Crisis fiscal en Puerto Rico: Gobierno confisca dinero a corporaciones públicas para pagar la deuda
El Gobierno de Puerto Rico ha confiscado $173 millones de corporaciones públicas mediante la herramienta del ‘clawback’, que les permite apropiarse del capital de ciertas entidades gubernamentales con el propósito de priorizar el pago de Obligaciones Generales.
Con el propósito de acumular suficiente dinero para pagar al menos parte de la deuda pública de $900 millones, que vence en enero de 2016, el gobernador, Alejandro García Padilla, autorizó el mes pasado, que se retengan ingresos asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (PRIFA) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (CCDA).
Tras la firma de la Orden Ejecutiva 2015-046, las retenciones debido al clawback generarán $173 millones aproximadamente hasta el 31 de diciembre de este año, según cifras provistas por La Fortaleza. Esto es sólo poco más de la mitad de la totalidad del dinero que tenían a su disposición mediante esta técnica.
Este diario había reportado que la totalidad del dinero confiscado de corporaciones públicas podía ascender a $329 millones, mas hasta finales de este año, La Fortaleza confirmó que sólo han retenido $173 millones.
García Padilla, aseguró el martes que “es muy poco probable que no haya un default en todo o en parte”. Parte
de la evaluación que está haciendo el equipo del Ejecutivo es cuáles bonos pagar.
“De hecho, el clawback es un impago: se va a dejar de aportar a los fondos que tienen menos garantía para pagar los fondos que tienen más garantías”, recalcó.
Pese a que la cifra que han acumulado no alcanza una quinta parte de la totalidad de la deuda, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, se expresó esperanzada el lunes, de cumplir con algunos de los pagos que vencen en enero mediante esta técnica del clawback.
En el caso de la ACT y la CCAD, ambas tienen fondos de reserva, por lo que entiende no se perjudican sus respectivos pagos de bonos. No así en el caso de AFI. “No hay dinero en reserva, por lo que no vamos a pagar”, dijo sobre unos bonos que se emitieron para los Juegos Centroaméricanos 2010.
También ha trascendido que el Gobierno adeuda $300 millones en reintegros y $330 millones en el pago de servicios prestados, aunque alegan que se están haciendo pagos mensuales en cantidades muy limitadas por la falta de liquidez del Departamento de Hacienda para emitir la totalidad de los desembolsos.
