Corte Suprema de EEUU reitera que la soberanía de la isla reside en Washington
Habita en suelo federal la soberanía de Puerto Rico
Como un terremoto, cuyas réplicas se seguirán sintiendo con posterioridad al movimiento telúrico, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que concluyó que la Isla no tiene soberanía propia para encauzar a acusados previamente convictos en el foro federal tendrá reverberaciones en el ámbito judicial y político del País.
Ayer, en una votación de 6-2, el Supremo federal confirmó la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que determinó que el Estado Libre Asociado (ELA) no tenía soberanía primigenia para invocar la excepción a la cláusula de doble exposición, que permite que una persona sea juzgada por el mismo delito a nivel estatal y federal, porque su soberanía emanaba del Congreso federal.
Al inicio de la opinión de la mayoría, la jueza asociada Elena Kagan advirtió que la decisión se limitaba al aspecto de la soberanía vinculado a los poderes para encauzar a una persona en el contexto de la comisión de delitos y no a la soberanía política.
Pero en el análisis histórico que utilizó para apoyar la opinión usó lenguaje que dejaron entrever un cariz político.
“En este caso, debemos decidir si bajo esta prueba, Puerto Rico y Estados Unidos pueden encauzar a una persona sucesivamente por la misma conducta criminal. Sostenemos que no pueden, porque las raíces más antiguas del poder para encauzar que tiene Puerto Rico se encuentran en suelo federal”, apuntó.
Como parte de su análisis, Kagan mencionó que en 1952 la Isla se convirtió “en una nueva especie de entidad política” y comparó el poder del Congreso sobre la Isla, con el que tienen los estados sobre los municipios.
Los jueces asociados Ruth Bader Ginsburg y Clarence Thomas emitieron opiniones concurrentes. Mientras que los votos disidentes recayeron sobre los hombros de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, quienes en la audiencia oral de enero defendieron con mayor fuerza el reclamo del gobierno de Puerto Rico de que el ELA tenía soberanía para fines de la cláusula constitucional contra la doble exposición en casos criminales.
Aunque acogió el llamado de Kagan a no ver el caso como una autopsia de la naturaleza jurídica de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, Breyer afirmó que Puerto Rico ganó suficiente soberanía entre 1950 y 1952 para que la fuente de poder para presentar cargos criminales emane del pueblo puertorriqueño.
Breyer destacó que la Organización de las Naciones Unidas coincidió, en 1953, con el memorándum del Gobierno federal en el que afirmó, al pedir dejar de presentar informes sobre la situación colonial de Puerto Rico, que había adquirido un nuevo status político, con cierto gobierno propio.
Esta opinión, que provocó reacciones inmediatas de políticos y conocedores del derecho, surgió a horas de que la Cámara de Representantes federal aprobara un proyecto de ley que impondría a la Isla una Junta de Control Fiscal, con facultad para controlar los asuntos fiscales, y hasta poder revisar leyes de la Isla.
El impacto
De forma inmediata, la decisión impide a los fiscales de Puerto Rico presentar cargos contra personas que están siendo enjuiciadas en la esfera federal por los mismos delitos, indicó el secretario de Justicia, César Miranda, quien trató de minimizar el impacto de la opinión.
“La decisión tiene un impacto limitado en el procesamiento criminal, puesto que sólo impide un procesamiento sucesivo cuando el delito local y el federal contengan los mismos elementos; cuando se trate del mismo delito. Cuando el delito local y el federal sean distintos, no hay impedimento para el procesamiento criminal en ambas jurisdicciones”, afirmó.
Apuntó que Justicia no recurrirá la decisión y que desconocía cuántas personas podrían reclamar una revisión de sus casos a la luz de esta nueva jurisprudencia.
“Somos un territorio… no he leído la opinión para decir dónde están las sutilezas de la mismas, pero sí hace referencia al concepto de territorio”, reconoció.
Pero el abogado constitucionalista Carlos Ramos González apuntó que la decisión podría tener un alcance mayor porque convictos de delitos con sentencias finales y firmes así como convictos en procesos apelativos podrían pedir revisión de sus casos apoyados en la opinión.
“Todos los casos en teoría podrían levantar el argumento. Tienen más probabilidad aquellos cuyas sentencias que no sean finales y firmes por supuesto, pero va a haber litigio”, dijo.
Contrario a otros analistas, señaló que el ELA todavía no ha muerto, pero que agoniza.
“Asistimos a la continuación del camino irreversible hacia el funeral. No creo que sea definitivo todavía”, afirmó.
“A través de esta opinión contrario a lo que se dice por ahí hay lenguaje que permite defender el ELA”, agregó.
A su juicio, la muerte del ELA viene con la ley que impone una junta de control fiscal al País porque esa medida consignaría de forma definitiva el poder del Congreso sobre los asuntos del País.
“Qué clase de ELA y de pacto es ese que permite que esto suceda, el pacto de los tontos. Creo que la estocada final del ELA es la junta de control fiscal tal y como está propuesta y no esta decisión”, apuntó.
Reconociendo la dimensión política de la decisión el gobernador Alejandro García Padilla anticipó que solicitará deponer ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, en la sesión pautada para el próximo 20 de junio.
El inicio del caso
El caso, que hirió de gravedad al ELA, surgió en una pequeña sala del Tribunal de Carolina cuando el juez César Almodóvar desestimó bajo la doctrina de la doble exposición los cargos que pesaban en contra Luis Sánchez Valley Jaime Gómez Vázquez por tratar de vender un arma a un agente encubierto de la Policía.
El dúo, que ya extinguió las penas, se había declarado culpable en el foro federal.
Inconforme, Justicia acudió al Tribunal de Apelaciones que revocó al juez Almodóvar. Pero eventualmente el Tribunal Supremo boricua ratificó la decisión inicial al concluir que la Isla era un territorio bajo la tutela del Congreso y no podía juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Entonces, ¿cómo llegamos de un caso de armas al debate de la soberanía?
Ramos González explicó que el planteamiento de doble exposición exige entrar a dirimir el alcance de la soberanía de Puerto Rico para encauzar criminales.
En ese sentido, el licenciado Víctor Meléndez Lugo, director de la División de Apelaciones de la Sociedad Legal, aseguró que inicialmente no anticipó los matices políticos que acompañarían la decisión.
“Era un asunto básico del debido proceso de Ley y de los derechos civiles porque se trataba de proteger la dignidad para que una persona no fuera acusada dos veces por el mismo delito”, afirmó uno de los abogados que representó a Gómez Vázquez.
Descubrió la magnitud del caso cuando leyó la moción que radicó ante el Tribunal de Apelaciones la Oficina de la procuradora General.
Anticipó que su oficina evalúa si la opinión podría aplicarse de forma retroactiva.
“Ningún gobierno debe tener la capacidad de castigar a una persona dos veces por el mismo delito”, apuntó.
“Es motivo de gran orgullo la decisión porque casi siempre somos como David. No tenemos muchas oportunidades en que podamos vencer a Goliat”, agregó.
Para el abogado Harry Padilla Martínez, la decisión también tiene impacto sobre el principio del jurado unánime, un argumento que utilizó al apelar el veredicto por mayoría de 11 a 1 contra Pablo Casellas Toro, caso que se encuentra ante el Tribunal Supremo boricua.
Planteó que como la Isla es un territorio bajo la tutela del Congreso federal le aplica de forma directa el sistema de reglas del gobierno federal, que incluye el jurado unánime.
Cámara baja favorece proyecto que impone una junta de control fiscal
Con fuerte respaldo bipartidista, la Cámara de Representantes aprobó ayer por la tarde (297-127) el proyecto 5278 que impone una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico y abre la puerta a procesos en favor de la reestructuración de la deuda.
«Puerto Rico está en problemas», dijo el speaker Paul Ryan al defender la legislación en el hemiciclo y después de haber hecho fuerte campaña dentro de su caucus a favor de la legislación.
La medida abre la puerta a procesos de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y de los sistemas públicos de retiro, pero a costa de una junta federal que tomará las últimas decisiones en la Isla sobre planes fiscal, presupuestos y con poder para revisar leyes.
Previo a la votación final, la Cámara baja ratificó siete de las ocho enmiendas que llegaron al pleno.
La única que se derrotó y fue a votación electrónica fue la demócrata que buscó sacar de la legislación el lenguaje que permitiría al gobernador de Puerto Rico reducir de $7.25 por hora a $4.25 por hora el salario mínimo de los que tienen 25 años o menos.
Las enmiendas ratificadas incluyen una del republicano Sean Duffy (Wisconsin) y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para ampliar el acceso de Puerto Rico al programa HUBZone de contrataciones federales para empresas pequeñas y medianas.
También la propuesta de los congresistas demócratas boricuas José Serrano (Nueva York) y Nydia Velázquez (Nueva York) para mantener la vigencia de la comisión de auditoría que examina la legalidad de la deuda, aunque sus hallazgos, advirtió el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), estarán sujetos a la revisión de la propuesta junta federal.
Los promotores republicanos de la legislación, que lleva el número 5278, elogiaron la medida como una respuesta a una crisis fiscal y de deuda pública que consideran responsabilidad exclusiva de los que han gobernado la Isla.
La crisis ha sido causada debido a «préstamos irresponsables» de gobiernos de Puerto Rico, indicó el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin), quien tuvo reuniones en la Isla en marzo pasado como enviado del speaker Paul Ryan y es uno de los coauspiciadores del proyecto 5278.
«Buscamos que el dolor (que causa la crisis) sea compartido», por medio de reformas fiscales y procesos dirigidos hacia la reestructuración de la deuda pública, indicó Sensenbrenner, un expresidente del Comité de lo Juridico.
Como representante de la Isla, el comisionado Pierluisi pidió a sus colegas la aprobación de la medida, al destacar que el gobierno – con una deuda de $70,000 millones, sin incluir los $44,000 millones quedeben los sistemas públicos de retiro-, «está a punto del colapso».
«Sin este proyecto de ley casi nadie gana, y casi todo el mundo pierde», indicó Pierluisi, quien habló durante el tiempo concedido para debatir las reglas formales sobre la discusión de esta tarde.
«Hay algunos políticos en Puerto Rico que buscan un mecanismo de reestructuración de deuda amplio por parte del Congreso pero se oponen a una Junta de Supervisión. Ésta no es una posición realista, y resultaría en que Puerto Rico no reciba ayuda», indicó Pierluisi.
Mientras, el congresista demócrata boricua Luis Gutiérrez (Illinois) fue el único en consumir turnos en contra de la legislación, la cual considera una ofensa, aun reconociendo el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y EEUU.
«No puedo votar por esto. Estas no es mi promesa», dijo Gutiérrez, al denunciar que los republicanos se nieguen a asignar recursos adicionales para la Isla y a cambio de un proceso de reestructuración quieran imponer una junta federal de control fiscal con poderes por encima de los funcionarios electos de la isla.
Gutiérrez sostuvo que el Congreso trata a la gente de Puerto Rico como si fuera «basura» y denunció que se descartara una enmienda suya para requerir que la junta federal de control fiscal celebrara audiencias públicas, con traducción al español.
«A la comunidad internacional les va a recordar la junta de (Augusto) Pinochet», dijo en alusión a la junta militar en Chile y al indicar que en «la más grande democracia de mundo» hoy se debate una propuesta «completamente antidemocrática».
El republicano Sean Duffy (Wisconsin) sostuvo que entiende la pasión de Gutiérrez, pero recordó que esta legislación es una transacción bipartidista, con respaldo del Tesoro.
«Hay que tener sentido común», dijo Duffy, al indicar que las referencias a la dignidad de los puertorriqueños frente a una nueva capa de autoridad federal, deben compararse con la pobreza que sostuvo existe en Puerto Rico.
