El golpe de Estado en Brasil y la intensificación del sistema de la deuda – Por Priscila Martins de O. Santana

Brasil, al igual que otros países de América Latina, está pasando por un período de ascensión de las derechas que tienen especial interés en la rápida intensificación del sistema de la deuda pública, motivo por el cual atacaron el gobierno de la presidenta Dilma (perteneciente al Partido de los Trabajadores, elegida a fines del año 2014) mediante el impeachment para colocar a las fuerzas hegemónicas de derechas en el gobierno de forma fraudulenta. A pesar de que el gobierno de la presidenta Dilma no representaba ninguna amenaza de ruptura con la hegemonía del capital, el derrocamiento del gobierno por medio de un golpe representó la posibilidad, para el capital, de “solucionar” la crisis económica, política e ideológica transgrediendo los límites constitucionales.

En este contexto, Michel Temer se transforma en el presidente en ejercicio del Brasil el 12 de mayo de 2016 y, al final de agosto asume, oficialmente, la presidencia con un equipo de gobierno. Hace un año que este gobierno sigue intensificando medidas para profundizar el Sistema de la Deuda y sigue imponiendo duros ataques a los sectores populares. Es desde este momento histórico, en el cual se encuentra Brasil, que propongo algunas reflexiones para entender esta correlación de fuerzas y el trabajo que realiza la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Por lo tanto, tenemos que discutir las siguientes cuestiones: ¿Qué es el sistema de la deuda? ¿Cuáles son las medidas que el gobierno del actual presidente Temer ha adoptado en Brasil que expresan la intensificación de este sistema? ¿Cómo el Movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda está organizándose en esta coyuntura? ¿Cuáles son los límites y perspectivas de la lucha del movimiento en este momento?

1. Sistema de la deuda: orígenes y profundización en Brasil

El trabajo desarrollado por el movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda ha permitido identificar el mecanismo del sistema de la deuda, que consiste en un sistema de deuda pública sin contrapartida en bienes y servicios para la sociedad, o sea, es una totalidad articulada para generar una deuda simplemente financiera. Ese sistema ha sido reproducido en diversas economías, los engranajes que forman parte de este sistema son: i) el modelo económico; ii) privilegios financieros; iii) el sistema legal; iv) la corrupción; v) la prensa hegemónica; vi) organismos internacionales.

La constitución del Sistema de la Deuda desde los años 1970 a partir de la consolidación del patrón dólar-dólar ha subordinado la economía latinoamericana a su lógica de reproducción. Desde los años 1970 muchos países de la América Latina (Ecuador, Brasil y Argentina) han servido como plataforma de absorción de la crisis de liquidez internacional (de escasez o de exceso de capital). Con excepción del Ecuador, que realizó una auditoría de la deuda pública en 2007, suspendiendo los pagos de una deuda odiosa, repleta de fraudes que beneficiaban, solamente, a la banca financiera. Los demás países latinoamericanos, incluido Brasil, siguen pagando y refinanciando sus deudas hasta hoy. La experiencia de auditoría oficial, que ocurrió en el año 2007 en el Ecuador, con la contribución del Movimiento de la Auditoría Ciudadana Deuda, ha demostrado que estos países latinoamericanos sufrieron el mismo proceso durante las dictaduras militares.

En Brasil la dictadura militar duró 21 años (desde 1964 hasta 1985), en este período la deuda externa creció de US$3,2 billones en el año 1964 hasta US$105 billones en el año 1985. Este aumento tuvo su origen, entre otras causas, por la decisión de los EEUU en 1979, a partir de Paul Volcker, de elevar la tasa de interés en más de 18%a.a; haciendo con que la deuda de muchos países de América Latina aumentase, desmesuradamente, hasta que estalló la crisis de la deuda externa en la década de 1980. En 1990, a pesar de los discursos a favor del Plan Brady cuyo objetivo, teóricamente, era la reducción de la deuda, éste tuvo el efecto contrario haciendo que el crecimiento de la deuda continuase y los engranajes del sistema de la deuda siguieran reforzándose. En el caso de Brasil, específicamente, esto se realizó por medio del Plan Real y el nuevo consenso macroeconómico, que ha condenado a este país al ajuste fiscal permanente, al desempleo, a la concentración de la riqueza y la precarización de los servicios públicos.

Desde de la mitad de la década de 1990 el capital financiero ha consolidado su hegemonía política en el patrón de desarrollo brasileño por medio de sus reformas. La manifestación del sistema de la deuda y hegemonía del capital financiero en Brasil pueden ser verificadas en el propio patrón de desarrollo de este país en los últimos 27 años, como en el sistema legal, en el sistema político y en la prensa. Las principales características de este patrón de desarrollo son: i) la inserción internacional subordinada – lo que se puede comprobar en la dependencia de la explotación de los recursos naturales; ii) la profundización de la asimetría en la relación capital versus trabajo, dónde el capital sigue debilitando las organizaciones de la clase trabajadora; iii) la apertura comercial y financiera; iv) aumento del desempleo y concentración de la riqueza; v) la incapacidad del Estado de atender a la población con mejores servicios públicos, etc. En el plano político este patrón de desarrollo se manifiesta a partir de la hegemonía de la clase rentista y su imposición de políticas de tasas de interés elevadas, política de valorización del cambio y reducción de los gastos sociales, lo que ha comprometido más de 45% del presupuesto público para el sistema de la deuda.

Desde la consolidación del Plan Real (en 1994), el capital financiero ha adquirido plena hegemonía en el bloque de poder, pero la dinámica de valorización de este capital se ha hecho insostenible en aquellos modos propios del Plan Real. Así, con la crisis cambiaria en 1998 el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, ha introducido otro régimen macroeconómico – el denominado triple macroeconómico (metas de inflación, cambio fluctuante y superávit primario).

Cuando en 2003 el Partido de los Trabajadores, con el expresidente Lula a la cabeza, llegaron al Gobierno, no rompieron con este patrón de desarrollo, tampoco con la hegemonía del capital financiero. Sin embargo, flexibilizaron en algunos momentos el régimen de metas de inflación y la política de superávit primario, lo que abrió un poco más las posibilidades de actuación del Gobierno en una coyuntura económica relativamente favorable, que fue posible mediante las inversiones públicas realizadas por el Gobierno. Durante los trece años en los que el Partido de los Trabajadores estuvo en el gobierno nunca llegaron a proponerse ni a plantearse una auditoría de la deuda pública. Tampoco llegaron a hacer una crítica a la hegemonía del capital financiero, por el contrario consolidaron un modelo de conciliación de interés de clases antagónicas. Con la profundización de la crisis mundial, el modelo establecido en la economía política brasileña de conciliación de clases, adoptada por estos años de legislatura, se hizo inviable entrando también en crisis.

Con la caída de la recaudación fiscal en el contexto de crisis y la manifestación del déficit primario en 2014, la política de acomodación de los conflictos de clases ha entrado en profunda crisis de hegemonía, teniendo como desenlace final el golpe de Estado protagonizado por el actual presidente de Brasil Michel Temer, junto a sus fuerzas políticas de la derecha que siguen destruyendo todos los límites constitucionales profundizándose más en el sistema de la deuda.

Gráfico: Recaudación líquida y gastos del Gobierno Central (%PIB) – Brasil – Anual

Aunque en las manifestaciones populares se identifica el Congreso brasileño como un centro repleto de corruptos y fascistas, el golpe parlamentar fue confirmado el 31 de agosto de 2016, dentro de la sede del gobierno. A partir de entonces, Michel Temer asumió el poder, presentando una composición ministerial exclusiva de hombres, muchos dos cuáles son corruptos. En menos de 1 año el gobierno golpista ha impuesto un conjunto de contra-reformas estructurales en el país que están acabando con gran parte de los derechos conquistados por la clase trabajadora, por los pueblos indígenas, por las personas negras y por las mujeres.

2. El gobierno golpista de Michel Temer en el Brasil y la intensificación del sistema de la deuda.

El gobierno de Temer eligió a Ilan Goldfajn como presidente del Banco Central del país, uno de los principales socios de uno de los mayores bancos en actividad en el Brasil y, en el Ministerio de la Hacienda colocó Henrique Meirelles, también, otro banquero. Los dos son declaradamente contrarios a cualquier política de incentivos a los bancos públicos en la economía brasileña. Además, desde los primeros días en el cargo de la presidencia, la composición golpista y la prensa hegemónica han atacado la Seguridad Social brasileña relacionada con los derechos del trabajo en la cual se incluye seguro de desempleo, jubilación y baja por enfermedad. Acusan a la Seguridad Social de acumular déficit y de ser demasiado cara para las cuentas públicas, presentando inmediatamente una propuesta de enmienda constitucional para hacer la reforma sin cualquier legitimidad para ello. Cuando los representantes del gobierno fueron convocados para discutir el contenido violento de la reforma ninguno de ellos se presentó para llevar a cabo el debate, puesto que los datos fiscales demuestran que la seguridad social es superavitaria.

En la sociedad capitalista las mujeres son sometidas a la doble jornada laboral, siendo una conquista de la lucha feminista, en Brasil, que esto fuese reconocido y que, por consiguiente, las mujeres alcanzasen el derecho a jubilarse antes que los hombres. La reforma omite este derecho conquistado, igualando prácticamente la edad de jubilación de hombres y mujeres, obviando la doble carga laboral de las mujeres y siendo esta reforma más agresiva para ellas. La reforma obliga a que los hombres se jubilen con 65 años de edad y mujeres con 62 y, en ambos casos deben tener por lo menos 25 años de contribución. Además, la regla para el beneficio integral exige 40 años de contribución, una exigencia absurda e irreal, ya que en la práctica las personas no consiguen llegar al tiempo exigido de contribución. La contra-reforma, también, es agresiva con las trabajadoras y trabajadores rurales, pues exige que la edad mínima para la jubilación de hombres y mujeres sean iguales que las otras categorías de trabajo (mujeres con 62 años y hombres con 65 años) y 15 años de contribución.

La articulación golpista, también, ha aprobado una regla de congelamiento del presupuesto público (la PEC 55) para impedir la elevación de las inversiones sociales y la política fiscal por 20 años, una cosa jamás realizada en cualquier economía del mundo. En el centro de esta regla está la falacia de que el crecimiento de la deuda pública tiene como causa el crecimiento de las inversiones sociales del Estado. La regla impone el cumplimiento, a cualquier costo social, de la meta de reserva de recursos del presupuesto público para el pago de intereses de la deuda pública y su refinanciamiento.

En este momento, el gobierno impone otra reforma agresiva, la reforma laboral. La reforma del mercado de trabajo tiene como objetivo destruir las leyes de protección a las trabajadoras y trabajadores, imponiendo la negociación directa entre patrón y trabajadoras/es, la generalización de la tercerización y debilita las organizaciones de la clase trabajadora. La Cámara de Diputados realizó diversas maniobras para aprobar el régimen de “urgencia” de la reforma laboral, imponiendo a la clase trabajadora una reforma agresiva totalmente favorable a la clase capitalista.

Además de los violentos cambios estructurales en la organización del gasto público, del mercado de trabajo y de la seguridad social, la composición golpista sigue intensificando cortes vinculados a los programas de la agricultura familiar.

En resumen, en este momento se vive en la sociedad brasileña una ascensión de las fuerzas fascistas y que entregan todas las riquezas del país al imperialismo. Es un momento extremamente adverso para la clase trabajadora y las fuerzas progresistas del país.

3. El Movimiento Auditoría Ciudadana de la Deuda: las perspectivas en su lucha en este momento y los principales límites.

Aunque el tema de la deuda está en el centro de la crisis económica, política y social de Brasil, lo que roba el protagonismo en los medios de comunicación y entre los poderes institucionales es el tema de la corrupción en abstracto o la corrupción como un problema que ha surgido en la última década en el país y que no tiene ninguna relación con las profundas raíces entre lo público y lo privado en el capitalismo. Además, cuando el tema de la deuda aparece en los medios de comunicación y entre los poderes tomados por las fuerzas conservadoras en Brasil, toma una dimensión moralista y que adopta el exceso de los gastos sociales del gobierno como causa de la corrupción dentro de su discurso sin tener ninguna prueba que confirme esté tipo de acusación. Los datos son muy transparentes y se ha demostrado que el Estado brasileño tuvo un superávit primario desde 1997 hasta 2014, o sea, el argumento del gasto excesivo es una falacia, pues el gobierno ha pagado a los poseedores de los títulos de la deuda pública durante todos estos años, realizando un ajuste rutinario. Sin embargo, los movimientos sociales y partidos de izquierdas han destacado que la cuestión central de la crisis económica, social y política es la apropiación del instrumento de la deuda pública por el capital financiero en las últimas tres décadas. Así, el Movimiento de la Auditoría Ciudadana de la Deuda ha avanzado mucho en esta coyuntura en los trabajos de formación junto a las categorías trabajadoras, otros movimientos sociales y parlamentarios del campo progresista.

En este momento la Auditoría Ciudadana de la Deuda junto a los sindicatos, movimientos sociales y entidades de la sociedad civil han convocado a la población, entre 14 de marzo hasta 30 de junio de 2017, para participar en la consulta popular sobre las reformas de la seguridad social, del mercado de trabajo, las privatizaciones y la necesidad de la auditoría de la deuda. Además, el movimiento de la Auditoria Ciudadana de la Deuda sigue, por medio de sus diversos núcleos, examinando las deudas de los estados de Brasil, movilizando a la población y actuando en las manifestaciones en las calles. Pero, en este momento es muy difícil avanzar en nuevas conquistas de derechos, pues la correlación de fuerzas en el interior del Estado y en la sociedad ha colocado las fuerzas progresistas a la defensiva, haciendo con que la principal lucha de quienes seguimos en la resistencia sea la preservación de los derechos ya conquistados. Sin embargo, como el capitalismo es un sistema social contradictorio, en este momento hay un ascenso de la lucha de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, pues con la profundización del sistema de la deuda, los sectores populares están cuestionando las orígenes de la deuda que corroe nuestros derechos.

Además, las fuerzas reaccionarias del gobierno de Michel Temer fueron, desde el inicio, incapaces de reacomodar el bloque de poder, y en los últimos días parece que la prensa hegemónica (Red Globo) decidió abandonarlo, junto a otras fracciones políticas, para construir otra combinación de fuerzas en el interior del proceso en curso. La lucha de clases está mostrando las contradicciones y la corrupción del sistema económico y político en el Brasil. Los movimientos sociales, sindicatos y estudiantes siguen organizándose y realizando manifestaciones en las diversas ciudades del país, como la reciente y multitudinaria manifestación en Brasilia, el día 24.05.2017.

(*) Militante de la Auditoria Ciudadana de la Deuda de Brasil y Economista.

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