Alberto Fuentes, integrante de la Coordinación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala: «Seguimos teniendo un Estado no comprometido con los temas de memoria, verdad y justicia»
Por Rafael Cuevas Molina*
Alberto Fuentes: El Archivo Histórico de la Policía de Guatemala, bastión para reconstruir la memoria
Los documentos en el archivo contienen información crítica sobre procedimientos policiales durante los 36 años del conflicto armado interno en Guatemala, que dejó 200.000 muertes y desapariciones. Muchas de las familias de las 45.000 personas que desaparecieron nunca supieron qué les ocurrió a sus seres queridos. A continuación una entrevista a Alberto Fuentes.
Fuentes es integrante de la Coordinación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. No es poco decir. La página oficial del Archivo nos cuenta la historia: en Julio de 2005, la explosión del polvorín en unas instalaciones militares en la de Ciudad de Guatemala suscitó inquietudes sobre el almacenamiento de explosivos en áreas residenciales cercanas. Las personas que residían en el vecindario les solicitaron a los investigadores inspeccionar un edificio en el complejo de la Policía Nacional Civil. Un equipo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala entró en la estructura dilapidada y descubrió un enorme escondite de documentos.
Los registros estaban almacenados en una serie de habitaciones oscuras invadidas por las ratas, los murciélagos y una gran cantidad de insectos. Muchos de los documentos estaban húmedos por el efecto de la lluvia que entraba por las goteras y las ventanas rotas. Los documentos, decenas de millones de ellos, resultaron ser el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. La Policía Nacional fue disuelta tras los Acuerdos de Paz de 1996 y remplazada por la Policía Nacional Civil.
El archivo incluía documentos, libros, fotografías, microfilms y disquetes. Oficiales de la policía guatemalteca habían negado la existencia de tales registros.
Los documentos en el archivo contienen información crítica sobre procedimientos policiales durante los 36 años del conflicto armado interno en Guatemala, que dejó 200.000 muertes y desapariciones. Muchas de las familias de las 45.000 personas que desaparecieron nunca supieron qué les ocurrió a sus seres queridos.
La siguiente es la entrevista:
-Empecemos por conocer qué es el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
– El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) reúne los documentos generados y recibidos por esa institución durante sus 116 años de existencia, de 1881, año en que se constituye la Policía Nacional, a 1997, año en que se disuelve. Estamos hablando de alrededor de 57 millones de documentos.
Estos documentos fueron localizados en un edificio, a medio construir, abandonado, de la zona seis de la ciudad de Guatemala, y cuya existencia había sido negada: cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1) había pedido el acceso a ese archivo, el gobierno, entonces encabezado por Álvaro Arzú (1996-2000), negó su existencia, dijo que el Archivo no existía. De esto hay constancia en el Tomo XII del Informe de la CEH.
-¿Y cómo se encontró el Archivo?
-En junio de 2005 se produce una explosión gigantesca en el polvorín de las instalaciones militares que se conocen como Mariscal Zavala, que quedan relativamente cerca al lugar en donde está el Archivo. Como consecuencia de esa explosión, vecinos de la zona seis, donde han existido instalaciones de la Policía desde hace muchísimos años, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos diciendo que en esas instalaciones había un depósito de explosivos, y que si se producía un accidente podían salir afectados. Entonces, el 5 de junio de 2005 se presenta a esas instalaciones una delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos encabezada por el historiador Edeliberto Cifuentes Medina y, haciendo el recorrido para determinar si efectivamente existían explosivos en esas instalaciones, es localizado el Archivo Histórico de la Policía Nacional, que lo tenían escondido en ese edificio.
– ¿Cuál es la importancia que tiene el Archivo?
– El Archivo contiene la historia de nuestro país, de todos esos 116 años, desde la óptica de la Policía Nacional; pero ¿por qué su importancia? La Policía Nacional tenía cobertura a nivel nacional, y se reúnen ahí los documentos de todo el país. La policía se presentaba al lugar donde ocurrían muchos de los hechos especiales o de violencia y dejaba constancia de ello. Por eso es un archivo de esas dimensiones, porque se dejó constancia por escrito de todos estos hechos en los que la Policía intervino, pero además de una manera detallada.
-Esos hechos son, entonces, de la más variada naturaleza.
– Recientemente dos estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevaron a cabo una investigación para cumplir con el requisito académico de su Ejercicio Profesional Supervisado. Es una pareja; ella hizo una investigación sobre violencia contra las mujeres en los años 1983-1984; y él hizo una investigación sobre violencia intrafamiliar en los años 1982-1984. Lo refiero porque encontraron una cantidad muy grande de documentos que tienen que ver con fenómenos que no tienen relación en lo fundamental con hechos políticos. Esa es una parte.
La otra parte es que a la Policía Nacional se le asignó un rol específico en el marco de la política de contrainsurgencia y terror que ejecuta el Estado de Guatemala en aquellos años. Este rol tiene que ver con la ejecución de operativos en los centros urbanos, particularmente en la ciudad de Guatemala, aplicando la política diseñada por el Estado. Aquí vale la pena hacer referencia a algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. El 21 de julio de 1980 se produce el secuestro y desaparición de 27 dirigentes sindicales agrupados en la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Este es un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional, y de estas 27 personas hasta la fecha no se tiene ninguna noticia.
Otro ejemplo es que el 24 de agosto de ese mismo año se produce el secuestro y desaparición de 17 sindicalistas que estaban reunidos en las instalaciones de la iglesia conocida como Emaús, situada a 40 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, y de estas personas tampoco se tuvo más noticia. El 31 de enero de 1980 se produce un hecho atroz, como fue la masacre en la Embajada de España: campesinos de Uspantán, departamento de El Quiché, llegan a la ciudad y, acompañados de algunos obreros y estudiantes, toman pacíficamente la Embajada de España para denunciar la represión de la que ya eran víctimas, y la reacción del Estado fue intervenir militarmente, se producen ataques con lanzallamas y mueren quemadas vivas 37 personas. Sobre este hecho ya se llevó a cabo un juicio. Esa es, pues, la otra vertiente: hay abundante documentación sobre ese tipo de hechos en los que hay una implicación directa, una participación de elementos de Policía Nacional.
– ¿Cómo se mantiene, tiene presupuesto estatal o algún tipo de ayuda distinto al Estado?
– Este proceso, que ha sido muy grande ha funcionado exclusivamente con fondos de solidaridad internacional, muy fuertemente de los gobiernos de Holanda y de Suecia, pero también apoyos importantes de Suiza, Alemania, País Vasco y Cataluña, así como aportes específicos de Canadá y los Estado Unidos, pero no hemos recibido un solo centavo del Estado de Guatemala; siendo un archivo del Estado, nosotros formalmente dependemos del Archivo General de Centroamérica, que es el archivo central, el archivo general del país, pero el Estado no asume, ni siquiera parcialmente, aunque sea en una mínima proporción, el presupuesto del proceso que hemos vivido ya desde hace un poco más de once años.
-Dos preguntas: me gustaría saber algo sobre ese proceso al que se refiere y, segundo, por qué el Estado tiene esa posición.
-El proceso archivístico tiene cuatro momentos. Empiezo por decir que encontramos ese archivo en condiciones de un descuido y abandono absolutos. Los documentos estaban en un proceso de destrucción, graves problemas de humedad, no había ningún sistema de seguridad ni para las instalaciones ni para los documentos, y en esos ambientes húmedos, oscuros, abandonados y llenos de papeles viejos proliferaron las plagas de manera masiva: ratas, murciélagos y una enorme diversidad de insectos (pulga, piojillo, chinche, termita, pescadito de plata, polilla,) que estaban causando un daño muy grave a la documentación. Esos tres problemas hoy están resueltos. Tenemos un sistema de seguridad implementado; hicimos un proceso de impermeabilización del edificio y hemos llevado a cabo fumigaciones periódicas que lograron eliminar las plagas que hacían tanto daño a los documentos.
Establecidas esas condiciones, el proceso archivístico supone cuatro grandes momentos. El primero es identificar, en ese mar de paquetes de documentos, a qué estructura de la Policía pertenece cada uno; entonces, esa fue la primera gran tarea. Además, agrego: el archivo le dio continuidad a su gestión tratándose de dos instituciones diferentes; se disolvió la Policía Nacional y surgió la Policía Nacional Civil pero el archivo le dio continuidad. Entonces tuvimos que hacer un inventario para separar lo que correspondía al archivo histórico hasta 1997, y lo que correspondía a la nueva Policía Nacional Civil.
El segundo gran momento es la recuperación de la documentación. Aquí estoy hablando de procesos de limpieza, de despojo de metales, clips, ganchos, grapas que en el proceso de oxidación le causan un daño muy grave a los documentos; combate a la humedad y a hongos, que son comunes, hasta dejar cada documento, cada folio en las mejores condiciones posibles; es decir, detener el proceso de deterioro que estaban sufriendo.
El tercer momento es la aplicación de la norma internacional archivística; aquí es pertinente decir que es una escuela que aprendimos de la Dra. Trudy Peterson, norteamericana, especialista en archivística, nuestra gran maestra. Ella llegó al principio de este proceso a Guatemala y nos enseñó a aplicar la norma internacional archivística. Así que utilizando ese procedimiento se organizan y se describen los documentos del archivo, esto es a través de un procedimiento de integración de legajos que tiene que ver -y esto también es muy importante comentarlo- con que la organización de los documento se desarrolla de acuerdo a las funciones que tenían asignadas cada estructura de la Policía Nacional.
Es decir, no es un archivo de expedientes, es un archivo de las estructuras de lo Policía Nacional y, de acuerdo a esas estructuras –que las estudiamos, que las llegamos a conocer a profundidad- es que se organizan los documentos. Estoy hablando de las Jefaturas Departamentales, los Cuerpos de Policía que funcionaron en la Ciudad de Guatemala (Dirección, Subdirección, Inspectoría, etc.). Esos son los fondos documentales. Cada una de estas oficinas tenían otras estructuras bajo su responsabilidad que, en archivística, son los subfondos documentales, y en cada uno de ellos se organizan los documentos por series documentales; estas series son las que tienen que ver con lo que decía hace un momento, las atribuciones que tenía asignadas cada estructura de la Policía Nacional.
Cuando este proceso está concluido, pasan los documentos al último momento, que es la digitalización. Tenemos un equipo con tecnología de punta que lleva a cabo la digitalización de los documentos que están ya organizados aplicando la norma internacional. Aquí apunto algo más; con el mar de documentos que encontramos al principio se tomó la decisión de darle prioridad a la documentación que va de 1975 a 1985 porque son los años en que ocurren las más graves violaciones a derechos humanos en Guatemala. Otro dato es que encontramos en ese edificio, junto a millones de documentos, alrededor de 25,000 libros, igualmente algunos en condiciones irrecuperables (afortunadamente una proporción pequeña), y con ellos estamos concluyendo el proceso.
Refiero eso porque con los libros abarcamos ya la totalidad de la historia de la Policía Nacional. Estos son libros que contienen anotaciones manuscritas de registros que llevaba la Policía Nacional de toda naturaleza porque en la policía hay una cultura de dejar consignado absolutamente todo. Entonces, estos libros contienen una riqueza de información equivalente a la de los documentos. Por ejemplo, en la Policía Nacional, a partir del año 1900 aparece lo que se llaman Órdenes Generales que emanan de la Dirección General de la Policía. Tenemos digitalizadas las órdenes generales de 1900 a 1997, y son una fuente de investigación invaluable. ¿Por qué? Porque ahí están consignadas las decisiones que tomó la Dirección General de la Policía Nacional durante 97 años.
-La otra pregunta era: ¿por qué un archivo que tiene tanta importancia para la memoria de Guatemala no es financiado por el Estado?
– La razón, según mi opinión es que, lamentablemente, seguimos teniendo un Estado no comprometido con los temas de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué digo esto con tanta certeza? Pongo dos ejemplos: en Guatemala tenemos 11 años de estar luchando porque se apruebe la Iniciativa de Ley 3590 que es la que debe crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. El Congreso de la República se ha negado a aprobar esa ley en un país donde hay 45,000 familias que desconocen el paradero de uno o más de sus seres queridos. Otro ejemplo: un tribunal local lleva a cabo todo el proceso, el juicio, contra el General Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y, después de escuchar 99 testimonios, peritajes, cantidad muy grande de pruebas, lo condena a 80 años de prisión.
Diez días después, la Corte de Constitucionalidad anula la sentencia. Esas probablemente sean las evidencias más contundentes de la afirmación que acabo de hacer. Es un Estado que, de repente, se convierte en la pared contra la que están chocando todo el tiempo los esfuerzos por avanzar en los temas de verdad y justicia. En ese marco no es casual ni sorprendente que el Estado no esté dispuesto a asumir el Archivo Histórico de la Policía Nacional en todos los términos, es decir, certezas legales, certezas presupuestarias, certezas jurídicas, certezas administrativas y de cualquier otra naturaleza; y esto se convierte en un problema porque genera el fenómeno de la dependencia absoluta del financiamiento extranjero; pero la política del Estado de Guatemala respecto al Archivo no ha variado un milímetro desde hace 11 años y, valga decir, hemos hecho gestión todo el tiempo para que se asuma aunque sea parcialmente el proceso y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy.
-Para terminar este capítulo referente al Estado, ¿hay algún otro obstáculo en relación con el proyecto y la gente que en él trabaja? ¿Se han sentido, por ejemplo, molestados de alguna forma?
-Valga decir con toda certeza que nos han permitido trabajar en paz. Es decir, este proceso se inicia en la segunda mitad del gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y hasta el momento no hemos sufrido amenazas, ataques o atentados, y esto es importante y necesario decirlo: nos han permitido trabajar en paz.
-Entonces, ya que hemos establecido la importancia que tiene el Archivo para la recuperación de la memoria histórica y el papel que ha jugado el Estado. Me gustaría que habláramos un poco del impacto que ha tenido en el proceso de consolidación del estado de derecho y de aclaración de hechos ocurridos en el tiempo de la guerra en el país.
– El aparecimiento del Archivo y el rigor profesional y técnico del proceso que he descrito, ha permitido que aporte de manera muy importante en tres aspectos: primero, nos está acercando la verdad, nos está contando buena parte de la historia reciente del país. Segundo, es un recurso indispensable para reconstrucción de la memoria histórica. El terror destruyó el tejido social comunitario en nuestro país y tenemos que recuperarlo. A mí me gusta referir en este punto lo siguiente: Fernando García, líder estudiantil y sindical que fue capturado en febrero de 1984, estuvo detenido en el Cuarto Cuerpo de la Policía y posteriormente fue desaparecido, y quien era Director General de la Policía en aquel momento (por cierto, por este caso fue condenado a cuarenta años de prisión) al final del juicio que se le siguió hace poco por este caso, dijo: “sí, es cierto, estuvo acá con nosotros, pero se lo entregamos al Ejército”.
Lo importante fue que lo dijera aunque no modificó la sentencia. Llegó al Archivo una hermana de Fernando que vive en los Estados Unidos y, al final de la visita durante la cual hicimos un recorrido profundo, le contamos cómo llevábamos todo este proceso y nos dejó escrito este comentario: “Haber venido a visitar el Archivo para mí es equivalente a haber visitado la tumba de mi hermano.” Los restos de Fernando no han sido localizados, pero estoy hablando de memoria histórica, eso es memoria histórica. Ese es uno de los aportes que hace el Archivo a un país en el que, lamentablemente, ocurrieron hechos tan graves de violaciones a derechos humanos.
El otro campo es la justicia. Tenemos algunos que son emblemáticos. Pedro García Arredondo fue jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, un Comando que tenía su sede en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional en la 11ª. Avenida y 4ª. Calle de la Zona 1 y era un comando operativo de terror. De ahí salían los vehículos -sin luces, sin placas, los hombres ostentando las armas- de cacería de los enemigos internos. Luego este hombre fue Jefe del Cuerpo de Detectives, que es uno de los nombres de la que en aquellos años conocimos como la temible Policía Judicial. Este tipo reúne hoy condenas por 160 años de prisión; setenta años por la desaparición del estudiante Edgar Sáenz Calito, quien fue capturado y sometido a las más crueles torturas, pero para el cual finalmente se logra que haya un proceso del que finalmente sale absuelto.
Las personas que eran puestas en libertad en el Segundo Cuerpo salían de prisión entre 4 y 5 de la tarde, es decir, con luz de día. Édgar Sáenz Calito sale de prisión unos minutos antes de las siete de la noche, estoy hablando ya de oscuridad; y al salir de la puerta del Segundo Cuerpo camina hacia la 12 avenida en donde estaba un vehículo esperándolo con sus familiares. Después de haber caminado unos 25, 30 metros vuelve a ser capturado, lo suben de manera violenta a un vehículo, se lo llevan y nunca más se volvió a saber de él. Las evidencias de la responsabilidad de Pedro García Arredondo sobre ese hecho salieron del Archivo y, como ya dije, se llevó a cabo el juicio y por este hecho fue condenado a setenta años de prisión.
Posteriormente se llevó a cabo otro juicio por el caso de la masacre de la Embajada de España. Ahí la cadena de mando era: el General Lucas García, Presidente (ya fallecido), Donaldo Álvarez Ruíz, Ministro de Gobernación (prófugo de la justicia desde hace muchos años), el General Germán Chupina Barahona, Director General de la Policía (ya fallecido) y Pedro García Arredondo, Jefe del Cuerpo de Detectives. El único que estuvo presente, el único detenido y acusado fue Pedro García Arredondo y, por este hecho, fue condenado a 90 años de prisión. En este caso las pruebas también salieron del Archivo.
El otro caso emblemático es el del coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz, quien era Director General de l Policía Nacional en 1984, que fue condenado a cuarenta años de prisión por la desaparición forzada de Fernando García. Luego también tengo que decir que están en camino otros catorce procesos, que están en fase de investigación por el Ministerio Público, que deben concluir en juicios contra anteriores jefes de policía responsables de graves violaciones a derechos humanos. Y también quiero agregar un detalle: del período histórico en cuestión, como decía anteriormente, son alrededor de 57 millones de documentos; nosotros hasta la fecha tenemos intervenidos archivísticamente, digitalizados y accesibles, 19 millones y medio; pero el resto de esos documentos está estabilizado.
¿Qué quiere decir esto en archivística? Que todos los documentos están limpios, están en cajas de uso archivístico y está identificado a qué estructura de la Policía pertenecen. Es decir, todo el Archivo de la Policía Nacional está hoy a salvo y, con mucha frecuencia, en esa documentación llevamos a cabo búsquedas de documentos originales que solicita el Ministerio Público o familiares de víctimas; es decir, también tienen un nivel de acceso para la investigación. Esto lo hacemos nosotros exclusivamente y nadie ajeno al Archivo, a documentos originales. Pero, estos documentos que están pendientes del trabajo archivístico final, están a salvo y se puede hacer búsquedas e investigaciones con ellos.
-Hay una duda que me asalta y que seguramente es propia de alguien que conoce algo de la guerra en Guatemala en los años ochenta. El Archivo da cuenta fundamentalmente de las acciones que llevó a cabo el Estado en el área urbana, porque ese era el ámbito fundamental en el que actuaba la Policía Nacional. Sin embargo, sabemos que una parte muy importante de la represión que llevó a cabo el Estado guatemalteco a través del Ejército tuvo como escenario el área rural. ¿Qué cuenta da el Archivo de la Policía Nacional sobre esto que sucedió en el campo?
-Muy poco. Usted lo dice correctamente: el rol que se le asigna a la Policía Nacional, en el marco de la ejecución de la política de terror del Estado, es fundamentalmente en las áreas urbanas y especialmente la Ciudad de Guatemala. Pero eso no quiere decir que el Archivo no pueda ser útil también para ese ámbito. Por ejemplo ahora estamos viendo documentos del departamento de Alta Verapaz por una investigación que se está llevando a cabo, y hay documentos de la Policía Nacional de la masacre de Panzós. Panzós es un municipio en el que el Ejército, a finales de mayo del año 1984 lleva a cabo una masacre en la que se estima que murieron más de cien personas.
Hay documentos de la Policía Nacional que hacen referencia a este hecho y que, finalmente, muestran la óptica del Estado. Por ejemplo, hay un documento que acabamos de conocer que dice que campesinos de la región, armados de piedras y palos, quisieron tomar el Destacamento Militar. El documento deja constancia de ese hecho. Como resultado de ese intento de los campesinos de tomar un Destacamento Militar armados de piedras y palos, resultan 34 o 36 campesinos muertos. Es la versión del Estado, por supuesto, pero eso muestra que sí hay documentos de hechos ejecutados por el Ejército.
Creo que también vale la pena, a propósito de esta pregunta mencionar otras cosas. Por ejemplo, el Diario Militar. Se trata de una bitácora de la captura de 183 personas vinculadas a diferentes organizaciones del movimiento revolucionario seguramente elaborado por una estructura de inteligencia del Ejército. Contiene las fotografías, los nombres, los seudónimos, el día, la hora, el lugar donde fueron capturadas estas personas; hace en algunos casos referencia a las responsabilidades que tenían dentro de la organización del movimiento revolucionario al que pertenecían y, finalmente, hay un dato terrible: se consigna la fecha en la que estas personas fueron ejecutadas; para consignarlo se usa el código 300 en la mayoría de los casos, porque, en algunos, usa expresiones como, por ejemplo, “se fue con Pancho”.
Un oficial del Ejército vende este documento al National Security Archive (NSA) en $2000. La directora del NSA, Kate Doyle, comprometidísima con la justicia y los procesos en Guatemala, da a conocer el Diario Militar en Guatemala en 1999. En el Archivo, hoy, hemos encontrado más de 6000 documentos que tienen relación con los hechos a los que se refiere el Diario Militar. Temas de capturas, de enfrentamientos, de aparecimiento de cadáveres. Todos esos hechos se registran en documentos de la Policía Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos documentos respaldan y le dan una enorme autenticidad al Diario Militar, en un contexto en que el Ejército siempre ha negado la autoría de ese documento.
Doy un ejemplo: en el Diario Militar aparecen seis personas que militaban en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) (2) que fueron capturadas en diferentes fechas y en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala, y sus cadáveres aparecieron en las exhumaciones que hizo la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) (3) en el Destacamento Militar de Comalapa, departamento de Chimaltenango. Ahí fueron exhumadas 220 osamentas y, en una fosa, son localizados los restos de estas seis personas. Me explico: a los antropólogos forenses les llamó la atención desde un principio las características de estas seis osamentas por trabajos dentales, por la ropa, lentes oscuros, es decir –y lo digo con muchísimo respeto-, características que no son comunes entre la población indígena que vive en los alrededores de ese Destacamento.
Se contactó con las familias de estas seis personas para que entregaran una muestra de ADN en el laboratorio de la FAFG y se logró hacer una identificación científica de las seis osamentas; es decir, estas personas fueron capturadas, llevadas a un destacamento militar, asesinadas el mismo día y enterradas en la misma fosa. La evidencia es absolutamente contundente. ¿Por qué los llevaron a Chimaltenango? Porque estás personas tenían vínculos con la organización del PGT en Chimaltenango, por lo que las llevan ahí para que entreguen compañeros que militaban en esa parte del país.
-¿Se sospecha de la existencia de algún documento similar al Diario Militar?
– No. Mi punto es vista es que el Diario Militar es único porque ocurre en circunstancias muy especiales, lo que no quiere decir que el Ejército no tenga archivos, pero se niega a abrirlos y no son accesibles hasta el día de hoy. Pero este tipo de archivo pienso que es único. La historia es esta: de una de las vertientes del PGT, que en aquel momento eran seis, cuando se consignan los hechos del Diario Militar, es capturado un militante de la que se llamó la COMIL (Comisión Militar), que después sufrió un nuevo desprendimiento que se llamó Unidades Militares de Solidaridad y quien dirigía esa nueva vertiente era conocido por su seudónimo de Miguel; es, pues, capturado y se convierte probablemente en el mayor traidor y delator de la historia del movimiento revolucionario.
Esta persona había conocido prácticamente todas las estructuras del PGT y entrega toda la información que poseía, al extremo que eso supone el aniquilamiento de esas seis vertientes que existían del PGT en aquel momento (finales de 1983 y todo el año 1984). De las 183 personas que aparecen en el Diario Militar, 105, 106 eran militantes del PGT. Caen dirigentes, cuadros de las seis expresiones del PGT, las cabezas. Eso es, en mi opinión, lo que le da razón de ser al Diario Militar. Yo estoy convencido que no hay más que un Diario Militar por esa razón: es la historia de la traición de Miguel.
-¿Qué perspectivas ves en el trabajo del Archivo hacia el futuro?
– El Archivo ha tenido durante todos estos años un financiamiento sólido, pero hace un par de años tuvimos la lamentable noticia de que la cooperación holandesa se iba de Guatemala. Comento esto porque el financiamiento, aunque ha sido sólido, se ha ido reduciendo. Esto lo asumimos porque no íbamos a tener para siempre un financiamiento tan grande como ocurrió en algunos años: en 2006-2007 llegamos a ser 206 personas trabajando en el Archivo; este año arrancamos con 85 personas y el año que viene vamos a ser menos. Eso lo asumimos porque está ocurriendo en el mundo y particularmente en Guatemala, en donde hay ONGs históricas que están cerrando puertas porque ya no lograron gestionar financiamiento.
Ahora bien, líneas para el futuro del AHPN: yo identifico fundamentalmente tres; primera, la unidad de acceso a la información. Aquí tengo que decir que hemos recibido, de enero de 2009 a la fecha, más de 19,000 requerimientos de información, el 30% corresponde al Ministerio Público y el 20% a familiares de víctimas; y hemos dado respuesta positiva en el 82% de los casos. Es decir, en 82 de 100 casos hemos encontrado documentos para compartir copias con los usuarios, con los interesados. Entonces, una línea de futuro es que la Unidad de Acceso debe permanecer para siempre; tiene una fuente de 19 millones y medio de documentos. Es decir, hoy, la fuente es gigantesca.
Segunda línea de futuro: investigación académica. Nosotros estamos trabajando intensamente con la academia guatemalteca para lograr que haga uso de ese recurso. Estamos trabajando con la Escuela de Historia, con la de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y con institutos e instituciones guatemaltecas que están haciendo investigación profesional, porque esa es otra línea de futuro del Archivo. La fuente ya existe y las posibilidades de investigarla son prácticamente infinitas. No solo son los temas referidos al conflicto armado interno o la vertiente política. Una compañera argentina hizo una investigación sobre meretrices; otra compañera argentina hizo una investigación sobre el comportamiento del Estado en el tema de la homosexualidad. Entonces, decía, las vetas de investigación son absolutamente diversas. Tercera línea de futuro: la regionalización.
Nosotros nos propusimos acercar la información que contiene el Archivo a comunidades donde viven familiares de víctimas. La ecuación es muy sencilla: la gente del interior de la República tienen muchísimos problemas de diversa naturaleza para acercarse al Archivo y consultar información sobre familiares asesinados o desaparecidos en aquellos años. Entonces lo que estamos haciendo es acercar la información. Tenemos ya cuatro casos, el primero fue Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, en donde hay una organización que se llama ADIVIMA -que por cierto tiene un museo de la memoria muy bien diseñado, muy bien trabajado-, a la que le llevamos la información correspondiente a la Jefatura Departamental de Baja Verapaz, y estamos entregando documentos adicionales; por ejemplo, tenemos una base de datos que registra un millón doscientos mil nombres de personas que tenían algún tipo de control de parte la Policía Nacional. Esa base de datos la estamos entregando. Luego entregamos la información en el Museo Katinamit en San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.
Esta es la correspondiente a la Jefatura Departamental, pero ya aprendimos a incorporar otros documentos que pueden servir para encontrar información de interés para los diferentes usuarios. El tercer punto fue Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, en donde hay una organización que se llama Asociación Dignidad, Memoria y Esperanza (ADME), a la que se le entregó la información de su departamento y, el año pasado, entregamos la información en una organización que se llama CEDFOG, que es un centro de documentación en la cabecera departamental de Huhuetenango. Y, para noviembre 27 de 2016 se entregará información en la organización UK´UX B´E de Chimaltenango. Entonces, esa es otra línea de futuro que estamos impulsando en el Archivo, de tal manera que aunque seamos menos personas podamos seguir trabajando en los temas que tienen que ver fundamentalmente con el acceso a la información tanto para todos los procesos de investigación como para acercar la información a las víctimas. En ese plano los esbozamos y pensamos que eso puede y debe tener continuidad en el tiempo.
* Presidente AUNA-Costa Rica, columnista de Nodal
