Entrevista a Miguel Ángel López Guerra, director ejecutivo de CONACMI, sobre la muerte de 41 niñas en el incendio de un hogar en Guatemala: “Hay una responsabilidad total del Estado”
Por Nadia Luna – Nodal
“No fue un accidente, fue una ejecución. El único accidente, es este presidente”. Esa es una de las tantas frases que se escucharon estos días en Guatemala, durante las diversas protestas que convocaron a cientos de personas consternadas por el horror que vivieron las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El pasado 8 de marzo, paradójicamente el Día Internacional de la Mujer, en el que miles de personas en más de 50 países salieron a las calles a decirle basta a los femicidios y a las diversas formas de violencia de género, un grupo de niñas y adolescentes de ese hogar fueron sometidas a una de las peores muertes que se pueden concebir: quemadas vivas. Hasta el momento, fallecieron 41, mientras otras 16 aún se recuperan lentamente de las quemaduras severas sufridas.
Hay denuncias previas de que los niños y niñas del hogar eran abusados sexualmente y sometidos a diversos tipos de violencia. También, consta que el año pasado el hogar llegó a albergar a más de 900 niños cuando tiene capacidad para unos 500. Sobre la noche del 7 de marzo, un grupo de jóvenes varones del hogar aseguran que les abrieron las puertas para que “se escapen” pero después los recapturaron y encerraron bajo llave; que la policía los golpeó brutalmente y no les permitió ayudar a sus compañeras a salir del infierno. Por otro lado, hay dudas sobre el origen del incendio (si fue por una protesta de las niñas para que las dejaran salir) y por qué se propagó tan rápidamente.
Para conocer la situación con mayor profundidad, Nodal entrevistó a Miguel Ángel López Guerra, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil de Guatemala, una organización de la sociedad civil que trabaja en el caso y conoce la situación del hogar desde hace tiempo: “hay muchos señalamientos –y digo señalamientos porque ha habido una falta de responsabilidad de muchos funcionarios para poder plantear denuncias formales– acerca de diferentes hechos de violencia física, emocional y sexual que se daban dentro del hogar. Incluso se han planteado denuncias de trata de personas”.
La noche del 7 de marzo, un grupo de niños y jóvenes se escaparon del hogar, pero luego fueron devueltos a él por la Policía Nacional Civil. ¿Qué fue lo que pasó esa noche, según los testimonios que ustedes pudieron recabar?
Yo estuve el día 8 y tuve la oportunidad de conversar con un grupo de 52 jóvenes varones que habían sido encerrados en el auditorio del hogar. Según manifiestan, hubo una intencionalidad del director y de los monitores de algunos módulos en que está dividido el hogar de abrirles la puerta y decirles, con palabras fuertes, que se fueran. Ellos refieren que salieron del hogar corriendo y que al principio no los seguía nadie. Algunos calculan que los que huyeron eran unos 50 y otros, 100. Desde la Secretaría de Bienestar Social no pueden referir el número concreto de cuántos eran porque, a pesar de que existe una resolución del juzgado que obliga a tener un registro ordenado de los niños de cada hogar, no lo han presentado. Luego, los muchachos refieren que la Policía Nacional Civil (PNC) los capturó en diferentes puntos, algunos en las zonas montañosas que hay alrededor del hogar y otros en el pueblo más cercano, que es San José Pinula. Los jóvenes refieren que fueron brutalmente golpeados por la policía. De estos 52 con los que platicamos, 41 fueron atendidos por Cruz Roja por golpes en diferentes partes del cuerpo. Incluso refieren que algunos policías incitaban a la población para que los linchara. Pero la población no hizo eco. Los capturaron y los regresan al hogar.
Lo que nos llama la atención en todo este proceso, además del hecho de que ha habido negligencia e irresponsabilidad, es que en lugar de presentarlos a un juzgado, los regresaran al hogar. Una vez que los regresan, se dice, pero esto no está confirmado, que algunas instituciones, como la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos, estuvieron de acuerdo en no presentar a los niños al juzgado correspondiente y dejarlos allí para dar seguimiento al caso al día siguiente.
¿Qué pasó con los niños y niñas cuando los regresaron al hogar?
Los jóvenes refieren que más o menos a las 11 de la noche, cuando estaban varones y mujeres fuera de los módulos, en el área del auditorio, cerca de la entrada del centro, la policía los empezó a agredir con gas pimienta, toques eléctricos y bastones de madera, entre otras formas. Hay testimonios de adolescentes mujeres que dicen que las golpearon y las tocaron en sus partes genitales. Luego, deciden separarlos: encierran a las mujeres en el área de la escuela y a los varones en el auditorio. Los varones fueron golpeados al extremo que los hicieron pasar toda la noche boca abajo en el suelo y no los dejaban salir ni para ir al baño, por lo que tuvieron que hacer sus necesidades en el salón y les servían la alimentación allí mismo, a pesar de las condiciones en las que estaban.
El incendio comenzó a eso de las 8 de la mañana del miércoles 8. ¿Qué relatan los varones sobre ese momento?
Los muchachos refieren que estaban durmiendo cuando escucharon los gritos y se dieron cuenta del incendio. Estaban bajo llave, pero pudieron abrir la puerta a patadas y fueron corriendo a ver cómo podían ayudar. Ellos dicen que aunque quisieron colaborar echando agua para apagar el fuego, algunos de los policías los golpearon nuevamente y los volvieron a ingresar en el auditorio. Ahí los tuvieron encerrados hasta alrededor de las 11 de la mañana, cuando llegamos nosotros y negociamos con la policía para que nos permitieran ingresar y hablar con los muchachos. Decían que estaban muy agresivos y no los podían controlar. Sin embargo, nos encontramos con una situación totalmente diferente, estaban muy interesados en poder platicar y muy preocupados porque muchos de ellos tenían sus novias dentro del grupo y querían tener información.
El hogar era un caos en ese momento. La gente de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) no asumía ninguna responsabilidad. Se dice que, después de que la policía capturó a los muchachos, autoridades de la SBS dieron la orden para que la policía, que tenia función únicamente de cuidar el área perimetral, pudiera ingresar al centro y tomar el control. Esto es algo muy lamentable porque no son funciones de la policía y el único responsable del centro y los niños es la SBS.
¿Cuál fue el origen del incendio? ¿Por qué no les abrieron la puerta a las niñas cuando comenzó?
Hay muchas versiones sobre por qué no se les abrió inmediatamente y como sucedió el incendio. Yo no quisiera aseverar algo hasta tener el resultado de las investigaciones pero hay una hipótesis que tiene mucha fuerza que plantea que la SBS cedió el centro a la PNC, que la policía echó llave donde estaban las niñas y que las niñas iniciaron el fuego como forma de protesta. Sin embargo, dicen que el fuego se salió de control y no las pudieron sacar porque la policía había ido a desayunar y por eso tardaron tanto en poder intervenir. Hay muchas dudas sobre esto, sobre cómo consiguieron prender el fuego y cómo las colchonetas ardieron tan rápido. También se dice que hubo una mano criminal que intencionalmente roció algún tipo de combustible para que se propagara el fuego. Por otro lado, los muchachos dicen que quisieron intervenir y no los dejaron.
¿El Gobierno ha asumido responsabilidad por esta tragedia?
Las declaraciones del presidente han sido totalmente desafortunadas y, diría yo, equivocadas. Incluso presenta confusión en lo que es hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal y hablar de niños y adolescentes que están en un hogar para que el Estado los proteja porque sus derechos han sido violentados permanentemente. Este es el caso de los niños del hogar y el Estado no asume la responsabilidad de manera directa para garantizar su protección. El presidente señala que hay responsabilidad del Ministerio Público por no investigar. Claro que hay responsabilidad directa de todas estas instituciones, pero el presidente no puede negar la responsabilidad directa en estos hechos. Hubo negligencia porque ya se sabía que en el hogar había una serie de violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia pero nunca iniciaron procesos formales de persecución legal en contra de los directivos del hogar.
¿Quiénes son los principales responsables de la muerte de las niñas?
Hay una responsabilidad total del Estado, por parte de la SBS y la Subsecretaría de Protección y Abrigo que funciona dentro de ella. Hay responsabilidad del presidente. El jefe de la PNC declaró bajo juramento ante la comisión formada por el Congreso que había puesto en conocimiento al señor presidente sobre el conflicto de la noche del 7 y no obtuvo ninguna respuesta. Hay una responsabilidad directa de los monitores y del director del centro. Hay responsabilidad de la PNC, que no tenía autorización para ingresar al centro y menos de tomar el control. Hay responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación, que en estos casos debe asumir su responsabilidad como representante legal del Estado para garantizar la protección de la niñez pero es una institución totalmente inoperante y sigue creyendo que la única solución para esos niños es la institucionalización, sin tomar en cuenta otras alternativas como el cuidado a través de familias sustitutas. Hay responsabilidad del Comisionado contra la Tortura, que si bien hizo algunas visitas de monitoreo y escribió algunos informes sobre hechos que hacen referencia a violencia física y sexual, nunca presentó las denuncias formales. Hay responsabilidad del Ministerio Público, porque a pesar de que había algunas denuncias, no agilizó los procesos de investigación. También hay responsabilidad de los jueces porque, a pesar de reconocer que el hogar estaba saturado de denuncias y en la capacidad, seguían enviando niños y niñas.
¿Cuál es el estado de salud de las niñas que sobrevivieron?
Hay 7 niñas que fueron trasladadas a Estados Unidos para que puedan recibir atención especializada para quemaduras severas. Algunos médicos decían que no había condiciones favorables para que fueran trasladadas, pero por la carencia que experimentan los hospitales nacionales se decidió que podían recibir una atención más digna en otro hospital, y esto se logró a partir del ofrecimiento de EEUU y el apoyo económico de algunas familias guatemaltecas. En hospitales locales quedan unas 6 niñas, algunas en estado delicado. Respecto a los cuerpos de las niñas fallecidas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses está teniendo dificultad de identificar a varios por el grado de quemaduras que tienen, por lo que tienen que cotejar con pruebas de ADN. A pesar de eso, las familias dicen que entregaron un cuerpo equivocado hace unos días.
¿A dónde se han trasladado a los niños que estaban en el hogar?
El día 8 fue un caos, por lo que los juzgados empezaron a entregar a los niños a los familiares que llegaban a reclamarlos, sin tener en cuenta que en algunos casos no era la mejor opción. Sin embargo, quiero matizar esto porque no quisiera criminalizar a las familias, como ha pasado en otros medios de comunicación, donde se echaba la culpa a las madres, haciendo eco a las declaraciones irresponsables del presidente de Guatemala. Otros han sido entregado a los hogares, pero no hay listado de qué ha sucedido con cada uno. Hay una orden del juez para que la SBS dé a conocer la lista de niños que estaban adentro, se habla de 560, 570, pero no aparecen los registros. Así que no se sabe cuántos escaparon, cuántos capturaron, ni cuántas niñas estaban encerradas en el momento del incendio. Incluso se sabe que trasladaron a un grupo de 143 niños con diferentes tipos de discapacidad a un centro que no estaba preparado para recibirlos y sin los expedientes de los niños, algo fundamental porque algunos necesitan medicación y no pueden recibirla.
¿Qué medidas consideran ustedes que se deben tomar para que haya justicia en este caso y para evitar que se repitan tragedias similares?
Para nosotros es fundamental que se agilice el proceso de cerrar definitivamente el hogar. Desde el gobierno se dice que hay intención de poder comprar casas para tener a los niños en lugares donde haya menor cantidad y mejor atención. Esto podría ser una alternativa mejor hasta que podamos fortalecer el proceso de transición para el cuidado alternativo. Luego, creemos que hay 3 aspectos fundamentales a los que hay que darle seguimiento. En primer lugar, la atención de la crisis. Una adecuada atención psicosocial de niños y niñas por la situación traumática que han vivido. También, brindar atención y acompañamiento a las familias de las víctimas y a las del resto de los niños, para que éstos puedan regresar con ellas cuando sea el momento. El segundo aspecto fundamental es la justicia, que se continúe con los procesos de investigación y se decreten responsabilidades institucionales y personales por incumplimiento de deberes, maltrato, abuso y todos los señalamientos que se tenían y no habían sido investigados. El tercer aspecto importante es reconocer que el sistema de protección en Guatemala no funciona y tenemos que sentarnos a crear un nuevo sistema de protección desde la doctrina de una protección integral. Esto incluye políticas públicas y de financiamiento y no es un detalle menor ya que Guatemala es el país de la región centroamericana que menos invierte en niñez. No podemos crear una política pública nacional si no hay un compromiso del gobierno que asigne más recursos para poder trabajar adecuadamente.
