El Gobierno crea un “laboratorio jurídico” para respaldar las demandas a Chile
Bolivia busca reforzar los argumentos de la demanda marítima y el anunciado juicio por el Silala a través de un “laboratorio jurídico”, creado por la Procuraduría General del Estado, que será administrado por la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa.
Franz Zubieta, posesionado ayer como nuevo subprocurador, explicó que el objetivo de esa entidad es la producción intelectual y el apoyo en las acciones de defensa legal del Estado, y que pondrá un “especial empeño” en la causa marítima y las normas de protección de recursos hídricos en el sur de Potosí, donde las aguas de los bofedales del Silala son usadas por Chile sin contraprestación.
“Se harán investigaciones, se profundizarán estudios, se llevará al mayor nivel de expresión de calidad todos los trabajos para aportar a esas causas (…), será un laboratorio jurídico, un espacio de reflexión profunda para seguir coadyuvando al trabajo que están realizando las instituciones que son la punta de lanza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”, explicó Zubieta, tras el acto oficial en el que fue posesionado en el cargo junto a Ericka Chávez, quien ahora funge como subprocuradora de Supervisión e Intervención.
Proceso. En 2013, Bolivia se querelló contra Chile para que la CIJ declare que Santiago debe negociar “de buena fe” una salida soberana al mar, en mérito a los compromisos que asumió a lo largo de la historia bilateral. Un año después, el país vecino impugnó la competencia del tribunal internacional, pero sin éxito. El 24 de septiembre de 2015, la CIJ ratificó su jurisdicción para resolver la causa y conminó a Chile a presentar su contramemoria hasta el 25 de julio.
Hace dos semanas, José Miguel Insulza, agente de Chile ante la CIJ, afirmó que “sería bien difícil” abrir un escenario de negociación en caso de un fallo favorable para Bolivia, pese a que en una anterior ocasión señaló a La Razón que “al final del juicio” ambas naciones estarán frente a frente y obligados a entenderse.
El procurador Héctor Arce insistió en que la demanda busca un diálogo con resultados e instó a que Chile cumpla la futura resolución de la Corte. “Si el tribunal falla a nuestro favor (…), Chile está obligado a negociar con plazos, condiciones y términos objetivos para que Bolivia pueda ejercer su derecho de acceso soberano al Pacífico”, dijo.
Con todo, el “laboratorio jurídico”, de inicio, estará conformado también por seis especialistas, quienes están por terminar una maestría en el área de defensa legal del Estado.
Esta entidad coordinará acciones con la Dirección de Reivindicación Marítima, creada en 2011 con el objetivo de elaborar e impulsar la demanda marítima, junto con un equipo de juristas nacionales y extranjeros que representan a Bolivia en la CIJ. En contraparte, la pasada semana, Chile anunció la creación de una Agencia de Soberanía, cuyo objetivo será argumentar demandas internacionales y defenderse de otros procesos como el que inició Bolivia.
Al respecto, el presidente Evo Morales criticó esa decisión tras indicar que con esa entidad “Chile defenderá una soberanía robada” y sugirió, más bien, crear una agencia para desactivar las minas antipersonales que sembró en sus fronteras con Argentina, Bolivia y Perú.
En este contexto, el procurador Arce destacó la importancia de “volcar la mirada hacia el derecho internacional” en lo que respecta al asesoramiento y a la investigación jurídica.
Plazos. En marzo, Morales anunció un nuevo juicio por la jurisdicción de las aguas del Silala, cuya preparación tomará al menos dos años. Se trata de “una deuda histórica antigua, pendiente con el Estado chileno, y nuestro Presidente lo ha hecho con la mayor dignidad, altura y mostrando además que ya no somos colonia de nadie y mucho menos del Estado chileno”, señaló ayer el Procurador.
Sobre las nuevas autoridades
Experto
Franz Zubieta Mariscal reemplaza en el cargo a Lucio Marca. La nueva autoridad tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas, además de maestrías en Relaciones Internacionales y Desarrollo Sustentable. Fue cabeza de la Dirección de Investigación y Análisis Jurídico Marítimo en Diremar.
Labor
Ericka Chávez ocupa el lugar de María del Rosario Mendizábal. Fue viceministra de Justicia y subprocuradora de Asesoramiento e Investigación. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, además tiene un posgrado en Derecho Tributario e Impuestos.
Equipo jurídico alista dos reuniones
El equipo de abogados internacionales que representa a Bolivia e impulsa la demanda marítima ante la CIJ sostendrá dos reuniones hasta antes del 25 de julio, cuando fenece el plazo para que Chile presente su contramemoria, en el marco del litigio que busca diálogo “de buena fe” para negociar una salida soberana al océano Pacífico.
“Estamos en encuentros permanentes. Vamos a tener, incluso, antes de julio una o dos reuniones, estamos trabajando sobre posibles hipótesis que podrían darse en la contramemoria chilena”, anunció ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, aunque no precisó la fecha ni el lugar de los futuros encuentros.
Demanda. En ese marco, la pasada semana el presidente Evo Morales, durante su estadía en el Vaticano, donde participó de un encuentro de sectores sociales por invitación del papa Francisco, aprovechó para reunirse con Eduardo Rodríguez Veltzé, agente de Bolivia ante la CIJ, y Antonio Remiro Brotóns, uno de los abogados internacionalistas que impulsa junto a otros expertos en derecho, la demanda marítima que busca una salida soberana al Pacífico.
Del encuentro en Roma también participó el canciller David Choquehuanca. En la oportunidad se habló sobre el juicio iniciado contra Chile en 2013 y los argumentos que alista Bolivia frente a la contramemoria que Santiago presentará en julio.
Asimismo, en la reunión se analizó la nueva demanda que presentará Bolivia contra el país vecino por el “uso arbitrario” de las aguas del Silala, que son aprovechadas por mineras chilenas dedicadas a la explotación del cobre, uno de los principales pilares de la economía de esa nación.