Indígenas aseguran que el TPP favorece a las transnacionales
Representantes indígenas temen que la vigencia del Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP) incremente la explotación de los recursos naturales ubicados en sus territorios por parte de las grandes compañías trasnacionales, aumentando la pobreza y trastocando la vida campesina.
«El trabajo de las mujeres del campo y las mujeres indígenas no solamente está relacionado con la producción de alimentos, sino que además hay una relación especial con la tierra y lo que significan los bienes naturales», planteó Francisca Rodríguez, vicepresidenta de la chilena Asociación de Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).
«Con el TPP van a ser afectados no solamente nuestros conocimientos sino que también el trabajo de las mujeres», afirmó a IPS.
A su juicio, la entrada en vigor del TPP significará «la desaparición acelerada y un exterminio del campesinado» porque las campesinas se convertirán «en mano de obra barata para las empresas que hacen la explotación y el saqueo de nuestros bienes naturales».
«Hoy día el capital está radicado principalmente en los bienes naturales y todo lo que de ellos se desprende. El gran negocio es la alimentación. Y no solamente es un negocio sino también una herramienta para la subordinación y para poner freno a las luchas populares», afirmó la lideresa campesina.
Organizaciones indígenas, dirigentes de la sociedad civil y especialistas en los impactos sociales y ambientales de tratados de libre comercio exigieron el viernes 19 en esta capital a las autoridades de Chile, México y Perú, que antes de ratificar el TPP, consulten a los pueblos originarios y emitan un informe que evalúe el impacto en derechos humanos del acuerdo.
Los dirigentes indígenas esperan una respuesta positiva de los gobiernos y los parlamentos de las tres naciones latinoamericanas que junto a otros nueve socios suscribieron el 4 de febrero Nueva Zelanda el tratado, que ahora está en proceso de ratificación en cada país.
El abogado chileno José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, afirmó a IPS que los tratados comerciales y económicos vigentes antes del TPP ya impactaron negativamente en el agro. Él es coautor del libro «El TPP y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina», junto al sociólogo mexicano Emanuel Gómez y el economista peruano Luis Vittor.
Como ejemplo, Aylwin planteó el caso de México, «un país fundamentalmente agrícola, con una economía agrícola muy fuerte, que al año 1994 importaba 10 por ciento de sus productos agrícolas, y que hoy día importa 45 por ciento de lo que come».
En 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio de México con Canadá y Estados Unidos, que representó un hito en la apertura del intercambio de productos y servicios entre países del Norte industrial y el Sur en desarrollo.
Añadió que ese y otros acuerdos de liberalización comercial «afectaron las economías rurales e indígenas que concentran 50 por ciento de la propiedad de la tierra en México lo que explica, en parte, el éxodo de millones de mexicanos a Estados Unidos, muchos de ellos indígenas y campesinos».
A juicio de Gómez, el coautor mexicano del libro sobre los vínculos entre el TPP y los pueblos indígenas, lanzado también en Santiago el día 19, los bloques comerciales a los que se incorporaron países latinoamericanos los últimos 20 años provocaron la irrupción de movimientos sociales y organizaciones civiles en su contra.
Esas organizaciones, plantea, «han denunciado que los estados favorecen a las empresas transnacionales aún por encima de los derechos humanos más básicos como el acceso a los recursos naturales, su aprovechamiento, uso y disfrute, en el marco de los derechos territoriales».
Los 12 socios del TPP celebraron 19 rondas de negociaciones antes de suscribir el TPP, un acuerdo de 6.067 páginas con 30 capítulos que norman la economía y el comercio «en la zona Asia Pacífico, la más dinámica del mundo en el siglo XXI, en un mercado que representa 40 por ciento del PIB (producto interno bruto) mundial», según datos del gobierno chileno.
El acuerdo abarca áreas como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam tienen plazo hasta el 4 de febrero del 2018 para ratificar el acuerdo, que tendrá vigencia plena cuando lo confirmen al menos seis Estados parte que sumen 85 por ciento del PIB colectivo.
Ana Llao, werkén (vocera) de la organización mapuche Ad Mapu y exconsejera de la estatal Corporación Nacional Indígena, cree que «con el TPP se viene a complicar más las relaciones y la convivencia que puede haber incluso entre nuestros propios pueblos».
«El TPP reafirma todos los tratados que prácticamente han invadido y saqueado todos los recursos naturales propios, especialmente del territorio mapuche. El Estado da luz verde a las empresas trasnacionales», lamentó Llao en diálogo con IPS.
Aylwin, en tanto, denunció que Chile suscribió el TPP sin consulta previa a la ciudadanía y los pueblos indígenas, lo que «vulnera el derecho que tienen estos pueblos a la autonomía y a definir prioridades de desarrollo».
En Chile «hay una asimetría entre Estado y legislación interna sobre pueblos originarios. Hay un conflicto entre la perspectiva de derechos humanos y la de expansión del mercado y la inserción internacional», comentó el senador socialista Alfonso de Urresti, de la sureña región de Los Lagos.
«El TPP impacta territorios donde la presencia de los pueblos originarios es importante y no queremos que ellos sean el costo a pagar, que sean los pobres de este proceso de modernidad. Hay que sobreponer a los grandes números los rostros y los sectores que se van a empobrecer», subrayó.
El gobierno de la también socialista Michelle Bachelet ha insistido que en el acuerdo «no existen normas que puedan afectar directa y negativamente a los pueblos indígenas». Por el contrario, ha dicho, «se identifican normas que apuntan a garantizar sus derechos a futuro».
En este escenario, Aylwin urgió a los Estados para que realicen «una ‘Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del TPP’, como lo proponen expertos independientes» de las Naciones Unidas, antes de votar su aprobación en los parlamentos locales.
Añadió que «la experiencia de Chile en más de 20 años de acuerdos comerciales, con 65 países, es que se generó una fuerte inversión externa y un aumento sustancial de las exportaciones, pero ese capital se atrae fundamentalmente hacia la extracción de los recursos naturales».
De hecho, 75 por ciento de las exportaciones chilenas se concentran en minería, forestación y salmonicultura, afectando recursos como el agua, dañando, a su juicio, el bosque nativo y el ecosistema marítimo y costero.
«A esa afectación hay que agregarle que en general esa inversión se sobrepone con los territorios de ocupación tradicional indígena», sostuvo Aylwin.
«Estos acuerdos comerciales generan desplazamientos y pobreza y, por lo tanto, nos afectan directamente», dijo.
«Los pueblos indígenas tienen derecho al menos a ser consultados antes de que el TPP sea aprobado», por esos impactos y porque así lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que regula los derechos colectivos de la población originaria en el mundo.
