Ecuador: se pospone audiencia de primer juicio por crímenes de lesa humanidad
La jueza Sylvia Sánchez decidió este lunes no instalar la audiencia de juicio por crímenes de Lesa Humanidad, el primero proceso penal de este tipo en la historia ecuatoriana.
“Tras analizar el certificado médico de Mario A., la juez Sylvia Sánchez decidió no instalar la audiencia de juicio por Lesa Humanidad”, indicó la Fiscalía. La defensa de Mario A. presentó ante el Tribunal un certificado médico que confirma que el acusado por Lesa Humanidad tiene problemas de salud.
La jueza ponente informó además que se convocará la audiencia de juicio “Vaca, Cajas, Jarrín” para nuevo día y hora.
Cabe indicar que a la audiencia asistió toda la cúpula militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre ellos el Comandante General de la FAE Raúl Banderas, el General del Ejercito Carlos Obando y el Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las FF.AA, General Roberto Freire. Asistió también el exjefe de Estado, el General en servicio pasivo Guillermo Rodríguez Lara.
Su llegada causó malestar y rechazo de las presuntas victimas del caso y argumentaron que su presencia sería para presionar o para que el juicio sea a favor de los exmilitares acusados.
Juan Pablo Albán, abogado de Vaca, Cajas y Jarrín, escribió hoy en su cuenta de Twitter: “Militares sabotean la instalación de la audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad”.
Javier Arregui, abogado de Mario A., uno de los procesados aseguró que no se trata de un incidente para diferir la audiencia: “En ningún momento porque está presentado un certificado por el hospital de las Fuerzas Armadas”, dijo.
En las afueras de la CNJ se apostaron militares en servicio pasivo que portaban pancartas y gritaban consignas señalando, entre otros, que “las Fuerzas Armadas no son terroristas”, en tanto que la cúpula de Fuerzas Armadas estuvo presente en la sala donde se tenía previsto que inicie la audiencia pública.
Chiriboga opinó que la presencia de la cúpula no avala lo que se va a discutir “porque no pueden las Fuerzas Armadas intervenir en la administración de justicia, pero me parece que es un tema de espíritu de cuerpo de acompañar a sus excomandantes”, apuntó, en tanto que Albán cuestionó la presencia de los militares uniformados.
El fiscal general dijo que aspiran a “que florezca la verdad y que sobre esa verdad, podamos reconciliar a las víctimas con sus agresores en un contexto de sanción en términos de la prueba que podamos presentar y también de, ojalá, darle una reparación adecuada a esas víctimas”.
Cajas comentó hoy que su máxima aspiración es que se esclarezca la verdad de lo que ocurrió hace treinta años.
“Nosotros nos levantamos en armas, cometimos acciones ilegales y pagamos, dimos nuestra cara a la justicia. Yo estuve presa dos años por una acusación que no fue comprobada y fui sobreseída”, dijo Cajas a la prensa.
Ahora, añadió, piden que aquellos que “torturaron y cometieron esos delitos de Estado, den la cara a la justicia”.
Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.
En este caso se convocó a juicio a ocho personas, de las cuales tres están prófugas (uno de ellos en Estados Unidos) y no se les puede juzgar en ausencia, según la Fiscalía.
Las víctimas fueron detenidas el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas (noroeste) por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal.
Añade que Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.
El caso de Cajas, Vaca y Jarrín fue documentado por la Comisión de la Verdad, que por medio de su informe trasladó a la Fiscalía 136 casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetuados desde el año 1984 hasta el 2008. La Ley para la Reparación de las Víctimas y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Asamblea Nacional a finales del 2013, ordenó que los casos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad sean investigados por la Justicia.
