Puerto Rico: la crisis económica se intensifica y la isla caribeña cierra una semana de malas noticias
En alerta el sector privado tras la quiebra
Tras consumarse lo que muchos esperaban, y otros pocos se negaban a aceptar: la solicitud de quiebra del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III de la Ley PROMESA, diversos sectores económicos toman previsiones y se preparan para enfrentar el futuro, de cara a un proceso legal incierto y a la vez novel.
“En la coyuntura que estamos, no había otra alternativa viable. Hace dos o tres años, yo estaba renuente a una quiebra, pensaba que debíamos ser más organizados, reducir gastos y pagar. Pero ya no, desde la primera degradación en febrero de 2014, hemos ido teniendo una muerte lenta. Ahora, debe ser más rápido el saber lo que va a pasar”, expresó Kenneth Rivera, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, quien opinó que el paso que dieron el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue positivo.
No obstante, reconoció que nunca antes un país se ha acogido a la quiebra; lo han hecho corporaciones públicas o ciudades. Esto implica que el caso de Puerto Rico podría sentar un precedente. De hecho, ya se comenta que varios estados están pendientes a cómo se maneja esta quiebra, ya que algunos tienen dificultades para pagar sus obligaciones también.
“Esto nunca había pasado, es un caso novel que un país se vaya a la quiebra con unas reglas de juego establecidas. Por el momento, hay ciertas protecciones, nos dieron un mapa y una caseta de campaña. Si eso va a ser suficiente, no sabemos. Pero por lo menos, nos quita algo de incertidumbre y eso es positivo. Habrá que ver el corte que le va a tocar a cada cual”, sostuvo el CPA, quien estimó que a Puerto Rico le podría tomar de siete a 10 años el volver a tener acceso a los mercados.
En horas de la mañana del pasado viernes, el juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. designó a la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del caso y esta trabajará desde San Juan. Taylor, graduada de la Universidad de Harvard, fue jueza de bancarrota antes de ser nombrada al distrito sur de Nueva York en el 2000.
Mientras, a juicio del economista José Caraballo Cueto, la decisión del Gobierno de radicar la quiebra fue correcta. “Es la noticia menos mala que hemos recibido en los últimos tiempos. Con 19 emisores de deuda y múltiples grupos de bonistas iba a ser muy difícil lograr acuerdos sin ese mecanismo de reestructuración”.
La quiebra, según el economista, no debería acelerar la migración ni la pérdida de más empleos, como sí lo harían las demandas de fondos buitres, algunos de los cuales están cuestionando la legalidad de PROMESA. Lo que podría afectarse es el consumo, pero no tanto por la quiebra, sino por las medidas incluidas en el Plan Fiscal, entre ellas los aumentos en las utilidades e impuestos adicionales.
El problema es la economía
«El País está en una crisis económica que ha causado una crisis fiscal, no al revés. Esa crisis económica es la que tenemos que empezar a resolver”, enfatizó Caraballo Cueto.
Tanto Rivera como el economista sostienen que la quiebra poco servirá para sacar a la Isla de la crisis en la que está sumida hace más de 10 años, si no se implantan medidas de desarrollo económico. Esa responsabilidad no es del tribunal ni de la JSF, sino del gobierno federal, el Gobierno Estatal y la empresa privada, señaló el presidente entrante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Por su parte, David Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, coincidió con el economista en que el sector privado debe asumir mayor liderato para encaminar la economía e hizo la distinción de que “el que está en quiebra es el Gobierno, no la empresa privada”.
El líder de los camaristas no teme que tras la radicación de quiebra sea más difícil promover la inversión privada en la Isla. Por el contrario, opinó que ahora pudiera ser más atractivo para algunos, puesto que hay suficiente mano de obra disponible y muchas propiedades a buenos precios.
Suplidores y servicios esenciales
El panorama para los suplidores del Gobierno podría lucir sombrío. Todo lo que no sean servicios esenciales en educación, salud y seguridad podrían correr el riesgo de recibir recortes, a juicio del presidente de la CCPR. “Definitivamente son los primeros que se van a afectar. Ya estaban dando servicios y no se les pagaba. Van a tener que cortar contratos en algún momento, y el tribunal determinará qué porcentaje de lo que le deben le van a pagar. Hay productos y servicios esenciales que se pagarán; otros no lo son, y esos se reducirán o eliminarán”, sostuvo Rodríguez.
Uno de los aspectos cruciales que no se define en la Ley PROMESA es lo referente a los servicios esenciales. El Gobierno ni la JSF tampoco han especificado qué renglones se consideran “servicios esenciales”, lo que podría traer controversias a la hora de identificar cuáles tendrán prioridad y cuáles el Gobierno dejará de proveer.
Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, dijo que el sector de la salud analiza cómo les impactará el Título III y buscará insertarse en la discusión para definir qué son servicios esenciales de salud. Recordó que en la lista de los principales suplidores a los que el Gobierno les adeuda dinero, hay por lo menos cuatro compañías de la industria de la salud.
“Queremos ir a la corte a defender lo que es la definición de servicios esenciales de salud”. Ramos entiende que bajo la quiebra los servicios médicos y hospitalarios no estarán a riesgo, pero los opcionales, como el que ofrecen optómetras o dentistas, pudieran estar en peligro. Esto ya que el 80% de los pacientes que visitan a los optómetras tienen el plan de la Reforma MiSalud.
“Si el servicio de optómetras se queda opcional, eso implicaría eliminar esa profesión de la Isla. La mayoría de los 463 optómetras se irían del País. Igual podría ocurrir con los dentistas. En ningún estado, Medicaid cubre dental, excepto en Puerto Rico. Por eso, cuando los puertorriqueños se mudan a un estado y se inscriben en la Reforma, siguen viajando a la Isla para visitar a su dentista”, indicó.
El galeno señaló que los bonistas “andan torpedeando todos los esfuerzos del Gobierno. Su objetivo es demostrar que son todopoderosos y que pueden doblegar y arrodillar al Gobierno”. Por eso, vio con buenos ojos la radicación del Título III.
Otro sector impactado son las pequeñas y medianas empresas (pymes), a juicio del presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Nelson Ramírez, quien indicó que con la radicación de la quiebra “la credibilidad del País cae en su nivel más bajo, toda vez que pisamos terreno nuevo al convertirnos en la quiebra más grande en la historia de una jurisdicción de Estados Unidos”. La deuda de Puerto Rico, incluyendo las pensiones, sobrepasa los $110,000 millones.
“Un país quebrado puede tomar dos caminos para hacer frente a la situación. Un camino que afecta a sus acreedores, bonistas y banqueros; y el otro que afecta a su población, especialmente al comerciante pequeño y mediano”, señaló Ramírez, al tiempo que dijo que habrá un efecto en cadena que va a disminuir el consumo.
El líder de los detallistas exhortó al Gobierno a velar por que no se afecten los desvalidos y ancianos con la posible reducción de las pensiones. “Cuando la decisión es pagar las deudas es cuando vienen los recortes a los beneficios sociales”, manifestó. Agregó que los trabajadores corren el riesgo de perder sus empleos o de ver reducida su jornada, lo que agravaría aún más la situación de la economía.
El sector financiero se mantiene también a la expectativa y en conversaciones con el Gobierno para evitar un deterioro mayor. Por un lado, la Asociación de Bancos recalcó que, aunque es prematuro precisar cuál será el efecto del Título III en la economía, los miembros de esa industria están “sólidos y capitalizados”, y los clientes pueden estar tranquilos.
De otro lado, las cooperativas están confiadas en que su industria también se mantendrá fuerte. El sector posee $110,000 millones en activos y algunas de ellas invirtieron, en total, $924 millones en bonos del Gobierno.
“La puerta de comunicación del sector cooperativista con el Gobierno se ha mantenido abierta. Irse al Título III no es el fin del mundo, existe un marco legal y confiamos en que se defenderán a los más vulnerables. Las cooperativas son entidades depositarias para los trabajadores, los jubilados y la gente de a pie, que según PROMESA son grupos que hay que proteger”, indicó José Julián Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas.
Ramírez señaló que ahora más que nunca los empresarios necesitan disminuir sus costos operacionales y las cooperativas están listas para ofrecerle sus servicios, en los que ofrecen costos más bajos que la banca y pagan intereses más altos. “Esta coyuntura representa una gran oportunidad para establecer vínculos conproductores y empresarios, como lo hemos venido haciendo con dueños de farmacias, panaderías, supermercados, ganaderos y otros”, expresó el ejecutivo de las cooperativas.
Cómo mover la economía
La meta en Puerto Rico debería ser crear una base empresarial local sólida, opinó el economista Caraballo Cueto. Ello es clave para resolver la crisis económica, y por ende la situación fiscal.
Hay que fomentar la producción de orgánicos, como lechugas y pollo. “Es buscar nichos en los que podemos competir y donde el consumidor está dispuesto a pagar un poco más. No solo debemos cosechar, sino enfocarnos también en productos terminados que ahora importamos, como por ejemplo el guacamole”.
Sostuvo además que el Gobierno local tiene que eliminar, cuanto antes, los subsidios e incentivos que no creen empleos, y debe viabilizar que los negocios que están en la economía informal entren a la formalidad, pero sin ser penalizados, recomendó el economista.
Mientras, el gobierno federal también puede ayudar al desarrollo económico de la Isla, sin que le cueste. Entre las medidas que mencionó Caraballo Cueto están la eliminación de las leyes de cabotaje; el destinar los fondos del reembolso del arbitrio del ron a obras de infraestructura, en vez de a las licoreras; y el permitir que la gente pueda trabajar hasta 30 horas semanales sin que le quiten los subsidios federales, como el Plan 8.
Los entrevistados concurrieron en que el caso de la quiebra de Puerto Rico dependerá mucho de la interpretación que le dé la jueza a PROMESA, a la Constitución del País, y al Plan Fiscal. Pero al final, confían en que este sea el inicio para que la Isla pueda sentar las bases para su desarrollo económico.
Puerto Rico: el gobierno profundiza el ajuste y anuncia el cierre de 184 escuelas públicas
El Departamento de Educación se dispone a cerrar 184 escuelas al finalizar este año escolar, una decisión que forma parte de un proceso para rediseñar el sistema público de enseñanza con miras a hacer un mejor uso de los recursos económicos con los que cuenta la agencia.
La decisión se tomó luego de más de tres meses de evaluación, durante los cuales se consultó a directores escolares, maestros, padres, alcaldes y administradores de diversos niveles de la agencia, detalló la secretaria de Educación, Julia Keleher.
“Es importante reconocer que cada cambio que estamos haciendo, aunque parecen muchos, todos son necesarios para realmente poder transformar el sistema. Si no lo tocamos todo, vamos solo a cambiar algo superficial y no vamos realizar la transformación que queremos”, sostuvo Keleher.
La agencia dará a conocer próximamente la lista con los nombres de todos los planteles que cerrará el departamento, así como la información sobre las escuelas que acogerán a las matrículas desplazadas.
Alrededor de 27,000 estudiantes de kínder a duodécimo grado serán reubicados a otros planteles el próximo año escolar.
Solamente a base de lo que la agencia dejaría de pagar en servicios de agua y luz para estas 184 escuelas, se anticipa un ahorro aproximado de $7.7 millones anuales, tomando en cuenta que Educación invierte unos $42,000 por concepto de agua y luz por cada plantel.
“El ahorro real será en lo que se deje de invertir para el arreglo del pozo séptico por quinta vez en una escuela en malas condiciones. Pero ese es dinero que entonces podemos usar para mejorar la escuela receptora, para darle mejores equipos”, comentó Keleher.
En febrero, el Departamento de Educación inició un análisis para determinar qué escuelas cerraría este año escolar, pues la cambiante composición demográfica de la Isla no justifica que existan 1,297 escuelas públicas, recalcó la secretaria.
Actualmente, el sistema educativo tiene una matrícula aproximada de 365,000 estudiantes. En el año escolar 2007-2008, las escuelas públicas tuvieron una matrícula de 526,565 alumnos.
Minucioso análisis
La evaluación en torno al cierre de planteles comenzó con más de 400 escuelas que tenían baja matrícula, cifra que luego se redujo a 370.
Personal del nivel central y de las regiones educativas visitó estas escuelas con menos de 250 estudiantes para constatar el estado en que se encontraban y si tenían o noofrecimientos especializados y otras características que justificaran que se mantuvieran abiertas.
Keleher detalló que hubo otras escuelas que se añadieron a la lista de cierre, como resultado del diálogo con alcaldes, grupos magisteriales, directores, las comunidades y personal de la agencia.
Al final, en el grupo de 184 no solo hay planteles con baja matrícula, sino que hay escuelas con hasta 300 estudiantes, pero cuya infraestructura se encuentra en total deterioro, aseguró la secretaria.
Asimismo, se consultó con personal de los Centros de Servicios de Educación Especial para asegurar que se atendieran las necesidades de la población de estudiantes con impedimentos y condiciones de salud.
Entre las escuelas cerradas hay planteles con ofrecimientos de Educación Especial, entre ellos salones a tiempo completo, pero la secretaria aseguró que las escuelas en las que reubicarán a estos alumnos cuentan con espacios y recursos necesarios para atenderlos.
La última consulta se llevó a cabo el fin de semana pasado, cuando unas 2,000 personas llegaron hasta las asambleas que organizó la agencia en las siete regiones educativas. En estas, la secretaria escuchó las propuestas y preocupaciones de padres, docentes y miembros de la comunidad en general.
La cifra final ha estado sufriendo cambios hasta el último momento. Incluso ayer, una revisión mañanera resultó en la eliminación de cuatro planteles de la lista, comentó la secretaria.
“Esta lista es final y firme, ya el proceso de diálogo terminó”, sostuvo Keleher, quien no obstante sostuvo que la agencia tendrá la flexibilidad de tomar en cuenta cualquier situación extraordinaria nueva que pueda impedir el cierre de un plantel.
Educación no contempla reducciones por concepto de nómina a través de esta ronda de consolidaciones. Esto se debe a que los maestros regulares de las escuelas que se cierren serán reubicados en las mismas escuelas receptoras que sus estudiantes, a menos que el docente solicite ser reubicado en otra, precisó la titular de Educación.
Lo mismo sucederá con los directores escolares, por lo que podría haber escuelas con dos directores escolares para el próximo año escolar, añadió.
En total, 2,088 docentes iniciarán el próximo año escolar en otro plantel.
“Al reubicar a los maestros en la otra escuela, podemos aprovechar más la educación individualizada que pueden dar”, comentó la secretaria.
Sin embargo, la funcionaria reconoció que, con estas reubicaciones, el sistema educativo podría necesitar contratar a menos maestros transitorios para el próximo año escolar.
Como resultado de las movidas, no se descarta que algunos educadores tengan que ofrecer clases de una materia que no es su especialidad.
Estos maestros no serán penalizados en sus evaluaciones por no estar altamente calificados para dar esos cursos y a mediano plazo la agencia diseñará un proyecto para que los docentes que así lo deseen puedan recertificarse en otra materia, explicó Keleher.
La secretaria destacó que está lista para las expresiones de rechazo que generará el anuncio del cierre de planteles, pero manifestó que es un paso necesario para encaminar los “cambios profundos” que se disponen a hacer en la agencia más grande del Gobierno.
“Desde antes que yo llegara, todo el mundo estaba harto de cómo funcionaba el Departamento de Educación. Siempre hablaban sobre cómo había que implosionarlo. Así que vamos a identificar las escuelas que tienen una planta física insegura e insalubre. Todo el mundo entiende que eso existe y que nadie lo quería atender, yo lo que hice fue atender esa necesidad y estoy reubicando, reorganizando el concepto en el sistema. Estamos tomando las decisiones difíciles”, precisó la titular de Educación.
Puerto Rico: tras declarar la quiebra, el gobierno aclara que seguirá pagando a los empleados públicos
El gobernador Ricardo Rosselló reiteró hoy que el gobierno seguirá pagando la nómina de los empleados y a los suplidores.
Aceptó, tras reunirse con su equipo económico en la mañana, que surgen consideraciones “de que uno no tiene la capacidad de seguir pagando, de seguir trabajando… desembolsando” y no es lo correcto.
Para demostrar que el Gobierno sigue funcionando anunció que continúan haciendo pagos de reintegros a los contribuyentes semanalmente.
Rosselló, acompañado del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, informó que hoy se emitirán reintegros por un total de $11.2 millones correspondientes a 35,350 contribuyentes.
“Hoy estamos demostrando con una simple acción, que es parte de nuestros compromisos, que esto continúa”, dijo.
Reiteró que el que el gobierno se haya acogido al Título III es “simplemente un proceso para tener la protección de la corte sobre lo que serían demandas (frívolas) que pudieran afectar significativamente al pueblo de Puerto Rico”.
Mencionó que próximamente determinarán qué otras corporaciones públicas se ampararían en el Título III.
“Pido un espacio porque hay un análisis que va en todo esto. Los distintos créditos son diferentes pero en algunos hemos llegado a unas conversaciones bastante adelantadas… en algunos solicitaremos la misma protección”, adelanto.
En cuanto al plan fiscal del gobierno, el ejecutivo reiteró que ya está certificado y que “ no está sujeto a que lo cambien o que sea retado en la corte. Eso es parte del proyecto de PROMESA y por lo tanto nosotros estamos confiados que, bajo las iniciativas que hemos establecido, vamos a poder continuar pagando los reintegros, a los proveedores”.
Los exgobernadores están resignados con la quiebra
Para algunos, como el exgobernador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal Acevedo Vilá, la solicitud de quiebra que presentó este miércoles la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el Tribunal Federal, en Hato Rey, llega demasiado tarde, y en un momento de incertidumbre luego que los principales abogados litigantes del gobierno, de la firma Kirkland & Ellis, se retiraran de los casos incoados por acreedores.
“No hay nada que celebrar. Es el proceso que tenemos disponible para tratar de parar la hemorragia, y de ahí, entonces, es un proceso largo para iniciar la recuperación”, indicó a El Nuevo Día Acevedo Vilá, bajo cuyo mandato, en 2006, comenzó la actual depresión económica.
Acevedo Vilá, además, catalogó como un paso “positivo” el que la JSF radique la solicitud de quiebra en la corte federal para el Distrito de Puerto Rico, y no en Nueva York, y advirtió que uno de los principales “riesgos” que enfrentará ahora el gobierno es que se asigne al proceso un juez “que no sea sensible a la necesidad de Puerto Rico”.
Mientras, el exgobernador Alejandro García Padilla, quien fue criticado por Rosselló Nevares por plantear el escenario de la quiebra para el gobierno, dijo sentirse “reivindicado” por la acción de su sucesor.
“Es momento de enfocarnos en el resultado, como pasó en Nueva York y en Washington D.C. luego que reestructuraron su deuda. Pasaron de ser jurisdicciones obscuras con mucho crimen, con poco desarrollo económico, a ciudades de avanzada con alta calidad de vida. Eso es lo que tenemos que lograr ahora”, dijo por separado a este medio.
En tanto, el exgobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Romero Barceló favoreció el proceder del gobierno por entender, entre otras cosas, que la quiebra supone una protección adecuada y evitaría gastos en “pleitos innecesarios”. “El gobierno tiene que tomar acción para protegerse contra las demandas de los acreedores y así evitar acciones irrazonables y perjudiciales a nuestro pueblo”, dijo.
Al reaccionar a la petición de quiebra, el exgobernador popular Rafael Hernández Colón defendió el Estado Libre Asociado, y reiteró que la situación financiera del País no obedece al actual status territorial, sino a la pobre gestión pública y a determinaciones del gobierno estadounidense, como la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
“La condición en que se encuentra el País hoy día no proviene de nuestra Constitución o de la Ley de Relaciones Federales. El poder es el mismo. La quiebra proviene del desvarío ideológico y del mal gobierno”, indicó.
