Indignación en México y repudio de organismos internacionales por el asesinato de activista que había pedido protección
Nos persiguen, nos vigilan, nos van a matar, Miriam no es la única, alerta Colectivo en Tamaulipas
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hija en 2012. Ella la buscó, halló su cadáver en una fosa clandestina y dio la información a las autoridades para detener a los responsables. Su apoyo a las familias de desaparecidos continuó. Pero el pasado miércoles fue asesinada.
El coordinador del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria” Guillermo Gutiérrez Riestra, dijo que la agrupación de Miriam logró contabilizar 400 casos de desaparecidos sólo en San Fernando, y alertó que más padres convertidos en activistas están bajo amenaza en Tamaulipas.
“A ver si no me matan”, decía la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez luego de reclamar a los funcionarios del Gobierno de Tamaulipas por los casos de desapariciones en el estado.
La frase, dicha en distintos momentos en un tono de sarcasmo, se convirtió en augurio y luego en una penosa realidad.
La noche del pasado 10 de mayo, un comando atacó a tiros su domicilio en San Fernando, Tamaulipas, dejándola herida. Murió camino al hospital.
Su asesinato generó una ola de indignación no sólo en México sino en el extranjero y de parte de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y decenas de ONGs condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades locales y federales investigarlo con perspectiva de género y evitar que quede en la impunidad.
Ese miércoles, Día de las Madres, Miriam se vio imposibilitada para marchar junto a otros padres que buscan a sus hijos debido a una lesión en una pierna. No pudo unirse a las madres, padres y hermanos de los desaparecidos en esa entidad que, además, tomaron las calles de varios estados del país para, como ella hizo con toda su energía, reclamar a las autoridades el paradero de sus familiares.
Guillermo Gutiérrez Riestra, coordinador del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas”, conoció a Miriam en el año 2014. La tragedia los unió.
Él aún busca su hija Raquel Gutiérrez Ruiz, secuestrada en agosto de 2010 en el Barrio Pajaritos, de Ciudad Victoria, capital de esa entidad. Ella, buscaba entonces a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, también plagiada, pero en 2012; ahí, en San Fernando Tamaulipas y tres años después, encontró sus restos en una fosa clandestina y dio con los responsables.
“Ella era muy alegre, muy elegante en el vestir, pero muy seria con la autoridad, las cosas las decía claras, siempre que estaba ante la autoridad era dura, exigente”, comentó Gutiérrez Riestra en entrevista telefónica.
Miriam trabajó como empleada del sector salud en Tamaulipas, en sus últimos días vivía con su familia y atendía su negocio en San Fernando.
“Puso ese negocio, precisamente , para no estar, digamos, a la vista para que no pudiera ser estar expuesta correr algún peligro”, detalló para SinEmbargo el integrante del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.
Aunque había encontrado a su hija, Miriam no dejó de apoyar a otras familias víctimas de desapariciones en el estado, a través del “Colectivo de desaparecidos en San Fernando”. De acuerdo con el activista, Miriam tenía un registro de 400 personas de las que se desconocía su paradero.
LA FUGA Y AMENAZA
El pasado 23 de marzo, un motín en el penal de Ciudad Victoria, en el que los reos quemaron sabanas y usaron armas, derivó en la fuga de 29 de ellos a través de un túnel de cinco metros de profundidad y 40 metros de largo. Uno de los responsables del secuestro y asesinato de Karen estaba entre los prisioneros fugados: Enrique Yoel Rubio Flores
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) detalló que Rubio Flores efectivamente se dio a la fuga, pero logró recapturarlo. Actualmente se encuentra preso y está sujeto a formal prisión por diversos delitos. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no lo ha consignado por delincuencia organizada que es de la competencia federal.
Miriam reclamó seguridad a las autoridades por la amenaza que sintió tras la evasión de Rubio.
“Cuando hubo esa fuga ella sintió un peligro y fue cuando solicitó las medidas preventivas para proteger su integridad”, comentó Guillermo Gutiérrez.
“Denme de perdida un número para pedir auxilio. Solamente les pido eso”, dijo entonces Miriam, según recordó Gutiérrez Riestra. Él fue testigo del momento en que la madre convertida en activista alertó al Procurador General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y a la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez, el pasado 18 de abril.
El Gobierno tamaulipeco, que es encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que sí se le brindó las medidas cautelares “a través de rondines tres veces al día en su domicilio”, pero destacó que Miriam Elizabeth dio a conocer “que no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, que depende directamente del Gobierno federal.
Gutiérrez Riestra advirtió que el peligro aún es latente para al menos otras dos activistas cercanas a él, a quienes se les han tomado fotos y que son vigiladas desde camionetas que dan rondines en su domicilio. Incluso, denunció, la policía estatal acosa a las familias de los desaparecidos durante sus manifestaciones.
“Vivimos en el zozobra, salimos y no sabemos lo que nos pueda pasar. Muchos de los familiares vivimos en este estado por la necesidad de encontrar a nuestros hijos, si no desde hace mucho hubiéramos buscado otro lugar para vivir”, denunció.
Las revelaciones de este habitante de Ciudad Victoria son sólo una muestra de la tragedia de desapariciones que ocurren en el estado.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay más de 5 mil 563 personas desaparecidas en los últimos diez años en Tamaulipas, aunque la cifra es sólo aproximada, pues la propia Comisión ha denunciado que las autoridades estatales no le ha dado toda la información sobre este tema.
El asesinato de Miriam Rodríguez causa indignación y dolor; CNDH, AI, ONU y ONGs demandan justicia
La ONU realizó un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de Miriam Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México. Internacional manifestó que el asesinato de una activista “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país […] Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”, resaltó el organismo nacional.
La noche del miércoles, cuando en el país se celebraba el Día de las Madres, una activista y mamá de una joven víctima de la violencia en Tamaulipas fue asesinada al interior de su casa. Mientras el Gobierno del estado se “defiende” de las posibles causas que motivaron el crimen, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y decenas de ONGs han condenado el asesinato y exigen a las autoridades investigarlo con perspectiva de género y que no quede en la impunidad.
Francisco Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, expresó a través de su cuenta en Twitter su “más enérgica condena por el cobarde asesinato de Miriam Rodríguez” y aseguró que su Gobierno “no permitirá” que el homicidio quede impune.
Según un comunicado de la agrupación en la que militaba Rodríguez, Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, el asesinato se produjo el miércoles por la noche cuando un comando disparó en múltiples ocasiones contra su casa. Rodríguez resultó herida y murió durante su traslado al hospital de San Fernando, añadió la nota.
La mujer era una conocida activista que durante años buscó a su hija desaparecida, Karen Alejandra. Gracias a su esfuerzo y con sus propios medios dio con el cuerpo de la menor en una fosa clandestina de la localidad de San Fernando y meses después indicó a las autoridades quiénes eran los culpables de su asesinato, indicó la nota de prensa del grupo.
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fue una de las personas que impulsó la creación de la organización civil en 2017 y pese a encontrar a su hija continuó colaborando con el colectivo.
Otro activista que trabaja en la búsqueda de desaparecidos, Guillermo Gutiérrez, indicó en entrevista con Milenio Televisión que Miriam Rodríguez había recibido amenazas porque los delincuentes que entregó a la autoridades se habían fugado recientemente de la cárcel. Agregó que había solicitado protección, pero que nunca se la dieron.
“Por omisión se cometió este crimen”, indicó Gutiérrez. “Si la señora hubiera estado protegida por el Estado […] no hubiera pasado este hecho lamentable”.
El activista pidió al Gobernador que investigue por qué se le negó la protección y que actúe para evitar que haya otros homicidios similares, puesto que otros compañeros suyos también están amenazados.
El Gobierno de Cabeza de Vaca informó que cuando la señora Miriam solicitó medidas cuatelares, la Procuraduría y Secretaría de Seguridad locales le otorgaron protección, sin embargo, al hacer su petición ante instancias federales fueron estas las que no la atendieron.
Tamaulipas, en la frontera noreste de México, es uno de los lugares con mayor violencia vinculada al crimen organizado, donde muchas autoridades han sido cómplices de la delincuencia. De hecho, uno de sus ex gobernadores, Tomás Yarrington, acaba de ser detenido y está acusado de recibir sobornos tanto del cártel de Los Zetas como del Cártel Golfo, las dos organizaciones con más presencia en la región.
Además es uno de los estados con mayor número de desaparecidos de México, donde el miedo ha silenciado a la prensa y ha minimizado las acciones de la sociedad civil.
Según un reciente informe de la CNDH, hay más de 5 mil 500 casos de personas en paradero desconocido en el estado, aunque este organismo matizó que la cifra es solo aproximada, pues las autoridades estatales no habían proporcionado datos claros al respecto.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena enérgicamente el asesinato de la Sra. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, el día lunes en San Fernando, Tamaulipas.
La señora Rodríguez impulsó la creación del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, Tamaulipas, luego de que ella misma sufrió la desaparición de su hija Karen en marzo de 2014. De manera extraordinaria y con gran valentía investigó por sus propios medios la desaparición de su hija, logró encontrar parte de sus restos e identificar a los responsables.
El asesinato de la señora Rodríguez fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante.
La ONU-DH recuerda que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber. En este sentido, la ONU-DH realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la Sra. Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México.
La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes para que el asesinato de la Sra. Rodríguez sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad. Más allá de su asesinato, resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad.
Adicionalmente, la ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
Finalmente, la ONU-DH ofrece sus condolencias a la familia de la Sra. Miriam Rodríguez, y reitera su disposición para trabajar con los colectivos de familiares de personas desaparecidas tanto en Tamaulipas como en el resto del país, así como con las autoridades correspondientes, tanto a nivel federal como estatal y local.
Amnistía Internacional manifestó que el asesinato de una activista “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”.
“Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada la noche del 10 de mayo en el estado de Tamaulipas, en el norte de México. Miriam era conocida por su trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que son organizaciones formadas principalmente por familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición por agentes no estatales”, dijo.
“México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas. El violento asesinato de Miriam Rodríguez debe investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva. Deben tomarse medidas serias para defender a las personas que buscan a sus seres queridos. La pesadilla a la que son sometidos al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros que enfrentan en su labor, la que realizan dada la negligente respuesta de las autoridades, son alarmantes”, señaló Erika GuevaraRosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo:
“Estamos frente a un crimen que confirma esta preocupación de la CNDH. Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”.
“La CNDH enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones a los defensores de derechos humanos, que sólo así estarán en posibilidad de cumplir con su tarea de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas”. agregó.
De acuerdo con la Recomendación General 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, emitida por la Comisión Nacional, “es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo. En esta, también, se pidió a las altas autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de los defensoras y defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización, sin que a la fecha estas se hayan dado. La CNDH está solicitando medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos”.
Decenas de organizaciones y activistas mexicanos se sumaron al repudio por el asesinato de Rodríguez Martínez y reprobaron la “falta de seriedad de las autoridades” y los gobiernos, a los que calificaron de “indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses”.
“En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por más de una década en el noreste del país –y que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados”, sentenciaron las ONGs en un comunicado difundido por Cencos.
Comunicado de la Secretaría de Gobernación donde condena el asesinato de activista en Tamaulipas
11 de mayo de 2017
La Secretaría de Gobernación condena y lamenta profundamente el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al Subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa Cifrián, ponerse en contacto con los familiares de la víctima para prestar cualquier apoyo que sea necesario.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación hace un llamado a las autoridades locales a realizar una investigación a profundidad para esclarecer las causas de este crimen y castigar a los responsables.
De igual forma, exhorta a las autoridades de todos los estados del país, y se les reitera el ofrecimiento de colaborar con ellos, para robustecer sus mecanismos de Protección a Personas Defensora de los Derechos Humanos y atender con puntualidad las situaciones de riesgo que estas enfrentan.
