Costa Rica: población trans quiere su nombre y no sólo un «conocido como» en su cédula
Su cédula dice Josué, pero su nombre es Victoria: el que aparece en letra pequeña, junto a la leyenda “conocido como”, la que casi nadie lee.
Con ese “conocido como” lidian cada día cientos de hombres y mujeres transgénero del país, quienes sienten coartado su derecho a la identidad.
Así se enfrentan con la sociedad, piden trabajo, se inscriben en la universidad, acuden al sistema de salud… con todas las complicaciones que eso representa.
“Es traumático, pero eso nadie lo entiende. Cuando me llaman por ese nombre (el de la cédula) siento que vuelvo a la pesadilla que viví, es como que me restrieguen en la cara que no tengo mis derechos”, expresó Beverly Esquivel, una mujer trans.
“No tener una identidad en la cédula significa un obstáculo enorme a la hora de conseguir trabajo, a veces me dan una entrevista y cuando ven mi nombre de hombre, pero mi foto de mujer, me la cancelan sin siquiera darme la oportunidad”, dijo.
Y es que, aunque tenga alguna validez legal, en la práctica el “conocido como” no es respetado por los funcionarios públicos, como denuncian miembros de la organización Transvida, que trabaja por los derechos y la educación de la población transgénero.
«El nombre. El nombre es la entrada, la carta de presentación y a nosotros se nos niega”, enfatizó Dayana Hernández, presidenta de ese grupo.
Maurely Brenes –dice– se siente avergonzada cada vez que tiene que hacer una gestión y la llaman por el nombre con que la inscribieron en el Registro Civil.
Para ella es como un golpe a la autoestima. No obstante, considera que los responsables no son los empleados detrás de las ventanillas de las instituciones.
“Están haciendo su trabajo, no es culpa de ellos, la culpa es del Estado”, expresó.
Criterio de un juez
Para que un ciudadano pueda cambiarse el nombre consignado en la cédula, debe contratar un abogado y llevar el caso ante un juzgado civil.
En el caso de una persona trans, sin embargo, el cambio va más allá de un nombre, pues también representa el reconocimiento de su género, lo que, en última instancia, dependerá del criterio y la empatía de un juez.
El proceso puede tomar algún tiempo, como le ocurre a Beverly Esquivel, que lleva dos años y medio de papeleos y decepciones.
Ella acudió primero a los consultorios jurídicos públicos de Desamparados, luego a un juzgado de familia, y de ahí a uno civil.
Un año después de iniciado el proceso, obtuvo una respuesta positiva, que luego una jueza revirtió porque el solicitante era un varón que quería cambiar su nombre por uno de mujer.
La resolución la tomó a pesar de que los testigos que acompañaban a Esquivel confirmaron que su transición de género comenzó hace más de diez años.
Esquivel denunció a la funcionaria por discriminación, pues se negó a tratarla en femenino durante la audiencia. Además, apeló el fallo.
Mientras tanto, ella sigue arrastrando el nombre de la cédula que no la identifica.
Tiffany Segura, en cambio, tuvo mejor suerte.
En 2010, justo cuando el Registro Civil emitió el reglamento de fotografías en función de la identidad, fue una de las primeras mujeres trans en cambiar su nombre.
Aquel logro implicó además gastos cercanos a los ¢500.000 en asesoramiento legal, recursos que no todos tienen la posibilidad de invertir.
Por Transvida han pasado al menos tres mujeres y un hombre que lograron la modificación de nombre en el Registro Civil.
¿Esperanza?
Para todos los demás, la esperanza está en la aprobación del Proyecto de Ley de Reconocimiento de los Derechos a la Identidad de Género e Igualdad ante la Ley.
Este plan ingresó a la corriente legislativa el 18 de enero del 2016, con apoyo de 16 diputados de tres agrupaciones: Frente Amplio, Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
La iniciativa permitiría el cambio de nombre de manera más sencilla y expedita.
No obstante, tras la conferencia de prensa para presentar el texto no ha habido avances significativos, pues apenas el 30 de junio el proyecto entró a la agenda de la Comisión Especial de Derechos Humanos, en la cual ocupa el lugar 11, el último.
El Registro Civil no se opone a que Victoria, Maurely o Beverly aparezcan con ese nombre en la cédula. De hecho, Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor de esa entidad, aseguró que hay total disposición por tratarse de un proceso muy sencillo.
Según Chinchilla, como el número de cédula no varía, existe una seguridad registral que respaldaría el cambio de nombre.
“Cualquier aspecto legal se mantiene detrás del número de cédula y no del nombre”, explicó. Sin embargo, los diputados son los que deben tomar la decisión.
El Gobierno también respalda la reforma
La vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, entregó el 18 de mayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta para que aclare si la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) protege el derecho a cambiar de nombre, según la identidad de género.
“(La aceptación) es el motor del cambio que genere una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, en el anuncio de la consulta.
Mientras ese motor arranca, Victoria seguirá siendo el “conocido como” de Josué.
La transformación de Victoria alcanzó a su papá
Cuando Victoria decidió que quería vivir y para hacerlo necesitaba aceptar su transición, el proceso, inevitablemente, alcanzó a toda su familia.
«Aceptar la transición ha sido un proceso muy duro», confirmó el padre de Victoria, Korin Rovira, guanacasteco de 45 años y devoto cristiano.
«Yo siempre trabajé en ventas; por eso, no estuve presente en muchos momentos de su infancia. Salía de la casa a las siete de la mañana y regresaba a eso de las siete de noche», dice.
En aquel tiempo, nunca se enteró, por ejemplo, de que, desde los ocho años, su hijo Josué se ponía los vestidos de su madre y que, en alguna ocasión, se amarró sabanas al cuerpo simulando un vestido de gala.
Según Rovira, él comenzó a ver cambios en el muchacho desde el inicio de la adolescencia. Sin embargo, el alejamiento de la casa, la ausencia de una buena comunicación y la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo, causó una enorme turbulencia familiar.
Korin Rovira no se enteró de los ocho años de anorexia que vivió Josué en su paso a convertirse en Victoria.
Su desorden alimentario lo causó la ansiedad de habitar un cuerpo masculino con el cual no se identificaba, pero, aún más, el miedo que significaba para ella afrontar la sociedad, su familia… a su padre.
Finalmente, Victoria se transformó.
«Yo lo acepté porque me di cuenta de la dicha que tuve de que mi hijo estuviera vivo», confesó Rovira, quien, luego de pasar todo un año sin cruzar palabra con Josué, terminó por reconciliarse con Victoria.
Según dice, su amor fue más allá de la fe que conocía para poder entender la situación.
«La primera vez que la vi en vestido fue este año; no fue fácil, yo trato de no ver esas cosas», reconoció el padre tras una carcajada nerviosa pero sincera.
En su criterio, hacen falta grupos e información que ayude a los padres de personas trans a sobrellevar esta etapa.
Otros derechos pendientes
El Gobierno emitió la «Política para erradicar de las instituciones públicas la discriminación hacia la población sexualmente diversa», mediante el Decreto Ejecutivo N.° 38999, suscrito por jerarcas de 21 ministerios.
La normativa fue publicada en el diario oficial La Gaceta del 12 de mayo del 2015. Igualmente, se emitió la directriz 25P, dirigida a las instituciones descentralizadas.
La medida pretende beneficiar tanto a trabajadores como a usuarios de los servicios de todas las instituciones públicas. Además, también insta a establecer en los siguientes meses planes específicos para plasmar dicha política en cada una de las instituciones.
Un año después, el Gobierno asegura que nueve de sus ministerios ya modificaron sus reglamentos internos y los restantes estaban en proceso de publicación.
Entre los cambios más importantes está la reforma al Reglamento de Carrera Docente, pues establece la obligación de los educadores a «no incurrir o promover prácticas discriminatorias, de cualquier tipo, hacia alguna persona servidora, estudiante o externa a la institución por razón de su etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad o por cualquier tipo de discriminación contraria a la dignidad humana».
