Histórico acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano: la insurgencia entraría a la actividad política legal
El Estado y la guerrilla se ponen de acuerdo en las condiciones básicas para poner fin al conflicto armado.
Por primera vez en medio siglo, el gobierno y las Farc encuentran un terreno común para que esta guerrilla tenga las garantías suficientes para dejar las armas y pasar a la política: esta es la crucial importancia del acuerdo que anunciaron ambos este miércoles.
El texto del acuerdo es general, tiene pocos detalles (que se prometieron para próximos días), deja interrogantes de fondo sobre qué fue exactamente lo que se pactó en algunos puntos y aplaza otros, claves. Pero contiene dos elementos decisivos para el éxito de la negociación: las Farc aceptan que dejarán las armas y se convertirán en movimiento político y el gobierno admite la necesidad de “una nueva apertura democrática”, para rodear a la actividad política de las garantías cuya falta ha convertido al ejercicio de la oposición en Colombia en uno de los menesteres más peligrosos del mundo.
Si el tema rural, el primero en acordarse, en mayo pasado, era importante por estar en el origen de las Farc y del conflicto, el de participación política lo es por razones estratégicas. Una insurgencia como esta no se desmoviliza sino para pasar a la política y de las condiciones en las que se pacte hacerlo depende el éxito de cualquier negociación. Que ambas partes hayan podido ponerse de acuerdo en torno a ellas es, en consecuencia, un paso crucial para el éxito del proceso, y acerca seriamente la posibilidad de que lleguen, como lo pretenden, a un acuerdo final para poner fin al conflicto armado.
Lo que se anunció este miércoles en La Habana le da al proceso un segundo aire que estaba pidiendo a gritos, luego de más de cuatro meses de conversaciones sobre este punto.
Le proporciona al presidente Santos, en trance de anunciar su reelección, combustible para sostener la credibilidad en el proceso entre una opinión pública escéptica y reacia a hacer concesiones a las Farc.
Y, al ser un abrebocas de las garantías con las que el Estado está dispuesto a rodear a la guerrilla para que deje las armas y abrace la política legal y sin violencia, pone a Márquez, Catatumbo y sus colegas ante el trance de hacer los gestos que el país está esperando como contraprestación, en materia de víctimas y otros temas, sin los cuales difícilmente una amplia mayoría de los colombianos aceptará que se les hagan concesiones.
El acuerdo, además, navega una fina línea entre las garantías a la guerrilla y los cuidados frente a las obvias reservas de la opinión pública.
Por una parte, lo pactado deja claro que las Farc tendrán garantías de seguridad; que se crearán condiciones “especiales” para que se elijan representantes a la Cámara en sus zonas de influencia (“las más afectadas por el conflicto”); que se reforzarán y rodearán de garantías la participación ciudadana y el papel de los movimientos y organizaciones sociales, o que habrá acceso a medios de comunicación institucionales o regionales. Estos y otros puntos son evidentes reconocimientos de las posiciones que las Farc han enarbolado en el punto de participación política, y así los destacó su vocero, Márquez, en la intervención que hizo luego del anuncio.
Pero, por otra parte, lo anunciado es muy cuidadoso en los puntos más sensibles para la opinión pública urbana y el establecimiento político. No se habló de curules para el nuevo movimiento que crearán las Farc ni de cómo estas ingresarán a la política (todo ello se aplazó para un punto posterior). No se pactaron con ellas ni el Estatuto de la Oposición ni la reforma al sistema electoral sino que se acordó discutirlos con los partidos, los expertos y los movimientos sociales. Es decir, características claves de la “apertura democrática” acordada las definirán representantes de la sociedad, no la Mesa de La Habana. Se dejó pendiente el tema que cuenta quizá con la mayor oposición entre la opinión: cuáles miembros de las Farc podrán participar en política y cuáles no, por razones jurídicas. Y nítidamente claro que todas las medidas acordadas solo se implementarán después de que los guerrilleros dejen las armas y hagan el tránsito a la vida legal.
¿Evidencia de que no solo el gobierno sino los guerrilleros asumen que las complejidades y sutilezas del momento político que vive el país deben ser tenidos en cuenta en la negociación? Quizá. El caso es que lograron llegar a un acuerdo en un tema que era esencial para el éxito de la negociación.
Después de esto, el proceso gana un impulso al que no será fácil dar reversa. Por algo, el presidente Santos, que hace apenas un par de semanas preguntaba a sus partidarios sobre la posibilidad de una pausa o una ruptura, descartó ahora ambas como algo “irresponsable” y llamó a continuar a toda vela las negociaciones, que se retoman el próximo 18 de noviembre para discutir sobre narcotráfico y drogas ilícitas.
Comunicado conjunto del Gobierno colombiano y las FARC
La Habana, Noviembre 6 de 2013
Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», denominado Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
1. Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que «Nada está acordado hasta que todo esté acordado». Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.
