La CIDH pide al gobierno eliminar la privación retroactiva de nacionalidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a República Dominicana que devuelva la nacionalidad a todos los nacidos en el país afectados por la polémica sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de ascendencia haitiana, en un informe publicado ayer.
La CIDH, en un documento muy crítico con el Gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de “jus soli” (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a “decenas de miles de personas”.
En el informe, resultado de la visita de la CIDH a ese país entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013, la Comisión pide también dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169/14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano, cuando aún se aplicaba el principio de “jus soli”, por ser hijas de extranjeros en situación irregular.
La CIDH rechaza que “sean tratadas como extranjeras” personas nacidas en territorio dominicano y a las que, de acuerdo a la legislación del país, les correspondía la nacionalidad dominicana, y lamenta que “aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes”.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urge también al Gobierno dominicano a poner fin a “las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, o de la situación migratoria de sus padres”.
“La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América”, consideró el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los Derechos de los Migrantes y bajo cuyo mandato se incluyen los derechos de las personas apátridas.
En su informe, de 261 páginas, la CIDH expresa su preocupación ante “los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas” en la República Dominicana, así como por “las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13″.
“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, consideró la relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, la comisionada Margarette May Macaulay.
“Esa discriminación se manifiesta en políticas, leyes, sentencias y prácticas tendientes a privarles de su derecho a la nacionalidad dominicana sobre la base de criterios tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística”, añadió.
En este contexto, la CIDH ofrece al Gobierno dominicano colaboración para buscar soluciones a los problemas identificados por el informe y para aplicar las recomendaciones “formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación”.
La Comisión, con sede en Washington, agradece asimismo al Gobierno y al pueblo dominicano “todas las facilidades brindadas” para la realización de su sexta visita “in loco” a ese país.
Califican de inaceptable informe en contra del país
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) calificó ayer de inaceptable el informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana remitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado de prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores alega que el informe fue elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”, en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados en el país en esa materia de alta prioridad en la administración del presidente Danilo Medina.
En su último informe sobre República Dominicana, la CIDH pide al país devolver la nacionalidad a todos los nacidos en el país afectados por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de ascendencia haitiana. “El Gobierno de la República aprecia los reconocimientos que la CIDH hace en su informe al Estado dominicano en materia de avances en la protección de los derechos humanos, pero lamenta profundamente que dicho documento esté cargado de informaciones y juicios obsoletos, desconocedores de cambios significativos y sesgados a partir de una visión incompleta y hasta prejuiciada de la realidad”, refiere la Cancillería en su respuesta al organismo internacional.
Expresa que con la aplicación de la Ley 169-14, una iniciativa del gobierno central para resolver el impasse generado en materia migratoria por la sentencia 168-14 del Tribunal Constitucional, se atendieron los problemas de nacionalidad que enfrentaban determinados grupos de personas.
“Por eso no aceptamos, bajo ningún concepto, que la normativa y las políticas del Estado dominicano tengan un fin discriminatorio ni que fomenten la apatridia, como de manera injusta plantea dicho informe”, expresa el comunicado.
Al mismo tiempo Cancillería Dominicana define el informe como claramente especulativo de sobre el soberano proceso migratorio llevado a cabo por la República Dominicana cuando se alega que miles de personas no pudieron acogerse a la categoría B de la referida ley y que, por lo tanto, han quedado en condición de apatridia.
“Hablar de miles de casos es una inexactitud que rechazamos, dado que el gobierno dominicano no ha tenido conocimiento ni de un sola persona que haya podido probar tal situación”, indica.
Agrega que el problema que confrontaban las personas nacidas en el país, de padres extranjeros, inscritas en la Oficialía del Registro Civil, quedó resuelto con el carácter humano en la aplicación de la Ley 169-14, “por lo que es inaceptable e injusta la acusación que hace la CIDH sobre la supuesta existencia de una política deliberada de privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de personas en la República Dominicana”.
LAS CRÍTCIAS DEL INFORME DE LA CIDH
DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DEL TC
La CIDH, en un informe muy crítico contra el Gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efecto jurídico la sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de “jus soli” (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a “decenas de miles de personas”.
En el informe, resultado de la visita de la CIDH al país entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013, pide también dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169/14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano, cuando aún se aplicaba el principio de “jus soli”, por ser hijas de extranjeros en situación irregular.
