Movimientos sociales de El Salvador impulsan campaña para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía

«No se va a caer el mundo con procesos judiciales contra los culpables de masacres y crímenes de guerra», dijo Ima Guirola de CEMUJER, al referirse que “al ser declarada la Ley de Amnistía como inconstitucional lo único que se hace es dar pasos hacia una democracia y a hacer justicia a las víctimas de la guerra”.

Las declaraciones de Guirola fueron hechas para apoyar al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) quienes ratificaron, de nueva cuenta, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía de El Salvador y la nulidad de la misma.

Fue hace 20 años que la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz», está vigente en El Salvador. Con la ley se otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña que combatieron durante el conflicto armado, el cual duró 12 años, y cometieron crímenes de lesa humanidad.

Durante todos esos años para las víctimas del conflicto armado no ha habido oportunidad de recibir justicia. Fue hasta el pasado 20 de septiembre que una luz empezó a brillar al final del túnel, cuando la Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió la demanda de inconstitucionalidad que fue interpuesta el 20 de marzo de este año por al menos 20 organizaciones, entre ellas defensoras de los derechos humanos y víctimas de la guerra civil.

Pedro Martínez, abogado del IDHUCA, resume el proceso diciendo “presentamos la demanda el 20 de marzo de este año, la Sala se tardó dos meses exactos para decirnos ‘mire necesitamos que amplíe ciertos argumentos que no están muy claros’. Luego presentamos otro escrito el 11 de junio y a partir de ese día se tardó dos meses en admitirlo”.

Continuó explicando que “el proceso realmente va caminado bastante rápido. Después de la admisión de la demanda, le ha dado un plazo de diez días a la Asamblea Legislativa para que justifique las razones por las que aprobó la ley, luego vendrá el Fiscal General que tendrá que dar también su opinión, y luego la Sala recabará toda la información, agregará pruebas (…)y a partir de todos estos elementos la Sala dará por terminado el proceso de las investigaciones y nos dará la oportunidad de hacer nuestros argumentos finales de acuerdo a lo que dijeron las partes involucradas y luego quedará (el tiempo) para las sentencia”.

Los representantes de las organizaciones insistieron en que son dos argumentos presentados en la demanda: el de inconstitucionalidad y el de nulidad. Aunque recalcaron que la Sala se inclina por el primero.
El argumento de la inconstitucionalidad se basa en que viola el artículo 144 inciso segundo de la Constitución de la República el cual establece que los Tratados Internacionales están por encima de las leyes secundarias; lo anterior se fundamenta en que el Estado salvadoreño había ratificado, previo a que se declarara Amnistía, la Convención Americana de Derechos Humanos y por el ende el Estado tiene obligación de cumplir.

Mientras que el otro, demanda piden que se declare la nulidad de la Ley de Amnistía, de obtener ese resultado, los familiares de las víctimas podrían pedir que se haga justicia y se reabran los casos.
El pasado fin de semana los ex presidentes de la República por parte de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores se mostraron escépticos ante admisión de la demanda. Flores destacó que la Amnistía es la “piedra angular del proceso de pacificación del país” y confía además en el criterio de la Sala y que” harán un trabajo a conciencia y responsabilidad”.

Otro dirigente arenero que se pronunció sobre la admisión de la demanda contra la Amnistía fue el Canciller de la República en tiempos de Cristiani y firmante de los Acuerdos de Paz, Oscar Santamaría, quien señaló que el que se pretenda procesar a todos los que participaron en la guerra, es una “falta de visión hacia donde tenemos que caminar los salvadoreños”.

El eterno argumento de sectores conservadores en El Salvador es que la derogatoria de Amnistía abriría viejas heridas en la sociedad, heridas que según sus detractores, no se han cerrado a raíz de que los crímenes de guerra ocurridos en el país no se han podido juzgar.
“Se debe tomar en cuenta que la Ley de Amnistía no solamente interrumpió la posibilidad de que la gente presentara sus demandas penales, sino que también civiles. Es decir que no le quedó a la gente ningún espacio para poder ir y reclamar y eso es violatorio de la Constitución y de los Tratados internacionales. Por eso de ser declarada nula los beneficiados serían las víctimas”, acotó Martínez.
Guirola argumentó que la Asamblea Legislativa violó la Constitución al momento de aprobar la ley en 1993 porque no cumplió con los requisitos legales para crearla: careció de discusión, de publicidad y principio de contradicción.

Las organizaciones a su vez pidieron a todas aquellas entidades internacionales comprometidas con el cumplimiento de los Derechos Humanos a que se sumen a la petición.

«Les hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y otras organizaciones solidarias para que se sumen a este esfuerzo y se pronuncien a favor de esa pronta declaratoria de inconstitucionalidad», dijo Benjamín Cuellar, director del IDHUCA.

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