Derogación de la Ley de Amnistía en El Salvador: el oficialismo denuncia a la Corte Suprema de querer desestabilizar
El FMLN denuncia “intencionalidad desestabilizadora” de la Sala
La Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ante las recientes resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera que desde la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador avanzó en la construcción de una sociedad democrática, con separación de poderes, fortalecimiento de las instituciones y una fuerza armada no deliberativa y respetuosa del marco legal vigente.
Por lo anterior, a la Comisión Política del FMLN le llama “sospechosamente la atención” que la Sala haya dado a conocer un conjunto de decisiones de profundo impacto político, social y económico, “en combo”.
Tras las resoluciones, se evidencia una perversa intencionalidad política por sobre cualquier consideración de tipo jurídico, dice el FMLN.
Para la dirigencia del FMLN, las sentencias de la Sala demuestran una clara actitud “irresponsable”, que se suma a otras numerosas decisiones adoptadas por estos abogados, como la anulación de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República; impedir la Reforma Constitucional que ampliaba el período de diputados y alcaldes; bloquear el cargo para inversión social destinado a la generación de energías limpias y renovables.
Asimismo, la Comisión Política del FMLN consideró que los “magistrados son perfectamente conscientes del alto impacto que cada una de esas medidas, por si solas, hubieran podido causar en la población y en el gobierno elegido democráticamente por este, en marzo de 2014”.
Para el FMLN las sentencias de la Sala tienen un “efecto desestabilizador y de inseguridad jurídica”.
Por lo que “con estas actuaciones, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se muestran tal como verdaderamente son: operadores políticos de poderosos sectores económicos del país, que jamás aceptaron haber perdido el control del Ejecutivo y del Legislativo desde el año 2009”.
El FMLN denunció “la intencionalidad desestabilizadora de un grupo de jueces, cuyo proceso de elección ha sido y sigue siendo fuertemente cuestionado, y que pretende cada día convertirse en un gobierno paralelo al legítimo y constitucional; un gobierno de los jueces, que se coloca ante la población (que no los eligió) por encima del resto de poderes del Estado, violando así la Constitución”.
Con respecto a la Sentencia de la Ley de Amnistía, el FMLN reconoció el derecho de las víctimas a conocer la verdad y reclamar la justicia y reparación como un camino hacia la reconciliación, expresado en el espíritu del proceso de Paz y en los acuerdos alcanzados en 1992.
En cuanto a la eliminación de la figura del Diputado Suplente, el FMLN considera que esto se trata de un irrespeto a las actuaciones de la máxima autoridad electoral, que legitimó el origen democrático de los actuales diputados suplentes.
“La Sala de lo Constitucional ha puesto a la Asamblea Legislativa en una situación de peligro: el bloqueo de la misma, por falta de quórum es una realidad potencialmente posible… Esta decisión respecto a los diputados, significa la desarticulación de hecho de un órgano del Estado”, manifestó la Comisión Política del FMLN.
Ante este tipo de hechos, el FMLN instó al pueblo a “redoblar su lucha por la defensa del sistema democrático que ha construido a lo largo de siglos de lucha popular, por todos los medios que fueron necesarios”.
De igual forma, el FMLN expresó que pese a las acciones desestabilizadoras, El Salvador sigue adelante en la lucha por la seguridad, en la profundización de los programas sociales, en definitiva, en garantizar el derecho a una vida mejor para el pueblo salvadoreño.
Ortiz: democracia puede peligrar sin ley de Amnistía
Tras el fallo de la Sala de lo Constitucional se abre la posibilidad de procesar a jefes militares y guerrilleros que cometieron graves violaciones DDHH durante el conflicto armado
El vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz, consideró ayer «que la democracia puede peligrar sin la ley de Amnistía» que la Justicia anuló el pasado miércoles, porque «puede abrir viejas heridas y retomar unas acusaciones que ya habían sido sepultadas con los Acuerdos de Paz de 1992».
Ortiz, un ex guerrillero, expresó a la prensa local que cree que «en El Salvador hay otras prioridades, otros retos».
«Conocer la verdad, sí. Reparar a las familias, sí. Profundizar la reconciliación, sí. Pero dinamitar esos pequeños puentes para que vuelva a crear un escenario de caos, confrontación, de abrir viejas heridas…», manifestó.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el miércoles pasado inconstitucional la Amnistía de 1993 por contradecir los derechos de los ciudadanos de «acceso a la justicia» y «reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra».
A partir del fallo se abre la posibilidad de procesar a jefes militares y guerrilleros que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante de la guerra (1980-1992).
El presidente Salvador Sánchez Cerén llamó el viernes a través de una cadena nacional a la paz y a la reconciliación, a «cuidar la tierna democracia» que vive el país, pese a la polarización y al agobio de la criminalidad de las pandillas, que sitúa a esta nación centroamericana como la más violenta del mundo por sus altas tasas de homicidios, que en 2015 llegaron a 104 por cada 100.000 habitantes.
«Yo coincido con el llamado a la unidad, a la reconciliación, a no abrir heridas del pasado (que hizo el presidente)», dijo el diputado derechista Ernesto Muyshondt. En iguales términos se pronunciaron otros diputados opositores, como Guillermo Gallegos y Rodolfo Parker, todos ellos de facciones derechistas.
La ONU declaró el viernes el fallo como un acontecimiento «histórico, que dará paso a la investigación de las violaciones a los derechos humanos» cometidas drante la guerra.
La Amnistía de 1993 no permitía enjuiciar casos atroces como el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, masacres de campesinos y de autoridades civiles, así como el asesinato múltiple de seis sacerdotes jesuitas en 1989.
«La decisión representa un paso histórico para la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables y la reparación a las víctimas y a sus familiares», señaló el comunicado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH).
La guerra salvadoreña culminó con 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y más de un millón de refugiados, según cifras oficiales nacionales e internacionales, como la ONU.
Magistrados modifican las reglas rompiendo con la seguridad jurídica: Sánchez Cerén
Ante las recientes sentencias emitidas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que nuevamente golpean directamente a las políticas de gobierno, afectando a la población salvadoreña, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, afirmó que dichas sentencias no ayudan a la institucionalidad del país, por el contrario, agudizan los problemas sociales, no obstante, llamó a tomar con madurez las resoluciones y recalcó el llamado a la unidad nacional.
En cadena nacional de radio y televisión, anoche, el mandatario sentó posición sobre dichas resoluciones, donde recalcó que “estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza”.
El jefe de Estado señaló que los efectos de las sentencias, no son medidas por los magistrados de la Sala, generando desestabilidad social en el país.
“Estas sentencias ignoran, o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”, agregó.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía; aprobada en 1993, tras el conflicto armado generado en los años 80’s, el presidente enfatizó que el gobierno que preside, siempre ha tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto, y sobre todo, con edificar una sociedad justa y democrática en la que no se repitan las condiciones, ni los hechos que llevaron a esas graves violaciones de derechos humanos.
“Hago un llamado a todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”, aseguró.
Y es que el mandatario recordó que bajo el primer gobierno del FMLN, como el actual es que se han iniciado procesos de reparación a las víctimas y a la construcción de una institucionalidad que garantice el respeto humano.
Desde el año 2009, el gobierno anterior se ha dado a la tarea de reconocer los hechos y atrocidades cometidas por el Estado durante el Conflicto, como el reconocimiento a la Masacre del Mozote, donde el entonces Presidente Mauricio Funes pidió perdón, en nombre del Estado; asimismo, se iniciaron mecanismos para resarcir los daños a las víctimas, como también se creó la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas.
Sánchez Cerén expresó su “más firme compromiso de seguir trabajando por la justicia, la reconciliación y la promoción de una cultura de paz que contribuya con la convivencia social”.
El mandatario se refirió a la inconstitucionalidad de los $900 millones de dólares, que estaban destinados a la seguridad, educación y salud; para declarar esta inconstitucionalidad, la Sala cambió las reglas y normativas dentro de la Asamblea Legislativa.
“Con el pretexto de resolver una problemática constitucional, vinculada con la aprobación de un crédito, los magistrados de la Sala de lo Constitucional aprovecharon la ocasión para modificar las reglas de elección de los Diputados suplentes, en rompimiento de la seguridad jurídica y con efectos retroactivos”, lamentó.
Sin embargo, el mandatario externó su confianza en el proceso de paz del país, el cual se ha consolidado y es irreversible, ante cualquier adversidad.
Sánchez Cerén recordó que el compromiso de su gobierno es trabajar activamente por la unidad nacional en torno a la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación que solucione los temas urgentes que afectan el desarrollo y el bienestar de la población. Principalmente que el país esta por celebrar el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
Para el mandatario, la sociedad necesita seguir creciendo económicamente para generar más y mejores empleos, fortalecer una economía inclusiva que brinde espacios y oportunidades especialmente a los jóvenes.
“Estamos llamados a diseñar mediante los mecanismos de diálogo el modelo de sociedad que deseamos para el futuro y no debemos, ni podemos permitirnos desenfocarnos del trabajo cotidiano por resolver los verdaderos retos que el país enfrenta. Trabajemos por fortalecer y ampliar los mecanismos de diálogo y participación ciudadana para alcanzar una Agenda de Nación en torno a los verdaderos retos y soluciones que el país demanda”, reiteró.
Finalmente, el Presidente instó a continuar consolidando las instituciones y el Estado de Derecho para garantizar la estabilidad necesaria para el progreso de la nación y que todos los salvadoreños defiendan la institucionalidad alcanzada en los acuerdos de Paz.
