El gobierno argentino presenta hoy una nueva oferta formal a los fondos buitre
La Argentina, a través del secretario de Finanzas, Luis Caputo, les hará hoy a los fondos buitre la segunda oferta formal para terminar con el «juicio del siglo», luego de la de junio de 2014 que presentó Axel Kicillof ante el «special master» Daniel Pollack. Aquella vez, el último ministro de Economía del kirchnerismo planteó las mismas condiciones del canje de deuda de 2010, lo que fue olímpicamente rechazado por los acreedores. Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri mejorará sustancialmente esa posición, reconocerá la deuda total, propondrá un plan de pagos extendido en el tiempo y protestará por los intereses, multas y punitorios aplicados por el «taxi» (criterios de indexación), aplicados por el juez Thomas Griesa. Los bonistas, que estarán presentes en la reunión de hoy a través de sus abogados, preparan una recepción particular para la Argentina: esta semana presentarán un escrito ante el magistrado de Nueva York donde le pedirán que investigue si debe considerarse ilegal el préstamo por u$s 5.000 millones que recibió el Banco Central el viernes pasado, y si también se debe avanzar sobre los bancos que intervinieron en la operación. Según los abogados de los fondos buitre Elliott, Robert Cohen, y Aurelius, Eduard Friedman, la operación merece la misma sanción que la emisión del Bonar 24 por unos u$s 1.500 millones que Kicillof emitió en Buenos Aires en abril de 2015.
Caputo viajó ayer hacia Nueva York para cumplir hoy con la promesa oficial, postergada una semana a pedido de los fondos buitre, y tiene en agenda encuentros privados con Pollack para hoy y mañana, según el cronograma del que fueron informados Cohen, Friedman, y el resto de los abogados representantes, incluyendo los «me too» y el «Grupo Varela», que representa a unos 15 acreedores argentinos que no quisieron aceptar las ofertas de salida del default de 2005 y 2010 y que también fueron beneficiados por Griesa desde el primer fallo de 2013.
Uno de los capítulos que Caputo quiere dejar claro es el monto definitivo de la deuda, algo que ni Pollack tiene bien especificado. Sucede que el juez, al abrir el reclamo general a todos los acreedores argentinos con deuda emitida en Estados Unidos, aumentó el monto primario de 1.330 millones (que con intereses ya superarían los u$s 2.000 millones), «invitando» a los «me too» y al resto de los acreedores del país a sumarse a la demanda. Como el listado final sólo está en poder de Griesa (no lo conocen tampoco los fondos buitre), la cifra de la que se habla parte de los u$s 10.000 millones y podría llegar a los u$s 15.000 millones de deuda. Ese dinero incluye los polémicos criterios de Griesa de indexación que llegarían a casi un 9,8% anual.
Caputo también buscará que una vez que se abra la negociación se suspendan las presentaciones judiciales de parte de los fondos buitre, tanto en el juzgado de Griesa como en otros tribunales norteamericanos. Entre diferentes causas conexas abiertas, se suman las demandas por la aplicación del Discovery, la emisión del Bonar 24, la embestida contra Chevron por la sociedad con YPF y el «álter ego» del BCRA. Se buscaría así un período de «pax» negociadora entre las partes, donde mientras se discutan los términos de un eventual acuerdo, no haya presiones en otros terrenos contra esa posibilidad. Según los datos que se conocieron este fin de semana, la estrategia de Cohen, el abogado del fondo buitre Elliott, sería otra. El representante de Paul Singer analiza complicar la operación que cerró el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, el viernes pasado, por la cual un pool de bancos extranjeros otorgó un préstamo puente para reforzar las reservas por u$s 5.000 millones durante 11 meses a una tasa de interés del 6,7%. Los bancos intervinientes son Deutsche Bank, BBVA, Citibank y UBS, que prestaron u$s 500 millones cada uno, a la vez que HSBC, JP Morgan y Santander sumaron u$s 1.000 millones cada uno para completar el total. Para los fondos buitre, se trata de una operación estrictamente prohibida para el país, que según el fallo de Griesa de junio de 2014 tendría prohibido cualquier tipo de emisión de deuda bajo cualquier jurisdicción mientras no cumpla con el pago de la deuda original de 1.330 millones. Cohen incluso ya había enviado notas a tres de los bancos participantes (HSBC, Deustche y JP Morgan), advirtiéndolos de la «ilegalidad» del préstamo y comparándolo con la emisión de Kicillof de los Bonar 24 con jurisdicción en Buenos Aires, lo que fue declarado ilegal por parte de Griesa. El Central tiene otra visión. Según la entidad, se trata de una operación de «pase pasivo en dólares estadounidenses contra títulos Bonar 2022, Bonar 2025 y Bonar 2027 en cartera del BCRA»; esto es, no la emisión de nueva deuda sino un préstamo con garantía de titulos públicos ya emitidos.
Lo cierto es que de prosperar una posible presentación de los fondos buitre en contra del préstamo, éste no se caería, sino que podría complicar (y encarecer) futuros créditos de este tipo en caso de que el BCRA los necesite.
