Desapariciones: denuncian al Estado ante la CIDH por falta de voluntad política
En la audiencia pública del día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil denunciarán la falta de voluntad política del Estado mexicano para abordar y atender el tema de desaparición de personas, que en la década reciente ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente.
Esta falta de voluntad política se evidencia en la enorme demora en la dictaminación y aprobación de una ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares, que debió estar lista desde el pasado 6 de enero, fecha en que venció el plazo constitucional de 180 días que se dieron los mismos legisladores para su aprobación.
Este lunes, en el contexto de la 159 sesión de la CIDH, a realizarse en Panamá, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –conformado por más de 35 colectivos de familiares de personas ausentes– y Fundar Centro de Análisis e Investigación, evidenciarán que las desapariciones en el país son generalizadas y no un fenómeno aislado, como pretende presentarlo el Estado mexicano.
En dos años, 6 mil 300 nuevos casos reportados
A las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales de que en el país cada hora desaparece una persona, se suman las cifras oficiales, recientemente difundidas por el gobierno mexicano, en las que al cierre de octubre pasado se tenían ya 29 mil 903 expedientes de personas no localizadas, que representan 6 mil 300 casos más que los registrados hace dos años, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.
Como organizaciones peticionarias, durante la audiencia pública, el Movimiento y Fundar pondrán especial énfasis en el tema de la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas, y en el aumento de las capacidades del Estado para la identificación de cuerpos y restos localizados en fosas clandestinas, el intercambio de información interinstitucional, y el Registro Nacional de Personas sin Identificar. Todos estos son planteamientos que han sido presentados por la sociedad civil para la elaboración de la ley que está pendiente todavía en el Senado.
Además, se advertirá que la inacción del Estado y la falta de sus capacidades, han llevado a los familiares de las víctimas de desaparición a emprender la búsqueda de sus seres desaparecidos, que los coloca en grave situación de riesgo.
En México la investigación en casos de desaparición de personas es dirigida por los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, quienes al asumir el rol del Ministerio Público investigador son criminalizadas por las propias autoridades, debido a que los resultados de las investigaciones señalan la responsabilidad directa del Estado, y su colusión con el crimen organizado, expresa parte del planteamiento que será presentada en la audiencia este lunes.
Incluso, se advierte que con frecuencia las líneas de investigación propuestas por las familias no son tomadas en cuenta por el Ministerio Público, pues muchas apuntan a la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en las desapariciones.
En este caso, las estrategias que el Estado utiliza para deslindarse y detener las investigaciones van desde declararse incompetente, cerrar las líneas de investigación y enviar el caso reserva, hasta declarar que los responsables y los desaparecidos han sido asesinados, y criminalizar a las víctimas.
En la audiencia pública, a la que asistirá una representación del Estado mexicano, también se abordarán las temáticas de derechos sindicales, soya genéticamente modificada y desplazamiento interno forzado. México, junto con Venezuela, es el país que mayor número de audiencias tiene en este esta sesión de la CIDH.
Diez años de narcoguerra dejan 30 mil desaparecidos, denuncian ONG en la FIL Guadalajara
Al cumplirse 10 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y continuada por el priista Enrique Peña Nieto, hay un saldo de cerca de 30 mil desaparecidos en todo el territorio nacional, denunciaron activistas y representantes de organizaciones ciudadanas presentes en el último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), dentro del foro “Nos faltan todos”.
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que por desgracia en el país se carece de una ley que castigue las desapariciones forzadas.
Dijo que en muchas entidades se reconoce la calidad de desaparecida de una persona, pero hasta después de que han transcurrido 72 horas del hecho.
“Nos ha atacado el gobierno, sabemos que nos va atacar, pero yo como madre no puedo abandonar a mi hijo, si él está en algún lugar, él está esperando que yo lo busque, él está esperando regresar a su casa. Mi hijo no es ningún delincuente, como dice el gobierno mexicano, él lo único que quería era estudiar, quería superarse y ofrecer un mejor futuro a su familia, mi hijo tiene 22 años actualmente y tiene una niña de dos años que espera que regrese”.
Leticia Hidalgo, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, consideró que el fenómeno de la desaparición de personas en México se ha convertido en una tragedia de orden humanitario ante la cual las autoridades no responden.
“Pedimos la promulgación de la ley contra las desapariciones forzosas a Enrique Peña Nieto desde el año 2015, pero hasta la fecha no hay ningún avance”, destacó la activista.
Hidalgo recordó las acciones ciudadanas llevadas a cabo en forma exitosa, como el proyecto Ciencias Forenses Ciudadanas y la capacitación en beneficio de colectivos del orden civil que realizan sus propias investigaciones sobre los desaparecidos y en donde recientemente se efectuaron diversas pruebas de ADN a varias familias de Lagos de Moreno, en búsqueda de sus desaparecidos.
En el encuentro realizado en la explanada de la Expo Guadalajara, a donde acudieron cientos de familiares de personas desaparecidas, Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, denunció que en la época de la guerra sucia, en esa entidad desaparecieron más de mil 200 personas y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha logrado resolver.
Dijo que se trata de una historia que se repite en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero.
Rosales Sierra aseguró que hay un registro de 17 desaparecidos por día.
El activista y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), Darwin Franco, dijo que de los 125 municipios de la entidad, al menos en 116 hay registro de personas desaparecidas. Precisó que del primero de enero al 30 de octubre de 2016, hay un saldo de 3 mil 803 desaparecidos.
Agregó que pocos en el país recordaron que el 1 de diciembre de 2006 Calderón inició la llamada guerra contra el narco.
En el mismo acto estuvieron presentes amigos y familiares de María Fernanda Azpeitia, una tapatía de 22 años desaparecida apenas en agosto pasado, sin que hasta la fecha la autoridad haya logrado esclarecer el caso; por el contrario, se limitan a decirle a los parientes de la joven que no investiguen por su cuenta porque al parecer los responsables de su desaparición son personas muy peligrosas.
