Brasil en crisis: ¿Qué pasa si cae Temer?
La delación premiada de Joesley Batista y su hermano Wesley, dueños de la empresa frigorífica JBS, publicada este miércoles (17) en el diario O Globo, colocó en el horizonte una gran posibilidad de impeachment, o hasta la propia renuncia del presidente golpista Michel Temer (PMDB).
En una de las grabaciones divulgadas, Temer oyó de Joesley que el empresario estaba dando al ex-diputado Eduardo Cunha y al operador Lúcio Funaro una mensualidad en la cárcel para que se quedaran callados. Frente a esa información, Temer le dijo: «¿Tenemos que mantener eso, entendiste?».
Los diputados federales Paulo Teixeira (PT) y Alessandro Molon (Rede) fueron los primeros en iniciar pedidos de impeachment en la cámara, enseguida que se divulgó la denuncia. Uno de los textos dice que «frente a la gravedad de los hechos, es imprescindible la instalación de un proceso de impeachment para comprobar la vinculación directa del Presidente de la República con el intento de callar a un testigo».
Si alguno de los pedidos es aceptado, se tramitará en dos turnos en la Cámara y el Senado, como ocurrió con la ex-presidenta electa Dilma Rousseff (PT).
¿Pero quién asume si cae Temer?
Línea sucesoria
Según la Constitución, si el vice-presidente es depuesto, quien lo sustituye es el presidente de la Cámara, luego el del Senado, y por último el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
El problema es que el actual presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM), está siendo investigado por un pedido abierto por el ministro del STF Edson Fachin, luego de la llamada “delación del fin del mundo”, realizada poe ejecutivos de la empresa Odebrecht en el ámbito de la operación Lava Jato. Según Fachin, Maia pidió R$ 350 mil (unos US$ 110 mil) para financiar su campaña. O sea, hay un riesgo inminente de que Maia sea imputado, lo que lo impediría de asumir el cargo.
Lo mismo ocurre con el actual presidente del Senado, Eunício Olivieira (PMDB), que asumió el primero de febrero, y es citado en tres delaciones de la operación Lava Jato.
Según el abogado y miembro de la Consulta Popular Ricardo Gebrim, si eso acontece, el Supremo puede impedir que sean parte de la línea sucesoria, así como hizo con el ex-presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB) el último 7 de diciembre. La mayoría de los ministros del STF decidieron, en aquel momento, mantener a Calheiros en la presidencia del Senado, con la condición de que sea impedido de sustituir a Michel Temer.
Por eso, es más probable que la sucesora en la presidencia de la República sea Cármen Lúcia, presidenta del STF. Lúcia asumiría interinamente y convocaría elecciones indirectas en un plazo de 30 días. O sea, quien elegiría el sustituto de Temer sería el Congreso Nacional, de acuerdo a lo previsto por el artículo 81 de la Constitución para casos en los que el presidente o el vice salen del cargo luego de dos años de mandato.
¿Elecciones directas o indirectas?
En las elecciones indirectas, cualquier partido puede presentar su candidato dentro del plazo legal establecido, y quien votaría son los diputados federales y senadores. Sin embargo, la oposición dentro del congreso, compuesta por parlamentarios del PT, PC do B, PSOl, PDT, y PSB, está colocando una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que propone elecciones directas inmediatamente.
El problema es que la tramitación de una PEC se hace en dos turnos en cada una de las casas del Congreso Nacional. “Eso tendría que hacerse de urgencia, y los parlamentarios no tendrían receso en Julio, y deberían paralizar la votación de la reforma de la Previsión Social”, explica Gebrim.
Concientes de las dificultades, los movimientos populares apuestan al crecimiento de la propuesta de “Directas ya”: “Nosotros, de la Frente Brasil Popular y la Frente Pueblo Sin Miedo, defendemos que se cambie la constitución en carácter de urgencia y que no se hagan elecciones indirectas”, afirma Raimundo Bonfim, coordinador general de la Central de Movimientos Populares (CMP).
“Nuestra manifestación para el día 24 de mayo y la bandera de “Directas ya” ganan ahora mayor relevancia”, dice Gebrim.
Desconfianza
Para el abogado, la delación de este miércoles es parte de un guión sospechoso. Recuerda que Cármen Lúcia se reunió a puertas cerradas el última día 9 con un grupo de 13 empresarios, tres de ellos miembros del Consejo de Desarrollo Económico y Social, conocido como “Conselhão”, formado en noviembre del año pasado por Temer. Son empresarios pertenecientes a sectores variados de la economía, como bancos, telecomunicaciones, hoteles, compañías aéreas, inmobiliarias, del papel y la celulosa. “Probablemente Cármen Lúcia ya sabía de esta grabación cuando se reunió con el PBI brasileño la semana pasada”, indicó.
La profesora de Derecho Carol Proner, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), también desconfía del apoyo de la Red Globo a las denuncias y alerta: “la denuncia contra Michel Temer es contundente, y en un país serio es suficiente para derrubar al gobierno, sí. Hay que tener cautela. Teniendo en cuenta que está siendo transmitida y celebrada uniendo a la Red Globo de televisión, el STF, y la PGE (Procuraduría General del Estado) (…) y considerando que el Supremo Tribunal Federal recién organizó una reunión con empresarios para pensar el país, siendo que muchos de esos empresarios formularon los golpes del 64 y de 2016”.
Para Proner, los movimientos tienen que tomar las calles, pero “la transición para el Estado Democrático de Derecho debe ser hecha por los legítimos perjudicados, que son los trabajadores y los movimientos sociales, y no por un nuevo golpe. La población está atenta, con mucha cautela, porque no permitiremos que nuevamente nos sean usurpados los derechos constitucionales por aquellos que pretenden aprobar la reforma de la Previsión Social, la reforma del trabajo y el retroceso de más de un siglo en las garantías y los derechos en Brasil”.
Según informó una fuente al diario Valor Económico, “el propósito de la ministra era escuchar de los empresarios y ejecutivos sugerencias sobre temas que están parados en el STF o que tengan interpretaciones diferentes de las instancias judiciales, con la posibilidad de que sean desbloqueados por decisión de la Suprema Corte”.
Del “Conselhão”, participaron Chieko Aoki, presidente de la red Blue Tree Hotels; Luiza Trajano, dueña de la red Magazine Luiza; y Pedro Wongtschowski, presidente del Instituo de Estudios para el Desarrollo Industrial (Iedi). Los otros participantes fueron Betania Tanure, consultora de BTA; Candido Bracher, presidente del Itaú Unibanco; Carlos Schroder, director-general de la Red Globo; Décio da Silva, presidente del consejo de la WEG; Flavio Rocha, dueño de las tiendas Riachuelo; Jefferson de Paula, CEO de ArcelorMittal; Paulo Kakinoff, presidente de la empresa de aviación Gol; Rubens Menin, fundador y presidente del consejo de administración de la MRV Ingeniería; Walter Schalka, presidente de Suzano Papel y Celulosa; e Wilson Ferreira, presidente de la Eletrobras.
O que acontece se Temer renunciar? A Constituição explica
No pronunciamento na tarde desta quinta-feira (18), o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Mas no Congresso, a possibilidade de Temer deixar o cargo é discutida.
O repórter Marcos Losekann mostra agora como seria o processo de sucessão, caso, de algum modo, a Presidência da República fique vaga.
Está no artigo 81 da Constituição Federal:
“Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, haverá nova eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
Já o parágrafo 1º esclarece o que acontece quando o mandato já passou da metade – é caso do presidente Michel Temer:
“Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos – presidente e vice – será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei”.
O parágrafo 2º determina o prazo do mandato de quem for eleito nessas circunstâncias. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Ou seja, o mandato será tampão.
Na prática, em qualquer hipótese – renúncia, impeachment ou cassação pela Justiça Eleitoral – há eleição indireta. Mas antes, o presidente da Câmara assume a Presidência da República interinamente por no máximo 30 dias, prazo que o Congresso tem para eleger presidente da República e vice em sessão conjunta de deputados e senadores.
“O cargo resultará vago e sobrevém em até 30 dias eleição indireta pelo Congresso Nacional naturalmente. É o que diz a Constituição, parágrafo 1º do artigo 81, porque, no caso, a vacância se dará no segundo biênio do mandato presidencial”, disse Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF.
O texto da Constituição de 1988 prevê que uma lei definiria as regras, mas até hoje tudo o que existe regulamentando o tema é uma lei de 1964, de antes da atual Constituição. E por isso há dúvidas se ela seria aplicada.
O texto dessa lei afirma que são duas votações secretas: de acordo com o artigo 4º, primeiro, para presidente, segundo para vice-presidente. O parágrafo 5º do artigo 5º da lei diz que será considerado eleito o candidato que alcançar o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. No caso, 298 votos, o que corresponde à metade dos congressistas mais um.
O parágrafo 10 prevê que a posse será no mesmo dia da eleição: antes de encerrados os trabalhos, o presidente da mesa convocará o Congresso Nacional a fim de receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República.
Essa lei não diz quem pode ser candidato, mas a Constituição estipula os seguintes critérios para se candidatar a presidente: que sejam brasileiros natos, que tenham direitos políticos vigentes, título de eleitor, filiação partidária, idade mínima de 35 anos e que não se enquadrem nas restrições da Lei da Ficha Limpa, ou seja, que não tenham sido condenados por órgão colegiado, a partir da segunda instância.
O presidente da República não pode ser processado por crimes cometidos fora do mandato. Mas como neste caso Michel Temer teria tentado obstruir uma investigação durante o mandato, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, autorizou a abertura de inquérito a pedido do procurador-geral da República. O ‘”embaraço à investigação de organização criminosa” é um crime comum, que prevê pena de três a oito anos de prisão e multa.
Com a abertura desse inquérito, nada impede que o presidente continue no cargo. Não há prazo para a conclusão das investigações. Se, ao final, o procurador-geral da República decidir denunciar o presidente ao Supremo, o caso será submetido à Câmara dos Deputados.
O artigo 86 da Constituição diz que a ação só pode ser aberta se for aprovada por dois terços da Câmara dos Deputados e que o presidente será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns.
Nesse caso, de acordo a lei, o afastamento do presidente é de 180 dias. O artigo 2º diz que, se decorrido esse prazo o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
“O processo é de um crime comum, isto é, como se fosse num juízo de primeira instância, só que no Supremo Tribunal Federal, regulado pelo Código de Processo Penal e com todas garantias constitucionais que se dá a qualquer acusado. O julgamento é no STF e a decisão é por maioria de votos”, explica o ex-ministro Sidney Sanches.
Ao final da ação penal, se condenado, o presidente perde o mandato e começa a cumprir a pena.
O ministro Marco Aurélio Mello falou antes da sessão desta quinta no plenário do Supremo. Ele disse que é preciso aguardar os desdobramentos da crise política antes de o STF se posicionar. Ele disse que a Suprema Corte acompanha tudo com preocupação:
“Vamos aguardar os próximos passos, que eles sejam seguros e atendam aos anseios da sociedade. Tempos estranhos, geradores de grande perplexidade nacional. E o Brasil continua sangrando”.
O decano Celso de Mello não gravou entrevista, mas em declaração por escrito afirmou que a saída para a crise política está na Constituição.
“Os cidadãos deste país, as instituições nacionais e os membros integrantes dos poderes do estado devem prestar obediência irrestrita à Constituição e às leis da República como condição de preservação de nossas liberdades fundamentais e de proteção aos nossos direitos”.
A hipótese de cassação pela Justiça Eleitoral depende do resultado do julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE, que está assim: no dia 6 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento das ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer.
O caso pode deixar a ex-presidente Dilma inelegível, proibida de se candidatar, e levar à cassação de Temer.
Os sete ministros julgarão quatro ações nas quais o PSDB aponta abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O partido diz que houve caixa dois e uso de dinheiro público desviado na campanha.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela cassação da chapa, com inelegibilidade de Dilma por oito anos e perda do mandato de Temer, mas isentando Temer de perder também os direitos políticos.
Quatro sessões estão previstas para o julgamento, entre os dias 6 e 8 de junho.
