México: el presidente Peña Nieto en el centro de las críticas por los constantes hechos de violencia que afectan al país
#DichosyHechos | EPN dice: “no permitirá” repunte criminal en estados, pero hoy 17 son más violentos
Por Efrén Flores
[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]EL DICHO: “Hay que reconocer que ha habido esfuerzos que han dado resultados, y que nos habían estado permitiendo una disminución gradual pero consistente en los índices de criminalidad […]. No podemos permitir que los esfuerzos que se habían logrado en el pasado reciente, en el que habíamos logrado ya una tendencia a la baja en la criminalidad, en distintos delitos que se cometían en esas entidades, nuevamente estén regresando” (Enrique Peña Nieto, Presidente de México, en la quincuagésima segunda reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 3 de mayo de 2017).
EL HECHO: A nivel nacional, en los últimos cuatro años, el decremento en casos de homicidio doloso ha sido de 4.2 por ciento, pues según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del cierre de 2012 al cierre de 2016, el registro de este tipo de delito pasó de 21 mil 736 a 20 mil 824 incidencias. Unos años antes, al inicio del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el SESNSP registró 11 mil 806 homicidios dolosos. Eso quiere decir que, durante el periodo que el político panista estuvo al frente de la seguridad del país, este tipo de crimen tuvo un alza de 84 por ciento. Comparando el aumento de 2006 a 2012 (84 por ciento) con el decremento de 2012 a 2016 (4.2 por ciento), obtenemos que el avance durante el sexenio del político priista (EPN), en materia de disminución de los índices de este crimen de alto impacto, es ínfimo. En la actualidad, la información oficial indica que mientras 15 entidades redujeron sus índices de homicidio, 17 fueron al alza.
#DichosyHechos dice que, de acuerdo con los datos del gobierno, “hay que reconocer” que los esfuerzos de este sexenio para combatir la criminalidad no han dado tantos resultados, pues a pesar de que algunos estados presentan mejoría, aún, hoy en día, el avance es mínimo en comparación con el aumento que se dio durante el sexenio anterior. Asimismo, el promedio de aumento de la criminalidad en 17 estados de la República (79 por ciento), duplica al promedio de los 15 estados que han “mejorado” (32.2 por ciento). Esto acaso nos indica que, los estados con tendencia positiva en homicidios dolosos, se hunden más rápido en su crisis de lo que las autoridades son capaces de sacar adelante a las otras entidades con tendencia negativa en asesinatos. Hay un desequilibrio, al menos así lo refieren las siguientes cifras.
· Estados con criminalidad a la baja: En los últimos cuatro años, Aguascalientes experimentó un decremento del 11.4 por ciento en casos de homicidio doloso (pasó de 44 casos registrados en 2012, a 39 en 2016); Chiapas redujo su índice en 18.3 por ciento (pasó de 573 a 468 casos); Chihuahua, 38.3 por ciento (de 1 mil 997 a 1 mil 232); Coahuila, 70.7 por ciento (de 771 a 226); Durango, 61.5 por ciento (de 618 a 238); Guerrero, 4.2 por ciento (2 mil 310 a 2 mil 213); Jalisco, 2.7 por ciento (de 1 mil 184 a 1 mil 152); Estado de México, 3.6 por ciento (de 2 mil 130 a 2 mil 053); Morelos, 28.5 por ciento (de 862 a 616); Nayarit, 84 por ciento (de 244 a 39); Nuevo León, 56 por ciento (de 1 mil 459 a 644); Quintana Roo, 34 por ciento (de 250 a 165); San Luis Potosí, 22.7 por ciento (de 396 a 306); Sinaloa, 21 por ciento (de 1 mil 468 a 1 mil 161); y Tamaulipas, 41.4 por ciento (de 1 mil 016 a 595).
· Estados con criminalidad a la alza: Baja California duplicó, en los últimos cuatro años, sus casos de homicidio doloso (pasó de 590 casos registrados en 2012, a 1 mil 180 en 2016); Baja California Sur quintuplicó su índice, pues tuvo un alza de 448.6 por ciento (pasó de 35 a 192 casos); Campeche, 21.7 por ciento (de 69 a 84); Colima duplicó, 109 por ciento (de 287 a 600); Ciudad de México, 22.2 por ciento (de 779 a 952); Guanajuato, 24.6 por ciento (de 771 a 961); Hidalgo, 82 por ciento (de 83 a 151); Michoacán, 70.5 por ciento (de 755 a 1 mil 287); Oaxaca, 84.3 por ciento (de 472 a 870); Puebla, 2 por ciento ( de 578 a 590); Querétaro, 8.2 por ciento (de 110 a 119); Sonora, 13.8 por ciento (de 501 a 570); Tabasco duplicó, 122.6 por ciento (de 124 a 276); Tlaxcala, 30.5 por ciento (de 59 a 77); Veracruz, 30 por ciento (de 968 a 1 mil 258); Yucatán, 31.6 por ciento (de 38 a 50); y Zacatecas duplicó, 136 por ciento (de 195 a 460).
· Los estados que iban a la baja: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, mientras 27 entidades experimentaron un aumento en los índices de criminalidad, cinco fueron a la baja. Entre ellas se encontraba: el Estado de México, cuyos homicidios dolosos retrocedieron 23 por ciento (pasó de 2 mil 766 casos en 2006, a 2 mil 130 en 2012); Hidalgo, 17.8 por ciento (de 101 a 83); Oaxaca, 56.2 por ciento (de 1 mil 077 a 472); Tabasco, 25.3 por ciento (de 166 a 124); y Tlaxcala, 68.4 por ciento (de 187 a 59). Según la información oficial, de estos cinco estados, sólo uno (el Edomex) apenas continúa a la baja. Los demás (Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala), hoy por hoy, presentan índices en aumento de casos de homicidio doloso.
***
#DichosyHechos dice que el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para generar una “tendencia a la baja en la criminalidad” es mínimo o poco eficaz. Además, no sólo las autoridades han recuperado poco terreno, sino que algunos de los estados que presentaban tendencia a la baja durante el sexenio pasado, hoy están peor… y siguen empeorando.
Marchan en Ciudad Universitaria contra feminicidios y violencia de género
Más de dos mil mujeres que pertenecen a organizaciones feministas, estudiantiles y académicas, marcharon ayer en Ciudad Universitaria y cerraron la circulación de avenida Insurgentes, para exigir justicia en el caso de Lesby, la joven que fue asesinada dentro de la máxima casa de estudios, así como para demandar el cese a la violencia de género.
El contingente comenzó la movilización en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pasó por el sitio en donde fue hallado el cuerpo de Lesby y finalizó en el edificio de Rectoría.
“NI UNA MÁS, NI UNA MENOS”. Estudiantes y activistas recorrieron los jardines de Ciudad Universitaria, al tiempo que gritaron y pidieron justicia por lo sucedido a la joven de 22 años.
“No fue suicidio, fue feminicidio”, gritaban las jóvenes entre tambores, banderas y pancartas con el nombre de Lesby y leyendas que rechazaban el acoso sexual y los asesinatos que han ocurrido en todo el país.
Algunas otras jóvenes pertenecientes a los diversos CCH portaban cartulinas con nombres de sus compañeros de aula, a quienes acusaron de acosarlas.
Entre el contingente algunas mujeres mencionaban la falta de información que la Procuraduría General de Justicia otorgaba ante el caso, además de demostrar su molestia ante los tuits lanzados por la misma dependencia.
“Nadie es lo que estudia, su forma de vida ni su forma de vivir, es denigrante que criminalicen de ese modo a las mujeres”, comentaban molestas unas con otras.
Algunos otros grupos gritaban consignas en contra de violadores y acosadores.
Las feministas, algunas de ellas radicales, recorrían los jardines de la casa de estudios agrediendo a aquellos hombres que se interponían en su paso. Incluso aquellos que intentaron sumarse a la manifestación fueron agredidos física y verbalmente.
“No pendejo, te digo que no, mi cuerpo es mío y nadie lo puede tocar”, decían las mujeres.
LÍDERES. Diana, líder del movimiento realizado el día de ayer y estudiante de Geografía, comentó que en un principio esperaban que tan sólo 50 mujeres se sumaran a la marcha.
Sin embargo jóvenes y mujeres del Estado de México y otras entidades se agregaron, pues la convocatoria con el hashtag #SiMeMatan se inició la noche del jueves y tuvo un gran impacto en redes sociales.
Indignación en la UNAM. La Universidad expresó su indignación por lo ocurrido a Lesby y refrendó su demanda para el esclarecimiento de su muerte.
Enrique Graue, rector de la UNAM, expresó su profundo sentir a la familia de la víctima y dijo además que la “indignación que nos provoca la tragedia que supone el fallecimiento de una mujer tan joven, es la cara de un México descolorido, lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser. Representa también el miedo justificado con el que vivimos, la constante inseguridad que percibimos y la atroz violencia a la que indebidamente parece que nos hemos acostumbrado”.
La Iglesia Católica refrenda su apoyo a familiares de desaparecidos
Por Rodrigo Vera
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se compromete a seguir apoyando a los familiares de los desaparecidos, principalmente a través de sus centros de derechos humanos y casas para migrantes que tiene operando en todo el país.
En el Estudio del Observatorio Nacional de la CEM, sobre los desaparecidos en México, dado a conocer hoy viernes, el máximo organismo de la jerarquía católica señala que continuará “la cooperación de muchos sacerdotes y laicos” hacia los “familiares que han sido víctimas de desapariciones forzadas”.
Y agrega:
“Las organizaciones de desaparecidos y las familias de víctimas de este atroz crimen, necesitan espacios de acogida, respeto y promoción de su voz. La Iglesia Católica en México es consciente de su papel frente a esta dura situación. Porque la Iglesia, históricamente, tiene mucha credibilidad en las comunidades, es a través de su autoridad moral y de su labor profética que la Iglesia asume las consecuencias de lo que implica respaldar a las familias de las víctimas”.
También señala que, en noviembre de 2014, durante la 98 asamblea plenaria de la CEM, los obispos mexicanos emitieron el mensaje ¡¡Basta ya!! en el cual se pronunciaron específicamente contra las desapariciones en México.
Y aparte de éste y otros pronunciamientos, el documento agrega que el episcopado ofrece su apoyo “solidario y fraterno” a las víctimas, como las de Ayotzinapa, Iguala, Tlatlaya y Jojutla, entre otras.
En este apoyo –prosigue—trabajan directamente sus centros de derechos humanos y sus casas de migrantes, que tienen estrecha relación con la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, perteneciente a la CEM.
Señala:
“Las capillas y parroquias siguen siendo espacios protagónicos para el encuentro de las organizaciones civiles de desaparecidos, en sus respectivos estados, ya que la población teme amenazas, pero confía en la Iglesia”.
Y pone un ejemplo de esta cooperación:
“La Primera Brigada Nacional de Desaparecidos realizada en Veracruz se logró gracias a la cooperación de obispos y sacerdotes que abrieron las puertas de sus diócesis y de sus parroquias para dar alojamiento, alimento y ayuda espiritual”.
Además, indica que los llamados “Centros de Escucha” abiertos por la Iglesia, son “unidades de atención a través de una pastoral humana y espiritual que abre el corazón y los oídos para aquellos que necesitan ser atendidos”.
Las casas católicas para migrantes –refiere– no solo dan cobijo a esta población vulnerable, sino además proporcionan “pistas para descubrir el caminar de los migrantes desaparecidos”.
El documento de la CEM maneja algunas cifras sobre el problema: como los 57 mil 861 casos de desaparecidos en 20 años que registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); o las 855 fosas clandestinas, con mil 548 cuerpos, que las autoridades han encontrado en los últimos 10 años.
Agrega la CEM:
“Estos datos no son concluyentes, pues hace falta tomar en consideración a las muchas personas que por temor ante amenazas y desagravios, deciden enmudecer y evitan hacer una denuncia”.
Por último, el documento –firmado por el secretario general del episcopado, Alfonso Miranda Guardiola– reitera que los obispos, sacerdotes y laicos católicos seguirán apoyando a las víctimas y “buscando la construcción de la paz”.
Enlace al Estudio del Observatorio Nacional de la CEM sobre los desaparecidos en México
Cuestionan y exigen protección a Peña Nieto por impunidad en asesinatos de periodistas
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado este miércoles 3 de mayo organismos nacionales e internacionales exigieron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto acciones eficaces para proteger a los periodistas que son constantemente asesinados, amenazados o desaparecidos en ese país.
“México está convertido en un cementerio de periodistas”, advirtió Pedro Canché, un reportero maya al denunciar que en su país matar periodistas es gratis.
El año pasado se registraron 426 agresiones contra la prensa en México, incluidos 11 asesinatos de periodistas. En lo que va de este 2017, ya han matado a cinco periodistas, mientras que otros 23 periodistas permanecen desaparecidos.
Existe una impunidad de 90,75% de los casos de ataques contra la prensa, detallan las organizaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que 104 homicidios de los 119 cometidos contra reporteros, fotógrafos y editores en el país desde 2000 quedaron impunes.
“La impunidad endémica permite a los grupos criminales, los funcionarios corruptos y los carteles de la droga silenciar a sus críticos”, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Nueva York.
El CPJ presentó un informe especial sobre “uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”titulado: “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”. En él advierten que la mayoría de los asesinatos fueron “en represalia directa por su labor informativa”.
El CPJ responsabilizó al gobierno de Peña Nieto y a sus instituciones de seguridad por el clima de impunidad e hizo una serie de recomendaciones para investigar exhaustivamente los asesinatos de periodistas, “enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.
Impunidad
En ese sentido recalcan que “las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan, con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen. Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad”.
El CPJ presentó su informe en Veracruz , “donde los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa”, hoy preso en Guatemala. En ese estado, como en el resto del país”, la justicia sigue ausente y la impunidad es la norma”, advierten.
El informa señala que “a Peña Nieto y su Gobierno se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas. Su gestión se ha visto plagada por escándalos de corrupción y un deficiente historial en materia de derechos humanos, que incluye la incapacidad de resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Sin embargo, si la justicia no prevalece antes del término de su mandato, Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica”.
Desde el CJP insisten en que la ausencia de condenas en los delitos contra la prensa le impide a la ciudadanía, entre ellos los periodistas, el pleno ejercicio de la libertad de expresión. A su vez señalan que romper el ciclo de impunidad en los delitos contra la prensa es el principal desafío que enfrenta el gobierno federal para restablecer la confianza en el sistema judicial, y expresa la necesidad de implementar reformas para corregir las deficiencias de un sistema “que les otorga impunidad a los asesinos de periodistas”.
Para eso, advierten que es necesaria la plena voluntad política del actual gobierno “si el Gobierno mexicano está comprometido seriamente a enfrentar la impunidad, resolver estos delitos y asegurar la seguridad y la protección de los periodistas debe convertirse en una tarea prioritaria en la agenda nacional de Peña Nieto”.
Por otro lado la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, publicó un artículo en La Jornada para hablar sobre el tema y alertó sobre las consecuencias de vivir con una prensa bajo ataque en México: “Es bien sabido que existen zonas de silencio. Zonas de la República en las que los medios no pueden ejercer un periodismo real. Tierra de nadie donde todo puede pasar”, señaló.
“Percibo también un silencio atemorizado; un silencio que crece”, agregó Jacobson, quien recordó “la impunidad empodera al crimen”. En ese sentido advirtió que “envalentonados con este grado de impunidad, los criminales y los agresores sienten que pueden continuar silenciando a periodistas”.
Peña Nieto anuncia guerra contra el Huachicol en Puebla y todo el país
El presidente Enrique Peña Nieto reveló que ya instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburo en Puebla y todo el país.
Durante la toma de protesta de bandera del Servicio Militar Nacional Clase 1998, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias, el mandatario federal dijo que el Gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley contra los huachicoleros.
Asimismo, lamentó y condenó el enfrentamiento registrado ayer en Palmarito Tochapan, en donde cuatro militares y seis civiles murieron.
En este sentido dijo que trabajara con el gobierno de Tony Gali para coordinar esfuerzo y desmantelar por completo las bandas que a ello se dedican.
Peña Nieto envió sus condolencias a los familiares de los elementos del Ejército mexicano que perdieron la vida.
Destacó que el robo de combustible es un delito y quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades.
La noche de este miércoles 3 de mayo se registró un doble enfrentamiento entre elementos de Ejército y presuntos huachicoleros en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac
De acuerdo a cifras oficiales, el saldo fue de 10 muertos —cuatro militares, un joven de 17 años, una mujer de 47 y cuatro civiles más— 12 heridos y 14 detenidos.
Tras los hechos, un grupo de 500 pobladores de Tochapan bloquearon la autopista Puebla- Orizaba por más de 5 horas, generando un enorme caos. El enfrentamiento tuve repercusión a nivel nacional e internacional
Cabe señalar que, pese a que hablo del tema, el presidente de la República canceló su visita a Puebla para encabezar el desfile del 155 aniversario de la Batalla de Puebla.
Con este año, sería el tercero en el que el presidente no visita Puebla para presenciar el tradicional desfile. El distanciamiento entre el gobierno federal y el de Puebla se hizo más tenso cuando en plena campaña electoral, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, esposa del aspirante presidencial del PAN, en un mitín para apoyar al excandidato suplente a diputado federal José Cabalán Macari, declaró que el presidente «está guapo” pero “no sirvió de nada a los mexicanos».
Para el último año de gobierno del panista, Peña Nieto tampoco acudió y en su representación mandó a Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.
