Especialistas analizaron en la Cepal políticas regionales sobre protección para migrantes
Especialistas debaten en la CEPAL políticas para promover sistemas nacionales de protección social inclusivos hacia los migrantes
Especialistas de organismos internacionales, instituciones estatales, universidades y organizaciones de la sociedad civil debatieron el pasado viernes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre qué políticas públicas se deben implementar para que los sistemas nacionales de protección social sean realmente inclusivos hacia los migrantes, sobre la base de un enfoque de derechos, y que se garantice el trabajo decente para ellos y para la población en general.
El Conversatorio migración y protección social tuvo lugar en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la institucionalidad para una protección social universal y sostenible”, que forma parte del programa de cooperación CEPAL-BMZ/GIZ 2016-2018 entre el organismo regional de las Naciones Unidas y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
En el primer segmento, la Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Laís Abramo, expuso algunos de los contenidos del documento La matriz de la desigualdad social en América Latina, que analiza la desigualdad social que caracteriza a la región a partir de lo que considera sus principales ejes estructurantes, como son el nivel socioeconómico, el género, la condición étnico-racial, la edad y el territorio, y se refirió a su relación con el tema de las migraciones.
Posteriormente, Jorge Martínez, Investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño (CELADE)-División de Población de la CEPAL, presentó un panorama general de la migración en América Latina y el Caribe. Según los datos disponibles de las rondas censales de 2010, había para esa fecha cerca de 30 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de sus países de origen. Entre las causas de la migración están la desigualdad social, la falta de oportunidades, la violencia social y los desastres ambientales.
La jornada de debate se completó con dos exposiciones a cargo de María Elena Valenzuela, ex funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de María Emilia Tijoux, Investigadora de la Universidad de Chile, quienes abordaron los vínculos de la migración con el género y el trabajo doméstico y con el racismo, respectivamente.
Este diálogo toma como referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entre diversas metas relacionadas con la migración propone, en el apartado 10.7., facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. En esa línea ahonda la Declaración de Nueva York aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, durante la celebración de una reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes.
En el ámbito regional, la migración es uno de los asuntos demográficos que se abordan en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, adoptado en 2013 por los países latinoamericanos y caribeños, en el que se definen una serie de medidas prioritarias sobre diversas áreas y para cuya implementación se aprobó en 2015 una Guía operacional.
