Continúan las manifestaciones en contra de la junta de control fiscal impuesta por EEUU
Al menos 250 personas se conglomeraron ayer frente al Tribunal Federal de San Juan para proseguir con las manifestaciones y un campamento en contra del Gobierno de EE.UU. por su implantación de una junta de control fiscal sobre la isla caribeña.
Ada Isabel Moreira, una de las dirigentes del grupo y del «Campamento En Contra de la Junta», dijo en entrevista con Efe que la manifestación de este lunes es de mayor envergadura por coincidir con el 240 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
«No a la deuda, no a la junta y sí a la descolonización», exigió Moreira, una de las cientos de personas que se han manifestado frente a la corte federal desde que el pasado miércoles el Senado federal aprobó el proyecto de ley conocido como «Promesa» para poner solución a la crisis de deuda de Puerto Rico.
La ley o «Promesa» crearía una junta de control fiscal sobre el Gobierno puertorriqueño que tendría más poderes que el propio Ejecutivo local y podría incluso modificar las normas sobre salario mínimo y compensación de horas extra, lo que preocupa a algunos demócratas.
Esa junta, formada por siete personas designadas por Washington, tendrá más poderes incluso que el Gobierno de la isla y se encargará también de garantizar el cumplimiento de los presupuestos y sanear las cuentas públicas.
«La ley es una dictadura disfrazada. Ellos (los siete miembros) no simplemente vienen a cobrar una deuda, sino que endeudará al país al cobrar entre todos dos millones de dólares al mes, y junto con los gastos eso no ayuda a saldar la deuda», alegó Moreira.
Las manifestaciones se han llevado a cabo las 24 horas y han incluido presentaciones musicales improvisadas, mayormente de raperos y poetas locales, quienes han expresado a través de canciones y recitales su rechazo a la junta de control fiscal.
La de este lunes incluyó un taller de desobediencia civil, una interpretación musical del género autóctono de bomba y bailadores.
«La junta empobrecerá más al pueblo, porque despedirán a cientos de empleados públicos para contratar a jóvenes, a quienes les pagarán un propuesto pago mínimo salarial federal a 4,25 la hora a los jóvenes e impulsará a aumentar el éxodo de puertorriqueños», agregó Moreira.
Las manifestaciones, por su parte, han sido elogiadas por Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR), que el domingo exigió que se garantice la seguridad de los manifestantes, mayormente jóvenes, que forman parte del campamento frente al Tribunal Federal.
«Exigimos que cualquier intento de desalojar el campamento se haga con pleno respeto por los derechos humanos de estos jóvenes que están expresando su sentir sobre una situación que preocupa a gran parte de la sociedad», expresó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de AIPR, en un comunicado de prensa.
Amnistía Internacional repudió además que el pasado viernes, un grupo de alguaciles federales acudieron al campamento y les advirtieron a los participantes que no podían quedarse en su ubicación actual y que se debían retirar.
«Entendemos que este grupo de personas quiere expresar su preocupación por la decisión de imponer una junta de control fiscal y que se está llevando a cabo de manera pacífica», reclamó Gallardo sobre los manifestantes.
