Detienen y abren juicio a expresidente Flores acusado de corrupción
El Juzgado Séptimo de Instrucción resolvió ayer que el expresidente Francisco Flores sea enjuiciado por los delitos de peculado (apropiación de recursos del Estado), enriquecimiento ilícito, desobediencia y lavado de dinero.
Además, le suspendió el arresto domiciliario y lo envió a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil, mientras va a juicio en una fecha aún indefinida.
La defensa del exmandatario, que gobernó al país entre 1999 y 2004, relacionó la decisión del juez Miguel Ángel García Argüello con sus aspiraciones a ser nombrado Fiscal General de la República.
Consultado al respecto, el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo fue más allá y declaró que el funcionario “hizo un juicio político más que jurídico”, de cara a su carrera por la titularidad del Ministerio Público.
De hecho los abogados defensores cuestionaron que el juzgador le incorporó los delitos por lavado de dinero y otros casos especiales de lavado de dinero, sin haberles dado la oportunidad de tratar de desvirtuar esas nuevas acusaciones.
Pero los fiscales dijeron al final de la audiencia que en ningún momento el juez García Argüello ha incorporado otros delitos relacionados al lavado de dinero.
García Argüello argumentó que decidió suspender el arresto domiciliar y enviar a Flores a la bartolina porque las condiciones de salud por las que le otorgaron esa medida han mejorado y además porque se ha establecido de forma probable la existencia de delitos de mayor gravedad de los delitos por lo que fue acusado inicialmente.
Flores es procesado por el supuesto desvío de 10 millones de dólares de la cooperación de China, Taiwán, para programas de ayuda a los afectados con los terremotos del 2001 y otras obras comunitarias.
El juez García Argüello argumentó que hay indicios de que Flores pudo haber desviado los 10 millones de dólares hacia un banco en Costa Rica y luego fue enviado a otro banco en El Salvador, en un intento por ocultar la procedencia ilícita del dinero.
Agregó que el desembolso de los 10 millones de dólares al expresidente Flores se pudo comprobar con los cuatro cheques que le habrían entregado al exmandatario y los cuales fueron depositados en un banco de Costa Rica.
Sostuvo que la entrega de ese dinero al expresidente Flores está justificada a través de un informe de la cooperación de China Taiwán en el que detalla los proyectos de beneficio comunitario y las cantidades que fueron desembolsadas.
Aseguró que los cheques emitidos por la cooperación internacional de Taiwan son los mismos que se depositaron en un banco de Costa Rica y que según el juez se pudo comprobar con la esperticia técnica de que Flores endosó (firmó) esos cheques, porque la firma calzada en los mismos corresponde a la del procesado.
García advirtió también que desde el momento en que los 10 millones de dólares ingresaron al sistema financiero internacional y que de inmediato se hicieron las transacciones internacionales, fue con la intención de hacer perder todo rastro de la ruta de ese dinero.
Además para ocultar la procedencia ilícita de los 10 millones de dólares; los cuales retornaron a otro banco en El Salvador.
En ese sentido, García Argüello consideró que Flores también debe de ser enjuiciado por otros casos de lavado de dinero. En ese caso, el juez no descarta la complicidad de exfuncionarios bancarios que hayan contribuido a traspasar el dinero proveniente de Costa Rica a una cuenta del referido partido.
“Se ha establecido de forma probable la existencia de delitos de mayor gravedad de los delitos por los que fue requerido, inicialmente, el procesado”, dijo García Argüello, y agregó que “este juzgador considera la existencia de elementos de convicción suficientes para habilitar la etapa de juicio”.
Los abogados defensores han señalado que no existe un solo documento o testigo que establezca que el expresidente Flores depositó y endosó los cuatro cheques en el banco de Costa Rica.
Tampoco hay evidencia de que Flores se haya apropiado de otro cheque de cinco millones de dólares, cuyo destino se desconoce.
Juez: no supo justificar 333 mil dólares
Además de los dos delitos anteriores, el juez consideró que hay indicios necesarios de que Flores pudo haberse enriquecido de forma ilícita, ya que en sus declaraciones al fisco no pudo justificar la procedencia de 333,104 dólares, ya que no correspondían a su salario como Presidente de la República ni que procedían de otras actividades productivas.
En relación con el supuesto desvío de otros 5 millones de dólares, también de la cooperación taiwanesa, el juez sostuvo en su fallo, que se pudo establecer que ese dinero le fue entregado al expresidente Flores para el proyecto de Reconstrucción de los Desastres Naturales.
Un informe del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, señaló en su momento, que bajo la administración del expresidente Flores se manejaron de forma transparente y eficiente los fondos otorgados por el gobierno taiwanés.
García dijo que no se ha logrado establecer que esos fondos hayan ingresado al Ministerio de Relaciones Exteriores del país porque no existe ningún registro ni tampoco el destino de ese dinero, por lo que advirtió la posibilidad de que Flores se haya apropiado de ese dinero, aunque no existe evidencias de que fueron a parar a su patrimonio.
Sin embargo, el juez consideró que Flores habría ocultado el rastro de los 5 millones de dólares, por lo que se puede considerar que hay probable lavado de dinero. Considera que hubo “abuso de poder” de parte de Flores al desviar ese dinero para otros fines del que originalmente había sido entregado por el gobierno de Taiwán, mientras fungió como funcionario público.
Sostuvo que el expresidente Flores no le dio el trámite que señala la ley para trasladar ese dinero a las arcas de Cancillería y que se ejecutaran los proyectos de ayuda humanitaria.
Además consideró que con el desvío de ese dinero se pudo haber violentado los derechos de la población afectada por los terremotos del 2001 tales como la alimentación, vivienda y un nivel de vida adecuada, al considerar que se trata de delitos que atacan los derechos colectivos.
También, el juez García desestimó la petición de la defensa de separar a los acusadores particulares, querella representada por dos organizaciones que dicen representar a la sociedad civil, al considerar que estaban legítimamente acreditados para actuar en el proceso.
Además, consideró que se trata de “delitos oficiales” considerados como actos de corrupción de parte de un exfuncionario.
Sin embargo, los abogados defensores aseguraron que solo las asociaciones legalmente constituidas pueden mostrarse como acusadores particulares (querellantes), no así las fundaciones, según establece la Ley.
Además señalaron que el poder especial presentado por la asociación Iniciativa Social para la Democracia (ISD) para mostrarse como querellante fue otorgado por una persona distinta a la designada por la Junta Directiva de dicha asociación, lo que deslegitima el documento.
