Colombia: en 21 años, 729 defensores de derechos humanos fueron asesinados
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consolidó junto con la Fiscalía General y organizaciones civiles, un listado de 729 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre 1994 y 2015.
La ONU aseguró que esto indica un promedio de 33 asesinatos de defensores cada año, casos que, en la mayoría, permanecen en la impunidad.
Este año, en los primeros 9 meses, la Oficina de la ONU registró 30 homicidios y 20 tentativas de homicidio contra defensores de derechos humanos. «Lo que demuestra la persistencia de un entorno inseguro y hostil para el ejercicio de su labor», indicó la ONU.
La ONU también manifestó su «profunda preocupación» por el homicidio de John Jairo Ramírez Olaya, líder afrodescendiente de Buenaventura (Valle), quien pertenecía a la fundación ‘Rostros y Huellas’, que se encarga de realizar acciones de empoderamiento juvenil para hacerle frente a la grave situación humanitaria del puerto.
También por los crímenes cometidos contra Daniel Abril, dirigente ambiental y campesino de la Orinoquía, integrante del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Además, era delegado del Casanare ante la Mesa Nacional de Garantías. Recientemente había realizado denuncias públicas sobre los daños ambientales de la minería en su región.
Luis Francisco Hernández González, otro líder asesinado, representaba a víctimas en Tierralta (Córdoba), en calidad de representante de las comunidades afrodescendientes.
La ONU afirmó que a pesar del interés que dicen tener las autoridades, «el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos, así como la ocurrencia de otras agresiones graves en su contra, evidencia que la respuesta estatal para garantizar efectivamente su derecho a la vida, la integridad personal y el ejercicio libre de su labor ha sido insuficiente».
Por eso les solicitó a las entidades estatales que implementen medidas materiales y políticas que sean efectivas para prevenir y mitigar el riesgo de quienes desarrollan estas actividades.
