacionados al desarrollo de cáncer.
Señalan que el glifosato es usado en agricultura, silvicultura, áreas urbanas y hogares. Agregan que su uso aumentó exponencialmente con la siembra de cultivos modificados genéticamente para ser resistentes a este herbicida y que se han encontrado residuos de glifosato en aire, agua y alimentos.
En 2013, un estudio de Amigos de la Tierra encontró residuos de glifosato en la orina del 45 por ciento de los ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas, y otro en Alemania, niveles de 5 a 20 por ciento más altos en orina que los niveles permitidos en agua potable. El movimiento Moms Across America de EU, encontró en 2014 presencia de glifosato en leche materna, en porcentajes hasta mil 600 por ciento superiores a lo permitido por la directiva europea.
En Brasil, principal usuario de agrotóxicos del mundo, estudios del investigador Wanderlei Pignati, mostraron desde 2011, grave presencia de glifosato en leche materna en el estado de Mato Grosso, así como altos porcentajes de residuos de glifosato y otros agrotóxicos en el agua que beben en escuelas y en 88 por ciento de las muestras de sangre y orina tomadas a maestros del municipio Lucas de Rio Verde de ese estado. Hay resultados en el mismo sentido en Argentina. Allí, los movimientos de madres y médicos de pueblos fumigados de Córdoba, Santa Fe y otras provincias afectadas por la siembra de transgénicos, denuncian desde hace años lo que consideran un genocidio silencioso. En esos lugares, los casos de cáncer y malformaciones congénitas, superan con mucho la media nacional. En el Chaco, hasta 400 por ciento.
Darío Aranda, periodista argentino que ha documentado estas luchas, nos recordó ahora el trabajo de Andrés Carrasco, que en 2009, siendo jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet, demostró con experimentos en anfibios, que el glifosato tiene efectos teratogénicos, es decir, produce malformaciones en fetos y neonatos. Debió por ello enfrentar una dura campaña de desprestigio a manos de los sectores pro-transgénicos oficiales y empresariales.
Los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina son un experimento masivo a cielo abierto, solía advertir. Carrasco, fallecido en 2014, afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas. Qué el había mostrado en laboratorio solamente lo que la gente ya sabía, por la enfermedad y muerte de sus familiares. (D. Aranda, 22/3/15, lavaca.org)
Aunque el glifosato existía antes que los transgénicos, éstos aumentaron brutalmente su uso y riesgos. Ahora que causaron decenas de malezas resistentes al glifosato, las transnacionales presionan para liberar transgénicos con tóxicos aún peores. Urge terminar con el mito de la agricultura química, transgénica e industrial: alimentan a una minoría, contaminan todo y a todos, ganan solo un puñado de transnacionales. Es un experimento masivo a nivel global y sus efectos quedan cada vez más expuestos.
*Investigadora del Grupo ETC
Argentina, tierra arrasada
Darío Aranda
¿Por qué ningún juez, empresario o político aceptó nunca el vaso de agua que le ofrecen los habitantes de los pueblos mineros cada vez que los visitan? ¿A qué se debe la aparición de enfermedades inéditas y desconocidas en el medio de la pampa húmeda? ¿Dónde viven las miles de personas desplazadas del campo y que las ciudades no cobijan? ¿Quién está detrás de los feroces ataques a los indígenas argentinos? ¿Qué secretos escondieron las pasteras en Gualeguaychú? ¿Por qué el negocio de Vaca Muerta puede dejar una parte de la Patagonia inhabitable? ¿Cuánto queda realmente en el país de esta ganancia extraordinaria? ¿Por qué nunca se escucha a los que proponen otro camino? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y qué planes tienen para sus habitantes?
Pueblos envenenados, matones a la luz del día, muertes sospechosas, bebés con malformaciones, tasas de cáncer inéditas, abortos espontáneos, ríos sin peces, bosques sin árboles y enfermedades sin cura: durante los últimos quince años, la Argentina ha sido sometida a la transformación más radical y quizás irreversible de su historia. Detrás del negocio multimillonario de la soja, la megaminería, las pasteras y los combustibles no convencionales, no sólo hay consecuencias inmediatas para todos los habitantes del país, sino también la amenaza de convertir a la Argentina en un territorio agotado, enfermo y hambriento.
El primer día hábil de 2017, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a cumplir con la promesa que le había hecho al sector durante la campaña electoral de 2015 y decretó una reducción gradual de las retenciones a la soja a partir de enero de 2018.
La medida contempla una disminución del 0,5 por ciento por mes hasta llegar a una retención del 18 por ciento en diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. También se oficializó un reembolso del 5 por ciento a los exportadores de diez provincias contempladas en el Plan Belgrano
Mediante el Decreto 1343/2016, el Gobierno busca «continuar implementando medidas efectivas» concurrentes a «eliminar trabas y restricciones a la plena capacidad de desarrollo de todo el sector, teniendo como meta el aumento de las superficies sembradas, así como el fortalecimiento de la producción de cereales, de las economías regionales y de todos los mercados agropecuarios en general».
A modo de hipótesis (del libro Tierra Arrasada)
El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la Ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre de 2012. Por primera vez los porteños experimentaron (sólo por unas horas) lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario.
De idéntica manera, y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares?
¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debieran volar los selectos barrios de Nueva Córdoba o Cerro de las Rosas (Córdoba), Ciudad Rivera (Rosario) o el Dalvian (Mendoza)? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías? (NE: lo cierto es que no importa en qué parte del territorio ocurre, ya que las aguas y los suelos están interconectados, y por ende los impactos son para todos).
En cada lugar que se asienta el extractivismo (minería, petróleo, soja, forestales) se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará. Y, al mismo tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.
Política de Estado
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minería también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600 (creció el 1.500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones.
El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el “Consenso de Washington”, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el Norte y aplicado a rajatabla por el Sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el “consenso de los commodities”1. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político (desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda).
Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities.
No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo (provincial o nacional) apoyan el mismo esquema.
La Argentina exporta naturaleza, suma un capítulo a las Venas abiertas de América Latina2, repite la historia de los espejitos de colores.
(…) La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla (luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal). A cinco años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto5 en el que (en base a datos oficiales) evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación.
En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan.
La primera soja transgénica en la Argentina se aprobó en 1996 en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012, con otra soja de Monsanto, y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.
Las leyes mineras, aprobadas durante el menemismo, siguen vigentes. Lo propio sucede con la ley que favorece a las empresas forestales (vencía en 2009 pero fue prorrogada por el Congreso Nacional). A fines de 2014, el oficialismo impulsaba dos leyes: de agroquímicos, que no establece ninguna distancia de precaución para las fumigaciones ni hace lugar a las decenas de estudios que confirman los efectos de los venenos agrarios; y la “ley Monsanto”, una nueva legislación sobre semillas, muy cuestionada por académicos y organizaciones sociales.
El 30 de octubre de 2014 a la madrugada, se sancionó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007). Con 130 votos a favor, otorga numerosos beneficios a las empresas: plazos de concesión de hasta 45 años, concentración del mercado (quita el tope de áreas adjudicadas por empresas), regalías de sólo el 12 por ciento, tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa. No contempla los derechos de los pueblos indígenas (más de veinte comunidades mapuches viven en Vaca Muerta) y no establece control ambiental de ningún tipo, justamente para una de las industrias más contaminantes de la historia.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la Ley de Glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque la Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla transgénica”.
Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
En junio de 2013 fue el turno del “decreto Chevron” (929), que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instalase en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF.
Desde el gobierno insistieron en que necesitaba “muchos chevrones”.
Chevron, unas de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 8.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la Justicia.
Derechos humanos
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en la Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
Situaciones similares se repitieron en Cerro Negro (Catamarca), Rawson (Chubut), Famatina (La Rioja), Malvinas Argentinas (Córdoba), Castelli (Chaco), Neuquén y Paraje Mondorí (Misiones).
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Sólo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales): Javier Chocobar (diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (campesina de Santiago del Estero), Roberto López (qom de Formosa), Mario López (pilagá de Formosa), Mártires López (qom de Chaco), Cristian Ferreyra (Santiago del Estero), Miguel Galván (lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y la beba de diez meses Lila Coyipé (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (qom de La Primavera), Florentín Díaz (qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. Nunca la jefa de Estado, ni ningún funcionario de primera línea repudiaron la violencia de los gobiernos provinciales aliados y de las corporaciones extractivas.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni6. Y comparó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez, López y Ferreyra, sólo cuatro de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Periodismo extractivo
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. De inmediato, una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen en los últimos años sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol (por YPF) y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o emprendimientos forestales.
Primera coincidencia: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Segunda coincidencia: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de la clase media urbana (de la que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios siempre es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir.
Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un redactor repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. El colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz escribió sobre la raíz del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo, sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
