México: asesinan a otro periodista y ya van cinco en los últimos dos meses
En dos meses han asesinado a cinco periodistas
El asesinato de Filiberto Álvarez es el quinto de un periodista en México en apenas dos meses. Filiberto Álvarez fue atacado a tiros cuando salía de la estación de radio donde trabajaba en Morelos.
De acuerdo con medios locales, el locutor de 65 años recibió cinco balazos en la entrada del Balneario El Rollo de Tlalquiltenango, donde tenía su vivienda.
Luego de la agresión, Álvarez fue trasladado al Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román del municipio de Jojutla, donde falleció.
Filiberto Álvarez conducía un programa de poesía, que se transmitía los sábados de nueve a 10 de la noche.
Este hecho ocurre a dos semanas del asesinato de otro periodista en México: Maximinio Rodríguez Palacios, de 73 años, murió a tiros cuando viajaba en el automóvil con su esposa, quien sobrevivió al ataque.
La muerte de Fili es la quinta en dos meses, tras las de Miroslava Breach en Chihuahua, en el norte, en marzo, el mismo mes en que mataron a Cecilio Pineda, en Guerrero y Ricardo Monlui en Veracruz. El 14 de abril, sicarios acribillaron a Max Rodríguez en Baja California. Otro reportero, Armando Arrieta, está en el hospital por las heridas de bala que sufrió en un ataque en marzo, también en Veracruz.
La fiscalía de Morelos ha asegurado que «las primeras indagatorias permiten establecer que la agresión no está relacionada con su actividad profesional».
Piden a EPN seguridad a periodistas y poner fin a impunidad de sus agresores
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones para proteger la libertad de expresión en México dirigidas al Presidente, el Procurador General de la República, autoridades de Veracruz y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el informe especial de la organización internacional se afirma que “la prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados”.
La organización señaló que “la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”.
A continuación, las recomendaciones emitidas por el CPJ
Al Presidente Enrique Peña Nieto
- Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato.
- Utilizar las plenas facultades del cargo para asegurar que todos los ciudadanos, entre ellos los integrantes de los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme está garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución.
- Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones y ordenar a los funcionarios federales investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.
- Utilizar su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley con efectividad.
- Asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.
Al Procurador General de la República
- Responsabilizar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de estos delitos y que procese en la justicia a los autores.
- Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones actuales según lo previsto por la ley.
- Ordenar a los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.
- Utilizar los plenos recursos del cargo para lograr procesamientos exitosos en los casos de José Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz, Marcos Hernández Bautista y otros periodistas asesinados, en los cuales se han identificado sospechosos y se han obtenido avances en las investigaciones.
- Proporcionar capacitación a los fiscales asignados a los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Asegurar que esta capacitación aborde los problemas únicos en su tipo que enfrentan los periodistas y que destaque el papel vital que desempeña una prensa libre.
- Cooperar plenamente con la Procuraduría General de Justicia de cada estado en las investigaciones en curso de ataques contra la prensa.
- Exigir que las autoridades estatales cooperen y se comuniquen plenamente con su organismo.
- Asegurar que se persiga y condene a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas, además de a los autores materiales.
A las autoridades del estado de Veracruz
- Exigir que la fiscalía del estado coopere plenamente con la Procuraduría General de la República en las investigaciones en curso de ataques contra la prensa.
- Asegurar que la policía investigue plenamente las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación y que la oficina de derechos humanos estatal disponga de los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas en el terreno.
- Asegurar que las investigaciones de los asesinatos de periodistas se abran en forma inmediata y que las solicitudes de cualquier grabación de video se efectúen ante C4, el organismo de seguridad pública que gestiona la red de vigilancia estatal, en los tres días de plazo límite previsto.
- Recabar el testimonio de testigos inmediatamente, inclusive bocetos, solicitar grabaciones de video y demás materiales de manera oportuna, realizar registros de sospechosos de manera eficaz, e investigar exhaustivamente las denuncias de intimidación.
A la Organización de los Estados Americanos
- Responsabilizar al gobierno federal de México para que rinda cuentas de conformidad con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Principio 9 declara: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
- Fijar objetivos específicos para asegurar que México cumpla con las recomendaciones formuladas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El relator especial ha urgido a México a investigar plena, efectiva e imparcialmente estos crímenes, esclarecer los motivos y determinar los vínculos con el periodismo y la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales de periodistas piden reunión con Peña por “crisis” contra el gremio
Ante “una gravísima crisis de seguridad para los periodistas” en México, directivos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y el Foro Mundial de Editores (WEF) solicitaron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para abordar la situación, así como las alternativas para fortalecer los mecanismos de protección y abatir la impunidad alrededor de la violencia contra el gremio.
En una carta firmada por Tomas Brunegard y Michael Golden, presidente y vicepresidente de WAN-IFRA, respectivamente, así como por Marcelo Rech, presidente del WEF, externaron a Peña Nieto su preocupación por lo que ocurre en México, considerado “uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo”.
En representación de 18 mil publicaciones, 15 mil páginas web y más de tres mil empresas periodistas en 120 países y en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los dirigentes de ambas organizaciones –dedicadas a la protección y defensa de la libertad de expresión desde 1948–, expresaron al presidente mexicano su “extrema preocupación ante la crisis de inseguridad e impunidad que amenaza la vida y el trabajo de los periodistas mexicanos”.
Tras recordar a Peña Nieto que es deber del Estado mexicano “velar y proteger los derechos de los periodistas, garantizando su seguridad y la libertad de informar”, los firmantes pusieron en duda la capacidad de atender el problema de la violencia contra la prensa.
“La frecuencia de las agresiones, atentados y asesinatos generan serios cuestionamientos sobre la efectividad de la medidas precautorias y de atención que ha implementado su gobierno”, señalaron en la carta fechada este martes 2.
Agregaron: “Resulta evidente que los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos no tienen la capacidad de detener estos crímenes y no son suficientes para garantizar la libertad de prensa”.
Recuento
Al hacer un recuento de los últimos cuatro asesinatos de periodistas en este año –Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; Miroslava Breach, en Chihuahua; Ricardo Monlui, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero–, los representantes de WAN-IFRA y WEF advirtieron al mandatario mexicano:
“Estas muertes se suman a los otros 26 asesinatos de periodistas acaecidos durante su administración, aunados a centenas de agresiones y atentados. Esta impunidad reinante es la mejor protección para todo el que quiera silenciar a un periodista a través de la violencia, pues sabe que no corre riesgo alguno de ser sancionado”.
De los casos ocurridos en este año, resaltaron que son emblemáticos de esa crisis de seguridad, “especialmente en las áreas con alta incidencia del crimen organizado y donde se presenta debilidad institucional por parte del Estado”.
Manifestaron su preocupación porque “el señalamiento de la mitad de las agresiones a periodistas son instrumentadas por funcionarios del Estado mexicano”, situación que no es nueva y que, desde por lo menos hace 10 años–, organizaciones han advertido “el deterioro de las condiciones de libertad de prensa” en el país.
Para hacer una revisión de estos temas, “incluyendo la exploración de vías para fortalecer los mecanismos de protección a periodistas en situaciones de riesgo y los procesos judiciales en contra de los autoridades intelectuales y materiales de estos crímenes, y erradicar cualquier tipo de ataque por parte de autoridades del Estado”, Brunegard, Golden y Rech solicitaron a Peña Nieto una reunión.
La carta está respaldada por nueve integrantes de WAN-IFRA de Irlanda, Nigeria, Sudáfrica, Pakistán, Singapur, México, Argentina, Finlandia y Malasia y giró copias a los gobernadores de los estados donde ocurrieron los asesinatos de periodistas más recientes: Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz.
