El presidente asegura que la Policía mantendrá la seguridad cuando la ONU retire sus tropas
El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha asegurado que las fuerzas nacionales serán capaces de mantener la seguridad en el país después de que Naciones Unidas (ONU) retire los más de 2.300 efectivos de su misión tras trece años en el país caribeño.
«Estamos trabajando para tener una fuerza policial profesional que proporcione seguridad a las personas y así poner orden», ha señalado Moise en una entrevista con Thomson Reuters Foundation. «Creo que la Policía Nacional está preparada para proteger el país», ha añadido.
En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el final de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), programado para el próximo mes de octubre, si bien una fuerza policial permanecerá en el país para participar en tareas de formación.
El presidente haitiano ha asegurado que las fuerzas policiales cuentan con un total de 15.000 agentes, comparado con los 2.000 que tenía en 2004 cuando llegó la misión de la ONU.
A raíz del huracán ‘Matthew’ en 2016, que dejó a su paso hasta 1.000 muertes en un momento en el que Haití aún se recuberaba del terremoto de 2010, Moise ha asegurado que el Gobierno tiene pensado reconstruir casas rurales capaces de superar estos dos tipos de desastres naturales en las zonas más afectadas del sur del país.
«Vamos a introducir el marco legal al Parlamento para que Haití tenga un sistema de resistencia, un sistema de protección social que sea capaz de responder a los desastres naturales», ha señalado el presidente.
Los 2.370 militares que componen actualmente la MINUSTAH concluirán su retirada de Haití el próximo 15 de octubre, la fecha límite del actual mandato. La ONU pondrá fin de forma gradual, y tras trece años, a la que es su única misión en América Latina.
La MINUSTAH desaparece para dar paso a la Misión de la ONU para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), que estará compuesta por más de un millar de policías y tendrá un mandato inicial de seis meses, hasta el 15 de abril de 2018, y cuyo principal objetivo será «ayudar al Gobierno de Haití a reforzar las instituciones del Estado de Derecho» y «proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física (…) si es necesario».
