Argentina: dos opiniones sobre el fallo de la Corte Suprema y los crímenes de lesa humanidad
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Falso garantismo
Por Victoria Ginzberg
La ley 24.390, conocida como “del dos por uno”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad. Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2×1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y el 2×1 estuvo vigente en «el tiempo intermedio» entre la comisión del hecho (1976) y el dictado de la sentencia (2011). Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho. Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.
El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños.
La decisión de la Corte da lugar a –al menos– tres paradojas. En principio, los represores serán beneficiados por el 2×1 por la sencilla razón de que antes fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos. Sin esas normas, en 1994, cuando se sancionó la ley del 2×1, deberían haber estado presos y esta discusión sería estéril. Por otro lado, quienes participaron de los crímenes del terrorismo de Estado serán a partir de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el 2×1. Dado que la norma se derogó hace más de quince años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los doce, es improbable que alguien que sea juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma, porque debería ser un delito cometido antes de 2001. Podrá haber algunos casos, pero serán los menos. De esta forma, lo que este fallo trae no es la igualdad ante la ley para los represores, como quieren argumentar quienes lo firmaron y lo defienden, sino todo lo contrario. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años.
Fuerzas
Por Luis Bruschtein
Se pueden hacer mil discusiones técnicas sobre el fallo de la Corte Suprema, pero el contexto en el que se produce demuestra que los aspectos técnicos de la Justicia van por detrás de los políticos y más atrás de los sociales. Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Y no por el signo ideológico que tuviera, sino por la relación de fuerzas que expresaba. El triunfo electoral de la derecha implicó un cambio en la relación de fuerzas en general, no solamente el reemplazo de un gobierno determinado por otro de distinto signo.
Los dos nuevos jueces de la Corte votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Expresan la nueva situación, que nos retrotrae a la Argentina de 20 años atrás, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos. El núcleo duro del voto a Cambiemos representa a quienes simpatizaron con los represores. Se ve con claridad en los cacerolazos. Pero el espectro más amplio de ese voto había aceptado y hasta veía con simpatía a la lucha por los derechos humanos. En la polarización ese sector se acercó al núcleo duro prodictadura y desbalanceó una ecuación que había permitido un salto gigantesco en materia de ciudadanía y conciencia democrática.
El gobierno de Cambiemos está integrado en su mayoría por ese núcleo duro que se empeñó en desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Hicieron un debate absurdo sobre la cantidad de desaparecidos, hicieron campañas con la manipulación de denuncias de corrupción y atacaron todos los flancos de las políticas de reparación a las víctimas. El mismo Mauricio Macri dijo que iba a terminar con «el curro» de los derechos humanos. Fue una manera de esmerilar en el plano de la cultura los hitos que había logrado instalar la larga lucha de los organismos de derechos humanos.
La declaración de la Iglesia sobre una reconciliación perversa entre víctimas y victimarios precedió a este fallo de la Corte. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura aprovechando el resultado electoral y el cambio que se produjo en la relación de fuerzas, otra vez desfavorable para el campo popular. Habrá que aprender la lección, la formación de consensos en una puja se da entre dos conjuntos, entre dos campos, no tres ni cuatro. Cuando el campo popular se debilita, se fortalece el contrario y se empieza a perder lo que se había ganado.
Los organismos de derechos humanos pueden mostrar una abundante y variada experiencia en la lucha desde el llano. Tienen la piel curtida para no bajar los brazos. En el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos para contrarrestar esta ofensiva de la derecha en el plano socioeconómico y en el de la ética y los derechos humanos.
