El presidente Peña Nieto propone al Congreso legalizar el matrimonio igualitario
Peña Nieto anuncia cambios a la Constitución para reconocer el matrimonio igualitario
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para incluir en el artículo 4 Constitucional el derecho al matrimonio igualitario, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio del año pasado.
Se busca “reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna”, dijo Peña Nieto. “Es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales”, añadió, en un acto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia.
“De esta forma, quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución”, como lo ha determinado la Suprema Corte, “como ya ocurre en varias entidades federativas; sin embargo, no pueden haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no”, dijo el presidente desde la residencia oficial de Los Pinos.
Peña Nieto también giró instrucciones a las secretarias de Gobernación, Educación Pública y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para lanzar una campaña nacional contra la homofobia.
La iniciativa contempla que los cónsules, en su función de jueces del Registro Civil, puedan expedir una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género, indicó en el acto celebrado en la residencia oficial de Los Pinos.
Peña Nieto confió en que este cambio, de ser aprobado en el Código Civil Federal, sea replicado en los códigos civiles de las entidades que no contemplen este derecho.
Además, instruyó a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que en el proceso de solicitud de pasaportes, se acepten actas de nacimiento que presenten un cambio sexogénico.
Ante representantes de organizaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, el mandatario también ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a que en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), haga una revisión y se eliminen normas con contenido discriminatorio, ya sea en el orden federal o local.
Se trata de identificar normatividades que contengan todavía contenidos discriminatorios, y “se editen, se deroguen o se modifiquen, y sean acordes precisamente a este reconocimiento a la diversidad”, para que a la brevedad se presente un paquete de reformas que significará “modificar mucho del ámbito de la justicia que tenemos en nuestro país”.
Las indicaciones para la SRE incluyen trabajar para que México forme parte del Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero o Intersexuales de las Naciones Unidas, en el que participan 19 países, y que promueve los derechos humanos a nivel internacional.
Al término de su mensaje, el jefe del Ejecutivo federal firmó las iniciativas de decreto para modificar el Primer Párrafo del Artículo Cuarto de la Constitución, y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio la bienvenida a las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto.
“Las medidas anunciadas están firmemente basadas en el reconocimiento del principio de universalidad de los derechos humanos, del derecho a la igualdad ante la ley y de la prohibición de discriminar por cualquier causa o condición, incluyendo aquellas basadas en la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
“Además, dichas medidas retoman los avances judiciales que en esa materia ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son consistentes con el esfuerzo liderado por el Secretario General de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en favor de la igualdad y la no discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), reflejado en la campaña mundial Libres e Iguales”, indicó la ONU-DH en un comunicado.
Tras reconocer las medidas anunciadas, la ONU-DH exhortó a a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Congresos de los Estados a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y de esta forma avanzar en igualar los derechos y libertades de todas las personas.
En junio de 2015, la Primera Sala de la SCJN emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esa decisión fue considerada una “tesis jurisprudencial” que no invalida las leyes estatales, lo que significa que las parejas tienen que demandar por el derecho a casarse y esperar que los tribunales fallen en cada caso concreto.
A continuación puedes consultar la tesis jurisprudencial de la Corte:
Entre 1995 y 2015 se reportaron mil 310 homicidios por causa de la identidad sexual
Asesinatos por homofobia, impedimentos para casarse, discriminación en escuelas, así como en el ámbito laboral y político son algunos de los problemas que se enfrentan en México por tener una preferencia distinta a la heterosexual.
Ayer, durante el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, la organización Letra S recordó que de 1995 a 2015 se reportaron mil 310 homicidios a causa de la identidad sexual o de género de la víctima.
En ese periodo, el promedio general de casos fue de 61.2. Sin embargo, señaló, de 2005 a 2015 aumentó en 71 casos. ‘‘No podemos afirmar que esos crímenes estén al alza’’; puede ser que ahora haya una mayor difusión. ‘‘Lo que sí podemos sostener sin lugar a dudas es que este tipo de violencia homofóbica no ha disminuido en 20 años’’, sostuvo.
Indicó que 90 por ciento de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTI) han ocultado su orientación sexual en las escuelas por temor a la discriminación, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida).
En la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit, los matrimonios del mismo sexo están permitidos, y ante la iniciativa del presidente Peña Nieto de modificar el artículo cuarto constitucional para que se garantice en todo el país, defensores por los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual consideraron positivo que desde Los Pinos se tome esa postura. ‘‘El simple hecho de que el Presidente se pronuncie de una manera tan abierta implica un avance’’, consideró Meritxell Calderón Vargas, coordinadora de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos.
En Tijuana, Baja California, donde ella radica, han luchado desde hace años para que parejas del mismo sexo puedan casarse sin recurrir a un amparo judicial, como se debe hacer en otras 27 entidades.
La constitucionalista Geraldina González de la Vega opinó que si bien la reforma es plausible ‘‘podría crear un efecto contrario a lo que queremos’’ de parte de grupos ‘‘ultratradicionalistas’’.
Recordó que en el año 2014 se creó en el Senado la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. El primer presidente de ese órgano, José María Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió entonces que lucharía desde ahí contra el matrimonio gay.
En Jalisco, Morelos, estado de México y Michoacán existen sendas iniciativas para reconocer el matrimonio entre las parejas del mismo sexo.
La comunidad LGBTTI señaló que el principal problema al que se enfrentan es la exclusión, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Cifras de esa dependencia indican que cuatro de cada 10 no estarían dispuestos a que en sus casas vivieran homosexuales.
