Los conflictos territoriales, ausentes en la conferencia de Panamá – Por Eva Saiz
América Latina llegó a la XXIII edición de la Cumbre Iberoamericana, un foro que apela a la integridad política, social y cultural, en un clima de fuertes tensiones limítrofes entre sus países. Muchos de los conflictos territoriales vienen de lejos, pero en los últimos meses varias de esas disputas, como la que enfrenta a Argentina y Uruguay por la papelera en las aguas fronterizas del río Uruguay o la de Costa Rica y Nicaragua por una isla en el río San Juan, se han avivado.
El año pasado en Cádiz, Bolivia anunció que presentaría una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) contra Chile para defender su tradicional reivindicación de un acceso al Pacífico. En esta ocasión, ninguno de los mandatarios ha aireado demandas territoriales, más allá de la tradicional reivindicación argentina sobre las Malvinas. La indolencia en la que se ha sumido este tipo de cumbres, no parece el foro más adecuado para dirimir cuestiones limítrofes y menos en la edición en la que sus miembros pretenden limitar el peso de la parte política de la reunión, pero en un hemisferio en el que se superponen los bloques regionales de integración, este tipo de conflictos aparecen como la nota disonante.
Un continente pacífico
La región siempre ha resuelto estas controversias de manera pacífica, mediante acuerdos bilaterales y, en general, apelando a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). América Latina es la región que más diputas territoriales ha llevado a la CIJ. Cuatro de los 10 casos en los que únicamente resta a la Corte emitir una sentencia afectan a países sudamericanos. “Nuestro continente es uno de los más pacíficos que prácticamente no ha tenido conflictos bélicos desde 1930. Otros continentes, como África han adoptado el modelo que hemos seguido en América Latina de optar por los tratados internacionales y trabajar desde allí la solución”, explica el canciller de Chile, Alfredo Moreno, cuyo país tiene dos conflictos territoriales pendientes de resolución en La Haya, uno con Perú, cuyo laudo está previsto para enero de 2014, y el de Bolivia, que presentó su demanda el pasado 17 de abril.
Tras la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile y Bolivia, La Paz perdió los 400 kilómetros de costa y los 120,000 kilómetros de superficie frente al Pacífico. Perú, que se alineó con Bolivia, también se vio obligado a renunciar a su acceso al océano. Aunque Chile ha reiterado que las reclamaciones de Bolivia no son legítimas, su Gobierno está confiado en el veredicto de La Haya. “El fallo lo va a determinar la CIJ y creo que será favorable a Chile”, dice Moreno.
Chile mantiene otro conflicto territorial con Perú. Se trata de un triángulo exterior de 70,000 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico y de 26,000 metros cuadrados en tierra firme. La reclamación peruana se remonta a 1838, año en el que concluyó la Guerra del Pacífico. Perú demandó a Chile por la soberanía de la zona en 2008. El territorio es rico en recursos pesqueros, un territorio que representa el 10% de la extracción total de especies marítimas para Chile. Sus dos presidentes, Sebastián Piñera y Ollanta Humala, manifestaron en la última Cumbre de Unasur su intención de acatar el fallo.
Ambos países son socios fundadores de la Alianza del Pacífico, uno de los bloques de integración económica y comercial más ambiciosos del continente. Sus presidentes no estuvieron presentes en la Cumbre, pero sus respectivos cancilleres rechazan que esta disputa pueda frenar el engranaje de la Alianza. “Nosotros no tenemos un límite territorial, tenemos un conflicto en la frontera marítima, no en la terrestre y esto no puede desestabilizar, estamos llevando adelante este asunto de la manera más civilizada posible”, señaló a El País, la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Eda Rivas. “Hemos hecho la Alianza a pesar de que tenemos diferencias respecto de un límite que ya resolverá la CIJ”, coincide su homólogo chileno.
La papelera reaviva la polémica
Tampoco Argentina y Uruguay han aprovechado la Cumbre para tratar de dirimir sus diferencias sobre la planta de celulosa de Uruguay en aguas fronterizas del río del mismo nombre. La decisión del presidente uruguayo, José Mujica, de aumentar la producción de la papelera ha exacerbado este conflicto en los últimos días.
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, amenazó con volver a denunciar a su vecino en La Haya, como ya hiciera en 2006 acusándolo de contaminación. En 2010, la CIJ dictaminó que la fábrica no contaminaba pero declaró que había incumplido el Estatuto del río Uruguay.
Preguntado por este diario si habían tratado la controversia, el canciller uruguayo, Luis Almagro, se limitó a sonreír, negando con un gesto. Timerman no ofrece entrevistas.
Algunos de estos conflictos tienen más de un siglo de historia. Otros son estallidos de soberanía recientes. “Nosotros somos países jóvenes, con una historia extraordinariamente reciente, comparativamente con Europa, y todavía tenemos que asentar algunas cosa”, explica el canciller Moreno.
Nicaragua le gana juicio a Colombia
Las resoluciones de la CIJ han sido bastante polémicas. En noviembre de 2012, Colombia anunció que abandonaba el Pacto de Bogotá, un tratado suscrito en 1948 y que obliga a los países de América Latina firmantes a resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. Con esa decisión, el presidente Juan Manuel Santos, manifestaba su oposición al fallo de La Haya en su disputa territorial con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés. La Corte otorgó la soberanía sobre las islas a Colombia pero dictaminó que buena parte de las aguas que las rodean, un banco pesquero importante que está siendo explorado por Repsol a la busca de potenciales yacimientos petrolíferos, eran nicaragüenses.
Nicaragua ha resucitado este conflicto y a principios de septiembre pidió a La Haya extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa en el Caribe.
Asimismo, Nicaragua enfrenta un conflicto con Costa Rica donde la presidenta de San José ha sido muy dura con Nicaragua y ha criticado el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares que impuso la CIJ contra Managua en 2010 sobre el caso de Harbord Head.
Justo un día antes del inicio de la Cumbre Iberoamericana, Nicaragua pidió a la CIJ que suspendieras esas medidas, que impiden a los nicaragüenses instalarse en ese territorio en tanto que la Corte no dicte su veredicto. Chinchilla, durante la Cumbre, calificó la pretensión de Nicaragua de “inaceptable”.
La ausencia de Ortega a la Cumbre impidió que ambos países puedan tratar su contienda limítrofe, aunque, a tenor de las palabras de Chinchilla, un encuentro sobre el conflicto parecía improbable.
