El destino del Amazonas depende de una lucha entre visiones opuestas – Por Sue Branford y Maurício Torres
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
- La batalla por el Amazonas es una lucha entre dos visiones opuestas: la primera, defendida sobre todo por pueblos indígenas y tradicionales y sus aliados conservacionistas, ve los bosques y ríos como algo valioso en sí mismo, y por las vidas, biodiversidad, servicios ecológicos y mitigación del cambio climático que proporcionan. Para ellos los bosques necesitan protección.
- La segunda visión mantiene que los bosques del Amazonas son recursos naturales que se deben extraer y convertir en dinero, una idea que sostienen propietarios de tierras ricos, ladrones de tierras, taladores, ganaderos y agricultores. Para ellos el bosque está ahí para ser talado, y la tierra para usarse con un propósito económico.
- El grupo de presión agrícola, la bancada ruralista, tiene un gran poder político en el Congreso Brasileño y en la administración de Temer, y está presionando para conseguir un conjunto de proyectos de ley y acciones administrativas para eliminar derechos de territorio de los indígenas, desmembrar unidades de conservación, destrozar las leyes de licenciamiento ambiental y dejar de financiar a las agencias de protección ambiental.
- El gran miedo es que la colisión de las dos visiones en las selvas del Amazonas acabe en ilegalidad y masacre contra los pueblos indígenas y tradicionales, y en destrucción ambiental. La pérdida de ecosistemas amazónicos podría ser catastrófica para la humanidad, ya que los bosques de la región son cruciales para el almacenamiento global de carbono.
La cuenca del río Tapajós se encuentra en el corazón de la Amazonía y en el centro de una polémica disyuntiva: por un lado, construir más de cuarenta grandes presas, una vía férrea y rutas para convertir la cuenca en un vasto corredor industrial para la exportación de bienes de consumo, y por el otro, frenar el impulso desarrollista y conservar una de las regiones más ricas en términos biológicos y culturales.
Los interesados en el destino de la cuenca del Tapajós tienen opiniones en conflicto, pero dado que se trata de una región aislada, pocas de esas opiniones llegan a los medios de comunicación. La periodista Sue Branford y el sociólogo Maurício Torres visitaron recientemente el lugar en representación de Mongabay, y en las próximas semanas irán arrojando algo de luz sobre el acalorado debate que moldeará el futuro de la Amazonía. Este es el decimocuarto y último de sus reportajes.
En abril, la policía dispersó una protesta indígena pacífica en Brasilia con gas lacrimógeno y balas de goma cuando más de 3000 líderes indígenas se reunían para manifestarse contra la administración de Temer, el Congreso brasileño y las nuevas políticas destinadas a destrozar protecciones indígenas y ambientales, y a abrir el Amazonas a ladrones de tierras y empresas agrícolas. Esta reciente batalla está anclada en una guerra de visiones que dura más de 500 años.
“Nosotros, los que vivimos en el bosque, no somos pobres. Nadie aquí ha sido nunca pobre porque tenemos el bosque. Toda nuestra historia está en nuestro bosque Pero sin el bosque vamos a ser muy pobres”, nos dijo tranquilamente Juarez Saw, jefe Mundurukú, cuando hablamos con él. Es líder del pueblo Sawre Muybu, una comunidad indígena en las parte media del río Tapajós en el Amazonas.
Líderes indígenas, entre ellos varios jefes Mundurukú, se reunieron en Brasilia en abril para celebrar la protesta colectiva más grande hasta el momento. Creen que si los “blancos” continúan con la imprudente destrucción de la región, todo el bosque del Amazonas se desvanecerá. Si eso pasa, avisa Juarez Saw, con más tristeza que rabia, todos sufriremos: “Al igual que nosotros, los ‘blancos’ no sobrevivirán a la devastación”.
Ríos contra carreteras
Hay dos formas principales de viajar a través del Amazonas. Una, la más antigua, es por el río, que durante siglos llevó al establecimiento de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ciudades a lo largo de las márgenes del río. La otra, mucho más reciente, es por carretera. De los 70 en adelante, se plantaron carreteras en medio del bosque, y con ellas llegó una nueva forma de pensar.
Tres cientos kilómetros al sureste de la aldea de Sawre Muybu está la ciudad de Novo Progresso. No está en un río sino en una franja de asfalto conocida como BR-163, una carretera importante que enlaza Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, con Santarém en el río Amazonas. La carretera atraviesa la selva, y es un canal importante para la soja que se envía del interior de Brasil al mar.
Muchos recién llegados entraron por esa carretera buscando fortuna, o al menos, una forma de subsistencia. Algunos eran familias de campesinos, expulsados de otras regiones a causa del concentrado sistema de propiedad de tierras de Brasil. Llegaron en grandes números, cada uno en busca de una parcela o tierra que considerar suya. Otro grupo —taladores, ladrones de tierras, ladrones de tierras, ganaderos, farmersagricultores y aventureros— llegó para hacerse rico, o aún más rico, en la frontera agrícola de Brasil.
Una figura representativa de ese segundo grupo es Agamenom da Silva Menezes, portavoz de los especuladores inmobiliarios y grandes acaparadores de tierras en Novo Progresso, que lleva en la región 30 años, como nos contó con orgullo en noviembre. Agamenom cree que la gente como él lleva el progreso a una región atrasada.
Sus ideas son un claro contraste con las del jefe Mundurukú: “Brasil es pobre porque no deforesta”, nos dijo Agamenom. “La palabra, ‘deforestar’, es una provocación. De hecho, lo que está sucediendo es una ‘alteración’ del bosque. El área no se está dejando vacía. Se utiliza para cultivos, pastizales, para algo. Un bosque plantado sustituye a un bosque nativo”.
Como muchos de los que viven en la frontera, Agamenom se siente superior a la población indígena y se enfada ante cualquier sugerencia de que tienen derechos legales previos sobre las tierras del Amazonas. En otra entrevista, declaró: “No todo aquí es como [las ONG] se creen que es. ¿Somos todos idiotas? ¿Estúpidos? ¿Somos todos moradores del río que comen hojas de vid y palmito?”.
Cuando las visiones chocan
Juarez Saw y Agamenom ejemplifican las dos principales ideas en conflicto que coexisten en la región del Amazonas, y durante nuestro viaje de un mes a la cuenca del Tapajós vimos pruebas frecuentes de esas visiones enfrentadas.
Los Mundurukú ven el bosque como el centro de su mundo y la fuente de su riqueza material, espiritual y cultural. Agamenom y otros como él ven el bosque como algo que debe despejarse (por un beneficio considerable) para hace espacio a las grandes empresas agrícolas.
Con una perspectiva a largo plazo, la deforestación, en particular al nivel que sucede en la sección de Pará en la BR-163, tiene poco sentido económico o ambiental, ya que significa sustituir un ecosistema forestal que es muy productivo con otro que lo es mucho menos.
Según el geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves, la selva Amazónica produce entre 500 y 700 toneladas de biomasa por hectárea al año, mientras que una hectárea de cultivo de soya solo produce unas tres toneladas de biomasa, a pesar de toda la energía que se necesita para cosecharla, incluidos fertilizantes químicos y herbicidas que se aplican con vehículos alimentados con combustibles fósiles. Cuando se trata de ganadería, que se practica de forma extensa en la región que visitamos, el rendimiento es incluso inferior: solo 0,5 toneladas por hectárea al año.
La megaexuberancia y abundancia de los ecosistemas Amazónicos, que se renueva anualmente sin ninguna aportación costosa por parte de los humanos, no solo es esencial para el bienestar de las personas que viven en el bosque sino que también ofrece grandes beneficios a las personas en todo el planeta. Los científicos alertan de que el bosque al completo es un sumidero de carbono vital para reducir el cambio climático; mientras que muchas de las especies de plantas de la región que aún son desconocidas y no han sido estudiadas podrían poseer propiedades medicinales capaces de combatir enfermedades y epidemias en el futuro.
Sin embargo, es difícil calcular en términos monetarios el valor de esos y otros servicios ecológicos que proporciona el bosque. No obstante, en 2009 tres científicos —María del Carmen Vera-Diaz, Robert K.Kaufman y Daniel C. Nepstad— intentaron hacerlo con respecto a la pavimentación propuesta para la carretera BR-163. También intentaron averiguar los beneficios que el asfaltado de la carretera otorgaría a los agricultores en comparación con los costes (menos biodiversidad, aumento del riesgo de incendios, etc.) que la sociedad pagaría por la pérdida del bosque. Esta fue su conclusión:
Pavimentar la carretera [BR-163]… expandiría el área en la que la soya es factible económicamente en un 70 por ciento aproximadamente, de 120 000 a 205 000 kilómetros cuadrados. La mayoría de esta nueva área se encontraría en el estado de Pará y está cubierta en gran parte de bosques. Un análisis de rentabilidad del proyecto de la carretera indica que la inversión en infraestructura generaría menos de 180 millones de dólares para los agricultores de soya en un periodo de 20 años. Esos beneficios, sin embargo, ignoran los impactos ambientales del proyecto. Si la destrucción de servicios ecológicos y productos ofrecidos por los bosques actuales se tienen en cuenta, la inversión Cuiabá-Santarém generaría pérdidas netas de entre 762 y 1900 millones de dólares.
Estudios científicos más recientes han centrado la atención en otra consecuencia no deseada de la deforestación —una reducción severa en la duración de la estación lluviosa. Eso, afirman los científicos, tendrá profundas consecuencias para el clima de Brasil y, probablemente, de todo el mundo.
No obstante, el grupo de presión de la agroindustria, que tiene una influencia tremenda en el gobierno, lo sigue ignorando. Agamenom y otros como él esperan meterse en el bolsillo los beneficios que obtengan de la destrucción de la selva, mientras que la sociedad tendrá que lidiar con los costes ambientales y sociales de largo alcance.
El pasado como preludio
Los críticos han señalado que la visión mundial que tienen los emprendedores capitalistas en la actualidad sobre la frontera del Amazonas no es muy diferente de la que tenían los primeros conquistadores que saquearon Suramérica en busca de metales preciosos.
El caso histórico más conocido es el de la mina Cerro Rico en la ciudad de Potosí en los Andes bolivianos. Grandes cantidades de plata se excavaron y enviaron a través del Atlántico con dos resultados principales: España pudo permitirse sus guerras —en apariencia, interminables— contra ingleses, franceses, holandeses y turcos otomanos. Y unos ocho millones de indígenas y africanos esclavizados murieron en un periodo de 300 años en accidentes de minería, por enfermedades pulmonares, de hambre o de agotamiento —la mayoría sucumbía, de media, a los seis meses de ser obligado a trabajar en las minas—.
Una mentalidad similar reinaba en el Brasil colonial. Cuando los portugueses llegaron en 1500, al menos cinco millones de indígenas vivían allí. Decenas de miles murieron en las décadas posteriores, muchos por enfermedades europeas como el sarampión, la viruela, la tuberculosis o la gripe, mientras que otros fueron asesinados por los bandeirantes portugueses (cazafortunas) que querían la tierra indígena y los minerales que se escondían en ella.
Después de siglos de masacres, las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales consiguieron realizar avances significativos a finales del siglo XX. Un punto de inflexión en Brasil llegó con la Constitución de 1988, redactada con el regreso del régimen civil después de 25 años de dictadura.
Hasta entonces, las reservas indígenas eran áreas en las que se permitía que los indígenas vivieran de forma temporal y, a menudo, precaria hasta que estaban listos para “integrarse” en la “sociedad nacional”.
Con la nueva constitución, la población indígena ganó por primera vez el derecho de existir como pueblo en la ley brasileña. Se les permitía quedarse su tierra y mantener su estilo de vida tradicional. Más avances para ellos llegaron en los 90 con la creación de un número considerable de reservas indígenas, a menudo de una gran área.
En el siglo XXI también creció entre los “blancos” la consciencia de que había que preservar los ecosistemas del país —un objetivo coherente, en general, con el objetivo de crear más reservas indígenas. Los proyectos de infraestructura avanzarían pero se tomarían medidas para evitar que destruyeran ecosistemas.
Así que en 2006, después de que se tomara la decisión de pavimentar la BR-163, un área enorme de unidades de conservación que cubría seis millones de hectáreas se creó para proteger el bosque amazónico. Una regulación más estricta también llevó a un descenso impresionante en el índice de deforestación en toda la región.
A muchos, esas medidas del gobierno les parecieron tímidas y poco financiadas, pero eran claramente pasos importantes que reconocían el valor intrínseco de los bosques y los ríos, más que verlos exclusivamente como recursos naturales comerciables. Algunos opinaron que Brasil entraba en una nueva era de tolerancia y humanidad, particularmente después de que se celebrara la Cumbre para la Tierra de la ONU en 1992. Sería una era en la que las ideas sobre explotación y conservación entrarían en mejor equilibrio.
Aumento en la explotación
Brasil ha mostrado pruebas claras y repetidas en los últimos años de que ese equilibrio de valores se ha estancado y ha empezado a regresar a sus raíces explotadoras. Los obstáculos empezaron con la primera administración de Dilma Rousseff en 2011. Se hizo famosa por su deseo de impulsar el crecimiento económico, fueran cuales fueran los costes sociales y económicos.
Su gobierno autorizó una serie de grandes centrales hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós, sin llevar a cabo la consulta “completa, informada y previa” requerida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El empuje a estos proyectos, como la gigantesca presa Belo Monte, no solo infringía los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tradicionales que vivían en la región, sino que también hacía imposible mantener discusiones abiertas y democráticas sobre la viabilidad económica, social y ecológica de los proyectos. Los planes de Dilma para las megarrepresas también iban en contra de preocupaciones muy graves de los ecologistas.
Del mismo modo, la pavimentación de la BR-163 siguió adelante con Dilma, a pesar de las advertencias de científicos como Carmen Vera-Diaz, Kaufmann y Nepstad de que haría falta tener mucho cuidado para proteger el bosque y los valiosos servicios ambientales que ofrecía.
La construcción desencadenó una ola de deforestación ilegal a ambos lados de la carretera, mucha en tierras públicas, y encendió una escalada vertiginosa en los precios de la tierra despejada. La causa fue, principalmente, el deseo de los ganaderos de obtener tierras deforestadas, ahora que podían llevar a su ganado al mercado de forma barata por la carretera.
El aumento de la deforestación ilegal no solo era predecible, es que había sido predecido, pero el gobierno de Dilma ignoró los estudios. Ese proceso continúa hoy en día con un incremento enorme en la tala de árboles alrededor de ciudades como Novo Progresso a medida que los ladrones de tierras avanzan en los terrenos públicos, cortan los árboles e intentan obtener control permanente sobre grandes extensiones de tierra.
Aunque la tendencia era alarmante, muchos observadores pensaron que había límites en lo que los ladrones de tierras podían conseguir. A pesar de que los conservacionistas eran escépticos ante las efectividad de las medidas tomadas para detener la deforestación en torno a las carreteras principales, como la BR-163, pensaron que los grandes avances realizados por los movimientos indígenas y sociales, muchos de los cuales están escritos en la constitución, habían creado unas barreras legales impenetrables alrededor de las unidades de conservación y los territorios indígenas.
Pocos pensaban que hubiera un riesgo real de retroceso en estos asuntos.
Llega la tormenta
El gobierno de Michel Temer derrumbó esas suposiciones optimistas cuando tomó el poder el año pasado. Las cosas habían que habían ido mal con Dilma, empeoraron con Temer. La bancada ruralista (el grupo de presión agrícola que incluye los intereses de la agroindustria), que ya tenía el control del Congreso, puso como condición de su apoyo a la destitución de Dilma la obtención de posiciones clave en la administración de Temer.
Juntos, el Congreso y la ejecutiva utilizan su peso para iniciar una arremetida contra los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales y el medio ambiente.
Si los intereses de la agroindustria tienen éxito, será un duro golpe, quizás irreversible y mortal, para muchas comunidades Amazónicas y para los ecosistemas de los que dependen para vivir.
En los últimos meses, Temer, el ministro de agricultura Blairo Maggi y el Congreso han preparado un gran aparato legislativo y jurídico diseñado para eliminar las restricciones impuestas por las leyes y regulaciones ambientales e indígenas. Nuestros repetidos intentos de contactar con oficiales brasileños para esta serie de artículos no recibieron respuesta.
El gobierno ha lanzando múltiples líneas de ataque:
Asalto a las reservas indígenas: El propio principio del territorio indígena está siendo desafiado. La Constitución de 1988 declara que los pueblos indígenas tienen derecho a ser dueños de las tierras que han “ocupado tradicionalmente” para siempre. Pero delinear de forma legal esas áreas “ocupadas tradicionalmente” ha sido un proceso largo y complejo plagado de escollos. Muchos agricultores, por ejemplo, que han ocupado tierras indígenas desde hace décadas son reacios, con razón, a trasladarse y se han resistido a las demandas indígenas.
Como resultado, unos 30 años después de la aprobación de la Constitución, muchos indígenas aún no han recuperado sus tierras legítimas. Algunos ocupan espacios al lado de carreteras federales, alejados de sus tierras tradicionales por vallas. Ha habido muchas muertes, ya que los propietarios de tierras poderosos utilizan la violencia para intimidar a los indígenas, haciendo de Brasil uno de los lugares más peligrosos del mundo para las poblaciones indígenas y para los activistas ambientales.
Aun así, eran pocos los que habían desafiado directamente el principio de la propiedad indígena hasta recientemente. Sin embargo, con los nombramientos de Temer, como el del ministro de justicia Osmar Serraglio, político con una posición dura que ha hablado abiertamente de reducir los derechos de los indígenas, eso ha empezado a cambiar.
Este año, el gobierno ha hecho que sea mucho más difícil crear una reserva indígena. Defiende que los grupos indígenas ya disponen de demasiadas tierras y se niega a dar la luz verde a nuevas reservas, incluso cuando el largo proceso de demarcación ya está casi completo.
Los críticos dicen que el nuevo procedimiento, que podría ser ilegal, infringe los derechos constitucionales de los pueblos indígenas e ignora el papel fundamental que desempeñan en la protección del bosque.
Ataque a la conservación: El Congreso, que es el más conservador de las últimas décadas, parece estar sirviendo a los ladrones de tierras y la agroindustria con el desmembramiento de unidades de conservación en el Amazonas. Actualmente está en proceso de cortar áreas extensas del mosaico clave de unidades de conservación a lo largo de la BR-163. Dos medidas provisionales (MP 756 y MP 758) eliminarían la protección total a más de un millón de hectáreas en una extensión de bosque que ya está bajo presión severa por parte de los ladrones de tierras.
En la práctica, las medidas permitirán que estas zonas que antes eran bosques federales completamente conservados sean de propiedad privada, se corten, se conviertan en granjas y se cultiven intensivamente.
Fue la presidenta Dilma en 2012 quien creó el peligroso precedente de reducir el tamaño de las unidades de conservación con medidas provisionales, órdenes administrativas que hicieron que fuera más fácil construir grandes represas. Ahora, el gobierno de Temer está utilizando la misma maniobra para desmantelar unidades de conservación en muchas otras áreas. Aunque los expertos jurídicos discuten si esas medidas son constitucionales, las reducciones podrían entrar en vigor este mes de junio, invitando a una fiebre por la tierra con deforestación masiva.
Trabajando juntas, la rama ejecutiva y la legislativa están reduciendo el tamaño de cuatro unidades de conservación en Pará: el Bosque Nacional Jamanxim, el Parque Nacional Jamanxim, la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo y el Bosque Nacional Itaituba II. También quieren reducir el tamaño de otras unidades de conservación en otros lugares del Amazonas.
Destrozar el proceso de licenciamiento ambiental: Si se aprueba, el proyecto de ley 3,729/2004 agilizará el proceso de licenciamiento ambiental de Brasil para los nuevos proyectos como minas, presas y otra infraestructura.
La desregulación, dicen los ecologistas, hará que los desastres ambientales sean más probables, como el que tuvo lugar en Mariana en el estado de Minas Gerais en noviembre de 2015. Allí, una presa industrial estalló y 60 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos de mineral de hierro desembocaron en el río Doce, matando a 19 personas y contaminado el curso del río en 530 millas hasta el océano Atlántico. Ha sido hasta ahora el desastre ambiental más grave de la historia de Brasil.
La destrucción del proceso de licenciamiento ambiental de Brasil podría allanar el camino para que las empresas de minería y construcción perturben la cuenca del Amazonas con el avance de grandes proyectos sin gran supervisión del gobierno que evite o mitigue los daños a los ecosistemas y las especies terrestres y acuáticas.
El proyecto de ley está avanzando rápidamente en el Congreso. Necesita la aprobación de la cámara alta y la cámara baja, y se espera que la obtenga.
Reducción de los presupuestos ambientales: La administración de Temer ha realizado un recorte sin precedentes del 51 por ciento al presupuesto del Ministerio del Ambiente, lo cual reducirá gravemente la capacidad de las dos agencias ambientales más importantes: IBAMA, su agencia de protección ambiental, y ICMBio, el Instituto de Conservación y Biodiversidad Chico Mendes.
Alfredo Sirkis, secretario ejecutivo del Foro Brasileño sobre Cambio Climático, explicó a Observatório do Clima que los recortes eran “muy graves” y que “[impactarían] profundamente la deforestación y, como consecuencia, los objetivos ambientales de Brasil”.
Incluso antes de esta última ronda de recortes, el ministerio sobrevivía con una financiación asombrosamente insuficiente que ha contribuido al ritmo de deforestación en el Amazonas, que ha aumentado en los últimos dos años.
Los agentes dudan que puedan ser capaces de seguir adelante con la vigilancia de los bosques y la aplicación de la ley. Los recortes, junto con el aumento en los índices de deforestación, parecen destinados a desatar un aumento exponencial en los delitos ambientales. Además, con menos autoridades policiales, la violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales que viven en los bosques podría alcanzar nuevos niveles.
Los nuevos conquistadores
Casi todas estas iniciativas reflejan la fuerza que está acumulando la agroindustria en la economía brasileña, que a su vez ha llevado a que el megamúsculo de propietarios rurales y la bancada ruralista estén en la política nacional y estatal. Los ladrones de tierras y sus emisarios en el Congreso y en la Administración de Temer están estableciendo políticas públicas y creando nuevas normas para legitimar lo que, con la ley del pasado, antes se veía como saqueo.
Ahora, con aliados poderosos en altos cargos, los agricultores ricos y acaparadores de tierras se sienten envalentonados, hasta el punto de que algunos actúan fuera de la ley. Observamos esta nueva audacia en nuestro viaje a la cuenca del Tapajós, particularmente en nuestra entrevista con Agamenom, presidente del sindicato rural de de Novo Progresso. Alardeó abiertamente de su plan de enviar una milicia ilegal privada a desahuciar a familias campesinas de una ocupación de tierra local.
No podemos decir esto más claro: nos fuimos de la región con miedo de que hubiera una masacre inminente.
De momento, no ha habido una matanza que se extienda por toda la región, pero el 20 de abril, hombres armados torturaron y asesinaron a nueve personas, entre ellos adolescentes y niños, en el norte de Mato Grosso, no muy lejos de la zona por la que viajamos. Esta terrible violencia ocurrió a pesar de una sentencia judicial de 2004 que decía que las familias tenían derecho a la propiedad. Desde entonces, los ladrones de tierras han presionado a los colonos para que se vayan, asesinando, torturando y encerrando a campesinos en cárceles privadas.
Aunque se ha informado del incidente en la prensa brasileña, ni el gobierno federal ni el estatal han reaccionado. Es poco probable que los que están detrás del crimen asuman responsabilidades. En los dos últimos años, la violencia en el Amazonas ha aumentado y en 2016 tuvo lugar el asesinato de uno de los principales oficiales ambientales justo delante de su familia. Las historias de intimidación por parte de sicarios que merodean con capuchas negras rodeando hogares remotos en el Amazonas en motocicleta son cada vez algo más habitual en la región.
Las comunidades indígenas, tradicionales y campesinas no se han enfrentado nunca en el pasado reciente a fuerzas tan hostiles. Están entre la espada y la pared, sienten que su supervivencia podría depender de la capacidad que tengan para organizarse y resistir, y hacen llamamientos a la comunidad global.
Eso es lo que llevó a representantes de más de 100 grupos indígenas a la importante protesta sucedida en Brasilia en abril. Se establecieron en el que llamaron Acampamento Livre Terra (Campamento Tierra Libre) en el corazón de la ciudad, solo se esperaba a 1500 líderes indígenas, pero llegaron más de 3000 y llevaron a cabo la mayor movilización indígena en la historia de Brasil.
El 25 de abril, los indígenas protestaron intentando hacer flotar 200 ataúdes de cartón en el lago en frente del Congreso —los ataúdes representaban a la gente indígena asesinada recientemente, 137 solo en 2015, según Cimi, el consejo indígena de la iglesia católica. Los indígenas fueron dispersados de forma violenta por la policía, que declaró que estaban intentando entrar en el Congreso.
Para los indígenas, la bienvenida que les dieron en Brasilia ofrece nuevas pruebas de que la intolerancia, explotación, violencia y etnocidio a los que se han enfrentado desde hace más de 500 años siguen dominando. Pero la resistencia en todos esos años de conflicto ha perfeccionado las habilidades políticas de los indígenas y acentuado su coraje. Las flechas que se dispararon el 25 de abril en respuesta a las bombas de gas lacrimógeno y balas de goma son una clara demostración de su voluntad de plantar cara al poder.
(*) Sue Branford, periodista.
(*) Maurício Torres, sociólogo.
