Brasil: la distribución y la democracia en juego – Por Paola Bianco

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Mientras avanza en el Senado el impeachment -juicio político- contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno responde con una estrategia de resistencia a este proceso que denuncia como intento de golpe, el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió la coalición gobernante para impulsar el juicio político, avanza en la formación de un ‘gobierno de transición’ y en un programa de reformas que apuntan a desmantelar todas las políticas que se implementaron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).

Temer, quien está investigado por múltiples hechos de corrupción y cuenta con un pedido de impeachment por parte de la Corte Suprema por el mismo delito de ‘responsabilidad fiscal´ que le imputan a la mandataria, ya definió los principales cargos de su gabinete de ministros para llevar a cabo estas reformas luego de que el Senado vote la suspensión de la presidenta.

El aspirante a suceder a Dilma cerró este martes un acuerdo partidario que incluye en su futuro gobierno mayoritariamente a figuras del PMDB y que contempla el reparto de cargos entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien finalmente aceptó participar del gobierno, el Partido Progresista (PP) y también entre la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), según revelaron diversas fuentes.

La base del programa de gobierno de la oposición está en el documento del PMDB titulado ‘Un puente para el futuro’, que se presentó en la FIESP en octubre del año pasado. En línea con las cámaras empresariales paulistas, el documento promueve un severo ajuste fiscal y el regreso a las privatizaciones.

El recorte de la inversión en salud, educación y en todos los programas sociales, la eliminación de la gratuidad de las universidades –en base al criterio del mérito, que también promueven para los programas sociales como el Bolsa Familia-, la reforma del sistema jubilatorio -aumento de edad, desvinculación del salario mínimo-, la privatización de puertos, aeropuertos y empresas públicas, la flexibilización laboral y el aislamiento del Mercosur son los puntos centrales del programa del gobierno que busca suceder a Dilma.

Wellington Moreira Franco, articulador de Temer para la conformación del gobierno de transición y candidato a ministro de Infraestructura fue quien reveló el 27 de marzo cuando ya estaba en marcha el ‘operativo impeachment’, la existencia de este plan económico que dejaría atrás el modelo de protección social implementado desde 2002, si esta coalición comandada por el PMDB pasa a gobernar el país.

El error de Dilma fue creer que negociando algunas medidas de ajuste lograría evitar el impeachment, que sabía no evitaría con su ética irreprochable –no está involucrada en ningún hecho de corrupción-, pero logró en cambio una situación recesiva que le fue restando apoyos de sus bases y del Congreso, en este caso a partir de recortes a los estados -muchos de ellos gobernados por partidos aliados-. En este contexto de crisis económica, la oposición política, judicial y de los medios de comunicación logró instalar que la corrupción es un problema de este gobierno, una estrategia que fue delineando desde que perdió las elecciones y que una vez que estuvo debilitado se decidió a abandonar para suceder por la vía del juicio político.

Lo que está en juego hoy en Brasil es el ciclo de distribución del ingreso que inauguraron los gobiernos petistas, que rompieron la tendencia a la ampliación de la brecha de desigualdad histórica que no paró de acentuarse desde la década del 70’ hasta la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al gobierno, que llevó a que 40 millones de brasileros pasaran a integrar la clase media en un proceso de movilidad social inédito.

Pero además está en juego el sistema democrático. La suspensión de un gobierno electo por la voluntad popular y la falta de legitimidad de un gobierno surgido de un poder del Estado, por un contubernio de partidos sin apoyo electoral, darán sin dudas lugar a una enorme crisis de representación e inestabilidad política.

Paola Bianco. Analista Internacional/Periodista (Nodal)

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