Constituyente Indígena: el gran aprieto para la élite política chilena – Por Claudio Fuentes S.
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Fue un proceso silencioso, que pasó casi inadvertido. Participaron poco más de 17 mil indígenas que sostuvieron 605 encuentros para discutir la cuestión constitucional. Entre agosto de 2016 y enero de 2017, se reunieron de Arica a Magallanes, en lo que se denominó el proceso constituyente indígena. Los resultados son bastante categóricos y reflejan un estado de opinión generalizado entre los indígenas acerca de la necesidad de avanzar en derechos constitucionales, políticos, sociales, económicos y culturales. La interrogante más relevante es qué hará la élite política con este documento, ¿volverá a guardarlo en un cajón como ocurrió con el Informe de la Comisión de Nuevo Trato? ¿O se embarcará en una discusión seria y profunda sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas?
El informe de sistematización del proceso constituyente indígena se divide en una serie de capítulos que capturan las prioridades de quienes asistieron a estos encuentros. Se plantearon temáticas asociadas al reconocimiento constitucional, la plurinacionalidad, autodeterminación, los derechos de tierra y territorios, derechos políticos, culturales, lingüísticos y sociales. Lo interesante del informe es el nivel de especificidad de las propuestas. Se trata de recomendaciones muy específicas e institucionales. No fue una declaración de principios sino que, más bien, un programa concreto y aterrizado de sugerencias.
Por ejemplo, cuando se habla de un “Estado Plurinacional”, se especifica que esta definición implica reconocer la diversidad cultural, garantizar la autodeterminación, fortalecer las estructuras organizativas y representativas. Cuando se habla de “Autodeterminación”, se consideran aspectos muy concretos, como el derecho a la consulta previa de carácter vinculante, el derecho al territorio y la administración autónoma, y el derecho consuetudinario y el sistema jurídico.
Cuando se habla de «Derechos políticos», se proponen mecanismos específicos de participación y representación, como escaños reservados para indígenas en el Congreso, representación especial en el gobierno local, representación en el sistema de Evaluación Medioambiental (SEIA), representación en ministerios, subsecretarías y servicios. Incluso se llega a definir que la representación indígena en el Congreso debe considerar límite a la reelección, y representantes que tengan un vínculo territorial con las comunidades, lo que incluye el dominio de la lengua. No se aspira a cualquier representante con “apellido indígena”, sino que a quienes posean vínculos territoriales y culturales con sus comunidades.
En cuanto a los «Derechos lingüísticos», se propone una integración transversal de las lenguas indígenas en las políticas públicas, textos escolares y señalética; promover hablantes de lenguas indígenas en servicios públicos; establecer una Academia de la Lengua Indígena; crear grafemarios consensuados de uso oficial, etc.
Así, en cada uno de los temas tratados, se abordaron recomendaciones específicas para implementar una visión que acepta la autodeterminación de los pueblos, que vela por el respeto de las tradiciones y que promueve un cambio fundamental en las políticas del Estado de Chile en esta materia. Se trata de avanzar a un reconocimiento sustantivo y no solo formal, pero que no se queda en el titular del “reconocimiento constitucional”, sino que se materializa en transformaciones en la arquitectura social, política e institucional del país.
La pregunta inmediata es si estas visiones representan al conjunto de los indígenas o es el simple reflejo de una minoría sobreideologizada que asistió a estos encuentros. La reciente encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), aplicada a 3.617 encuestados en 120 comunas con una población indígena superior al 9%, demuestra que los resultados del proceso constituyente indígena son muy consistentes. En la encuesta, de los entrevistados indígenas, el 87,7% se manifestó a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el 85,1% estuvo a favor de ser consultados en proyectos de inversión, el 80% se mostró a favor de que se les devolviesen tierras, el 72,9% estuvo a favor de que algunos territorios sean administrados por ellos y 69,6% señala que debiesen existir cupos reservados para indígenas.
Parece evidente que el discurso de la autodeterminación ha calado hondo en las comunidades indígenas. Pero ya no es solo un discurso, sino que la demanda por instancias muy concretas que materialicen sus reivindicaciones. El gran problema es que muy poco de este reconocimiento sustantivo (político, social, territorial, patrimonial y cultural) ha sido tomado en consideración por las dos coaliciones que han gobernado el país desde el retorno de la democracia. El reconocimiento constitucional propuesto tanto por la Nueva Mayoría como por Chile Vamos ha sido, hasta el momento, particularmente débil: se trata de reconocimientos genéricos que no avanzan en asumir que somos una sociedad donde conviven pueblos que mantienen tradiciones e identidades diferenciadas.
El Gobierno deberá incorporar estas recomendaciones en su propuesta de reforma total a la Constitución. Veremos cuánto del proceso constituyente indígena se verá reflejado en ella. Pero, al mismo tiempo, las coaliciones políticas que se disputan el sillón presidencial deberían considerar este valioso documento para estructurar sus programas gubernamentales. Allí encontrarán una hoja de ruta muy nítida y sustantiva sobre el vínculo entre el Estado de Chile y los pueblos originarios.
El gran problema es que, mientras en las comunidades indígenas se articula un discurso coherente y muy claro sobre autodeterminación, las élites políticas aún piensan que bastaría con un reconocimiento genérico y la entrega de unos cuantos subsidios. Es esta brecha la que incrementa la desconfianza y posterga la solución del conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Porque, mientras no se discuta un reconocimiento sustantivo, no se resolverá –e incluso se intensificará– el conflicto.
(*) Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
